Por Julio Manzanares Gómez
Festival del Pendón. Chilpancingo, Guerrero. / Autor: Juan Tonchez
En septiembre de 2007 se proclamó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI). Al considerarlos vulnerables, la ONU se muestra preocupada porque los indígenas “han sufrido injusticias históricas como resultado, entre otras cosas, de la colonización y de haber sido desposeídos de sus tierras, territorios y recursos, lo que les ha impedido ejercer, en particular, su derecho al desarrollo de conformidad con sus propias necesidades e intereses”. En materia de patrimonio cultural, el artículo 31 de la Declaración establece en sus párrafos 1 y 2:
Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas, comprendidos los recursos humanos y genéticos, las semillas, las medicinas, el conocimiento de las propiedades de la fauna y la flora, las tradiciones orales, las literaturas, los diseños, los deportes y juegos tradicionales, y las artes visuales e interpretativas. También tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su propiedad intelectual de dicho patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales tradicionales.
Conjuntamente con los pueblos indígenas, los Estados adoptarán medidas eficaces para reconocer y proteger el ejercicio de estos derechos.
Por su parte, la Constitución Política de México señala en el artículo 2o:
La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.
La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.
Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.
No obstante, el componente étnico fundamental de México es negado no sólo para satisfacción de un país históricamente racista, sino en beneficio de las políticas que al excluir a dicho sector acaparan o destruyen su patrimonio. En el estricto sentido de la palabra, si el patrimonio cultural encuentra vigencia, es en las comunidades indígenas porque en realidad a veces es el único patrimonio que poseen y les significa todo. Pese a los esfuerzos de la academia o la sociedad civil, a los indígenas primero se les compadece por susceptibles y sólo después se les respeta por diferentes (si se les compadece o respeta).
Aún en el siglo XXI la promoción constante de la inferioridad indígena encuentra sentido, para las elites, en la inconveniencia que representa el reconocimiento propio de la identidad como una realidad histórica. El conocimiento histórico es crítico y desemboca en la acción, hecho que incomoda a grupos dominantes (no sólo los indígenas padecen esta promoción de inferioridad y “conformidad con su realidad”, debe examinarse también la situación campesina). Sin embargo, hay una tendencia contraria, el indigenismo que a fuerza de compasión intelectual se vuelve proteccionista y que parte de un razonamiento similar al del clasismo: la supuesta inferioridad del otro.
A los indígenas ya se les reconoce “tener alma”, pero pocas veces la capacidad de resolver sus problemas históricos o culturales: se les niega la conciencia. ¿La tradición estorba al progreso o viceversa? En este debate que enardece las respuestas son radicales y mesiánicas, y el indígena, regularmente, no participa. La presencia indígena que reclama la inclusión social es vista como moda antineolioberal o como la insurrección de un titiritero que manipula a los indios. ¿O acaso se olvidaron ya los discursos de Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Vicente Fox acerca del EZLN y su vocero?
En octubre de 2001 el Seminario de Estudios Sobre Patrimonio Cultural —de las direcciones de Etnología y Antropología social del INAH— organizó el encuentro académico El uso social del patrimonio cultural. La memoria del evento, publicada con el mismo nombre, resulta ineludible para aproximarse a dicha temática. Los ponentes, la mayoría académicos del INAH, UNAM y ENAH, dieron a conocer distintas problemáticas, sobresalieron las solucionadas por la academia y las agravadas por el gobierno. En materia de comunidades indígenas y patrimonio cultural, una ponencia resulta reveladora y crítica al proceder de los propios indígenas y al ser escuchada por el gremio académico: “De las cosas que uno se imagina cuando nos invitan a encuentros académicos.”
Un representante (indígena) del Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZLN) del DF, lee, aplaude la iniciativa de los organizadores y “dándole hilo al papalote de nuestra imaginación” supone que los asuntos que se debatan y convengan tendrán “un peso específico de carácter político, por más que se discutan desde el ámbito de la academia”. Acerca de ésta, no deja de expresar sus expectativas:
Así como imaginamos que la antropología tiene suficientes bases para proponer soluciones a los problemas nacionales (y eso lo pensamos porque los del INAH dicen que son profesores de investigación científica), igual imaginamos que muchos antropólogos desde su trinchera académica trabajan efectivamente para eso, o sea, para proponer esas soluciones y ejercer así su papel de científicos deshacedores de entuertos y otras galimatías sociales.
Al portavoz del FZLN le entusiasma que los especialistas del patrimonio cultural “discutan ─una vez más─ los usos que puede ─o debiera─ tener; mucho mejor si los análisis se abordan en su perspectiva jurídico-legal, social y desde luego, antropológica que tanta falta nos hace; sobre todo, si encuentros como éste, cuentan con un eventual camino para instrumentar las posibles soluciones a los problemas que se analizan”.
Del sarcasmo a la solemnidad, la ponencia va y viene, pero hace énfasis en un punto medular: la necesidad de recordar y cumplir Los Diálogos de San Andrés, firmados en febrero de 1996 por el gobierno federal y el EZLN. Se detiene en el documento (3.2 Acciones y medidas para Chiapas) que recomienda al INAH revisar las disposiciones para:
- Reglamentar el acceso gratuito de los indígenas a los sitios arqueológicos.
- Dar a los indígenas la debida capacitación para poder administrar ellos mismos los sitios.
- Otorgar a los pueblos indígenas parte de las utilidades turísticas que generan dichos sitios.
- Dar a los pueblos indígenas la posibilidad de utilizar los sitios como centros ceremoniales.
- Proteger los sitios cuando estén amenazados por megaproyectos de desarrollo turístico o saqueo hormiga.
En el documento está plasmado un argumento primordial de la vida indígena:
Una condición fundamental del desarrollo es la relación de los pueblos indígenas con la tierra. Atendiendo a la especial significación espiritual de ese elemento y a su altísimo valor simbólico, debe garantizarse plenamente el derecho de las comunidades y de los pueblos indígenas a la integridad de sus tierras y territorios, sí como a la preservación y uso racional del hábitat.
¿Por qué recuerda el FZLN este punto a los investigadores del INAH? La explicación también es denuncia:
Porque si nos damos cuenta que casi siempre ocurre que, tanto el desarrollo de proyectos de investigación arqueológica como las declaratorias de zonas de monumentos arqueológicos, se hacen al margen de los pobladores que se ven con ello fuertemente afectados en su elemental sobrevivencia, desde el momento en que la integridad de sus tierras y territorios y la preservación de su hábitat, están expuestos a drásticas alteraciones por las actividades del INAH.
[…] pareciera que se privilegia la protección del sitio histórico edificado como lugar de vida y acción económica, política y social, por el indio muerto, sin importar el uso social de esos territorios donde el indio vivo apenas sobrevive.
Sin embargo el FZLN piensa que esto puede resolverse si primero se platica con las comunidades que serán afectadas (con dichos proyectos y declaratorias) y se les toma en cuenta para definir los lineamientos a seguir. Es decir, los indígenas afirman su apertura al diálogo, pero insisten en ser tomados en cuenta.
Para terminar su participación, el representante cuestiona también si “existe toda claridad necesaria en el gremio antropológico para comprender que todos los análisis, discusiones y conclusiones tomados” pueden ser usados en dos vertientes: una en favor de las imposiciones de los poderes Legislativo y Ejecutivo y otra en favor de una conciencia política democrática con posibilidad de establecer el diálogo. De no ser así, subraya:
Imaginamos que eso sería muy contraproducente para el diálogo porque entonces, otra vez, desde el escritorio se pretendería elaborar las políticas públicas, sin considerar a los sectores que sufren los problemas que se quieren resolver. Ahí se acabaría cualquier diálogo, y entonces los científicos sociales serían algo así como instrumentos para contradecir y obstaculizar el intento de construir una nueva relación entre los diversos sectores de la sociedad y el gobierno.
Cada vez más consciente del mito del nacionalismo y de la realidad atroz del capitalismo, en los últimos años la academia ha ido reconociendo la legitimidad de las comunidades (indígenas y no indígenas) sobre su patrimonio cultural y ante todo, la necesidad de que ellas mismas lo protejan. Desde los años ochenta del siglo XX se les insta (como a la sociedad en general) a hacerse responsables de él, pero en los albores del nuevo siglo falta aclarar todavía cuáles son sus derechos sobre el mismo. Tienen el Estado y la academia una tarea impostergable.
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Fuentes:
Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, art. 2 (vigente a 2014)
FZLN-DF, “De las cosas que uno se imagina cuando nos invitan a encuentros académicos”, El uso social del patrimonio cultural, Sánchez Alaniz, José I. y Susana Gurrola (coords.), México, Ediciones Quinto Sol, sf., pp. 103-108.
ONU, “Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”, http://daccess-dds-ny.un.org.
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Sobre el autor: Egresado de la UNAM de la licenciatura de Comunicación y Periodismo, vinculado desde hace diez años a temas referentes al patrimonio cultural e involucrado en proyectos de investigación del INAH en la línea de difusión.
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