Por Sébastien Perrot-Minnot
Guatemala experimentaba entonces la « Primavera democrática », una época marcada por políticas humanistas y nacionalistas, y una formidable promoción de la educación y la cultura. En 1946, el presidente Juan José Arévalo firmó el Acuerdo Gubernativo no. 22, que creaba el Instituto de Antropología, Etnografía e Historia de Guatemala. El mismo tomó el nombre de “Instituto de Antropología e Historia de Guatemala” (IDAEH) en 1947, y ese mismo año, en virtud del Decreto no. 425, recibió oficialmente la misión de investigar y proteger el patrimonio cultural de la Nación. Dicho decreto estipula, en su Artículo 1, que “todos los monumentos, objetos arqueológicos, históricos y artísticos del país, existentes en el territorio de la República, sea quien fuere su dueño, se consideran parte del tesoro cultural de la Nación y están bajo la salvaguardia y protección del Estado”.
Posteriormente, a pesar de las vicisitudes políticas, los problemas institucionales y las limitaciones económicas, el IDAEH se reforzó, la arqueología nacional se desarrolló, y el país enriqueció su legislación patrimonial. Se tomaron disposiciones loables para luchar contra las excavaciones ilícitas, el saqueo, el tráfico de antigüedades y la destrucción de vestigios arqueológicos. Medidas específicas fueron adoptadas para la protección del patrimonio cultural de áreas sensibles, como los parques nacionales, el sitio prehispánico de Kaminaljuyú (Ciudad de Guatemala), el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala y La Antigua Guatemala.
Montículos conservados en el Parque Arqueológico Kaminaljuyú. Foto: Sébastien Perrot-Minnot.
La arqueología de rescate, que interviene cuando obras de construcción afectan monumentos o remanentes de ocupaciones antiguas, ha jugado un papel esencial en la gestión del patrimonio. Desde 1947, el IDAEH se implicó en este tema, para responder al impacto que tenía la creciente urbanización de la Ciudad de Guatemala, en la conservación de la extensa ciudad maya de Kaminaljuyú. En su ya larga historia, el ente cultural guatemalteco ha sido blanco de críticas; no obstante, cabe reconocer también que ha tenido en sus filas a profesionales admirablemente comprometidos. Quisiera destacar aquí la difícil labor cumplida por los inspectores de patrimonio, quienes deben enfrentar oposiciones fuertes, y hasta amenazas. Pero el IDAEH no ha sido el único actor de la arqueología de rescate, desde luego; supervisó y apoyó proyectos conducidos por Universidades, instituciones extranjeras (como el Instituto Carnegie de Washington en Kaminaljuyú), compañías privadas y arqueólogos independientes.
Excavaciones de rescate realizadas cerca de la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe (Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala), en 2014, bajo la dirección de Yvonne Putzeys. Foto: Rubén Larios.
Desde la emisión del Decreto no. 425, la arqueología de rescate ha sido practicada cada año. Concernió a todos los departamentos, y contribuyó a documentar todos los periodos, del Preclásico Temprano (1800-1000 a. C.) a la Edad contemporánea. Permitió descubrir grandes cantidades de vestigios en su contexto de origen, contestar preguntas fundamentales, suscitar nuevas visiones e hipótesis, y preservar valiosos legados. Ciertos proyectos de rescate han tenido una incidencia notable en la investigación científica, a nivel nacional e internacional; trabajaron especialmente en Kaminaljuyú y el gigantesco Montículo de la Culebra, la cuenca del Rio Chixoy, Naranjo (departamento de Guatemala), Cotzumalguapa (Escuintla), sitios de Petén, y las ciudades coloniales de La Antigua Guatemala y La Nueva Guatemala de la Asunción.
Sin embargo, en este campo, se han podido constatar deficiencias con consecuencias graves. Para comenzar, las intervenciones del Estado han sido dramáticamente insuficientes. Así, pese a la promulgación de un Acuerdo Ministerial sobre Protección de Kaminaljuyú en 1964, la metrópolis maya del valle de Guatemala ha sufrido destrucciones y saqueos masivos; de los 228 montículos que se contabilizan allí en 1945, ya sólo se pueden apreciar unos 30 en la actualidad (en 2011, se emitió un Acuerdo Ministerial reemplazando el de 1964, y declarando como Patrimonio Cultural de la Nación Intocable los montículos de Kaminaljuyú y sitios periféricos que habían sobrevivido).
Asunción Mita constituye otro caso trágico. En 2005, recorrí este yacimiento arqueológico de 6 km², uno de los más importantes del Oriente de Guatemala. En general, los vestigios ofrecían un panorama desolador. Pero algo me afligió particularmente: cuando llegué al lugar de la acrópolis, no encontré nada que se pareciera a un complejo arquitectónico prehispánico: habían preparado el terreno para construir una colonia residencial… Fuera de estos ejemplos, en toda la República, un sinnúmero de sitios arqueológicos han sido severamente alterados, sin que hubiera una reacción adaptada de las autoridades. Y sin duda, los atentados contra el Patrimonio continúan activamente, mientras escribo estas líneas.
Montículo partido por la carretera, en Asunción Mita. Foto: Carlos Sebastián.
Pero más problemas serios perjudicaron la arqueología de rescate en Guatemala. Los proyectos dependen mucho de la voluntad de los constructores, que financian las operaciones, y lógicamente, quieren bajar los costos al máximo. En consecuencia, los responsables de las intervenciones arqueológicas disponen a menudo de un presupuesto y plazos demasiado reducidos, para poder efectuar investigaciones pluridisciplinarias y consecuentes. Por otra lado, en virtud de la reglamentación vigente, tienen apenas algunas semanas para entregar su informe científico, lo que les impide ir muy lejos en el análisis del material y los datos, afectando la presentación del estudio. A esto hay que añadir que la publicación de los resultados en revistas científicas ha permanecido extremadamente limitada. Con el paso del tiempo, se han perdido numerosas informaciones, sobre proyectos de rescate pasados; me di cuenta de que incluso excavaciones cruciales, emprendidas en Kaminaljuyú y el Centro Histórico de Guatemala, están poco documentadas…
No cabe duda, por lo tanto, que el sistema necesita cambios profundos. Al respecto, interesantes reflexiones se llevaron a cabo durante la “Primera Jornada de Rescates Arqueológicos”, organizada en diciembre de 2014, bajo los auspicios del Ministerio de Cultura y Deportes en diciembre de 2014. Una de las protagonistas del evento, la reconocida arqueóloga Bárbara Arroyo, subrayó entonces la “urgente necesidad de reglamentación” de los programas de rescate, está precisamente impulsando tal reglamentación, en su calidad de miembro del Consejo Técnico de Arqueología, que asesora el IDAEH.
Inspirándome del sistema francés, con el cual estoy familiarizado, diría que habría que sentar las bases, en Guatemala, de una arqueología “preventiva”. Idealmente:
- Los profesionales o las organizaciones que deseen involucrarse en este campo tendrían que recibir una habilitación específica, para cada periodo histórico o prehistórico contemplado. Las habilitaciones serian otorgadas por el Estado previo dictamen de una comisión científica independiente y renovada anualmente, y el IDAEH publicaría la lista de las personas y entidades acreditadas para cada periodo.
- Las municipalidades informarían el IDAEH de cualquier solicitud de permiso de construcción;
- Cuando proceda, el Estado ordenaría la realización de diagnósticos arqueológicos, con sondeos, en los terrenos concernidos;
- En función de los resultados de cada diagnóstico, llegado el caso, el Estado tomaría un decreto de excavaciones preventivas, incluyendo un pliego de condiciones científicas;
- El operador de las excavaciones siempre sería elegido por el constructor, pero tendría que respetar estrictamente el pliego de condiciones, y su propuesta científica requeriría el aval del Estado (asesorado por la referida comisión científica);
- El financiamiento proyecto de rescate quedaría a cargo del constructor, no obstante, el Estado podría aportar una ayuda económica a los particulares y las pequeñas empresas;
- Después de las excavaciones, el Estado se basaría en los reportes preliminares del operador de las excavaciones para tomar las decisiones administrativas pertinentes con respecto al proyecto de construcción, pero el equipo científico contaría con el tiempo suficiente (varios meses, en todo caso) para producir un buen estudio;
- El informe arqueológico final sería evaluado por el Estado, a través de la comisión científica correspondiente; un operador cuyos informes serian de mala calidad podría perder su habilitación.
Por supuesto, la adopción de un sistema de este tipo en Guatemala exigiría esfuerzos mayores.
De una manera general, los inspectores de monumentos deberían de beneficiarse de nuevas capacitaciones; el IDAEH necesitaría ser reorganizado y dotado de recursos económicos, materiales y humanos más amplios; el Estado debería darse los medios parar hacer aplicar las leyes en todas las circunstancias y todo el territorio de la Republica (un gran y antiguo problema); pero sobre todo, seria indispensable desarrollar, considerablemente, la sensibilización y educación relacionadas con el patrimonio arqueológico. Ya que este valioso y vulnerable legado, recordémoslo, ¡es asunto de todos!
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Sobre el autor: Doctor en arqueología de la Universidad de Paris 1 (Panthéon-Sorbonne). Investigador del centro de estudios arqueológicos EVEHA (Francia). Académico correspondiente de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala.
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Fuente: http://brujula.com.gt/la-arqueologia-de-rescate-un-sistema-por-reformar/ contacto: perrotminnot@yahoo.fr
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