Ya tenemos sede y fechas para la segunda parte del WORKSHOP/ Urbanismo y Arqueología. Nos veremos los días 9, 16 y 23 de marzo en el Centro Cultural Xavier Villaurrutia en la Ciudad de México. Aún están a tiempo de inscribirse y participar con nosotros, envíen un correo a: arkeopatias@gmail.com para platicarles los detalles.//
Documento «LA DESAPARICIÓN DE LOS INVESTIGADORES CONTRATADOS DEL INAH». Del Movimiento 26 de Julio, realizado para la Rueda de Prensa del 22 de agosto del 2018, que transcribimos aquí para comenzar la reflexión sobre la situación actual del INAH y sus trabajadores contratados.
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En su «Balance de actividades»[1], Diego Prieto afirma que actualmente existen 1531 proyectos de investigación, conservación y difusión, de los cuales, 1060 corresponden al ámbito de lo arqueológico, en tareas de investigación, salvamento y restauración. Pero omite mencionar el revelador hecho de que el INAH sólo cuenta con 350 arqueólogos de base, cantidad que de ninguna manera puede hacerse cargo de los 1060 proyectos, y por eso mismo es enteramente necesario recurrir a la contratación de investigadores, en una cantidad que actualmente ronda los 800 arqueólogos (y un aproximado de 1200 en todas las disciplinas); es del todo claro que sin la participación de esos investigadores contratados, el INAH estaría imposibilitado de desarrollar las actividades sustantivas.
Desde décadas atrás y hasta el año 2016, esos investigadores contratados e incorporados a los proyectos específicos, quedaban formalmente registrados, en términos académicos, en los Proyectos entregados al Consejo de Arqueología, y en términos administrativos, en el correspondiente Capítulo 1000. Este hecho concreto e irrebatible, es soslayado por Diego Prieto califica la contratación de esos investigadores, a todas luces imprescindible para la vida académica del INAH, como «irregular», «inexistente» y «oculta», argumentos falaces y tendenciosos con los que intenta justificar la expulsión de estos 1200 investigadores. En realidad, Diego Prieto nunca menciona ni mucho menos explica el despido de estos 1200 investigadores: se limita a mencionarlos en términos cosificantes, tales como «ahorros» en «otros rubros», en «contratos irregulares» e «inexistentes».
La tergiversación de los hechos es más grave aún, cuando Diego Prieto intenta, aquí sí, ocultar esa acción ilegal y contraria a los preceptos institucionales, que es la desaparición de los investigadores como trabajadores del INAH, y su encasillamiento como prestadores de servicios en el Capítulo 3000. Esta acción es ilegal, porque, de acuerdo a la normatividad interna con la que se ha regido la actividad sustantiva de la investigación, que son las Condiciones Generales de Trabajo, se establece en su artículo 24, que:
Queda estrictamente prohibido que laboren en el Instituto personas con carácter meritorio, así como la contratación por servicios profesionales, cuando por su naturaleza corresponda a una relación de trabajo, en cuyo caso deberá ser desempeñada por trabajadores del Instituto.
Y es que, como caso específico, en el área sustantiva de arqueología, las actividades de investigación implican inevitablemente el descubrimiento, análisis, clasificación, catalogación y manejo de elementos que son bienes nacionales, por lo tanto, esas actividades sólo pueden ser ejecutadas por trabajadores del INAH, en consonancia con lo establecido en la Ley Orgánica del INAH y la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos; más aún cuando, en los proyectos de salvamento, esa actividad específica implica la ejecución de actos de autoridad, que deben ser realizados por los investigadores contratados; en ese estricto aspecto legal, al desterrar a los investigadores contratados y a pesar de todo recurrir a ellos en calidad de «prestadores de servicios», Diego Prieto incurre en graves delitos federales. Los hechos son enteramente contrarios a lo que afirma en su «Balance de actividades».
Igualmente tergiversadora es su afirmación de que se «regularizaron como personal eventual, 533 trabajadores con servicio médico del ISSSTE, que antes se encontraban sin seguridad social, que se conocían como «indocumentados», que ya no existen»; y es que Diego Prieto hace explícita su estrategia de aumentar indiscriminadamente la plantilla de personal administrativo, con estos 533 trabajadores que se vieron beneficiados laboralmente y que engrosan así al ya visto desproporcionado aparato burocrático, mientras expulsa del INAH al personal de investigación, es decir, a quienes cumplen con la fundamental tarea sustantiva de la institución.
El cinismo de Diego Prieto es ya insultante, cuando asevera que esa desaparición del Capítulo 1000 de proyectos, no afecta, sino al contrario, da cumplimiento a las necesidades de los proyectos. Que quede claro que en el INAH sólo existen 890 investigadores de base, mientras se desarrollan 1531 proyectos, de manera que al expulsar a los investigadores contratados, los proyectos sí se vieron gravemente afectados, tanto en términos académicos, como financieros. Sin embargo, se demuestra también que esos investigadores contratados son indispensables, por más que Diego Prieto crea que el INAH puede prescindir de ellos.
Las acciones que Diego Prieto ejecutó contra los investigadores contratados, es una prueba a todas luces evidente, de su intento de aniquilar paulatinamente a la actividad sustantiva de la investigación científica en el INAH.
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Nota [1]: Adjuntamos el video «Balance 2016 – 2017» al que el documento del Movimiento 26 de Julio hace referencia:
Para la #cruda de #Navidad, no hay nada mejor que unos #Tacos en #LaFondark.// Ya estamos cerca de nuestro #séptimoaniversario y de comenzar con nuestro nuevo proyecto: «TACO’S/ TAller(es) de aCOntecimientoS…»// by #ArK
Este será el platillo estrella de nuestro menú del 2017, estamos seguros que los hará pedir más.// ¿Quieres probar? Hay de #Arte, #Arqueología, #Arquitectura, #Urbanismo, #Patrimonio, #Antropología, #Conservación y campechanos…// Nos vemos el 8 de enero para la junta informativa.// Envíanos un correo electrónico a: arkeopatias@gmail.com y te escribiremos de vuelta con el lugar de reunión.//
#CharlasDeCafé en #LaFondark: En esta ocasión platicamos con la Historiadora Alejandra Ramírez Zambrano, quien nos platicó sobre su proyecto de activación de la memoria en la comunidad de La Esperanza en Puebla.// En el contexto de un estado donde los proyectos «culturales» buscan lo magnificente -casi megalómanos-, esta iniciativa que surge de un deseo casi personal y de la mano de más amigos que recursos económicos, se presenta como una luz de, precisamente eso, «esperanza» en la apropiación comunitaria – simbólica de los espacios patrimoniales ante la imposibilidad del disfrute material de los mismos.// Abajo pueden encontrar unas extraordinarias fotografías y la entrevista completa. [Nos encantará leer sus comentarios].
Por Alejandro De Coss
El espacio privatizado viene a veces disfrazado como espacio público. Las maquetas, los renders y los discursos así lo presentan. “Más espacios verdes; recuperar la calle; hacer renacer el barrio”; la fórmula es limitada, a pesar de sus variaciones. Detrás del discurso en turno y de la promesa de una ciudad para todos, la privatización del espacio tiene, al menos, una característica clara: se otorga el control de la interacción social a un actor privado, cuyo objetivo principal es obtener una ganancia económica.
Admitámoslo. A muchos, esto puede sonarles como un precio menor que pagar por contar con espacios limpios, seguros y atractivos –al menos bajo la óptica de la estética en curso. Qué importa si el espacio es propiedad de un grupo de inversionistas desconocidos, si ellos se encargan de mantenerlo funcionando. Qué importa si el Estado reduce costos y se dedica a administrar las –a menudo pingües– ganancias que las alianzas público-privadas normalmente implican.
Hace algunos años viví en Londres. Mi pequeño cuarto se encontraba al sur del río Támesis. Para llegar a la escuela en la que estudié, debía caminar al lado de él. De mi lado derecho, el fluir del agua, las más de las veces, café. Del otro, la Tate Modern, la reproducción de The Globe –el teatro shakesperiano–, los pubs y las hordas interminables de turistas. Espacios en perfecto estado de conservación, sin basura ni pedigüeños que se crucen en el camino de la experiencia de consumo cultural. Espacios que han dejado desde hace mucho de ser públicos para convertirse en privados. Lugares en donde la forma básica de interacción es el consumo –material y simbólico– que impera en la lógica del capitalismo contemporáneo. Monumentos en donde la pobreza y la protesta están, de hecho, prohibidas.
Cruzando el río hacía el norte y caminando con rumbo al este de Londres, la ruta no atraviesa ningún monumento de la misma fama. De pronto aparece un viejo pub, pero la mayor parte del tiempo sólo hay casas, el río y las barcazas que van recogiendo la basura acumulada. El apacible camino se encuentra, de pronto, con una inesperada barrera. Una reja impide el paso. Parece arbitraria, levantada en un camino por el que muy pocos pasan. Intentar abrirla es inútil. Lo que yace del otro lado es un pequeño tramo del Thames Path, un camino que goza de protección gubernamental, al ser de valor histórico especial, que ha sido privatizado de facto. Así lo narra Jack Schencker en una pequeña etnografía publicada en The Guardian (Shenker, 2015).
En King’s Cross, lugar en el que se levanta una de las principales estaciones de tren de Londres, existe otro espacio privado que busca disfrazarse como público. Su nombre esGranary Square. Cuando esté terminado, será uno de los espacios abiertos más grandes en Europa. A la entrada, un letrero dice: “Bienvenidos a King’s Cross. Por favor disfrute este espacio privado consideradamente” (Vasagar, 2015).
La proliferación de espacios públicos privatizados en Londres no es nueva. Es parte del tránsito de la administración de las ciudades a su concepción como entes emprendedores (Harvey, 1989). Este largo proceso ha implicado una serie de transformaciones, de las cuales mencionaré algunas, sin pretender ser exhaustivo:
1. El emprendimiento urbano se presenta en forma de alianzas público-privadas, en las cuales la promoción de una marca ciudad se entrelaza con el uso de los poderes del gobierno local para atraer fuentes de financiamiento privado, bajo la promesa de inversión y empleo.
2. La actividad de esas alianzas público-privadas es emprendedora, nos dice Harvey, precisamente porque es especulativa en su diseño y ejecución. Así, se enfrenta a todas las dificultades y los riesgos que atañen a la especulación, en oposición a la planeación coordinada que imperó en las ciudades europeas y norteamericanas que el citado autor analiza.
3. El emprendimiento se enfoca en la economía política del lugar y no la del territorio. Es decir, menos en la vivienda y en la educación, y más en el lugar: el parque industrial, el corredor cultural, el parque lineal y un largo etcétera, que ya conocemos bien.
En síntesis: el enfoque emprendedor en la administración urbana descansa, típicamente, en alianzas público-privadas, enfocadas en la inversión y el desarrollo económico a través de la construcción especulativa de lugares de consumo, en lugar de la mejora integral de las condiciones de vida dentro de un territorio dado. Este modelo de administración, además de crear la posibilidad para beneficiar de forma velada y desproporcionada a actores privados a cambio de la producción de espacios públicos-privados, corre el riesgo de continuar profundizando las desigualdades socio-espaciales que son características de las ciudades contemporáneas. Al mismo tiempo, pudiera ser un modelo insostenible, dado el siempre creciente nivel de inversiones que son requeridos para mantener los espacios privados funcionando (Ulam, 2013).
Esta visión emprendedora en la administración urbana no es endémica de Inglaterra y Estados Unidos, los lugares que Harvey analiza. Los ejemplos de la ampliación de esta forma de gobernanza son muchos. La Ciudad de México es uno de ellos. La planeada construcción del Corredor Cultural Chapultepec (CCChapultepec o Shopultepec, como algunos de sus críticos lo hemos llamado), sobre la avenida del mismo nombre, es un claro ejemplo de la ciudad vista como un espacio de consumo y el gobierno como una agencia de promoción de inversiones.
PROCDMX materializa estas consideraciones teóricas de forma clara. La promoción de las Zonas de Desarrollo Económico y Social (ZODES) es un modelo de desarrollo urbano basado en el lugar y no en el territorio. A través de planos maestros y otros mecanismos de planeación urbana se analiza, de forma especulativa, la potencialidad del desarrollo de una ZODE. La preocupación central, detrás de la frase infraestructura social, es privilegiar el consumo como forma esencial de socialización (convivencia, en el lenguaje utilizado por la agencia, con los beneficios que ello trae para el agente privado que ejecuta el proyecto. Finalmente, las ZODES, al ser espacios diseñados con vocaciones específicas (salud, empresas creativas, agroindustrias, etc.), pueden convertirse fácilmente en marcas comercializables en un esquema de competencia global.
El proyecto ha sido analizado en otros lugares de forma crítica. Por ejemplo, Salvador Medina (2015) describe cómo la idea de ciudad que produciría el CCChapultepec es una de consumo, exclusión y privatización. El espacio, como ha sido imaginado por las agencias de inversión, el gobierno y los arquitectos, es un parque elevado que impide el libre flujo de personas, que reduce la interacción humana al consumo y que podría resultar en el desplazamiento masivo de quienes actualmente hacen uso del lugar.
Desde la perspectiva arquitectónica y de diseño urbano, el parque ha sido criticado al no ser una solución integral a los problemas de movilidad, usabilidad y recuperación de una avenida que carece de atención pública (Ruiz, 2015). Al contrario, el espacio segrega, bloquea e impide el uso público y equitativo del espacio. Eso sin mencionar que los procesos de asignación de la obra han sido opacos, desde una perspectiva de diseño, así como desde la financiera.
Es claro que el proyecto, además, responde a las características del emprendimiento como gobernanza urbana que Harvey describió a finales de la década de 1980. El proyecto es una alianza público-privada, en la que el gobierno se llevará 5% de las ganancias (Medina Ramírez, 2015). Éstas, además, no están garantizadas, sino que serían resultado de la proyección a futuro del proyecto –un modelo especulativo. Finalmente, el mejoramiento se enfoca en un lugar, Avenida Chapultepec, y no en el territorio, entendido como un entramado socioeconómico que es moldeado y moldea al espacio.
El emprendimiento como forma de administración urbana es un escenario en el cual los gobiernos locales deben negociar con el capital financiero, mostrándose siempre como lugares atractivos, vibrantes. Surge como resultado de la profunda transformación de las relaciones económicas que llegaron con la década de los 70. Entonces, el Estado perdió la base fiscal y económica que había sostenido su gasto bajo la égida de la liberalización de todos los mercados.
En esta estructura económica, las ciudades se convierten marcas que compiten unas contra otras en búsqueda de inversiones (de ahí el auge de Ciudades Competitivas y delCity Branding). Las diferencias históricas, sociales y culturales buscan ser reducidas a su mínimo común denominador: la mercantilización. El rol emprendedor atraviesa procesos históricos y se convierte en una política pública impulsada por administradores urbanos y por escuelas de pensamiento que se globalizan a través de discursos hegemónicos en el diseño y la política pública.
Así, la gobernanza urbana –entendida como el poder de organizar el espacio que se deriva de un complejo de fuerzas desplegadas por diversos agentes sociales– se ve profundamente transformada. Es decir, el proceso de urbanización queda a merced de los objetivos y agendas de los agentes privados, coludidos con el Estado, transformando las ciudades en espacios en los que el consumo es la práctica social dominante.
Naomi Colvin, una activista del movimiento Occupy en Londres, definió de manera clara qué significa esta transformación urbana, al afirmar que “es la visión de una sociedad en la que trabajas y compras. Cuando no estás trabajando o comprando, tienes el permiso de ir a un restaurante” (Vasagar, 2015). La exclusión que produce esta idea y práctica de ciudad es doble. Por un lado, se marginaliza a aquellos grupos e individuos que, por condiciones estructurales de desigualdad –clase, género, raza–, son incapaces de ser consumidores exitosos. Por otro, limita las capacidades de expresión creativa, tanto de consumidores como de excluidos. Las expresiones artísticas, políticas y espontáneas que no están dirigidas a la maximización de la ganancia pueden ser silenciadas en cualquier momento. La ciudad como máquina capitalista.
A esta visión estéril del futuro se han opuesto diversas críticas. La idea del Derecho a la ciudad sintetiza muchas de ellas. Se refiere a la capacidad que tienen los individuos de moldear el espacio en el que habitan de acuerdo a sus deseos y aspiraciones, en un contexto de equidad en la provisión y el acceso a servicios públicos que garanticen una vida digna. Cómo se lleva esto a cabo es el paso crucial. Catalina Villarraga propone que una vía para hacer esto realidad es la democracia urbana: “una forma de gobierno que tiene por objetivo […] socioespacialización del bienestar colectivo y el rechazo a la exclusión social de la realidad urbana.” (Villarraga, 2015).
Entre otros, los principios que la autora propone son: la separación de los intereses privados en la administración urbana; la producción de espacio público que privilegie su valor de uso y no el de cambio -de consumo; la distribución equitativa en el espacio de los bienes públicos y la posibilidad de los ciudadanos de hacerlos suyos, y la inclusión de prácticas de democracia participativa en la administración urbana. Estas medidas, por sí solas, marcan ya una distancia radical de la visión emprendedora en la administración urbana. Colocan al individuo y al colectivo al centro de la política pública, considerando las desigualdades inherentes a la urbanización capitalista y buscando formas para mitigarlas a través de la democratización de la vida cotidiana. Marcan, de esta forma, un futuro urbano deseable y posible.
Los primeros pasos para construir este futuro son la discusión crítica, y la oposición a la inevitabilidad de la realización de la visión hegemónica de la ciudad, basada en el consumo. La oposición puede ser doble. Por un lado, oponerse e impedir la ejecución de proyectos que destruyan la idea y práctica de una ciudad para todos. Por otro, construir en colectivo proyectos, ideas y aspiraciones democráticas, que apunten a una revolución urbana que haga valer el derecho a la ciudad. El momento es propicio en la Ciudad de México. La fuerte oposición a Shopultepec, por diversos sectores, así como la oposición de vecinos y diversas organizaciones a los cambios de usos de suelo y otros proyectos como el Deprimido Mixcoac, las ZODES, los grandes desarrollos inmobiliarios, las autopistas urbanas, entre otros, así lo muestra. Que sea éste un parteaguas en la construcción de un movimiento amplio y plural que materialice la idea del Derecho a la Ciudad.
Alejandro De Coss es maestro en sociología por la London School of Economics, donde actualmente cursa un doctorado en la misma disciplina.
Referencias
Harvey, D. (1989). From Managerialism to Entrepeneuralism: the Transformation of Urban Governance in Late Capitalism. Geografiska Annaler. Series B, Human Geography, Vol. 71, No. 1, 3-17.
Medina Ramírez, S. (2015). “La ZODE Chapultepec: ¿operación inmobiliaria, espacio público o centro comercial privado?”. México: Horizontal.
Ruiz, P. (2015). “La falacia del Corredor Cultural Chapultepec”. México: Arquine.
Shenker, J. (2015, Febrero 24). “Privatised London: the Thames Path walk that resembles a prison corridor”. The Guardian.
Ulam, A. (2013). “The Murky Ethics and Uncertain Longevity of Privately Financed Public Parks”. The Atlantic City Lab.
Vasagar, J. (2015, Junio 11). “Public spaces in Britain’s cities fall into private hands”. The Guardian.
Villarraga, C. (2015). “Nueve desafíos de la democracia urbana”. México: Nexos.
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Fuente: Nexos. La brújula. El blog de la Metrópoli. 6 de Octubre del 2015. http://labrujula.nexos.com.mx/?p=552 / Imagen: tomada de Vimeo
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