DE LA CASA #71: SOBRE EL DL 1198 / WM.

Por Wilmer Mejía Carrión

“El 22 de septiembre de este año, el Poder Ejecutivo publicó el Decreto Legislativo 1198, que modificaba un numeral de la Ley 28296, conocida como Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. El numeral modificado era el 6.1, en el que se indicaba que el Estado era la única entidad autorizada para administrar el patrimonio cultural inmueble prehispánico -es decir, los restos arqueológicos” (Santiago Alfaro; Los cusqueños han equivocado la lucha).[1]

Respecto a la ley que concesionaba a los agentes privados algunos de los monumentos arqueológicos  hay voces a favor y en contra, los que están a favor argumentan cosas como esta:

«Hasta ayer, Cuzco tuvo 2 días de paro (con las pérdidas $ que implican) porque esta niña y su mancha de rojos iluminados lo único que saben hacer es protestar. Esta vez contra el DL 1198 del Poder Ejecutivo (que ellos llevaron al Poder) por el cual DE MANERA OPTATIVA (léase voluntaria) El Ministerio de Cultura y los Gobiernos Regionales PODRÍAN hacer Asociaciones de Gestión Cultural para la preservación del patrimonio arqueológico. (ejem Huaca Pucllana y otros) para ciertos sitios, ni siquiera para todos.

Desinformando a los cuzqueños, se mandaron a decir que esto era «privatizar» el patrimonio cultural y el Estado «renunciaba» a su protección por mercantilismo etc. etc.

Obvio que está en campaña, pero en su discurso no dice que hay casi 20 MIL sitios arqueológicos registrados (faltan más por registrar) de los cuales más del 90% están en abandono x que no hay recursos por parte de los gobiernos para mantenerlos. Habla de descentralización, pero sonaba a separatismo, como si la cultura de Cuzco fuera solo de ellos y no de todos los peruanos”. (G.M.)

O esta otra:

“Supongo que te parecerá mejor que se descuiden el total de los monumentos arqueológicos porque valgan verdades el estado es como la cobija del pobre cubre la cabe pero destapa los pies. Ante el abandono de todos los monumentos aunque sea que se salven los más recuperables. Esa gente q tanto te preocupa tú crees que ve las huacas de otra manera que no sea como basural o cancha de futbol, en serio crees diana q al hijo de tu vecino le importa un bledo ir a Mangomarca para otra cosa q no sea pastrulearse o jugar futbol. La privatización no es mala per se lo malo es q no se reglamenta bien nunca y casi siempre hay arbitrariedades. Todo tiene precio y mantener y cuidar un sitio arqueológico cuesta, un proyecto de puesta en valor cuesta, pagar guachimanes cuesta y el estado no cubre esos costos entonces de donde sale la plata. Veamos la reglamentación y luego opinemos”. (I.D)

Respecto a este tema mi opinión es la siguiente:

a) Es interesante como se hace hincapié en lo OPTATIVO, es decir que el Estado peruano si quiere puede o no asociarse con los agentes privados, desde mi punto de vista, aunque es cierto la ley dice que el Estado no está obligado a hacer esto, sin embargo, va a tener todas las facultades de realizar este tipo de acciones y por supuesto que LO VA A HACER. Es decir, que eso de optativo es un mero recurso lingüístico,  como el Estado no tiene capacidad para hacerse cargo de todas las huacas es fácil deducir que sí o sí pondrá la gestión cultural de los sitios arqueológicos en manos privadas – al menos las que se vean más rentables económicamente hablando-. Ahora bien, considerando la escasa capacidad del Estado para fiscalizar es evidente que los agentes privados tendrán toda la libertad de hacer y deshacer en cuanto al tema de gestión, difusión, preservación. Así pues, como lo entiendo, aunque legalmente el Estado es el supervisor de las acciones privadas, en los hechos este se desentenderá de la protección del patrimonio – como siempre lo ha hecho- pues conociendo la historia el Estado siempre ha retrocedido ante la empresa privada y esta no será la excepción.

b) Pienso que no es que el descuido del patrimonio sea mejor que la privatización, sin embargo, la empresa privada lo que busca son réditos económicos, se pueden salvar algunos de esos monumentos pero la empresa privada no le va a interesar iniciar un adecuado proceso de patrimonialización, cosa que el estado -si hubiese voluntad política- lo podría hacer, pues posee los recursos para hacerlo y si no para todos al menos con algunos de estos, sobre todo los que están dentro o bastante cerca de zonas pobladas. El hijo del vecino le interesa un bledo huaca Mangomarca y con la privatización le seguirá interesando un bledo porque lo que se hará es rehabilitarlo para el turismo pero sin un proceso de patrimonialización, será un bonito patrimonio, simple mercancía, sin mayor valor más que el económico, mientras que su valor simbólico será dejado a un lado así, ahora el hijo del vecino ya no va ir a “pastrulearse” a la Huaca Mangomarca porque no se le permitirá el acceso, no porque haya cambiado su manera de pensar respecto a la huaca. La privatización no es el camino porque el socializar la huaca de manera adecuada no está entre las prioridades de los agentes privados que lo que buscan es generarse rédito económico rápido. Debe ser el estado en todos sus niveles, locales, provincial, regional y nacional el que participe en esto, y mediante un adecuado programa se acerque a los vecinos, a la localidad que es el principal actor social en el proceso. Es cierto, el patrimonio cultural esta descuidado pero tampoco es la mejor alternativa privatizarlo, tendremos un bonito lugar alejado, mejor dicho, aislado de la localidad que lo alberga.

Aunque se ha derogado la ley, es necesario que el Estado haga algo con respecto a los sitios arqueológicos, pienso que detrás no solamente esta una mentalidad rentista, como si los sitios arqueológicos fueran iguales a un yacimiento minero que se puede concesionar y sacar ganancias de este, sino también la idea que la socialización del patrimonio es secundaria y simplemente se arregla sólo con shows de rock, jazz y cine dentro de la huaca. El proceso de patrimonialización es un conjunto de acciones que van más allá de conciertos y shows que congreguen cientos de personas sino de un trabajo con, dentro y para la localidad,  pero la entidad privada no estará dispuesta a invertir en esto porque sentirá que perderá dinero.

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[1] https://redaccion.lamula.pe/2015/10/23/santiago-alfaro-1198/valentinaperezllosa/ revisado el 24/10/2015

Foto: Juan Tonchez

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#LasPrestadas: La ciudad emprendedora: espacios privados, lo público y el Derecho a la ciudad.

Por Alejandro De Coss

El espacio privatizado viene a veces disfrazado como espacio público. Las maquetas, los renders y los discursos así lo presentan. “Más espacios verdes; recuperar la calle; hacer renacer el barrio”; la fórmula es limitada, a pesar de sus variaciones. Detrás del discurso en turno y de la promesa de una ciudad para todos, la privatización del espacio tiene, al menos, una característica clara: se otorga el control de la interacción social a un actor privado, cuyo objetivo principal es obtener una ganancia económica.

Admitámoslo. A muchos, esto puede sonarles como un precio menor que pagar por contar con espacios limpios, seguros y atractivos –al menos bajo la óptica de la estética en curso. Qué importa si el espacio es propiedad de un grupo de inversionistas desconocidos, si ellos se encargan de mantenerlo funcionando. Qué importa si el Estado reduce costos y se dedica a administrar las –a menudo pingües– ganancias que las alianzas público-privadas normalmente implican.

Hace algunos años viví en Londres. Mi pequeño cuarto se encontraba al sur del río Támesis. Para llegar a la escuela en la que estudié, debía caminar al lado de él. De mi lado derecho, el fluir del agua, las más de las veces, café. Del otro, la Tate Modern, la reproducción de The Globe –el teatro shakesperiano–, los pubs y las hordas interminables de turistas. Espacios en perfecto estado de conservación, sin basura ni pedigüeños que se crucen en el camino de la experiencia de consumo cultural. Espacios que han dejado desde hace mucho de ser públicos para convertirse en privados. Lugares en donde la forma básica de interacción es el consumo –material y simbólico– que impera en la lógica del capitalismo contemporáneo. Monumentos en donde la pobreza y la protesta están, de hecho, prohibidas.

Cruzando el río hacía el norte y caminando con rumbo al este de Londres, la ruta no atraviesa ningún monumento de la misma fama. De pronto aparece un viejo pub, pero la mayor parte del tiempo sólo hay casas, el río y las barcazas que van recogiendo la basura acumulada. El apacible camino se encuentra, de pronto, con una inesperada barrera. Una reja impide el paso. Parece arbitraria, levantada en un camino por el que muy pocos pasan. Intentar abrirla es inútil. Lo que yace del otro lado es un pequeño tramo del Thames Path, un camino que goza de protección gubernamental, al ser de valor histórico especial, que ha sido privatizado de facto. Así lo narra Jack Schencker en una pequeña etnografía publicada en The Guardian (Shenker, 2015).

En King’s Cross, lugar en el que se levanta una de las principales estaciones de tren de Londres, existe otro espacio privado que busca disfrazarse como público. Su nombre esGranary Square. Cuando esté terminado, será uno de los espacios abiertos más grandes en Europa. A la entrada, un letrero dice: “Bienvenidos a King’s Cross. Por favor disfrute este espacio privado consideradamente” (Vasagar, 2015).

La proliferación de espacios públicos privatizados en Londres no es nueva. Es parte del tránsito de la administración de las ciudades a su concepción como entes emprendedores (Harvey, 1989). Este largo proceso ha implicado una serie de transformaciones, de las cuales mencionaré algunas, sin pretender ser exhaustivo:

1. El emprendimiento urbano se presenta en forma de alianzas público-privadas, en las cuales la promoción de una marca ciudad se entrelaza con el uso de los poderes del gobierno local para atraer fuentes de financiamiento privado, bajo la promesa de inversión y empleo.

2. La actividad de esas alianzas público-privadas es emprendedora, nos dice Harvey, precisamente porque es especulativa en su diseño y ejecución. Así, se enfrenta a todas las dificultades y los riesgos que atañen a la especulación, en oposición a la planeación coordinada que imperó en las ciudades europeas y norteamericanas que el citado autor analiza.

3. El emprendimiento se enfoca en la economía política del lugar y no la del territorio. Es decir, menos en la vivienda y en la educación, y más en el lugar: el parque industrial, el corredor cultural, el parque lineal y un largo etcétera, que ya conocemos bien.

En síntesis: el enfoque emprendedor en la administración urbana descansa, típicamente, en alianzas público-privadas, enfocadas en la inversión y el desarrollo económico a través de la construcción especulativa de lugares de consumo, en lugar de la mejora integral de las condiciones de vida dentro de un territorio dado. Este modelo de administración, además de crear la posibilidad para beneficiar de forma velada y desproporcionada a actores privados a cambio de la producción de espacios públicos-privados, corre el riesgo de continuar profundizando las desigualdades socio-espaciales que son características de las ciudades contemporáneas. Al mismo tiempo, pudiera ser un modelo insostenible, dado el siempre creciente nivel de inversiones que son requeridos para mantener los espacios privados funcionando (Ulam, 2013).

Esta visión emprendedora en la administración urbana no es endémica de Inglaterra y Estados Unidos, los lugares que Harvey analiza. Los ejemplos de la ampliación de esta forma de gobernanza son muchos. La Ciudad de México es uno de ellos. La planeada construcción del Corredor Cultural Chapultepec (CCChapultepec o Shopultepec, como algunos de sus críticos lo hemos llamado), sobre la avenida del mismo nombre, es un claro ejemplo de la ciudad vista como un espacio de consumo y el gobierno como una agencia de promoción de inversiones.

PROCDMX materializa estas consideraciones teóricas de forma clara. La promoción de las Zonas de Desarrollo Económico y Social (ZODES) es un modelo de desarrollo urbano basado en el lugar y no en el territorio. A través de planos maestros y otros mecanismos de planeación urbana se analiza, de forma especulativa, la potencialidad del desarrollo de una ZODE. La preocupación central, detrás de la frase infraestructura social, es privilegiar el consumo como forma esencial de socialización (convivencia, en el lenguaje utilizado por la agencia, con los beneficios que ello trae para el agente privado que ejecuta el proyecto. Finalmente, las ZODES, al ser espacios diseñados con vocaciones específicas (salud, empresas creativas, agroindustrias, etc.), pueden convertirse fácilmente en marcas comercializables en un esquema de competencia global.

El proyecto ha sido analizado en otros lugares de forma crítica. Por ejemplo, Salvador Medina (2015) describe cómo la idea de ciudad que produciría el CCChapultepec es una de consumo, exclusión y privatización. El espacio, como ha sido imaginado por las agencias de inversión, el gobierno y los arquitectos, es un parque elevado que impide el libre flujo de personas, que reduce la interacción humana al consumo y que podría resultar en el desplazamiento masivo de quienes actualmente hacen uso del lugar.

Desde la perspectiva arquitectónica y de diseño urbano, el parque ha sido criticado al no ser una solución integral a los problemas de movilidad, usabilidad y recuperación de una avenida que carece de atención pública (Ruiz, 2015). Al contrario, el espacio segrega, bloquea e impide el uso público y equitativo del espacio. Eso sin mencionar que los procesos de asignación de la obra han sido opacos, desde una perspectiva de diseño, así como desde la financiera.

Es claro que el proyecto, además, responde a las características del emprendimiento como gobernanza urbana que Harvey describió a finales de la década de 1980. El proyecto es una alianza público-privada, en la que el gobierno se llevará 5% de las ganancias (Medina Ramírez, 2015). Éstas, además, no están garantizadas, sino que serían resultado de la proyección a futuro del proyecto –un modelo especulativo. Finalmente, el mejoramiento se enfoca en un lugar, Avenida Chapultepec, y no en el territorio, entendido como un entramado socioeconómico que es moldeado y moldea al espacio.

El emprendimiento como forma de administración urbana es un escenario en el cual los gobiernos locales deben negociar con el capital financiero, mostrándose siempre como lugares atractivos, vibrantes. Surge como resultado de la profunda transformación de las relaciones económicas que llegaron con la década de los 70. Entonces, el Estado perdió la base fiscal y económica que había sostenido su gasto bajo la égida de la liberalización de todos los mercados.

En esta estructura económica, las ciudades se convierten marcas que compiten unas contra otras en búsqueda de inversiones (de ahí el auge de Ciudades Competitivas y delCity Branding). Las diferencias históricas, sociales y culturales buscan ser reducidas a su mínimo común denominador: la mercantilización. El rol emprendedor atraviesa procesos históricos y se convierte en una política pública impulsada por administradores urbanos y por escuelas de pensamiento que se globalizan a través de discursos hegemónicos en el diseño y la política pública.

Así, la gobernanza urbana –entendida como el poder de organizar el espacio que se deriva de un complejo de fuerzas desplegadas por diversos agentes sociales– se ve profundamente transformada. Es decir, el proceso de urbanización queda a merced de los objetivos y agendas de los agentes privados, coludidos con el Estado, transformando las ciudades en espacios en los que el consumo es la práctica social dominante.

Naomi Colvin, una activista del movimiento Occupy en Londres, definió de manera clara qué significa esta transformación urbana, al afirmar que “es la visión de una sociedad en la que trabajas y compras. Cuando no estás trabajando o comprando, tienes el permiso de ir a un restaurante” (Vasagar, 2015). La exclusión que produce esta idea y práctica de ciudad es doble. Por un lado, se marginaliza a aquellos grupos e individuos que, por condiciones estructurales de desigualdad –clase, género, raza–, son incapaces de ser consumidores exitosos. Por otro, limita las capacidades de expresión creativa, tanto de consumidores como de excluidos. Las expresiones artísticas, políticas y espontáneas que no están dirigidas a  la maximización de la ganancia pueden ser silenciadas en cualquier momento. La ciudad como máquina capitalista.

A esta visión estéril del futuro se han opuesto diversas críticas. La idea del Derecho a la ciudad sintetiza muchas de ellas. Se refiere a la capacidad que tienen los individuos de moldear el espacio en el que habitan de acuerdo a sus deseos y aspiraciones, en un contexto de equidad en la provisión y el acceso a servicios públicos que garanticen una vida digna. Cómo se lleva esto a cabo es el paso crucial. Catalina Villarraga propone que una vía para hacer esto realidad es la democracia urbana: “una forma de gobierno que tiene por objetivo […] socioespacialización del bienestar colectivo y el rechazo a la exclusión social de la realidad urbana.” (Villarraga, 2015).

Entre otros, los principios que la autora propone son: la separación de los intereses privados en la administración urbana; la producción de espacio público que privilegie su valor de uso y no el de cambio -de consumo; la distribución equitativa en el espacio de los bienes públicos y la posibilidad de los ciudadanos de hacerlos suyos, y la inclusión de prácticas de democracia participativa en la administración urbana. Estas medidas, por sí solas, marcan ya una distancia radical de la visión emprendedora en la administración urbana. Colocan al individuo y al colectivo al centro de la política pública, considerando las desigualdades inherentes a la urbanización capitalista y buscando formas para mitigarlas a través de la democratización de la vida cotidiana. Marcan, de esta forma, un futuro urbano deseable y posible.

Los primeros pasos para construir este futuro son la discusión crítica, y la oposición a la inevitabilidad de la realización de la visión hegemónica de la ciudad, basada en el consumo. La oposición puede ser doble. Por un lado, oponerse e impedir la ejecución de proyectos que destruyan la idea y práctica de una ciudad para todos. Por otro, construir en colectivo proyectos, ideas y aspiraciones democráticas, que apunten a una revolución urbana que haga valer el derecho a la ciudad. El momento es propicio en la Ciudad de México. La fuerte oposición a Shopultepec, por diversos sectores, así como la oposición de vecinos y diversas organizaciones a  los cambios de usos de suelo y otros proyectos como el Deprimido Mixcoac, las ZODES, los grandes desarrollos inmobiliarios, las autopistas urbanas, entre otros, así lo muestra. Que sea éste un parteaguas en la construcción de un movimiento amplio y plural que materialice la idea del Derecho a la Ciudad.

Alejandro De Coss es maestro en sociología por la London School of Economics, donde actualmente cursa un doctorado en la misma disciplina.

Referencias

Harvey, D. (1989). From Managerialism to Entrepeneuralism: the Transformation of Urban Governance in Late Capitalism. Geografiska Annaler. Series B, Human Geography, Vol. 71, No. 1, 3-17.

Medina Ramírez, S. (2015). “La ZODE Chapultepec: ¿operación inmobiliaria, espacio público o centro comercial privado?”. México: Horizontal.

Ruiz, P. (2015). “La falacia del Corredor Cultural Chapultepec”. México: Arquine.

Shenker, J. (2015, Febrero 24). “Privatised London: the Thames Path walk that resembles a prison corridor”. The Guardian.

Ulam, A. (2013). “The Murky Ethics and Uncertain Longevity of Privately Financed Public Parks”. The Atlantic City Lab.

Vasagar, J. (2015, Junio 11). “Public spaces in Britain’s cities fall into private hands”. The Guardian.

Villarraga, C. (2015). “Nueve desafíos de la democracia urbana”. México: Nexos.

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Fuente: Nexos. La brújula. El blog de la Metrópoli. 6 de Octubre del 2015. http://labrujula.nexos.com.mx/?p=552 / Imagen: tomada de Vimeo

Secretaría de Cultura: una batalla por el INAH

Por Eduardo Cruz Vázquez

Si hay alguna reforma estructural que reviste suma complejidad es la del INAH y su andamiaje legal. No hay acervo de valor simbólico y a la vez de economía cultural que mueva más intereses y enconos que el patrimonio que es responsabilidad de la institución. Es equiparable a la cadena de valor que envuelve al petróleo y a la generación de energía. Meterse en esta reforma de la reforma es la parte más difícil de la creación de una Secretaría de Cultura (SEC), con aristas tan sensibles como las que encontramos en apartados de las reformas política, electoral, en telecomunicaciones, energética, laboral, financiera y hacendaria. Diré, sin exagerar, que es la madre de toda las batallas para lograr –de alguna manera- una reforma cultural.

Si en verdad se desea una SEC moderna, hay que animar la aspiración de una nueva consistencia orgánica al INAH. Hay políticas, entidades y modelos de administración que, dispersos en el Conaculta, deben transferirse al instituto. Este ajuste implica abrir la puerta a una plataforma para intentar discutir —sin la rabia habitual— el rol del Estado y de otros actores sociales en la viabilidad del patrimonio como activo del desarrollo, así como lo referente al Contrato Colectivo de Trabajo. Es decir, tanto como en otros componentes de una reforma cultural, poner a trabajar en serio al Poder Legislativo.

De esta manera, el instituto, además de ampliar su campo cronológico de intervención (cubrir del «cabo al rabo» el patrimonio, para dejar al INBAL sólo la promoción cultural), debe absorber la Dirección General Adjunta de Proyectos Históricos (isla de contrasentidos y privilegios por años), la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, la Coordinación Nacional de Patrimonio Cultural y Turismo, y el Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero. Las delegaciones del INAH requieren de mayores facultades, de autonomía administrativa para afianzar la corresponsabilidad de estados y municipios y de los sectores social y privado en sus tareas. Y lo decimos desde ahora: no se les vaya a ocurrir convertir las delegaciones del INAH, en las delegaciones de la SEC.

Dos reformulaciones más son realizables en torno al INAH: por un lado, crear un soporte de la «economía patrimonial”, que permita surgir unidades económicas al interior del instituto (para atender negocios como el turismo cultural), las medidas hacendarias para la administración autónoma de dichas unidades y la ampliación de la franja de los ingresos propios.

Por otro lado, un revolcón a las prácticas de la diplomacia cultural, terriblemente atadas a los acervos prehispánicos y a las muestras de corte nacionalista. Debe incorporarse el otorgar valor de exportación a las muestras cuya demanda no cesa. Dicho coloquialmente: basta de regalar muestras de la cultura maya o de la Escuela Mexicana de Pintura. Que les cueste a los países interesados. Se trata de liberar fondos para acentuar el periplo de la producción contemporánea, esa labor que es del INBAL y que es hora vaya en maridaje con la comercialización de las obras.

La abismal responsabilidad del INAH provoca la especulación sobre otras alternativas que den garantía a su eficacia. Van desde regenerarlo para que tenga una estructura tan robusta como el Conacyt, pasando por el aprovechamiento de la Ley de Asociaciones Público Privada (APP), de la Ley de Prestación de Servicios (LPS) o de los Permisos Administrativos Temporales Revocables (PATR), hasta abrir líneas de crédito al instituto tanto para la preservación como para la investigación que derive en la apertura de nuevas zonas arqueológicas con implicaciones para la actividad turística.

En este «barril sin fondo» que es el patrimonio histórico, las inversiones previstas para este sexenio en el Programa Nacional de Infraestructura (PNI), consistentes en crear Centros Integralmente Planeados (CIP) en las zonas arqueológicas de mayor audiencia, no deja de ser importante, pero al focalizar los recursos en las zonas más «taquilleras», deja postradas, moribundas en varios casos, otras zonas cuyo potencial, como el gas shale, es merecedor de financiamiento para su explotación a mediano y largo plazo. Y el comparativo no deja de ser dramático ya que, tanto hacen falta inversionistas en el sector energético como en el cultural, como carecemos de ingenieros y arqueólogos para sacar ventaja de nuestros recursos naturales e históricos. Seguiremos.

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Fuente: http://economiacultural.xoc.uam.mx/index.php/dominios/668-secretariadecultura | Imagen: ArKeopatías 2014

DE LA CASA #58: PIDO MANO / MM.

Por Marlen Mendoza

Así como se puso de moda la gentrificación, hay temas o fenómenos urbanos que cruzan al lado oscuro y comienzan a reproducirse cual Gremlins (sin control y a lo loco), se abordan y discuten inclusive en plataformas “no especializadas”; esta ocasión hay un debate latente entre una no tan nueva tendencia sobre privatizar el espacio público.

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Primero sería prudente y adecuado tratar de definir cuál es ese “espacio público”, podría desatar una oleada de términos y puntos de vista, pero como siempre voy a dar mi personal conceptualización; la mayoría de los ciudadanos laboralmente activos tenemos que pagar tributo a nuestro gobierno por el simple hecho de pertenecer a una sociedad “civilizada”, es decir pagamos impuestos, con los cuales se financian vacaciones a Europa, ropita nueva en L.A., helicópteros privados, sueldazos para funcionarios públicos, casas blancas y hasta entretenimiento para adultos, aunado a otro kit digno de la realeza que encabeza nuestra pirámide social, el sobrante (si lo hay) es empleado en “mejoras, mantenimiento, infraestructura, equipamiento y rehabilitación” de los espacios públicos más un largo etcétera. Estos lugares incluyen plazas con kiosquito, áreas verdes, banquetas, vías vehiculares, mobiliario urbano, pasos peatonales, ciclo vías, algunos polideportivos entre otros espacios en los que uno puede andar, caminar o estar libremente. Dado que todos ponemos nuestro grano de arena para que estén ahí. El gobierno es entonces, un desplifarrador administrador de nuestros recursos.

Cabría aclarar éste es un tema pantanoso ¿Realmente vemos reflejados nuestros impuestos en el espacio público? Diría NO y tampoco voy a deshilvanarme despotricando contra el SAT, ni pretendo hacer recuento en cifras de cuánto dinero se emplea en dichas áreas, pues sabemos de antemano es una burla, así que no se espanten. El tema va en una cuestión urbana y arquitectónica: ¿Qué pasa con el descuido de los espacios públicos? Fácil, hay de dos: o se convierten en focos de delincuencia, violencia y narcomenudeo o alguien se adueña del espacio y lo privatiza.

Es bien sabido que la naturaleza del ser humano es mayoritariamente destructiva, sobre todo con las cosas que “no le cuestan”, muchas son las muestras de vandalismo y “gandallez” presentes en iniciativas de buena voluntad, es así como escarmentamos a la mala y todo debe tener un costo inmediato para que aprendamos a valorar y apreciar algo, por ejemplo: la eco-bici, una buena iniciativa ¿por qué no las implementan en Iztapalapa o en Ecatepec? La mayoría de las personas que viven en éstas zonas no cuentan con una tarjeta de crédito con $5000 pesos disponibles o pagar el costo de la renta de una bicicleta ($90.00 por un día) es mayor al salario mínimo en el D.F. ($70.10), lo cual obligaría a ser un servicio enteramente gratuito y al ser una de las zonas más inseguras de la ciudad, implica que las robarían; caso de un sistema innovador privado y exclusivo para un sector poblacional privilegiado. En otro contexto (la realidad de otros) pagar casi 100 pesos por un lo-que-sea-menos-café, en uno de estos Starbucks para poder sentarte a leer, platicar, navegar, etc. sería mucho más placentero si fuera en un parque o plaza, pero nos fascina la sensación de “status” que otorga sumergirnos en esas peceras petulantes; las plazas comerciales son una oda al consumismo, ingeniosamente ubican las zonas de descanso en el área de comida rápida, a la cual accedes después de recorrer más de la mitad de la plaza y para salir de ellas debes cruzar la restante. Las plazas y locales comerciales están en propiedad privada ¿qué pasa entonces en la vía pública?

Supongamos abren una cafetería, hoy en día los comercios son minúsculos y no cuentan con más de 5 mts. de frente, al hacer números entre las áreas mínimas necesarias para la cocina, preparación, equipo, exhibición, sanitario y bodega, consumen aproximadamente un 85% del total del local y el restante queda en apretujadas circulaciones, entonces ¿dónde colocan mobiliario para consumir lo adquirido en el establecimiento? Es correcto, la vía pública. Ciertamente no es una norma absolutista y los hay con áreas disponibles para los comensales, sobre todo en restaurantes y fondas, también he notado una creciente apropiación del espacio público, al grado de obligarte a transitar a través del comercio tras sembrar bancas, mesas, lonas, etc… primero disfrazadas como “mobiliario de apoyo” para posteriormente convertirse en “área para fumar”.

He andado por Coyoacán, encuentro una banca, me siento a platicar y se acerca un mesero ofreciendo la carta ¿debo consumir algo para poder usarla? ¿No se supone estamos en la banqueta? Pero no, estás efectivamente en la banqueta, frente a su local y le pertenece, hay duelos a muerte a las afueras de “El Jarocho” por un nano pedazo de asiento, cuando sería mucho más fácil pedir tu café y salirte a caminar y hallar lugar disponible en cualquier cuadra, al parecer nuestros impuestos no alcanzan para equipar mobiliario urbano de éste tipo. Queda abierta la posibilidad de quien los implemente adueñarse de él, quizás en una de esas ponemos bancas que funcionen cual parquímetro, colocas una moneda y se te permite estacionar tu humanidad, de menos sería más justo y barato que obligarnos a consumir en un establecimiento solo por el hecho de querer disfrutar de la ciudad.

Trabajo muy cerca del corporativo de grupo Elektra, que a bien su arquitectura es tema que se cuece aparte, hay una serie de mini camellones sobre la calle camino a Santa Teresa y sobre ellos un letrero que dice “éste jardín lo cuida Grupo Elektra” con unos lindos bambúes para delimitarlo, prácticamente es imposible transitar ahí pero Elektra lo cuida. Se apañan las áreas comunes en desarrollos habitacionales, aquellos vecinos con una porción de jardín frente a su ventana al podarlo o limpiarlo les genera una sensación de propiedad sobre el mismo, cosa que desata verdaderas batallas campales aun cuando es un espacio de todos y para todos. El «franelero» al colocar cubetas en la calle se apropia de la vía pública y se transforman en verdaderos terroristas si nos negamos ante su clásico “ay con lo que guste cooperar”.

Casos hay sin duda muchísimos, algunos extremistas otros más sutiles, la cuestión aquí es quién puede regular éste fenómeno o si existe alguna solución arquitectónica. Me gustaría pensar en un esquema de ciudad en el que puedan coexistir lo público y lo privado sin que la diferencia sea evidente en cuanto a calidad y ubicación. Tenemos una tarea difícil ante un panorama desconcertante y abrumador de una ciudad fragmentada en la cual prevalece una carencia de respeto y por tanto la cohesión. Sería útil considerar proyectos que generen puntos de reunión y convivencia, plazas y espacios de recreación. Estoy segura no soy la única que se ha planteado tales interrogantes, al igual que no es exclusivo mi descontento ante acciones que secuestran el espacio público y los ciudadanos no tenemos forma de recuperarlos. ¡Cuidado con el rayo privatizador!

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Revista Patrimonio Cultural de España No.3

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