#LasPrestadas: Los coleccionistas que protegen, pero alientan el saqueo

Por Sebastián Escalón

Versión 2

Es un secreto a voces entre arqueólogos y especialistas: los tesoros prehispánicos son expoliados. El Estado no ha sido capaz de detener a saqueadores y comerciantes. En medio del ir y venir de piezas valiosísimas para la historia, se sitúan los coleccionistas en un ambiguo papel. Por un lado se asegura que son quienes cuidan, rescatan y prestan a los museos. Pero, por otro, podrían ser quienes promueven que los saqueos y el comercio no se detenga. Entre lo legal y lo ilegal, la historia se diluye.

El 11 de septiembre pasado, al terminar una conferencia de prensa organizada para anunciar el regreso a Guatemala de tres valiosas piezas arqueológicas, Plaza Pública se acercó a Fernando Paiz, presidente de la fundación Ruta Maya, que promovió la repatriación y que ahora planifica el Museo Maya de las Américas. Como uno de los más reconocidos coleccionistas privados de Guatemala, cuyas piezas son exhibidas en varios museos del país se le preguntó a Paiz sobre el origen de la extraordinaria colección de arte prehispánico de la fundación.

“Usted no va a creer que piezas de mucha importancia, las he comprado en el mercado de Chichicastenango, en la calle, en localitos que antes estaban en unas callecitas. Tengo una colección de caritas hermosísimas que he comprado en el mercado de Santiago Atitlán. No crea que las fuentes a veces son muy misteriosas, o personas ocultas, obscuras, o rarísimas. Con sólo estar atento en un mercado, hay gente que en el campo encontró una pieza de jade preciosa, que fue encontrada por un agricultor arando un terreno de Santiago Atitlán. Compramos una colección privada completa, de lo que antes fue el museo Príncipe Maya, de una familia en Alta Verapaz que por años cuidó esta colección. La fundación mía la compró y la ha puesto a disposición de investigadores. Pero es una colección que otro grupo hizo en Guatemala.”

Tanto la compra como la venta de bienes arqueológicos son ilegales en Guatemala.

Fernando Paiz, reconocido empresario, una de las mayores fortunas del país, no parece estar al corriente de esto. “En Guatemala no es ilegal. Si una colección está registrada, usted cambia el registro en la Dirección del Patrimonio para que la colección pase a ser propiedad de la fundación La Ruta Maya. Lo que es ilegal es sacarlas del país y no registrarlas”, argumenta.

Es llamativo este desconocimiento de la ley por parte de un coleccionista tan experimentado como Fernando Paiz, siendo además presidente de La Ruta Maya una fundación cuyo objeto es la preservación y recuperación del patrimonio arqueológico.

Rossana Pérez Müller, de la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación, del Ministerio Público (MP), afirma que un comprador de piezas arqueológicas, “comete el ilícito penal de tráfico de tesoros nacionales contemplado en el artículo 332 “C” del código Penal,  con una pena de 6 a 15 años de prisión y una multa  de 5 a 10 mil quetzales.”

En la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, confirman que la compra de bienes prehispánicos “es un hecho delictivo.” Oscar Mora, director técnico de esta institución se remite a la ley para la protección del patrimonio cultural de la nación, aprobada en 1997, la cual, en su artículo 35, inciso c, dice llanamente: “se prohíbe la comercialización de bienes arqueológicos prehispánicos”. También menciona, tal como lo hace la fiscal Pérez Müller, el artículo 332 “C” del Código Penal.

Quien también es consciente del ilícito que representa comprar piezas arqueológicas, es Sofía Paredes, directora de la fundación presidida por el propio Fernando Paiz:

-¿Se puede perseguir judicialmente al comprador de un objeto arqueológico?

– Si lo cachan in fraganti comprándolo, sí, porque está haciendo un traslado ilegal o traficando. Yo no puedo trasladar una pieza si no está registrada. Eso es traslado ilícito.

Sofía Paredes va más lejos, y pasa de lo legal a lo ético: “Hay que educar al coleccionista y contarle que las piezas que tiene, no son cosas bonitas que le vinieron a tocar a la puerta. El coleccionista ve la pieza, y no se imagina la cadena de muertos que muchas veces lleva.” Asegura también que la compra de objetos prehispánicos fomenta el saqueo de sitios arqueológicos.

Sofía Paredes afirma que La Ruta Maya no puede ser acusada de fomentar el saqueo ya que nunca ha comprado piezas arqueológicas en Guatemala. Según ella, la mayoría de las alrededor de 3,200 piezas que guarda la fundación provienen de donaciones de coleccionistas internacionales que apoyan su labor de repatriación del patrimonio guatemalteco, o de donantes guatemaltecos, generalmente personas mayores, que quieren desprenderse de su colección. Este discurso es socavado por el propio presidente de La Ruta Maya, quien no menciona las donaciones como origen de la colección.

Sofía Paredes, recalca, en un correo electrónico: “La Fundación La Ruta Maya no compró la colección del Museo Príncipe Maya, sino la recibió en donación de parte de Fernando Paiz, quien hizo las gestiones iniciales”. La colección del Museo Príncipe Maya estaba hasta hace poco en posesión de las familias Gabriel y Deulofeu de Cobán. Tanto si La Ruta Maya compró la colección (según dijo Fernando Paiz), como si la recibió donada de su presidente después de que éste la comprara, lo que está claro es que la procedencia y la forma de obtener las piezas genera dudas. Revela también una sorprendente descoordinación en los discursos de la presidencia y la dirección de La Ruta Maya.

¿Dónde comprar piezas arqueológicas?

Los mercados de Chichicastenango y Santiago Atitlán en donde Fernando Paiz admite haber comprado piezas, son, efectivamente, lugares clave del tráfico ilícito de piezas arqueológicas. Prueba de ello, los allanamientos recientes realizados por el MP, con la participación de la Dirección General de Patrimonio. Eduardo Hernández, jefe del departamento de Prevención y Control del Tráfico Ilícito de Bienes Culturales de esta institución, comenta: “El año pasado hicimos un operativo en Santiago Atitlán, y decomisamos más de 2,800 piezas. En Chichicastenango, hemos extraído de las tiendas de artesanía entre 800 y 1,200 piezas en cada operativo. Allí tenemos dos o tres casos que hemos llevado hasta juicio y en los cuales se han deducido responsabilidades penales.”

¿Las piezas confiscadas en estos mercados, son, como lo sugiere Fernando Paiz, objetos que campesinos pudieron encontrar fortuitamente arando sus tierras? De ninguna manera, según Eduardo Hernández. “Las piezas decomisadas en lugares turísticos, sin duda alguna, son producto de una cadena de hechos ilícitos. La fuente de extracción son sitios arqueológicos”, afirma.

El museo Príncipe Maya, cuya colección Fernando Paiz admite haber comprado, era propiedad de Gladys Gabriel de Deulofeu. Contaba con más de 1,500 piezas, algunas de ellas extraordinarias. Su mayor tesoro: un panel jeroglífico extraído ilegalmente del sitio arqueológico Cancuén que narra 150 años de la historia de esta ciudad. Posiblemente parte de un trono, la pieza iba acompañada de otro panel similar que desapareció. Según diferentes versiones recogidas por Trafficking Culture, proyecto de investigación escocés que monitorea el tráfico internacional de piezas saqueadas, el segundo panel podría estar aún enterrado en Cancuén, o en manos de un coleccionista, o perdido en el fondo del río La Pasión a raíz de un pleito entre saqueadores.

Un especialista que no permitió que se revelara su  identidad, quien pudo admirar la colección del Príncipe Maya,  afirma  que esta proviene esencialmente de saqueos. Sobre el precio que podría tener el conjunto asegura: “no hablamos de miles, hablamos de millones de quetzales”. Trafficking Culture apunta que cuando el panel de Cancuén salió al mercado en 1994, estaba tazado en US$75mil dólares.

Luces y sombras de las colecciones privadas

En Guatemala, es perfectamente legal tener una colección de arte prehispánico. La única condición es inscribirla en el Registro de Bienes Culturales, cuya función es establecer el patrimonio con que dispone el país, y ubicar cada pieza dentro de este patrimonio, clasificándola y categorizándola. Para inscribir una pieza, explica Fernando Paniagua, director del Registro, su poseedor sólo debe presentar una foto y una declaración jurada en la que manifiesta tener dicha pieza, y en la que explica cómo ésta llegó a sus manos.

Este trámite obligatorio no convierte al coleccionista en propietario de la pieza. Según la Constitución de Guatemala, artículo 121, literal f, “los monumentos y las reliquias arqueológicas son bienes del Estado”. Es por esto que la ley para la protección del patrimonio cultural de la nación creó el estatuto legal de “poseedor”: una pieza arqueológica es propiedad del Estado, pero puede ser poseída por un particular.

La ley referida no es confiscatoria. Su objeto no es perseguir a los poseedores de bienes culturales en función de cómo los adquirieron. “En su declaración jurada, la mayoría de las personas manifiesta que esas piezas están en su familia desde hace muchos años”, expresa Fernando Paniagua. Y con esto basta. Por lo tanto, personas como Fernando Paiz, a pesar de haber adquirido piezas presuntamente de forma ilegal, las pueden registrar con toda tranquilidad. Una vez cumplido el trámite, no tienen nada que temer: poseen bienes del Estado con todo el respaldo de la ley.

Especialistas interesados en el patrimonio arqueológico del país estiman que, esta ley es demasiado benévola con los coleccionistas, tomando en cuenta que con frecuencia, las piezas provienen del saqueo arqueológico. En otras palabras, la ley castiga duramente toda la cadena del tráfico ilícito, del saqueador al comerciante, pero permite al coleccionista limpiar todos los delitos anteriores mediante el Registro. A menos que sea sorprendido in fraganti comprando o trasladando piezas sin autorización, el coleccionista no tiene nada que temer de la justicia o de la Dirección del Patrimonio, ya que un simple trámite le da la posesión legal de sus tesoros.

Guatemala es un país reconocido por su riqueza arqueológica. El número de sitios podría pasar de los 5 mil, repartidos en todo el territorio. “Miles de vestigios arqueológicos son descubiertos fortuitamente a través de la construcción, la agricultura y el crecimiento urbano,” explica Sofía Paredes, de la fundación La Ruta Maya. Por una parte, no se puede evitar que grandes cantidades de piezas y edificaciones antiguas salgan a la luz, y por otra, el Estado no está en capacidad de conservarlo todo.

Las colecciones privadas de arte, son, pues, una forma de conservar el patrimonio nacional. Como lo dice Daniel Aquino, director del Museo Nacional de Arqueología y Etnología: “Sería triste que alguien, en un arrebato de nacionalismo, empezara a juntar todas estas colecciones, pensando que todo lo debe administrar el gobierno. Eso sería ponerse la soga al cuello, y sería un riesgo para el patrimonio.”

La mayoría de los coleccionistas no registran sus bienes arqueológicos. Desconocen la ley y temen que sus tesoros les sean confiscados. Tampoco permiten que investigadores tengan acceso a las piezas, ni participan en muestras públicas. Pero otros muchos sí aceptan abrir sus colecciones. Por ejemplo, en el museo Miraflores, la cédula de muchas piezas manifiesta que éstas han sido prestadas por un particular.

Otros museos se formaron a partir de colecciones particulares, como el Museo Vigua de Arte Precolombino y Vidrio Moderno, situado en el hotel Casa Santo Domingo de Antigua. Este alberga las piezas reunidas por Edgar Castillo. A su vez, el museo Popol Vuh, situado en la Universidad Francisco Marroquín, proviene de la colección de Jorge y Ella Castillo, así como de donaciones de varios amateurs de arte maya. La propia fundación La Ruta Maya mantiene una intensa labor de difusión de su colección: ésta puede ser admirada en el museo Miraflores, en el museo Ixchel, en el museo Popol Vuh y a partir de octubre, en el Museo Nacional de Arqueología y Etnología, así como en muestras temporales nacionales e internacionales.

Esta publicidad no le quita el estigma a las colecciones; pues podrían provenir del saqueo arqueológico. Una colección particular que cuente con cerámica polícroma, paneles con bajos relieves, piezas de jade, incensarios o urnas funerarias, es decir, piezas de excepcional valor, proviene, casi con certeza, del saqueo arqueológico, y por lo tanto, de un actividad delictiva. Sin embargo, si los objetos están debidamente registrados, su tenencia es perfectamente legal.

Elisa Mencos, arqueóloga a cargo de la curaduría del museo Popol Vuh, admite sin ambages que la mayor parte de la colección del museo es fruto de saqueo. Expresa además su frustración, como investigadora, de tener a mano tantos objetos extraordinarios sin la información básica que debería acompañarlos: el sitio arqueológico y el contexto en que fueron hallados.  “No existiría el saqueo si no existieran personas interesadas en lucrar con el patrimonio.  Por lo anterior, el museo Popol Vuh está en contra de comprar piezas. Todas son donadas”, puntualiza Elisa Mencos. Es decir, cuando las piezas llegan al Popol Vuh, el mal ya está hecho. Sólo queda exponerlas, y explicárselas, gracias a un bien diseñado recorrido pedagógico, a los 10 mil alumnos y estudiantes que visitan el museo anualmente. El Museo Popol Vuh cuenta además con importantes programas de investigación científica avalados por arqueólogos de primera línea como Oswaldo Chinchilla, profesor de la Universidad de Yale.

No obstante, estos museos no respetan el código de deontología (/) emitido por el Consejo Internacional de Museos (el cual indica, en su punto 2.4: “Un museo no debe adquirir objetos cuando haya motivos razonables para creer que su obtención se ha conseguido a costa de la destrucción o deterioro prohibidos, no científicos o intencionados de monumentos, sitios arqueológicos o geológicos, especies o hábitats naturales.” Estas normas no son coercitivas, únicamente éticas. Los únicos museos privados que respetan este código de conducta, puesto que exponen piezas obtenidas por excavaciones científicas y legales con la autorización del Ministerio de Cultura y Deportes, son el Museo Miraflores  y el Museo Carlos F. Novella situado en las instalaciones de Cementos Progreso en la zona 6. El Museo Miraflores expone, sin embargo, piezas de coleccionistas privados. Una vez más, de las que no se conoce con certeza el origen.

Los peligros que acechan el patrimonio

“El saqueo es un tema tabú en Guatemala”, afirma Sofía Paredes, quien, además de ser la directora de La Ruta Maya, es investigadora especializada en este tema. Para ella, en esta actividad ilícita están implicados, o lo han estado, no sólo comunidades del norte de Petén, sino también militares, arqueólogos, diplomáticos, autoridades locales, en especial los alcaldes de Petén, policías, dueños de empresas de transporte y traficantes internacionales de arte.

La época en la que el patrimonio nacional sufrió las mayores pérdidas, fue a principios del siglo XX, cuando afamados arqueólogos y exploradores estadounidenses eran enviados a Guatemala por universidades e instituciones como el Peabody Museum o el Carnegie Institute. Fue un largo periodo en el que ilustres personajes como Silvanus Morley se apoderaban de las mejores piezas de los sitios que ellos mismos estudiaban por primera vez.

El Estado de Guatemala no mostró, durante muchos años, interés alguno por las reliquias mayas. Tal y como lo recuerda la historiadora Marta Casaús en un polémico artículo publicado en la Revista de Indias, en 1922, el gobierno de José María Orellana nombró director del recién creado Museo Nacional de Guatemala, a un norteamericano, William E. Gates. Según Casaús este arqueólogo y lingüista se vanagloriaba de poder sacar del país tantas piezas como él quisiera con sólo presentar una autorización firmada… por él mismo. Naturalmente, formó para su provecho una colección monumental que luego vendió a las universidades de Princeton, Tulane, y la Bringham Young University.

Poco a poco, con la creación de instituciones encargadas de velar por el patrimonio cultural, Guatemala se fue dotando de leyes que prohibían la exportación y la comercialización de bienes arqueológicos. Aún así, el saqueo nunca se detuvo. En los años 80, y hasta en los 90, afirma Sofía Paredes, todavía se podían ver cuadrillas de hasta cien hombres comandadas por militares de rango o traficantes internacionales, poniendo patas arriba ciudades mayas del Petén. En esos años, Guatemala inundó literalmente el mercado internacional de antigüedades con su patrimonio.

Sofía Paredes realizó a mediados de los años 90 un importante –y arriesgado – estudio sobre los huecheros (o huacheros), personas que se dedican a saquear sitios arqueológicos. Estos son campesinos o chicleros, generalmente pobres, que aprovechan su excelente conocimiento del terreno. Forman el primer eslabón del saqueo. “Son los que corren más riesgos y los peor pagados. Son aquellos a quienes las autoridades meten presos, y cuando se quiere averiguar dónde está la pieza prueba del delito, resulta que ya la policía la ha traficado”, afirma Paredes. Luego vienen los intermediarios, quienes generalmente tienen una idea más clara de los gustos de los coleccionistas y del dinero que pueden obtener por cada pieza.

Todas las personas entrevistadas concuerdan en que los niveles de saqueo han disminuido significativamente en los últimos quince años. Según Eduardo Hernández, de la Dirección General del Patrimonio, esto se debe a un mayor control del territorio, y a una labor de concientización realizada por su institución ante el Ministerio Público, la PNC y aduanas. Según Sofía Paredes, existe también otra razón: “Ha dejado de ser fashionable tener precolombino maya. Lo que se volvió fashionable es Sipán (un sitio arqueológico peruano de la cultura Moche), el oro de Suramérica, los textiles incas”. Sin embargo, ciertos tipos de piezas mayas siguen teniendo una fuerte demanda: máscaras de jade, objetos en concha o hueso, miniaturas de excelente calidad artística y cerámica decorada con caligrafía. “Eso sí está de moda”, afirma la investigadora.

Repatriaciones

Guatemala está haciendo esfuerzos por recuperar sus bienes arqueológicos desperdigados por el mundo. La repatriación de piezas es una de las misiones de la Dirección General del Patrimonio. La institución interviene cuando descubre que en una subasta internacional se van a vender piezas de origen guatemalteco. Se le pide entonces a las embajadas de Guatemala que gestionen ante las autoridades locales el decomiso de las piezas. De esta forma, se han logrado repatriar bienes culturales.

Pero, por falta de recursos, trabas o errores administrativos, o incluso, mala fe de algunos países, muchas veces el intento se salda con un fracaso. “Con los países latinoamericanos se trabaja muy bien”, afirma Eduardo Hernández. Un peritaje que demuestre que las piezas son de origen guatemalteco es suficiente para que sean devueltas. “En cambio, Estados Unidos y los países Europeos, nos exigen una serie de requisitos imposibles de cumplir. Por ejemplo, nos exigen la ficha del registro de los objetos que reivindicamos, cuando obviamente, por haber sido saqueados, estos nunca han sido registrados”, añade el funcionario.

Ejemplo de esto, menciona Eduardo Hernández, Alemania, que negó la restitución de las piezas guatemaltecas de la colección de Leopoldo Patterson, un cónsul costarricense que sacaba piezas del país usando la valija diplomática. O el caso de España, que rechazó la devolución de la valiosísima máscara de jade de Río Azul, parte de la prestigiosa colección Barbier-Mueller, ahora en venta. Esto, a pesar de que la joya está marcada con el inconfundible glifo emblema de la ciudad de Río Azul.

La fundación La Ruta Maya también busca que el patrimonio de Guatemala regrese al país. Según Sofía Paredes, la estrategia es aprovechar el prestigio de la fundación para lograr que coleccionistas donen sus piezas guatemaltecas. En ocasiones, cuando las piezas son de especial relevancia, la fundación accede a comprarlas. Así procedió para repatriar tres paneles jeroglíficos saqueados del sitio La Corona. Los paneles, según el arqueólogo Tomás Barrientos, narran la historia de La Corona, y su relación de dependencia política ante la ciudad de Calakmul. En este caso, Ruta Maya realizó el esfuerzo a favor del Estado de Guatemala: los tres paneles pasaron a ser parte de la colección nacional. Pero en otros casos, lamentan especialistas, las piezas repatriadas son registradas a nombre de coleccionistas privados.

Historia saqueada

Las zanjas que cavan los saqueadores, en algunos casos socavan los cimientos de los edificios mayas, poniendo en peligro su estabilidad. Pero eso no es todo. Una pieza saqueada es una pieza huérfana. Muy rara vez se puede decir de dónde proviene. Se pierde además, irremediablemente, lo que los arqueólogos llaman el contexto, el cual sólo puede ser analizado mediante una excavación científica. Por ejemplo, si una vasija formaba parte de una ofrenda funeraria, esta pieza habla del estatus de la persona enterrada. Un cuenco o un vaso no tienen el mismo significado si se encuentran en un contexto de élite que si se encuentran en los restos de una casa modesta. Los conjuntos de objetos desenterrados por los arqueólogos, permiten, paso a paso, reconstruir la estructura de la sociedad maya, así como la vida diaria de los distintos estratos sociales. Piezas halladas en lugares distantes de donde fueron fabricadas, revelan rutas comerciales o guerras y pillajes entre ciudades.

En cambio, una pieza colocada en la estantería de un coleccionista, puede ser preciosa, artísticamente sorprendente, pero casi siempre muda desde el punto de vista histórico. En ese sentido, el saqueo de sitios arqueológicos borra la historia del país. Y con la historia, la identidad de sus pueblos.

Oscar Mora, de la Dirección del Patrimonio, reflexiona: “Guatemala está resquebrajada, carente de identidad. Hoy por hoy, el guatemalteco no sabe quién es. Se ha menospreciado a nuestros antepasados, aunque vengamos de una de las civilizaciones más importantes del mundo. Una manera de reconocerlo, de formar identidad, saber quiénes somos y hacia dónde queremos ir, es a través de los bienes culturales.” Pero para esto, las piezas deben ser más que objetos bonitos: tienen que poder narrar un momento de la historia del país.

Museo Maya de las Américas

La fundación La Ruta Maya tiene un gran proyecto: crear en Guatemala un museo de clase mundial en donde se expongan “los principales objetos de su legado histórico”. Sofía Paredes, directora de la fundación, no quiere por ahora hacer declaraciones sobre este tema. Argumenta que el proyecto aún no está listo, pero que en cuanto lo esté, los periodistas serán invitados a una conferencia de prensa.

Sin embargo, la página Web de la fundación contiene información sobre el futuro Museo Maya de las Américas. Además, ya ha habido algunas declaraciones oficiales sobre este proyecto que cuenta con el apoyo del gobierno al más alto nivel. Paradójicamente, estas declaraciones no provienen del Ministerio de Cultura y Deportes, encargado de velar por el patrimonio cultural de la nación, sino del Instituto Guatemalteco de Turismo, por medio de su director, Pedro Duchez.

Según Duchez, el museo se erigirá en donde está ahora el mercado de artesanías de la Aurora. Para su construcción, La Ruta Maya pondrá a concursar a las mayores firmas arquitectónicas del mundo. Al igual que con el Museo Guggenheim de Bilbao, la arquitectura deberá representar un atractivo en sí misma.

Según Pedro Duchez, el museo podría atraer a 300 mil turistas anuales y generar alrededor de US$225 millones en divisas para el país. Cifras que suenan muy optimistas si se toma en cuenta que el Museo Nacional de Arqueología y Etnología recibe 70 mil visitantes al año, de los cuales, 50 mil son estudiantes de escuelas e institutos públicos que no pagan entrada.

Este museo albergaría la colección nacional de arqueología que ahora está expuesta y conservada en el Museo Nacional. También podría exponer, afirma Fernando Paiz, piezas de La Ruta Maya. Según su sitio Web, esta fundación estaría a cargo de la creación y administración del museo.

El proyecto genera oposición entre los vendedores del mercado de artesanías, como lo muestra un artículo del diario La Hora. Esto parece sacar de sus casillas al propio Fernando Paiz, como pudo constatarlo un reportero del diario vespertino, a quien el empresario arrebató la grabadora para luego manipularla y borrar sus declaraciones.

Pero la oposición surge también de círculos académicos que ven en el Museo Maya de las Américas, una forma de privatización del patrimonio nacional. Un arqueólogo guatemalteco, que prefiere no ser identificado, rechaza la posibilidad de que se mezcle la colección arqueológica nacional, fruto de excavaciones legales, con una colección que proviene, en su cuasi totalidad, del saqueo de sitios mayas.

Preguntado sobre este proyecto que dejaría sin objeto al actual Museo Nacional de Arqueología y Etnología, Daniel Aquino, su joven y recién nombrado director, busca y mide una a una sus palabras. “Una de las principales funciones del Museo Nacional es representar la identidad guatemalteca. Privatizar uno de los símbolos de esta identidad no sería lo más conveniente. Los términos “privatización” y “patrimonio cultural de la nación”, inalienable, imprescriptible, inajenable, no concuerdan.”

La historiadora Marta Casaús atribuye este proyecto a la falta de visión del Estado de Guatemala, históricamente incapaz de ver en su patrimonio cultural y en sus museos, una forma de construir la memoria histórica de la nación. “El Estado no sólo no ha contribuido en construir la memoria y la identidad nacional, sino que lo ha dejado en manos de la iniciativa privada. De esta manera, les ha correspondido a las élites económicas conformar el alma de la nación: una nación homogénea, una nación blanca. Para estas élites, los pueblos indígenas son parte del pasado. Es el indio petrificado o el indio folklorizado”, opina Marta Casaús. Esta visión criolla de lo indígena, según la investigadora, está presente en los principales museos privados de arqueología y etnografía, con la excepción del museo Miraflores, el cual logra “unir presente con pasado”.

La cesión de responsabilidades del Estado a favor de la iniciativa privada se manifiesta claramente en el caso del Museo Maya de las Américas: por una parte, el gobierno otorga el usufructo de un terreno a La Ruta Maya y apoya decididamente su proyecto, y a la vez, deja al Museo Nacional funcionar con presupuestos paupérrimos, al grado en que, durante los dos meses pasados, no pudo abrir los fines de semana por no contar con un sólo vigilante para esos dos días.

Daniel Aquino, de ninguna manera rechaza la participación privada en el funcionamiento de la institución que él dirige. Uno a uno, menciona todos los aportes de fundaciones y empresas que le han permitido al museo “mantener la presentación y la calidad del museo a un nivel aceptable”. Agrega: “existen distintos modelos de gestión de museos con participación de sectores públicos y privados. Hay patronatos y convenios con organizaciones privadas que fortalecen en el aspecto financiero a un museo, pero que no implican un proceso de privatización tal cual.”

Oscar Mora, de la Dirección del Patrimonio Cultural y Natural, recuerda que la ley permite que los bienes culturales sean dados en usufructo o concesión a particulares o a una fundación privada. “El Ministerio de Cultura y Deportes, a través de sus museos, no puede administrar tanta riqueza cultural. Por eso la necesidad de museos privados, pero dentro del ordenamiento legal. El Estado no debe perder de vista esos bienes, que son su propiedad”, explica. El funcionario no ve con malos ojos el proyecto de museo La Ruta Maya. Agrega que el Museo Nacional no tiene la capacidad de difundir la riqueza cultural de Guatemala, y que por lo tanto, deben generarse alianzas y estrategias para tal efecto con la iniciativa privada, siempre cumpliendo “con los procedimientos que la normativa legal establece”.

Por su parte, Daniel Aquino no niega que la institución que dirige presente deficiencias en su museografía. Explica que no tienen los recursos para mejorarla, aportarle herramientas educativas multimedia, o simplemente, acercar el mensaje científico a los jóvenes que conforman la gran mayoría del público del museo. Pero no considera necesaria la enorme inversión que supondría un nuevo edificio. Piensa que sería más provechoso invertir recursos en la protección de la inigualable colección nacional, y además, darle a la institución los medios para modernizar sus exposiciones. “Con inversiones más reducidas, bien orientadas, se podría fortalecer una institución como ésta”, afirma.

Marta Casaús opina que no se debería delegar a una fundación privada el desarrollo y la administración de un museo como el proyectado. “Todos los museos importantes se han hecho con apoyo de la iniciativa privada, e incluso, a partir de colecciones privadas. Pero quien diseña los objetivos del museo, es el Estado como representante de todos los pueblos que conforman la nación. Y si el Estado no es capaz trazar esos objetivos, que forme un grupo de notables, con participación de las universidades, de la sociedad civil, de los propios mayas. Antes que buscar atraer a todos los turistas del mundo, un museo tiene que ayudarnos  a comprender nuestra propia historia y a construir nuestro futuro, como proyecto de nación multicultural, multiétnica y multilingüe”.

Queda por ver si un debate amplio y abierto será fomentado respecto al Museo Maya de las Américas, o si, como en tantos casos recientes en los que se juegan intereses nacionales,  se negociará a espaldas de la nación entre unas pocas partes implicadas. Sin perder de vista que un museo “de clase mundial” que se sustituya al Museo Nacional, no puede dejar de respetar las normas de deontología del Consejo Internacional de Museos, y de ninguna manera puede dinamizar el mercado negro comprando piezas arqueológicas, como admite hacerlo Fernando Paiz, o como lo hacen tantos otros para sus colecciones personales, y museos privados, respetados por su aporte al patrimonio nacional.

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Fuente: http://www.plazapublica.com.gt // Fotografía: Juan Tonchez

El crimen arqueológico no paga

espolio

La Guardia Civil presenta las piezas recuperadas en la operación denominada ‘Helmet’, desarrollada en la provincia de Zaragoza, donde ha recuperado más de 4.000 piezas arqueológicas pertenecientes a diversas culturas. / ULY MARTIN

Por Tommaso Koch

El hombre yacía en el suelo haciéndose el muerto. Un infarto lo había fulminado. O eso gritó antes de desmayarse. Al llegar la ambulancia, cambió el diagnóstico: “Lo que usted tiene es a la Guardia Civil en casa”. La anécdota la recuerda un agente del Grupo de Patrimonio Histórico de la UCO (Unidad Central Operativa) que registró el hogar del señor, cuyo problema era otro: ¿cómo justificar las monedas antiguas, el detector de metales y los demás objetos sospechosos que abarrotaban la vivienda?

Más de 9.000 fueron las piezas arqueológicas que los agentes requisaron entonces en la llamada operación Necrópolis, que provocó 12 detenciones por presunto expolio. La Guardia Civil llegó a fotografiarlos mientras, sentados en un bar, se jactaban de su botín. ¿Qué castigo judicial recibieron? Ninguno.

Tampoco, de momento, ha pagado por su crimen arqueológico el jubilado detenido en marzo en la llamada Operación Helmet por llevarse 4.000 piezas celtíberas en Aragón. Ni siquiera acaban en sentencia, en realidad, la mayoría de las entre 300 y 500 denuncias por expolio que cada año remite el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) a la Guardia Civil (que en 2012 recibió un total de 3.305). A falta de cerrar las estadísticas de 2013, la impresión es que ha sido uno de los peores años que se recuerdan en la materia, coronado el viernes con la detención de dos personas acusadas de saquear el yacimiento de Tiermes, en Soria.

Fuente: Guardia Civil. / EL PAÍS

“Sentencias hay pocas, muy pocas. Lo que hay es un gran sobreseimiento”, explica Ana María Yañez, jurista especializada en Patrimonio y profesora de la Complutense. Tanto que, a veces, se ha llegado a devolver las piezas al supuesto expoliador.

Una de las claves está en las exigencias de los jueces: el patrimonio arqueológico no es como el Cluedo; no basta con encontrar el arma del delito y su culpable. O se demuestran procedencia y momento del expolio de cada objeto o la puerta hacia la conclusión del caso permanece cerrada. “Es imposible hoy por hoy, con los medios que tenemos, lograrlo. Hemos controlado a mucha gente y la hemos dejado. Son malos, pero no podemos demostrarlo”, explica el guardia civil de la anécdota. Los malos fichados son unos 1.500. Entre ellos, unos 200 son auténticos reincidentes.

Mientras el agente habla, por su ordenador van pasando fotos y vídeos de hombres con detectores de metales, volcados en la caza ilícita del patrimonio. Es el fruto de horas y horas de espiar el trabajo de los expoliadores. Y la cosa da para un largo historial de anécdotas. Como los dibujos chapuceros de un sepulcro que un museo extranjero recibió en 1990. “I have a tomb tartesica. For sale. I am sorry. My inglis is very beed[SIC]”, agregaba el hombre que había en un torpe intento de vender su botín.

Cuanto los sospechosos terminan su trabajo, la Guardia Civil lleva a cabo una inspección ocular. Y vuelve con un arqueólogo para determinar si se trata de un yacimiento y el alcance de los daños. Cosa distinta, obviamente, es saber qué se han llevado los expoliadores. “El patrimonio arqueológico normalmente está oculto. Y su desaparición pasa inadvertida”, asegura Yáñez. “Jurídicamente, es más complejo de defender. Muchas veces el juez entiende que el expoliador no conocía el valor de lo que se llevaba”, añade Carmen Acedo, abogada del Estado. Más aún si, como puede suceder, el yacimiento era un enigma incluso para las autoridades.

Casco celtíbero subastado en Alemania. /EL PAÍS

Conocido de sobra en cambio es el perfil del enemigo, como detalla un comandante de la Guardia Civil: “Siempre son los mismos. El aficionado, el seudocientífico y el profesional, el más peligroso. Va a destrozar el yacimiento y conseguir lo que para él tiene valor. Se mueven en grupos, lejos de su casa, a menudo entre semana”. Todo ello, con georradares y tecnologías dignas de un Indiana Jones contemporáneo. Los agentes tienen bien definido el kit del buen expoliador: mapas repletos de x, manuales de historia, monedas, artículos. Y el omnipresente detector.

El instrumento se puede adquirironline o en un centro comercial por pocos cientos de euros. ¿No lo tendrán los expoliadores demasiado fácil? “No se puede comparar con un arma. Pero algunas regiones exigen una licencia para usarlo en un yacimiento. Sería interesante plantearlo a nivel nacional”, defiende Yañez.

Además de ello, la Guardia Civil agradecería la creación de un delito de expolio, que integre las sanciones administrativas. De momento, deben conformarse con una definición genérica en la ley 16/85, que reformó la Protección del Patrimonio Histórico. El delito no existe en el Código Penal. De ahí que la Guardia Civil se agarre a otros crímenes: daños, contrabando, etc. “Ayudaría mucho”, reconoce Ignacio Rodríguez Temiño, director del conjunto arqueológico de Carmona y autor del libroIndiana Jones sin futuro. La lucha contra el expolio del patrimonio arqueológico. “Es un bien no renovable”, añade. Rodríguez aclara que no hacen falta alarmismos, aunque sí define otro problema: “La ley ofrece un marco para intervenir. Pero la lucha contra el expolio nunca ha sido una prioridad. No ha habido ni medios técnicos ni voluntad política”.

Desde luego no la hubo, por ejemplo, ante las alarmas de museos y fiscales alemanes ya en 2008 sobre dos decenas de cascos celtíberos que se iban a subastar en su país. Durante años, el Ministerio de Cultura hizo oídos sordos, y el tesoro acabó vendido, entre Múnich y Londres. “El problema es que ni la cúpula ni el pueblo están sensibilizados”, remata Rodríguez.

Precisamente allí se halla, según los expertos, el otro aliado del expolio. “Tenemos que ver el patrimonio como algo que nos pertenece a todos”, sugiere Carmen Marcos, subdirectora del —todavía— cerrado Museo Arquéológico Nacional. Y Elisa de Cabo de la Vega, subdirectora general de Patrimonio Histórico, remata: “El gran reto es la sensibilización, la mejor arma preventiva”. Traducido: más educación, más denuncias, más atención de autoridades y ciudadanos. Dicho así, suena fácil. Y podría ser una solución.

¿Bastará? Quién sabe, la vida no funciona como el Cluedo.

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Fuente: http://cultura.elpais.com/cultura/2013/12/28/actualidad/1388234408_869864.html

Funcionarios del INAH y el Edomex sepultan monumento histórico (sitio arqueológico)

Elva Mendoza

Sobre el rancho El Molino se construye uno de los compromisos “cumplidos” de Enrique Peña Nieto. El predio, ubicado en Chimalhuacán, alberga una construcción catalogada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia como monumento histórico y área natural. Los trabajos iniciados este año por el gobierno municipal revelaron que bajo la tierra yacen estructuras y objetos prehispánicos. No obstante las denuncias de los vecinos, la obra avanza con la anuencia de los funcionarios del INAH

En los lotes baldíos de Chimalhuacán los niños sacan de entre la tierra suelta, el cascajo y la basura, trozos de vasijas, platos decorados, fósiles, cerámica, sellos, figurillas, colgantes, orejeras y cuentas talladas en piedra. Ávidos, las muestran en cajas de cartón a quienes se lo solicitan, desde vecinos, hasta arqueólogos, estudiosos, reporteros o compradores furtivos.

Matías y Tino encontraron los primeros objetos. Cursan los últimos años de la escuela básica. Pasan las horas reventando pájaros muertos con cohetes y escarbando la tierra que llevaron los trabajadores de El Molino. Los presuntos restos de un jaguar forman parte de su colección que se acrecienta día con día.

Los menores no son los únicos con colecciones propias. La noticia se extendió rápidamente entre los residentes de los ocho barrios de Chimalhuacán, que aunque con miedo de ser acusados de saqueo, buscan las piezas en los llanos para “rescatar su historia que se va a la basura”, dicen.

Los hechos han sido negados por las autoridades locales: el ayuntamiento de Chimalhuacán; y por el órgano encargado de resguardar el patrimonio nacional: el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

“[…] De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, tampoco existen en el Rancho El Molino vestigios arqueológicos. Si éstos existieran, los habría sobre todo en las casas y predios vecinos a Los Pochotes”, se lee en una publicación que exalta los compromisos “cumplidos” del exgobernador Enrique Peña Nieto.

El megaproyecto

Desde febrero, el gobierno municipal inició la construcción de un megaproyecto en el rancho El Molino. Con 28 mil 90 metros cuadrados, el rancho alberga una construcción reconocida como histórica por el gobierno del Estado de México y por el Instituto Nacional de Antropología e Historia; y un área natural de fresnos y ahuehuetes de por lo menos 700 años de antigüedad.

El predio, se ubica a escasos 80 metros de Los Pochotes, la zona arqueológica local llamada así en alusión a los arbustos que sólo crecen en el lugar. El área de 9 mil 500 metros cuadrados resguardada desde 1964 por el INAH se recorre en cinco minutos. De la extensa metrópoli de Chimalhuacán –fundada hacia el año 1200 después de Cristo y que formó parte de la confederación de las ciudades estado acolhuas– únicamente se conserva el Tecpan, residencia del tlatoani, su familia y espacio para actividades administrativas y de decisión política. El resto, fue consumido por la urbanización desmedida en las últimas tres décadas.

El rancho El Molino significaba uno de los últimos relictos que sobrevivió a la mancha urbana y al olvido, la memoria oral aún cuenta leyendas y mitos del lugar. Además, su proximidad a Los Pochotes le otorgaba un valor adicional: posiblemente formaría parte del área arqueológica no descubierta ni investigada.

Para el historiador Felipe Echenique March, por la cercanía de la obra con la zona arqueológica, la presunción de la existencia de vestigios arqueológicos era innegable: “se tiene a menos de 1 mil metros la zona. Tuvo que haberse hecho un trabajo más profesional”.

En entrevista con Contralínea, explica que los funcionarios tuvieron que haber mandado a hacer trabajos arqueológicos, trabajos de reconocimiento, hacer sondeos, sin embargo “cuando el Instituto [Nacional de Antropología e Historia] interviene, ya lo hace tarde y por denuncias de la propia ciudadanía, con lo cual deja ver que los funcionarios encargados de la dependencia no hicieron su trabajo y que hay negligencia”.

Expropiación injustificable

El 25 de octubre de 2010, el gobierno del Estado de México publicó en la Gaceta oficial el decreto de expropiación de El Molino, ubicado en la cabecera municipal de Chimalhuacán.

El documento, firmado por Enrique Peña Nieto, señala como causa de utilidad pública “la ampliación, alineación y mejoramiento de la calle El Molino, así como la construcción de un parque urbano, museo local, biblioteca y auditorio municipal, con el objeto de embellecer, ampliar y sanear ese municipio con instalaciones culturales y cívicas para la convivencia social de los chimalhuaquenses”.

La supuesta causa de utilidad pública también se menciona en el periódico informativo de la campaña electoral de Enrique Peña Nieto, con edición especial de los “compromisos cumplidos” en Chimalhuacán: “el rancho El Molino fue expropiado […] por causa de utilidad pública, es decir, sólo para servicios que le beneficien al pueblo”.

Entre los beneficios –declaró el exedil, líder estatal del antorchismo y ahora diputado federal electo por mayoría, Jesús Tolentino Román Bojórquez, al colocar la primera piedra de la obra que tendrá un costo de 200 millones de pesos– está la construcción del primer teatro que se hace en Chimalhuacán. El recinto, dijo, estará a la altura del Auditorio Nacional o el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario de Texcoco.

Sobre el monumento histórico, según un volante que las autoridades municipales repartieron en la comunidad, se habrá de construir el Teatro Municipal con capacidad para 1 mil 700 espectadores, un parque infantil y la plaza Estado de México que consta de una fuente saltarina, quiosco, paseo escultórico y un reloj floral.

Monumento histórico sin valor

Tal como consta en el “Plan municipal de desarrollo urbano de Chimalhuacán”, publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México el 28 de octubre de 2003, Chimalhuacán cuenta con un Decreto de Gobierno Estatal, de 1980, que la declara “zona cultural artística o de especial estilo arquitectónico general inmodificable. Así como Patrimonio Cultural, Artístico y Arquitectónico del Estado [como] todas las construcciones subsistentes que daten de los siglos XVI, XVII y XVIII o las que contengan características propias de esa época misma que serán inmodificables […] en donde queda estrictamente prohibido […] llevar a cabo demoliciones parciales o totales de construcciones, sin permiso especial previo […] y sólo podrán autorizarse si se respetan las fachadas típicas o bien se llevan a cabo reconstrucciones y obras de conservación, mejoramiento o ampliación”.

Con base en estos argumentos, el Plan define al primer cuadro del municipio como Centro Histórico. La zona de Valor Histórico y Cultural comprende a El Molino.

El órgano informativo del Estado de México también incluye al Catálogo Nacional de Bienes Inmuebles mexiquense del Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como al Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas del mismo Instituto.

Este municipio, refiere el impreso, cuenta con “siete monumentos inmuebles catalogados, de los cuales dos se localizan en la cabecera […] cuatro inmuebles con uso religioso, uno habitacional, una exhacienda y uno sin uso actual”. Y prosigue: “la exhacienda El Molino, única en el municipio, fue construida durante el siglo XVIII. Actualmente se usa como casa habitación”.

Pese a ello, el 13 de abril de 2010, Rosa María Morales Pérez, secretaria del ayuntamiento de Chimalhuacán, mediante certificación, hizo constar que El Molino “no está destinado a la prestación de un servicio público y que carece de valor histórico, artístico y/o cultural”. El dictamen –del que Contralínea posee copia– fue incluido en el decreto de expropiación como uno de los principales pilares que lo avalan.

Al respecto, Echenique March, también secretario General del Sindicato de Investigadores del INAH, refiere que los funcionarios del Instituto estaban obligados a intervenir desde que supieron del decreto expropiatorio, toda vez que el sitio alberga un monumento histórico:

“El INAH estatal tuvo que haber interpuesto un recurso en el gobierno [del Estado de México] para hacer valer la Ley Federal, suponiendo que lo que le debería de interesar era la preservación del monumento histórico reconocido. A partir de ahí se debió de haber puesto como tercer interesado y con ello debió de conocer el proyecto.”

Las denuncias

De acuerdo con información de los residentes, los camiones con tierra de El Molino, producto de las excavaciones, llegaron aproximadamente a ocho predios de Chimalhuacán. Ahí, es donde han encontrado los vestigios que celosamente conservan.

La comunidad dio aviso de los hallazgos al INAH Estado de México desde el 15 de marzo pasado. En respuesta a la denuncia, el Instituto envió el oficio 401.B(10)47.2012/ 0321, fechado el mismo día en el que el entonces titular, Luis Alberto González Batani, solicitó a Rosalba Pineda, presidenta municipal, “suspender cualquier tipo de trabajo” en el predio, hasta que al lugar arribara personal adscrito al Instituto, con la intensión de proteger y evitar afectaciones al patrimonio cultural.

Para hacer la inspección arqueológica, González Batani comisionó a Raúl García Chávez y a las arqueólogas Martha Patricia Hernández y Beatriz Zúñiga Bárcenas.

Gobierno municipal omiso

De acuerdo con versiones de los pobladores, el martes 27 de marzo la autoridad municipal, “como un acto de intimidación e intolerancia”, organizó una marcha para comunicar que de acuerdo con el INAH no hay vestigios arqueológicos en el predio. No obstante, dos días después, el Instituto reiteró a la edil la orden de suspender la obra. Rosalba Pineda desestimó el mandato, pues el 13 de abril personal del INAH tuvo que colocar sellos para impedir que los trabajos de construcción continuaran sin la intervención antropológica correspondiente.

Los sellos fueron retirados inmediatamente por policías municipales bajo el argumento de que eran órdenes de la presidenta municipal. Los hechos, como se lee en el expediente SO-000043/2012 del Órgano Interno de Control del INAH, generaron que la Unidad Jurídica presentara, el 18 de abril, ante la Procuraduría General de la República una denuncia penal por quebrantamiento de sellos y desacato a un mandato de autoridad competente y en ejercicio de sus funciones en contra de quien o quienes resulten responsables.

El 12 de junio, los vecinos hicieron una nueva denuncia ante el Instituto. En el documento ZARM/02/06/12, firmado por el Frente Ciudadano en Defensa del Agua Potable y Patrimonio de Chimalhuacán, la agrupación solicitaba copia de los documentos y estudios que acreditaran que el predio carecía de valor y que no existían vestigios en el sitio; que la Policía Federal reguardara la zona; que el INAH federal –y ya no el local– realizara el salvamento arqueológico, y que se le permitiera a la ciudadanía presenciar los trabajos en El Molino.

Opacidad

Sobre la falta de transparencia, Echenique March asegura que al no haber un trabajo institucional serio, responsable, conforme a la ley, se permite la especulación: “el no permitir que la gente entre y vea el trabajo que hacen los arqueólogos abona a la opacidad y levanta sospechas. Si hay gente que está interesada, que quiere conocer, que se le dé una visita. Finalmente son bienes nacionales, de todos los mexicanos. El trabajo arqueológico es público, es de interés público”.

La comunidad relata incluso versiones en las que los trabajadores atestiguaban hallazgos de piezas de grandes dimensiones que, dicen, fueron encostaladas y sacadas del sitio por helicópteros. Aunque no guardan registro de ello, lograron obtener fotografías de estructuras piramidales que quedaron en el centro de la obra y que ya no es posible apreciar.

Las fotografías, dice Echenique, demuestran la presunción de que había un material arqueológico importante que debió de trabajarse científicamente y que por desgracia no se hizo.

En un comunicado –que retoma el diario Reforma en su edición del 19 de julio de 2012– la presidenta municipal, Rosalba Pineda, expuso: “la valoración que el INAH realizó demostró que no existe alguna zona arqueológica importante en el rancho El Molino, por lo que el Instituto liberó el predio para la continuación de la obra”.

Ante ello, Echenique asegura que al decir que no había zona arqueológica importante se confirmaba la existencia de una zona con valor arqueológico: “que no les pareció importante es otra cosa, pero la arqueología en México no trabaja a partir de calificar qué es importante y qué no. Los vestigios arqueológicos son monumentos nacionales que deben ser conservados, estudiados por el Instituto. Es el mandato de ley que tiene”.

La denuncia de la comunidad finalmente obtuvo respuesta el 3 de julio: Constantino Acosta Dávila, delegado del centro INAH Estado de México escribió a los peticionarios en el oficio 401. B(4)47.2012/793: “actualmente el INAH está realizando en el predio denominado El Molino las investigaciones arqueológicas correspondientes y una vez que se concluyan, se determinará lo procedente”.

Del resultado de las investigaciones, los vecinos no tienen conocimiento, tampoco los investigadores y académicos del INAH. Cuando Felipe Echenique le solicitó al Consejo de Arqueología del INAH el informe de Raúl García Chávez le fue negado. Los funcionarios, dice, apelaron a la normatividad interna para evitar que alguien se robe la información y la quiera publicar.

El arqueólogo Jesús Evaristo Sánchez explica que en esa lógica la información será abierta hasta 2014. Sin embargo, dice, no se pretende plagiar la información, pues se trata de aclarar un problema jurídico: “aclarar si hay o no vestigios o si procede o no la autorización de la construcción de la obra. El Consejo se negó a entregarnos cualquier documento para tener elementos y poder evaluar la situación del lugar”.

La obra continúa

Pese a las constantes denuncias de los vecinos, investigadores, académicos del Instituto y la evidencia, el INAH no ordenó al ayuntamiento a detener la obra, aunque está obligado por ley si es que hay presunción de la existencia de vestigios.

El Instituto, refiere Echenique, “tendría que haber dicho que hay destrucción de vestigios arqueológicos, haber mandado a los arqueólogos adonde se llevaban la tierra, donde se encontraban la pedacería y ante esa evidencia, parar la obra por destrucción”.

Al no detenerse, señala, la responsabilidad es para los funcionarios del INAH y del ayuntamiento a quienes se les podría demandar. El Ministerio Público de Chimalhuacán tendría que tomar el caso de oficio por tratarse de la destrucción de bienes nacionales.

INAH sin interés por rescatar

Ante la ausencia del Instituto, los chimalhuacanos han convocado a expertos para la catalogación de sus piezas. A invitación de la comunidad, una etnohistoriadora inició el registro de lo hallado por los vecinos con fotografías y una breve explicación de cada objeto. Aunque renuentes, con el paso de los días, se suman más vecinos a la iniciativa. Los habitantes aseguran a Contralínea que no buscan vender las piezas; por el contrario, están dispuestos a entregarle al INAH todo lo que han hallado. Sin embargo, hasta el cierre de edición ninguna autoridad se había acercado para hacer el rescate.

Frente a la pregunta de por qué el Instituto no ha hecho la recolección en los lotes baldíos, el arqueólogo Jesús Sánchez, en entrevista con Contralínea, responde que el problema de las piezas arqueológicas es que son importantes en tanto están insertas en contextos arqueológicos:

“Las piezas fuera de su contexto pierden la posibilidad de interpretar los sucesos históricos en los que participaron. Se pierde totalmente la información. Queda el objeto histórico, pero lo único que se puede hacer con estas piezas es analizarlas, ver su estudio iconográfico y ponerla en un museo. Pero no hay manera de saber qué papel jugaba el objeto en la historia de la localidad.”

—Sin embargo, las piezas continúan siendo propiedad federal.

—Y bienes nacionales. El INAH tendría que ir a recoger esos vestigios para saber de qué se trata; al no hacerlo incurre en delito porque está dejando monumentos arqueológicos expuestos y eso incentiva una política de saqueo, de robo y demás. La policía se puede llevar a la cárcel a quien tenga en su propiedad muebles arqueológicos o históricos. Es un delito federal. Ahí hay un incumplimiento y una negligencia de las autoridades por atender ese asunto.

 

Daño ambiental

Con motivo de los preparativos para la expropiación de El Molino, Daniel Gómez Pedraza, titular de la Dirección General Jurídica y Consultiva del ayuntamiento, pidió a la Dirección General de Ordenamiento e Impacto Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente que evaluara el impacto ambiental que tendría la expropiación de dicho predio.

En respuesta, Carlos Sánchez Gasca, el titular de dicha Dirección, emitió el oficio 212130000/DGOIA/OF1321/10, el 22 de junio de 2010, en el que señala que la expropiación de El Molino a favor del gobierno municipal no genera mayores impactos ambientales, ya que el predio se encuentra inmerso en una zona urbana totalmente consolidada, por lo que se infiere que se han llevado a cabo con anticipación los impactos ambientales negativos inherentes a un cambio de uso de suelo de natural a urbano.

Sin embargo, concluye el documento oficial, el trámite de expropiación no exime a la autoridad municipal a obtener el Dictamen de Impacto Ambiental, por lo que deberá presentar como mínimo un informe previo al respecto.

Aunque los vecinos han solicitado en reiteradas ocasiones a la Secretaría del Medio Ambiente, a través del Sistema de Información Pública del Estado de México, copia de los estudios de impacto ambiental y los criterios que dieron lugar a argumentar que la expropiación “no genera mayores impactos ambientales”, la dependencia responde, tajante: “no se localizó en los archivos de la la Dirección algún documento que contenga información en los términos referidos”.

No obstante la ausencia de documentos, el argumento es base dentro del decreto de expropiación.

A favor de la preservación

La comunidad en defensa del patrimonio, muchos de ellos nativos de Chimalhuacán, dicen a Contralínea que no están en contra del Proyecto que se plantea en el rancho El Molino, pero sí de la destrucción de los valores que se ven representados en este lugar como parte de su pasado prehispánico y colonial, como un lugar de enorme valor ecológico por sus árboles centenarios, lugar de manantiales y ojos de agua, que en este momento es un vaso regulador para la recarga de los mantos acuíferos y porque para la población originaria y nativa de la localidad, El Molino es cuna de sus más entrañables leyendas, las cuales han persistido en su memoria y forman parte del patrimonio intangible que las autoridades del INAH y del ayuntamiento tienen la capacidad y obligación de defender.

Para la realización de este trabajo, Contralínea solicitó entrevista con el Instituto Nacional de Antropología e Historia y con el Centro INAH Estado de México. Yoselín Díaz, del INAH estatal, dijo vía telefónica que en las oficinas centrales del Instituto se llevó a cabo una reunión el martes 23 de julio para evaluar la solicitud de entrevista de este semanario. Esta información fue confirmada por Cecil Silva, asistente de atención a medios del INAH; pero no se comunicó el resultado de dicha reunión.

Contralínea acudió al sitio para hablar con los arqueólogos a cargo. Los policías municipales que resguardaban la zona aseguraron que no se encontraban en el lugar porque “casi no vienen para acá”. También se solicitó la versión de la presidencia municipal de Chimalhuacán. Mirella Jiménez, de atención a medios, se mostró preocupada porque “en los medios ya los habían golpeado y debían tener cuidado de que no les ocurriera nuevamente”. Al cierre de edición, no se obtuvo respuesta.

A decir de Felipe Echenique, Luis Alberto González Batani fue cesado de su cargo de director del Centro INAH Estado de México. Desde marzo, funge como visitador general en la Coordinación Nacional de Centros INAH. Y aunque en reunión los funcionarios le aseguraron que fue despedido, para Echenique March “lo que están haciendo es cubrirlo para que no tenga ninguna responsabilidad. Evidentemente debe tenerla. No hizo su trabajo”, concluye el también investigador.

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Fuente: http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/08/22/funcionarios-del-inah-el-edomex-sepultan-monumento-historico/

Vestigios de la cultura tolteca, arrumbados en bodega de Cuautitlán.

Silvia Chávez González

Algunas piezas ya fueron saqueadas; ex alcalde priísta expulsó a los arqueólogos de la zona.

Cuautitlán, Méx., 15 de agosto. Vestigios arqueológicos hallados en el ex rancho El Terremoto y otras partes del estado de México permanecen abandonados en bodegas de este municipio, y desde hace más de un año vasijas y utensilios de cerámica, además de pectorales y máscaras de conchas de alto valor cultural e histórico han sido robados, informaron autoridades municipales y del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Jorge Quintanar Maldonado, director de desarrollo urbano y vivienda municipal, informó que en 2008 la construcción del conjunto urbano Joyas de Cuautitlán, en el ex rancho El Terremoto, dejó al descubierto un asentamiento militar tolteca de una época muy anterior a los aztecas.

Durante cinco años arqueólogos del INAH efectuaron excavaciones. Sin embargo, cuando se retiraron no convinieron con la alcaldía que el sitio fuera resguardado, y lo peor es que ha estado desapareciendo muchísimo material que estaba inventariado.

El arqueólogo José Hernández Rivero –uno de los encargados de las excavaciones– confirmó que el INAH presentó una demanda penal ante la Procuraduría General de la República por el saqueo. Dijo que el ex alcalde priísta Manuel Becerril expulsó a los investigadores del sitio, con el argumento de que el predio es propiedad municipal.

Ernesto Rodríguez Fragoso, cronista municipal auxiliar, denunció que el INAH utilizó viejos cuartuchos para guardar los vestigios encontrados en El Terremoto y piezas arqueológicas traídas de otros sitios del estado.

En la zona se constató que dentro y fuera de una construcción en ruinas miles de pedazos de cerámica, como orejas de jarras y fragmentos de platos, se encuentran desparramados, luego que los costales que los contenían se rompieron.

Las piezas tienen inscritos números de clasificación del INAH. Cualquiera que pase por la zona puede llevarse las piezas, hurgar o terminar por romperlas, pues están al aire libre.

En otra área del predio se ubican tres cuartos cuyas puertas y ventanas están selladas con cadenas y candados. Ahí se resguardan cajas con vasijas, utensilios y osamentas prehispánicas del estado de México. Lamentablemente alguien se dio cuenta y las comenzó a hurtar, comentó el cronista auxiliar.

Dijo que en el mercado negro una pieza prehispánica no mayor de 10 centímetros puede venderse en al menos 2 mil o 3 mil pesos.

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Fuente: Periódico La Jornada [Jueves 16 de agosto de 2012, p. 34] http://www.jornada.unam.mx/2012/08/16/estados/034n1est

La toma en el Museo de Antropología obedece a una pelea interna de sindicalizados: INAH

Ana Mónica Rodríguez

La toma de la taquilla y el vestíbulo del Museo Nacional de Antropología es resultado de una pelea interna generada por un pequeño grupo de sindicalizados que no representa a la mayoría de los trabajadores, aseveró Alfonso de Maria y Campos, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

El funcionario dijo: yo ya me voy –refiriéndose al término de su gestión–, pero se debe subrayar que las protestas de los académicos e investigadores son cuestión de un individuo y de un pequeño grupo de personas que no están sólo contra mí, sino contra el trabajo de su propia gente.

De Maria y Campos manifestó que las protestas en el recinto de Reforma y Gandhi, Bosque de Chapultepec, que suman ya 24 días, es una cosa muy rara que nunca había sucedido en el instituto, la cual está ligada a los momentos que estamos viviendo y donde la gente critica el trabajo de sus propios investigadores (sic).

Asimismo, afirmó que el INAH ha propuesto un diálogo con los inconformes e incluso ya dimos respuesta, junto con la Secretaría de Educación Pública, a todos los puntos de su pliego petitorio.

De hecho, añadió, todos esos temas de las peticiones han sido discutidos en diversos foros y están respondidos a satisfacción.

De Maria y Campos dijo que se puede recurrir a medios legales para retirar la toma de taquilla, se debe ponderar ese asunto.

Pérdidas de taquilla, sin cuantificar

Respecto de las pérdidas debido al ingreso gratuito de más de 90 mil personas al museo, el funcionario informó que el instituto aún no hace estimaciones, porque además muchos de los visitantes tienen opciones de descuentos y algunos otros tienen libre acceso.

Investigadores sindicalizados revelaron que según un acta de hechos, firmada por Tonatiuh Aguileta, subdirector de seguridad del museo, “dos individuos fueron quienes entraron la noche del lunes 13 de agosto al inmueble y sin ninguna oposición de los vigilantes sustrajeron diversos objetos de uno de los auditorios.

“A las nueve de la noche de ese día, dos individuos tocaron las puertas del recinto y pidieron entrar para ‘sacar unas cosas’, entre las que figuran materiales” de la protesta de los inconformes, como fotografías y pancartas.

Esas personas, prosiguieron los investigadores, “se identificaron con una credencial del IFE y otra como trabajador del INAH, sin que los miembros de seguridad –quienes les abrieron las puertas– se cercioraran de que fueran auténticas y sólo anotaron los nombres en una libreta.

Después, los mismos policías abrieron las puertas de uno de los auditorios y permitieron que sacaran materiales que estaban ahí en resguardo.

Mencionaron que el mismo Aguileta tiene los videos, donde se observa a los individuos sacando diversas objetos en un día en que el museo permanece cerrado al público.

Este hecho, recordaron los investigadores, remite a la situación vivida hace algunos años cuando hubo un importante robo de objetos arqueológicos por varios individuos que ingresaron por los ductos de aire acondicionado, mientras los policías encargados del resguardo del acervo festejaban y brindaban en la víspera de Navidad.

“Lo que sucedió el pasado lunes –indicaron– es demasiado lamentable, porque deja en claro las fallas del cuerpo de seguridad del museo y exhibe otro de los errores del director del INAH.”

Ayer, Olga Orive, presidenta del Comité Nacional Mexicano del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), adscrito a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura acudió al museo en apoyo a los investigadores que se encuentran en protesta permanente en el vestíbulo del recinto.

Orive ofreció una charla sobre el origen de Icomos México y de la legislación vigente sobre los bienes históricos y arqueológicos, así como de la necesidad de conservación del patrimonio nacional.

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Fuente: Periódico La Jornada, Viernes 17 de agosto de 2012, p. 5 http://www.jornada.unam.mx/2012/08/17/cultura/a05n2cul