DE LA CASA #71: SOBRE EL DL 1198 / WM.

LimaCocaCola

Por Wilmer Mejía Carrión

“El 22 de septiembre de este año, el Poder Ejecutivo publicó el Decreto Legislativo 1198, que modificaba un numeral de la Ley 28296, conocida como Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. El numeral modificado era el 6.1, en el que se indicaba que el Estado era la única entidad autorizada para administrar el patrimonio cultural inmueble prehispánico -es decir, los restos arqueológicos” (Santiago Alfaro; Los cusqueños han equivocado la lucha).[1]

Respecto a la ley que concesionaba a los agentes privados algunos de los monumentos arqueológicos  hay voces a favor y en contra, los que están a favor argumentan cosas como esta:

«Hasta ayer, Cuzco tuvo 2 días de paro (con las pérdidas $ que implican) porque esta niña y su mancha de rojos iluminados lo único que saben hacer es protestar. Esta vez contra el DL 1198 del Poder Ejecutivo (que ellos llevaron al Poder) por el cual DE MANERA OPTATIVA (léase voluntaria) El Ministerio de Cultura y los Gobiernos Regionales PODRÍAN hacer Asociaciones de Gestión Cultural para la preservación del patrimonio arqueológico. (ejem Huaca Pucllana y otros) para ciertos sitios, ni siquiera para todos.

Desinformando a los cuzqueños, se mandaron a decir que esto era «privatizar» el patrimonio cultural y el Estado «renunciaba» a su protección por mercantilismo etc. etc.

Obvio que está en campaña, pero en su discurso no dice que hay casi 20 MIL sitios arqueológicos registrados (faltan más por registrar) de los cuales más del 90% están en abandono x que no hay recursos por parte de los gobiernos para mantenerlos. Habla de descentralización, pero sonaba a separatismo, como si la cultura de Cuzco fuera solo de ellos y no de todos los peruanos”. (G.M.)

O esta otra:

“Supongo que te parecerá mejor que se descuiden el total de los monumentos arqueológicos porque valgan verdades el estado es como la cobija del pobre cubre la cabe pero destapa los pies. Ante el abandono de todos los monumentos aunque sea que se salven los más recuperables. Esa gente q tanto te preocupa tú crees que ve las huacas de otra manera que no sea como basural o cancha de futbol, en serio crees diana q al hijo de tu vecino le importa un bledo ir a Mangomarca para otra cosa q no sea pastrulearse o jugar futbol. La privatización no es mala per se lo malo es q no se reglamenta bien nunca y casi siempre hay arbitrariedades. Todo tiene precio y mantener y cuidar un sitio arqueológico cuesta, un proyecto de puesta en valor cuesta, pagar guachimanes cuesta y el estado no cubre esos costos entonces de donde sale la plata. Veamos la reglamentación y luego opinemos”. (I.D)

Respecto a este tema mi opinión es la siguiente:

a) Es interesante como se hace hincapié en lo OPTATIVO, es decir que el Estado peruano si quiere puede o no asociarse con los agentes privados, desde mi punto de vista, aunque es cierto la ley dice que el Estado no está obligado a hacer esto, sin embargo, va a tener todas las facultades de realizar este tipo de acciones y por supuesto que LO VA A HACER. Es decir, que eso de optativo es un mero recurso lingüístico,  como el Estado no tiene capacidad para hacerse cargo de todas las huacas es fácil deducir que sí o sí pondrá la gestión cultural de los sitios arqueológicos en manos privadas – al menos las que se vean más rentables económicamente hablando-. Ahora bien, considerando la escasa capacidad del Estado para fiscalizar es evidente que los agentes privados tendrán toda la libertad de hacer y deshacer en cuanto al tema de gestión, difusión, preservación. Así pues, como lo entiendo, aunque legalmente el Estado es el supervisor de las acciones privadas, en los hechos este se desentenderá de la protección del patrimonio – como siempre lo ha hecho- pues conociendo la historia el Estado siempre ha retrocedido ante la empresa privada y esta no será la excepción.

b) Pienso que no es que el descuido del patrimonio sea mejor que la privatización, sin embargo, la empresa privada lo que busca son réditos económicos, se pueden salvar algunos de esos monumentos pero la empresa privada no le va a interesar iniciar un adecuado proceso de patrimonialización, cosa que el estado -si hubiese voluntad política- lo podría hacer, pues posee los recursos para hacerlo y si no para todos al menos con algunos de estos, sobre todo los que están dentro o bastante cerca de zonas pobladas. El hijo del vecino le interesa un bledo huaca Mangomarca y con la privatización le seguirá interesando un bledo porque lo que se hará es rehabilitarlo para el turismo pero sin un proceso de patrimonialización, será un bonito patrimonio, simple mercancía, sin mayor valor más que el económico, mientras que su valor simbólico será dejado a un lado así, ahora el hijo del vecino ya no va ir a “pastrulearse” a la Huaca Mangomarca porque no se le permitirá el acceso, no porque haya cambiado su manera de pensar respecto a la huaca. La privatización no es el camino porque el socializar la huaca de manera adecuada no está entre las prioridades de los agentes privados que lo que buscan es generarse rédito económico rápido. Debe ser el estado en todos sus niveles, locales, provincial, regional y nacional el que participe en esto, y mediante un adecuado programa se acerque a los vecinos, a la localidad que es el principal actor social en el proceso. Es cierto, el patrimonio cultural esta descuidado pero tampoco es la mejor alternativa privatizarlo, tendremos un bonito lugar alejado, mejor dicho, aislado de la localidad que lo alberga.

Aunque se ha derogado la ley, es necesario que el Estado haga algo con respecto a los sitios arqueológicos, pienso que detrás no solamente esta una mentalidad rentista, como si los sitios arqueológicos fueran iguales a un yacimiento minero que se puede concesionar y sacar ganancias de este, sino también la idea que la socialización del patrimonio es secundaria y simplemente se arregla sólo con shows de rock, jazz y cine dentro de la huaca. El proceso de patrimonialización es un conjunto de acciones que van más allá de conciertos y shows que congreguen cientos de personas sino de un trabajo con, dentro y para la localidad,  pero la entidad privada no estará dispuesta a invertir en esto porque sentirá que perderá dinero.

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[1] https://redaccion.lamula.pe/2015/10/23/santiago-alfaro-1198/valentinaperezllosa/ revisado el 24/10/2015

Foto: Juan Tonchez

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ArKeopatías opera bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional License, por lo que agradecemos citar la fuente de este artículo como: Proyecto ArKeopatías./ “Textos de la casa #71″. México 2015. https://arkeopatias.wordpress.com/ en línea (fecha de consulta).

#LasPrestadas: El crimen arqueológico no paga.

espolio

La Guardia Civil presenta las piezas recuperadas en la operación denominada ‘Helmet’, desarrollada en la provincia de Zaragoza, donde ha recuperado más de 4.000 piezas arqueológicas pertenecientes a diversas culturas. / ULY MARTIN

Por Tommaso Koch

El hombre yacía en el suelo haciéndose el muerto. Un infarto lo había fulminado. O eso gritó antes de desmayarse. Al llegar la ambulancia, cambió el diagnóstico: “Lo que usted tiene es a la Guardia Civil en casa”. La anécdota la recuerda un agente del Grupo de Patrimonio Histórico de la UCO (Unidad Central Operativa) que registró el hogar del señor, cuyo problema era otro: ¿cómo justificar las monedas antiguas, el detector de metales y los demás objetos sospechosos que abarrotaban la vivienda?

Más de 9.000 fueron las piezas arqueológicas que los agentes requisaron entonces en la llamada operación Necrópolis, que provocó 12 detenciones por presunto expolio. La Guardia Civil llegó a fotografiarlos mientras, sentados en un bar, se jactaban de su botín. ¿Qué castigo judicial recibieron? Ninguno.

Tampoco, de momento, ha pagado por su crimen arqueológico el jubilado detenido en marzo en la llamada Operación Helmet por llevarse 4.000 piezas celtíberas en Aragón. Ni siquiera acaban en sentencia, en realidad, la mayoría de las entre 300 y 500 denuncias por expolio que cada año remite el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) a la Guardia Civil (que en 2012 recibió un total de 3.305). A falta de cerrar las estadísticas de 2013, la impresión es que ha sido uno de los peores años que se recuerdan en la materia, coronado el viernes con la detención de dos personas acusadas de saquear el yacimiento de Tiermes, en Soria.

Fuente: Guardia Civil. / EL PAÍS

“Sentencias hay pocas, muy pocas. Lo que hay es un gran sobreseimiento”, explica Ana María Yañez, jurista especializada en Patrimonio y profesora de la Complutense. Tanto que, a veces, se ha llegado a devolver las piezas al supuesto expoliador.

Una de las claves está en las exigencias de los jueces: el patrimonio arqueológico no es como el Cluedo; no basta con encontrar el arma del delito y su culpable. O se demuestran procedencia y momento del expolio de cada objeto o la puerta hacia la conclusión del caso permanece cerrada. “Es imposible hoy por hoy, con los medios que tenemos, lograrlo. Hemos controlado a mucha gente y la hemos dejado. Son malos, pero no podemos demostrarlo”, explica el guardia civil de la anécdota. Los malos fichados son unos 1.500. Entre ellos, unos 200 son auténticos reincidentes.

Mientras el agente habla, por su ordenador van pasando fotos y vídeos de hombres con detectores de metales, volcados en la caza ilícita del patrimonio. Es el fruto de horas y horas de espiar el trabajo de los expoliadores. Y la cosa da para un largo historial de anécdotas. Como los dibujos chapuceros de un sepulcro que un museo extranjero recibió en 1990. “I have a tomb tartesica. For sale. I am sorry. My inglis is very beed[SIC]”, agregaba el hombre que había en un torpe intento de vender su botín.

Cuanto los sospechosos terminan su trabajo, la Guardia Civil lleva a cabo una inspección ocular. Y vuelve con un arqueólogo para determinar si se trata de un yacimiento y el alcance de los daños. Cosa distinta, obviamente, es saber qué se han llevado los expoliadores. “El patrimonio arqueológico normalmente está oculto. Y su desaparición pasa inadvertida», asegura Yáñez. “Jurídicamente, es más complejo de defender. Muchas veces el juez entiende que el expoliador no conocía el valor de lo que se llevaba”, añade Carmen Acedo, abogada del Estado. Más aún si, como puede suceder, el yacimiento era un enigma incluso para las autoridades.

Casco celtíbero subastado en Alemania. /EL PAÍS

Conocido de sobra en cambio es el perfil del enemigo, como detalla un comandante de la Guardia Civil: “Siempre son los mismos. El aficionado, el seudocientífico y el profesional, el más peligroso. Va a destrozar el yacimiento y conseguir lo que para él tiene valor. Se mueven en grupos, lejos de su casa, a menudo entre semana”. Todo ello, con georradares y tecnologías dignas de un Indiana Jones contemporáneo. Los agentes tienen bien definido el kit del buen expoliador: mapas repletos de x, manuales de historia, monedas, artículos. Y el omnipresente detector.

El instrumento se puede adquirironline o en un centro comercial por pocos cientos de euros. ¿No lo tendrán los expoliadores demasiado fácil? «No se puede comparar con un arma. Pero algunas regiones exigen una licencia para usarlo en un yacimiento. Sería interesante plantearlo a nivel nacional”, defiende Yañez.

Además de ello, la Guardia Civil agradecería la creación de un delito de expolio, que integre las sanciones administrativas. De momento, deben conformarse con una definición genérica en la ley 16/85, que reformó la Protección del Patrimonio Histórico. El delito no existe en el Código Penal. De ahí que la Guardia Civil se agarre a otros crímenes: daños, contrabando, etc. “Ayudaría mucho”, reconoce Ignacio Rodríguez Temiño, director del conjunto arqueológico de Carmona y autor del libroIndiana Jones sin futuro. La lucha contra el expolio del patrimonio arqueológico. “Es un bien no renovable”, añade. Rodríguez aclara que no hacen falta alarmismos, aunque sí define otro problema: “La ley ofrece un marco para intervenir. Pero la lucha contra el expolio nunca ha sido una prioridad. No ha habido ni medios técnicos ni voluntad política”.

Desde luego no la hubo, por ejemplo, ante las alarmas de museos y fiscales alemanes ya en 2008 sobre dos decenas de cascos celtíberos que se iban a subastar en su país. Durante años, el Ministerio de Cultura hizo oídos sordos, y el tesoro acabó vendido, entre Múnich y Londres. “El problema es que ni la cúpula ni el pueblo están sensibilizados”, remata Rodríguez.

Precisamente allí se halla, según los expertos, el otro aliado del expolio. “Tenemos que ver el patrimonio como algo que nos pertenece a todos”, sugiere Carmen Marcos, subdirectora del —todavía— cerrado Museo Arquéológico Nacional. Y Elisa de Cabo de la Vega, subdirectora general de Patrimonio Histórico, remata: “El gran reto es la sensibilización, la mejor arma preventiva”. Traducido: más educación, más denuncias, más atención de autoridades y ciudadanos. Dicho así, suena fácil. Y podría ser una solución.

¿Bastará? Quién sabe, la vida no funciona como el Cluedo.

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Fuente: http://cultura.elpais.com/cultura/2013/12/28/actualidad/1388234408_869864.html

MEMORIAL DE AGRAVIOS

Por Académicos INAH

MEMORIAL DE AGRAVIOS

Este Memorial de Agravios es un recuento de la actuación ignominiosa de Alfonso deMaria y Campos Castelló y sus allegados, quienes construyen otro INAH, paralelo al INAH de los trabajadores; el que ha luchado por mantener vigentes los principios yvocación social por lo cual fue creado en 1939. El INAH Histórico, pretende seranulado y desaparecido por el INAH de los funcionarios, mediante la imposición de una estructura paralela fuera de toda norma, que se manifiesta de cuerpo entero en su pesada y costosa burocracia central; sancionada en el Manual General de Organización (MGO),opuesto enteramente a los mandatos que a nuestra institución le confieren la Ley General de Bienes Nacionales (LGBN), la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos (LFsMZAAH), y la propia Ley Orgánica del INAH (LOINAH).

Ese otro INAH –el de los funcionarios–, actúa socavando los ámbitos jurídico-legal, jurídico-laboral, de las actividades sustantivas (investigación, conservación, difusión,docencia); incidiendo en la destrucción y tergiversación de los bienes nacionales arqueológicos e históricos; procurando fortalecer una estructura administrativo-burocrática:

1. MENOSCABO DEL MARCO JURÍDICO-LEGAL:

a) El establecimiento ilegal (pues contraviene el Artículo 5º. Fracción III de la LeyOrgánica del INAH) del MGO que sanciona la existencia de una burocracia sin ninguna relación con las actividades sustantivas del INAH, esto es, las áreas de investigación, conservación, docencia, museos y exposiciones.

b) Ese INAH paralelo actúa sin un proyecto institucional avalado y consensuado con las áreas de investigación, conservación, museos, exposiciones y docencia(como mandata la Ley Orgánica del INAH), sino operando a través de unprograma de gasto que poco o nada tiene que ver con las áreas sustantivas, sino con proyectos personales de la presidencia de la República u ocurrencias de ladirección general del INAH y sus allegados, que se justifican como supuestoapoyo a las actividades sustantivas.

c) El accionar de una densa y costosa burocracia que busca satisfacer sus propias necesidades y poner a disposición del mercado los museos, zonas arqueológicas y bienes patrimoniales que el INAH ha sabido mantener, incrementar y poner enuso social por más de setenta años. Esta burocracia, es la que pugna por que se establezca el reglamento para la realización de eventos cívicos y culturales en zonas arqueológicas, mismo que estableció el artículo noveno transitorio de laLey General de Bienes Nacionales y que, es contradictorio con lo que establece el segundo párrafo del artículo 30 de la Ley en comento.

d) Este INAH paralelo se ha distinguido por su actuación omisa e indolente respecto a los intentos de modificación y desaparición de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

2. MENOSCABO DEL MARCO LABORAL:

a) La imposición del servicio civil de carrera; la cual, ha provocado insertar una burocracia extraña y desconocedora de las actividades de investigación,conservación física, jurídica e histórico-cívica y difusión, acorde con los resultados de las investigaciones antropológicas e históricas.

b) Dicho servicio civil de carrera, ha permitido el ingreso a las direcciones o delegaciones que mantiene el instituto en los Estados de la República, sin un claro perfil para la institución, esto es, sin conocimientos y manejo de lasdisciplinas y ordenamientos jurídicos propios del instituto; por lo cual, actúan de manera unilateral, ignorando los procedimientos académicos, técnicos y legalesde la institución. De esta manera, muchas de sus acciones se enmarcan en los caprichos o mandatos expresos de quienes los instalaron en esos puestos y, por lo cual –en no pocos casos–, han sido omisos en las tareas que le corresponde llevar a cabo a la institución; poniendo con ello en riesgo e inclusive destruyendo o adulterando, vestigios arqueológicos o históricos, por solo tratarlo más evidente.

c) En otro ángulo, ese otro INAH, ha inhibido la creación de la planta de profesores investigadores que se requiere para atender las tareas de investigación y docencia a nivel nacional; mientras que durante los últimos 30 años no se hanincrementado las plazas de profesores investigadores, se han triplicado las plazas de los mandos medios superiores que sustentan su existencia en el supuesto apoyo a las actividades sustantivas.

3. MENOSCABO DE LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS:

a) En ese otro INAH, empeñado en construir la presente administración, se ha decidido cambiar la práctica arqueológica que tiene reconocimiento internacional, sustentada en la investigación antropológica e histórica; por una “arqueología de planes de manejo”, la cual busca hallazgos espectaculares y la presentación de vestigios acordes a la demanda del turismo nacional einternacional y de los posibles espectáculos que se puedan montar en ellos; o lo que es lo mismo, un vil y artero fachadismo en claro y obvio detrimento del conocimiento científico de los pasados prehispánicos y de su conservación.

b) Por otra parte, ese INAH ha privilegiado de manera amañada (acudiendo la mayor de las veces a arqueólogos contratados); una deficiente modalidad del denominado “salvamento o rescate arqueológico”, como práctica institucionalorientada a autorizar las obras públicas y privadas sobre tierras y territorios en los cuales existen evidencias arqueológicas; sin observar el adecuadoseguimiento institucional de las excavaciones, bitácoras de los trabajos arqueológicos y antropológicos, registros fotográficos, biológicos, además de la conservación física de áreas especificas y concretas para posteriores estudios;con lo cual, la nación toda pierde información invaluable del mundo prehispánico.

c) Ese otro INAH paralelo, se ha empeñado en borrar la presencia y actuación delos trabajadores del INAH; al desaparecer las librerías de la institución,obstaculizando así la difusión y divulgación de los trabajos escritos que producimos los investigadores y técnicos especializados.

d) Ese INAH paralelo, ha impuesto un Consejo de Arqueología que actúa bajo consigna para favorecer los programas que presentan los mandos medios;desconociendo la antigua normatividad acordada entre los arqueólogos de basedel INAH. Este consejo de Arqueología, está integrado fundamentalmente por arqueólogos que desempeñan un puesto de confianza en el propio instituto,imponiendo de manera autoritaria y arbitraria, nuevos criterios aplicados como condicionantes para la aprobación de proyectos e informes de investigación arqueológica. La imposición de tales medidas se orienta a la apertura al público de zonas arqueológicas; dejando de lado la investigación científica y la conservación delos monumentos y zonas, tareas sustanciales que las leyes otorgan a nuestra Institución. Asimismo, dicho Consejo, falla en el cumplimiento de sus obligaciones; en lugarde actuar defendiendo al patrimonio, tiene una actitud complaciente anteproyectos que destruyen o dañan monumentos y zonas arqueológicos y es utilizado –por el director del INAH– para avalar acciones que afectan física y simbólicamente este patrimonio. Tal Consejo, por vía de los hechos pretende convertirse, además, en un órgano interno del que dependa la aprobación de todo el proceso de investigación de los arqueólogos del INAH.

4. LA DESTRUCCIÓN Y TERGIVERSACIÓN DE LOS BIENES NACIONALES ARQUEOLÓGICOS E HISTÓRICOS:

a) Es de acusarse en este renglón, que ni en los denominados centros regionales, ni en el propio Distrito Federal, existen instalaciones adecuadas para depositar y resguardar los monumentos arqueológicos, antropológicos etc., que se extraende esos “salvamentos o rescates”; por lo cual, es necesario que se aclare, en dónde se encuentran los materiales productos de dichos trabajos arqueológicos que se han realizado durante este sexenio y quiénes los están clasificando,estudiando, registrando, así como su destino final.

b) Es pues, necesario, confrontar los salvamentos y rescates autorizados y los resultados obtenidos; con el fin de evitar el tráfico de monumentos muebles arqueológicos, en apego a la LGBN, LFMZAAH, y demás ordenamientos queinciden en la materia.

c) Ese otro INAH, se ha empeñado en disminuir los activos del instituto y con ello,los intereses de la nación, al rehuir su obligación de asegurar la compra de las tierras donde se localizan importantes vestigios arqueológicos, como en el casode las zonas arqueológicas de Chichén Itzá, Cacaxtla, Monte Albán,Tzintzuntzan. A pesar de que, en la Cámara de Diputados se constituyó el “Fondo Nacional Arqueológico” con recursos etiquetados para la adquisición, justamente, de las tierras en donde se localizan importantes vestigiosarqueológicos (y con ello dotar de certeza jurídica a la federación, respecto a supropiedad, protección y conservación). Sin embargo, tales recursos no se aplicaron para ese objetivo.

d) Ha incentivado y avalado la manera de conducirse de los gobiernos estatales que pretenden apropiarse de las zonas arqueológicas con el objetivo de convertirlas en escenarios para espectáculos musicales; como es el caso de Chichén Itzá, enYucatán, donde se han realizado los conciertos de Luciano Pavarotti, PlácidoDomingo, Elton John, Sara Brightman; con lo cual, la dirección general delINAH, permitió, bajo subterfugios, la violación a la ley para que se llevara acabo la explotación comercial y la obtención de jugosas e ilegales ganancias,tanto para los artistas, como para las empresas Televisa y Ticket master, así como para el el propio gobierno de Yucatán.

e) Ese otro INAH paralelo, actúa con total desapego a la ley mediante autorizaciones verdaderamente torcidas; como se puede constatar en la denominada “Cumbre Tajín” y en Teotihuacán, con el denominado espectáculode luz y sonido “Resplandor Teotihuacano”, que aunque no llegó a realizarse(porque los trabajadores del INAH logramos evitarlo), sí ocasionó más de 6,000perforaciones en la Pirámide del Sol, la Pirámide de la Luna y la Calle de los Muertos; sin que se fincara ninguna responsabilidad para quien autorizó semejante atrocidad.

f) La desatención a lo arqueológico e histórico por parte de ese otro INAH paralelo, pese a lo expresado por Felipe Calderón, se puede constatar en:

-Destrucción de una plataforma prehispánica en la zona arqueológica de Tzintzuntzan por la construcción de un nuevo museo (Michoacán).

– Comala; El Chanal (Colima) (falta de recursos para la investigación yprotección física y legal).

– Chiapa de Corzo; Chincultik (Chiapas).

– San Pedro y San Pablo, Teposcolula; San Juan Bautista Coixtlahuaca; Mitla;Yagul; Monte Albán (Oaxaca).

– En el territorio Wirikuta; Cerro de San Pedro (y Minera San Javier) (En sanLuis Potosí).

– La Casa de Tlaltecuhtli; Línea 4 del Metrobús; la demolición de varios edificios del siglo XVII al XIX del Centro Histórico de la ciudad de México,ubicados en las calles de El Carmen, Salvador, Palma, Regina, Apartado,Mesones, Brasil y Argentina.

– Demolición de monumento histórico en la ciudad de León, Guanajuato.

– Presa el Zapotillo en Temacapulin; Isla de Mezcala (Jalisco).

– Ek´balam (Yucatán).

– Zona Arqueológica de Libres; Villa Flora; Parque Guerrero; destrucción del edificio y Centro Expositor en los Fuertes; ex convento de Santa Mónica (Puebla).

– Desmantelamiento de la vía férrea en Maltrata; Santa Gertrudis, Orizaba; ZonaArqueológica de Cacahuatenco (Veracruz).

– El Terremote; El Albarradón y Casa de Morelos; Valle de Bravo; Amecameca;Rancho el Molino en Chimalhuacán (Estado de México).

– Centro Histórico de Parral y ciudad de Chihuahua.

– Comalcalco, Tabasco; falta de recursos para la investigación y protección físicay legal.

g) Ese otro INAH, se ha empeñado en desmantelar museos emblemáticos como elde los Altos de Chiapas, en el Antiguo Convento de Santo Domingo, en SanCristóbal de las Casas; el cual, prestaba un servicio educativo y social al exhibirlas historias de los pueblos indígenas de la región y sus expresiones culturales;para ahora, en asociación con Banamex, satisfacer una demanda turística,modalidad que se pretende replicar en el ex convento de la Merced de la ciudadde México y con algunas otras variantes, en otros tantos ex conventos que estánbajo custodia del propio INAH.

h) Ese otro INAH paralelo, se empeña en poner en renta los museos nacionales para, lejos de cumplir la función social y educativa que por ley les corresponde, ofrecerlos a las empresas privadas para realizar fiestas y cocteles, como haocurrido en el Museo Nacional de Antropología con las empresas Coca Cola y Motorola, en la realización de conciertos para recaudar fondos; los cuales, nuncase sabe a dónde ni a quién benefician; subastas de arte moderno y colonial, con lo cual se incentiva un mercado que por lo menos tiene limitaciones en cuanto a lo histórico, conforme lo establece la Ley Federal sobre Monumentos y ZonasArqueológicos, Artísticos e Históricos.

5. EN LO ADMINISTRATIVO-BUROCRÁTICO:

a) La inserción de una burocracia en los denominados mandos medios superiores designados como “coordinaciones nacionales”; la cual, nada tienen que ver con una estructura que se desprenda de las funciones sustantivas del INAH y que sí,en cambio, asfixia y usurpa el presupuesto asignado a las labores institucionales de investigación, conservación, difusión y docencia.

b) Por otra parte, ese otro INAH paralelo, mantiene un nutrido cuerpo de trabajadores administrativos, restauradores, arquitectos conservadores,arqueólogos, antropólogos e historiadores, quienes no tienen base laboral; soncontratados fuera de toda normatividad, la mayoría de las veces, son empleadospara acciones que dirigen los denominados mandos medios superiores o que administra esa burocracia que atiende indebida e ilegalmente –porque no cumplen con los perfiles académicos y técnicos– las necesidades apremiantes que tiene la institución por mandato de ley; que no se confía a los trabajadoresde base del INAH, por las anomalías jurídicas, académicas o técnicas con que se presentan y se pretende enfrentarlas.

c) Por otro lado, dicho desplazamiento laboral, también lo es del ejercicio presupuestal, ya que una buena parte de lo ejercido, no ha sido aplicado a las áreas sustantivas, sino a la autoadministración de ese otro INAH que actúa fuera del marco legal, laboral e inclusive de la normatividad institucional.

d) En este sentido, debe señalarse la insistencia de la dirección general del INAH,de disminuir arteramente los activos del INAH; al optar por el arrendamiento de:

– El edificio “Aristos”, en Avenida Insurgentes Sur, como sede para su aparato burocrático-administrativo; mientras que varios centros de trabajo en el D. F., carecen de los espacios necesarios para el desarrollo de las actividades de investigación, como son: la Dirección de Estudios Arqueológicos, la Subdirección de Laboratorios y Apoyo Académico, el Departamento deColecciones Arqueológicas Comparativas, la Dirección de Salvamento Arqueológico, etc. La misma carencia de oficinas y espacios laborales para los investigadores, ocurre en varios centros regionales, como es el caso enMichoacán, Colima, Estado de México, etc.

– Un parque vehicular insuficiente, costoso y poco eficiente.

– Equipos de cómputo costosos y muy poco eficientes.

– Asimismo, la adquisición de servicios de mantenimiento, custodia,conservación, difusión, por vía de terceros, cuando el INAH cuenta con una planta de trabajadores especializados para el desempeño de esas actividades.

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Destrucción y robo del patrimonio arqueológico nacional

Por Elva Mendoza

Durante los sexenios panistas, la PGR abrió 481 averiguaciones previas por robo, daño o destrucción del patrimonio arqueológico e histórico de la nación. La cifra resulta modesta ante el alud de denuncias sobre afectaciones a alrededor de 300 inmuebles y, al menos, 3 mil 14 piezas arqueológicas e históricas. En información entregada a Contralínea a través de la Ley de Transparencia se documentan robo; tráfico y traslado ilegal de piezas; saqueo; demolición de construcciones originales; daño a petrograbados; afectaciones por maquinaria pesada; destrucción por proyectos carreteros, habitacionales y petroleros; extracciones; pintas con aerosol o trabajos de restauración erróneos. “La cifra no es nada en comparación con lo que realmente pasa”, aseguran expertos. Además, la Auditoría Superior reprobó al INAH por el manejo de 1 mil 600 millones de pesos para resguardar y conservar el patrimonio nacional

 

En 11 años de gestiones panistas, al menos 300 inmuebles y 3 mil 14 piezas arqueológicas e históricas fueron afectadas parcial o totalmente, revela información oficial. Se trata de los 722 casos por robo, daño o destrucción del patrimonio arqueológico e histórico de la nación alertados al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) por civiles y autoridades.

A pesar de las cifras, el Intituto sólo ha conseguido que la Procuraduría General de la República (PGR) abriera 481 averiguaciones previas por violaciones a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en ese mismo lapso. Las denuncias penales comprometen 4 mil 235 piezas muebles y 106 inmuebles dañados. Aunque la PGR investiga más casos respecto de las piezas muebles que fueron reportadas al INAH, en el caso de los bienes inmuebles se indagan 194 casos menos.

De acuerdo con información obtenida por Contralínea –a través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental–, los ilícitos incluyen robo; tráfico de piezas; saqueo; traslado ilegal de piezas; demolición de construcciones originales; daño a petrograbados; afectaciones por maquinaria pesada; destrucción por proyectos carreteros, habitacionales y petroleros; extracciones; pintas con aerosol, o trabajos de restauración erróneos. Además, algunas construcciones han sido afectadas por incendio o inundación.

Los responsables

Las 205 fojas entregadas a Contralínea revelan que incluso la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) ha contribuido a la destrucción de vestigios. Una denuncia registrada en 2009 acredita que el proyecto Aceite Terciario del Golfo abrió una brecha que conduce a una plataforma de Pemex. Ésta pasa supuestamente a sólo 80 metros del sitio arqueológico Vista Hermosa en el municipio de Papantla, Veracruz, cuando el margen mínimo permitido es de 150 metros.

Otra de las denuncias, registrada en ese mismo año, da cuenta de que la paraestatal “proyectaba” construir una plataforma sobre un sitio arqueológico de 13 estructuras en el municipio de Chicontepec, Veracruz.

El INAH también recibió otra denuncia por la supuesta afectación parcial del sitio arqueológico El Garro, en el municipio de Isla, Veracruz: la compañía de transporte y construcción Trasecol, SA de CV, habría utilizado el área como banco de material.

De 2000 a 2011, la delegación veracruzana recibió por lo menos dos denuncias más por el uso de montículos arqueológicos como banco de material. También en 2009, el Centro INAH Veracruz fue notificado de que se llevaban a cabo obras de construcción de maquiladoras que habrían provocado una probable alteración y saqueo de piezas en el sitio arqueológico ubicado en la cabecera municipal de Amatlán de los Reyes.

Según la información –de la que Contralínea posee copia– no sólo la negligencia de las autoridades y empresarios ha causado daño y destrucción, pues, a la par, los ciudadanos no contribuyen a la salvaguarda de los bienes nacionales.

Tal fue el caso de un monumento histórico atacado por los propios residentes: a pesar de que el Instituto Nacional de Antropología e Historia ordenó la suspensión de la obra, en 2005 particulares demolieron el muro testero. El inmueble se ubicaba en el centro de Tulancingo, Hidalgo.

También en ese año, un inadecuado trabajo de restauración de personal inexperto ocasionó daños a 10 pinturas murales. Dichas obras, considerados monumentos históricos, se encuentran en el Exconvento de San José, municipio de Tula, Hidalgo.

El impacto de un vehículo en 2007 a la entrada del templo de la comunidad de Xochitlán de las Flores, municipio de Tula de Allende, en esa misma entidad, causó daños al atrio de la capilla considerada también monumento histórico.

En 2009 y sin que se especifique si la alerta fue objeto de denuncia penal, se da cuenta del supuesto desmantelamiento de una pirámide de piedra lisa en el predio de Esteban Acosta García, en Misantla, zona arqueológica Paxil, en Veracruz.

Con fecha del 9 de noviembre de 2005, se denunció un siniestro en la Misión de San Francisco Javier de Jicamuracho, municipio de Uruachi, Chihuahua. Los daños se presentaron por incendio. Además de afectarse la cubierta y la pintura interior del inmueble, se dañaron nueve pinturas del siglo XVIII consideradas bienes muebles históricos. Entre las obras se encontraban los óleos titulados La dolorosa, San Francisco de Asís, Sagrada familia, Inmaculada concepción y San José con el niño.

El INAH es responsable de la protección de los monumentos arqueológicos construidos antes de 1521, y de los históricos a partir de ese año y hasta 1900 –periodo que comprende también el arte sacro–, así lo establece la Ley Federal sobre Monumentos. Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación emitió dictamen negativo al considerar que no cumple con su principal encomienda.

Índice de saqueo y destrucción

Entre los inmuebles dañados o destruidos se encuentran sitios y monumentos arqueológicos, montículos prehispánicos, basamentos piramidales, obras hidráulicas antiguas, muros y bardas con valor histórico, capillas, templos, portales y atrios.

Las piezas muebles van desde vasijas, cántaros, platos, figurillas arqueológicas, fragmentos de petrograbados, ofrendas y restos humanos, cerámica, herramientas y armas prehispánicas, discos de obsidiana, piedras talladas y piedras preciosas; hasta pinturas, esculturas, imágenes, lienzos y óleos de carácter religioso y objetos sacros, como cálices, campanas y coronas, entre otros.

Con 223 denuncias, el Centro INAH Veracruz se colocó en el primer sitio como la entidad con mayor número de denuncias recibidas durante los sexenios panistas; sin embargo, la delegación estatal únicamente ha denunciado penalmente seis casos.

El siguiente sitio es ocupado por Puebla, con 165 denuncias recibidas e igual número de averiguaciones previas abiertas en la Procuraduría General de la República; el Estado de México con 57 denuncias recibidas y 57 averiguaciones previas se coloca en el tercer sitio. Jalisco, con 47 denuncias y 23 averiguaciones previas, ocupa el cuarto escalón; mientras que Hidalgo, con 41 denuncias y 33 averiguaciones, representa el quinto lugar en el índice de saqueo y destrucción.

La lista anterior, elaborada por Contralínea a partir de datos de los 31 centros INAH que hay en el país, excluye al Distrito Federal, pues el Instituto Nacional de Antropología e Historia omitió entregar información al respecto como respuesta a dos solicitudes de información pública.

Mercado negro

Aunque desde 1939 se dictaminó como ilegal el comercio y el saqueo de objetos arqueológicos y se estableció que los sitios arqueológicos fueran considerados de propiedad federal, el robo, la venta y la compra de objetos con valor cultural son comunes dentro de algunos circuitos mercantiles.

La situación se refleja en los informes estatales de los centros del Instituto. Un ejemplo de ello data de 2011, cuando la delegación INAH radicada en Veracruz recibió una denuncia por un presunto tráfico de piezas. La venta de alrededor de 20 objetos arqueológicos se hacía por catálogo.

Los robos “sigilosos”, comunes en recintos y templos, no son regla. También hay registro de robos con violencia, tal como sucedió en la Parroquia de San Diego de Alcalá, Pitiquito, Sonora, cuando en 2009 sustrajeron violentamente del sitio una diadema y una daga.

Felipe Echenique, historiador, investigador y secretario general del Sindicato de Investigadores del INAH, refiere que los muebles e inmuebles que son patrimonio arqueológico e histórico no tienen valor, porque aunque hay una demanda el patrimonio no está a la venta. Lo anterior provoca que sea aún más difícil el cálculo de las pérdidas.

Blanca Paredes, de la Dirección de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas del INAH, asegura que se hacen valuaciones con fines de seguridad en caso de traslado de piezas o para el programa Prevención de Desastres en Materia de Patrimonio Cultural.

No obstante, la falta de un programa claro para el registro y las “altas”, tanto de los monumentos muebles como inmuebles existentes, por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, coadyuva no sólo al saqueo y la destrucción, sino a la incapacidad de dimensionar el problema; pues el fenómeno es mayor, afirma Echenique March.

“El registro es vital para saber qué piezas son, quién las tiene, y cuál es la responsabilidad del tenedor”, aduce Echenique.

La investigadora Paredes Gudiño coincide con que hace falta un inventario que permita llevar control sobre el patrimonio: “En el Registro no nos damos abasto: el país es una gran zona arqueológica”, refiere la también arqueóloga y profesora en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y en la Universidad Nacional Autónoma de México.

La ausencia de un inventario, así como la omisión por parte de las autoridades del INAH de resguardar el patrimonio nacional ya fueron señaladas por la Auditoría Superior de la Federación en su Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2010. Por ello, el órgano fiscalizador emitió un dictamen negativo y ordenó al INAH 43 recomendaciones con el fin de que cumpla a cabalidad con sus obligaciones constitucionales.

Falta de presupuesto o falta de voluntad

La diputada panista Paz Gutiérrez Cortina considera que la cultura es una prioridad en la administración de Felipe Calderón: “¡Por supuesto! La conservación del patrimonio nacional ha sido una de nuestras prioridades”, responde, presta, a las interrogativas. Y aunque asegura que “se aprobaron muchos miles de millones de pesos para restauración de sitios arqueológicos, de monumentos coloniales [y] para instalación de nuevos museos”, atribuye el fenómeno del robo y daño a la falta de presupuesto.

De acuerdo con el Informe de la Auditoría Superior de la Federación, el INAH ejerció 1 mil 677 millones 664 mil pesos en el programa E012 Incorporación, Restauración, Conservación y Mantenimiento de Bienes Patrimonio de la Nación; sin embargo, los auditores no pudieron identificar el presupuesto aplicado a la protección, conservación y restauración del patrimonio arqueológico e histórico.

La solución, difieren tanto Felipe Echenique como Blanca Paredes, no es presupuestal (aunque sí es parte), sino organizacional, institucional, pero también es un trabajo que debe hacerse con las comunidades, con la sociedad, para que asuman como suyo el patrimonio y lo conserven.

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Fuente: Revista Contralínea [06 de mayo de 2012]

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/05/06/destruccion-robo-del-patrimonio-arqueologico-nacional/

¿Abrogación de la Ley…?