#LasPrestadas: El patrimonio arqueológico ni se compra ni se vende.

Por Museo del Oro Colombia

¿Qué gracia tiene ver en el Museo del Oro objetos viejos de 500 y 2000 años? ¿Es porque son de oro? Este video y la exposición «Mi patrimonio cuenta», en el Museo del Oro descubren que están llenos de historias, de respuestas a muchas preguntas y afectos. El patrimonio se lleva en el corazón. ¡Por eso la ley colombiana dice que el patrimonio arqueológico ni se compra ni se vende!

____

Créditos: www.banrepcultural.org/museo-del-oro/patrimonio-arqueologico.

#ArKeoVideos: La situación de las escuelas INAH ante el reglamento de la Secretaría de Cultura.

La situación de las escuelas #INAH ante el reglamento de la #SecretaríaDeCultura, por Bolfy Cottom en la #ENAH.//

Acá otro video relacionado:

 

#LasPrestadas: Los coleccionistas que protegen, pero alientan el saqueo

Por Sebastián Escalón

Versión 2

Es un secreto a voces entre arqueólogos y especialistas: los tesoros prehispánicos son expoliados. El Estado no ha sido capaz de detener a saqueadores y comerciantes. En medio del ir y venir de piezas valiosísimas para la historia, se sitúan los coleccionistas en un ambiguo papel. Por un lado se asegura que son quienes cuidan, rescatan y prestan a los museos. Pero, por otro, podrían ser quienes promueven que los saqueos y el comercio no se detenga. Entre lo legal y lo ilegal, la historia se diluye.

El 11 de septiembre pasado, al terminar una conferencia de prensa organizada para anunciar el regreso a Guatemala de tres valiosas piezas arqueológicas, Plaza Pública se acercó a Fernando Paiz, presidente de la fundación Ruta Maya, que promovió la repatriación y que ahora planifica el Museo Maya de las Américas. Como uno de los más reconocidos coleccionistas privados de Guatemala, cuyas piezas son exhibidas en varios museos del país se le preguntó a Paiz sobre el origen de la extraordinaria colección de arte prehispánico de la fundación.

“Usted no va a creer que piezas de mucha importancia, las he comprado en el mercado de Chichicastenango, en la calle, en localitos que antes estaban en unas callecitas. Tengo una colección de caritas hermosísimas que he comprado en el mercado de Santiago Atitlán. No crea que las fuentes a veces son muy misteriosas, o personas ocultas, obscuras, o rarísimas. Con sólo estar atento en un mercado, hay gente que en el campo encontró una pieza de jade preciosa, que fue encontrada por un agricultor arando un terreno de Santiago Atitlán. Compramos una colección privada completa, de lo que antes fue el museo Príncipe Maya, de una familia en Alta Verapaz que por años cuidó esta colección. La fundación mía la compró y la ha puesto a disposición de investigadores. Pero es una colección que otro grupo hizo en Guatemala.”

Tanto la compra como la venta de bienes arqueológicos son ilegales en Guatemala.

Fernando Paiz, reconocido empresario, una de las mayores fortunas del país, no parece estar al corriente de esto. “En Guatemala no es ilegal. Si una colección está registrada, usted cambia el registro en la Dirección del Patrimonio para que la colección pase a ser propiedad de la fundación La Ruta Maya. Lo que es ilegal es sacarlas del país y no registrarlas”, argumenta.

Es llamativo este desconocimiento de la ley por parte de un coleccionista tan experimentado como Fernando Paiz, siendo además presidente de La Ruta Maya una fundación cuyo objeto es la preservación y recuperación del patrimonio arqueológico.

Rossana Pérez Müller, de la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación, del Ministerio Público (MP), afirma que un comprador de piezas arqueológicas, “comete el ilícito penal de tráfico de tesoros nacionales contemplado en el artículo 332 «C» del código Penal,  con una pena de 6 a 15 años de prisión y una multa  de 5 a 10 mil quetzales.”

En la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, confirman que la compra de bienes prehispánicos “es un hecho delictivo.” Oscar Mora, director técnico de esta institución se remite a la ley para la protección del patrimonio cultural de la nación, aprobada en 1997, la cual, en su artículo 35, inciso c, dice llanamente: “se prohíbe la comercialización de bienes arqueológicos prehispánicos”. También menciona, tal como lo hace la fiscal Pérez Müller, el artículo 332 “C” del Código Penal.

Quien también es consciente del ilícito que representa comprar piezas arqueológicas, es Sofía Paredes, directora de la fundación presidida por el propio Fernando Paiz:

-¿Se puede perseguir judicialmente al comprador de un objeto arqueológico?

– Si lo cachan in fraganti comprándolo, sí, porque está haciendo un traslado ilegal o traficando. Yo no puedo trasladar una pieza si no está registrada. Eso es traslado ilícito.

Sofía Paredes va más lejos, y pasa de lo legal a lo ético: “Hay que educar al coleccionista y contarle que las piezas que tiene, no son cosas bonitas que le vinieron a tocar a la puerta. El coleccionista ve la pieza, y no se imagina la cadena de muertos que muchas veces lleva.” Asegura también que la compra de objetos prehispánicos fomenta el saqueo de sitios arqueológicos.

Sofía Paredes afirma que La Ruta Maya no puede ser acusada de fomentar el saqueo ya que nunca ha comprado piezas arqueológicas en Guatemala. Según ella, la mayoría de las alrededor de 3,200 piezas que guarda la fundación provienen de donaciones de coleccionistas internacionales que apoyan su labor de repatriación del patrimonio guatemalteco, o de donantes guatemaltecos, generalmente personas mayores, que quieren desprenderse de su colección. Este discurso es socavado por el propio presidente de La Ruta Maya, quien no menciona las donaciones como origen de la colección.

Sofía Paredes, recalca, en un correo electrónico: “La Fundación La Ruta Maya no compró la colección del Museo Príncipe Maya, sino la recibió en donación de parte de Fernando Paiz, quien hizo las gestiones iniciales”. La colección del Museo Príncipe Maya estaba hasta hace poco en posesión de las familias Gabriel y Deulofeu de Cobán. Tanto si La Ruta Maya compró la colección (según dijo Fernando Paiz), como si la recibió donada de su presidente después de que éste la comprara, lo que está claro es que la procedencia y la forma de obtener las piezas genera dudas. Revela también una sorprendente descoordinación en los discursos de la presidencia y la dirección de La Ruta Maya.

¿Dónde comprar piezas arqueológicas?

Los mercados de Chichicastenango y Santiago Atitlán en donde Fernando Paiz admite haber comprado piezas, son, efectivamente, lugares clave del tráfico ilícito de piezas arqueológicas. Prueba de ello, los allanamientos recientes realizados por el MP, con la participación de la Dirección General de Patrimonio. Eduardo Hernández, jefe del departamento de Prevención y Control del Tráfico Ilícito de Bienes Culturales de esta institución, comenta: “El año pasado hicimos un operativo en Santiago Atitlán, y decomisamos más de 2,800 piezas. En Chichicastenango, hemos extraído de las tiendas de artesanía entre 800 y 1,200 piezas en cada operativo. Allí tenemos dos o tres casos que hemos llevado hasta juicio y en los cuales se han deducido responsabilidades penales.”

¿Las piezas confiscadas en estos mercados, son, como lo sugiere Fernando Paiz, objetos que campesinos pudieron encontrar fortuitamente arando sus tierras? De ninguna manera, según Eduardo Hernández. “Las piezas decomisadas en lugares turísticos, sin duda alguna, son producto de una cadena de hechos ilícitos. La fuente de extracción son sitios arqueológicos”, afirma.

El museo Príncipe Maya, cuya colección Fernando Paiz admite haber comprado, era propiedad de Gladys Gabriel de Deulofeu. Contaba con más de 1,500 piezas, algunas de ellas extraordinarias. Su mayor tesoro: un panel jeroglífico extraído ilegalmente del sitio arqueológico Cancuén que narra 150 años de la historia de esta ciudad. Posiblemente parte de un trono, la pieza iba acompañada de otro panel similar que desapareció. Según diferentes versiones recogidas por Trafficking Culture, proyecto de investigación escocés que monitorea el tráfico internacional de piezas saqueadas, el segundo panel podría estar aún enterrado en Cancuén, o en manos de un coleccionista, o perdido en el fondo del río La Pasión a raíz de un pleito entre saqueadores.

Un especialista que no permitió que se revelara su  identidad, quien pudo admirar la colección del Príncipe Maya,  afirma  que esta proviene esencialmente de saqueos. Sobre el precio que podría tener el conjunto asegura: “no hablamos de miles, hablamos de millones de quetzales”. Trafficking Culture apunta que cuando el panel de Cancuén salió al mercado en 1994, estaba tazado en US$75mil dólares.

Luces y sombras de las colecciones privadas

En Guatemala, es perfectamente legal tener una colección de arte prehispánico. La única condición es inscribirla en el Registro de Bienes Culturales, cuya función es establecer el patrimonio con que dispone el país, y ubicar cada pieza dentro de este patrimonio, clasificándola y categorizándola. Para inscribir una pieza, explica Fernando Paniagua, director del Registro, su poseedor sólo debe presentar una foto y una declaración jurada en la que manifiesta tener dicha pieza, y en la que explica cómo ésta llegó a sus manos.

Este trámite obligatorio no convierte al coleccionista en propietario de la pieza. Según la Constitución de Guatemala, artículo 121, literal f, “los monumentos y las reliquias arqueológicas son bienes del Estado”. Es por esto que la ley para la protección del patrimonio cultural de la nación creó el estatuto legal de “poseedor”: una pieza arqueológica es propiedad del Estado, pero puede ser poseída por un particular.

La ley referida no es confiscatoria. Su objeto no es perseguir a los poseedores de bienes culturales en función de cómo los adquirieron. “En su declaración jurada, la mayoría de las personas manifiesta que esas piezas están en su familia desde hace muchos años”, expresa Fernando Paniagua. Y con esto basta. Por lo tanto, personas como Fernando Paiz, a pesar de haber adquirido piezas presuntamente de forma ilegal, las pueden registrar con toda tranquilidad. Una vez cumplido el trámite, no tienen nada que temer: poseen bienes del Estado con todo el respaldo de la ley.

Especialistas interesados en el patrimonio arqueológico del país estiman que, esta ley es demasiado benévola con los coleccionistas, tomando en cuenta que con frecuencia, las piezas provienen del saqueo arqueológico. En otras palabras, la ley castiga duramente toda la cadena del tráfico ilícito, del saqueador al comerciante, pero permite al coleccionista limpiar todos los delitos anteriores mediante el Registro. A menos que sea sorprendido in fraganti comprando o trasladando piezas sin autorización, el coleccionista no tiene nada que temer de la justicia o de la Dirección del Patrimonio, ya que un simple trámite le da la posesión legal de sus tesoros.

Guatemala es un país reconocido por su riqueza arqueológica. El número de sitios podría pasar de los 5 mil, repartidos en todo el territorio. “Miles de vestigios arqueológicos son descubiertos fortuitamente a través de la construcción, la agricultura y el crecimiento urbano,” explica Sofía Paredes, de la fundación La Ruta Maya. Por una parte, no se puede evitar que grandes cantidades de piezas y edificaciones antiguas salgan a la luz, y por otra, el Estado no está en capacidad de conservarlo todo.

Las colecciones privadas de arte, son, pues, una forma de conservar el patrimonio nacional. Como lo dice Daniel Aquino, director del Museo Nacional de Arqueología y Etnología: “Sería triste que alguien, en un arrebato de nacionalismo, empezara a juntar todas estas colecciones, pensando que todo lo debe administrar el gobierno. Eso sería ponerse la soga al cuello, y sería un riesgo para el patrimonio.”

La mayoría de los coleccionistas no registran sus bienes arqueológicos. Desconocen la ley y temen que sus tesoros les sean confiscados. Tampoco permiten que investigadores tengan acceso a las piezas, ni participan en muestras públicas. Pero otros muchos sí aceptan abrir sus colecciones. Por ejemplo, en el museo Miraflores, la cédula de muchas piezas manifiesta que éstas han sido prestadas por un particular.

Otros museos se formaron a partir de colecciones particulares, como el Museo Vigua de Arte Precolombino y Vidrio Moderno, situado en el hotel Casa Santo Domingo de Antigua. Este alberga las piezas reunidas por Edgar Castillo. A su vez, el museo Popol Vuh, situado en la Universidad Francisco Marroquín, proviene de la colección de Jorge y Ella Castillo, así como de donaciones de varios amateurs de arte maya. La propia fundación La Ruta Maya mantiene una intensa labor de difusión de su colección: ésta puede ser admirada en el museo Miraflores, en el museo Ixchel, en el museo Popol Vuh y a partir de octubre, en el Museo Nacional de Arqueología y Etnología, así como en muestras temporales nacionales e internacionales.

Esta publicidad no le quita el estigma a las colecciones; pues podrían provenir del saqueo arqueológico. Una colección particular que cuente con cerámica polícroma, paneles con bajos relieves, piezas de jade, incensarios o urnas funerarias, es decir, piezas de excepcional valor, proviene, casi con certeza, del saqueo arqueológico, y por lo tanto, de un actividad delictiva. Sin embargo, si los objetos están debidamente registrados, su tenencia es perfectamente legal.

Elisa Mencos, arqueóloga a cargo de la curaduría del museo Popol Vuh, admite sin ambages que la mayor parte de la colección del museo es fruto de saqueo. Expresa además su frustración, como investigadora, de tener a mano tantos objetos extraordinarios sin la información básica que debería acompañarlos: el sitio arqueológico y el contexto en que fueron hallados.  “No existiría el saqueo si no existieran personas interesadas en lucrar con el patrimonio.  Por lo anterior, el museo Popol Vuh está en contra de comprar piezas. Todas son donadas”, puntualiza Elisa Mencos. Es decir, cuando las piezas llegan al Popol Vuh, el mal ya está hecho. Sólo queda exponerlas, y explicárselas, gracias a un bien diseñado recorrido pedagógico, a los 10 mil alumnos y estudiantes que visitan el museo anualmente. El Museo Popol Vuh cuenta además con importantes programas de investigación científica avalados por arqueólogos de primera línea como Oswaldo Chinchilla, profesor de la Universidad de Yale.

No obstante, estos museos no respetan el código de deontología (/) emitido por el Consejo Internacional de Museos (el cual indica, en su punto 2.4: “Un museo no debe adquirir objetos cuando haya motivos razonables para creer que su obtención se ha conseguido a costa de la destrucción o deterioro prohibidos, no científicos o intencionados de monumentos, sitios arqueológicos o geológicos, especies o hábitats naturales.” Estas normas no son coercitivas, únicamente éticas. Los únicos museos privados que respetan este código de conducta, puesto que exponen piezas obtenidas por excavaciones científicas y legales con la autorización del Ministerio de Cultura y Deportes, son el Museo Miraflores  y el Museo Carlos F. Novella situado en las instalaciones de Cementos Progreso en la zona 6. El Museo Miraflores expone, sin embargo, piezas de coleccionistas privados. Una vez más, de las que no se conoce con certeza el origen.

Los peligros que acechan el patrimonio

“El saqueo es un tema tabú en Guatemala”, afirma Sofía Paredes, quien, además de ser la directora de La Ruta Maya, es investigadora especializada en este tema. Para ella, en esta actividad ilícita están implicados, o lo han estado, no sólo comunidades del norte de Petén, sino también militares, arqueólogos, diplomáticos, autoridades locales, en especial los alcaldes de Petén, policías, dueños de empresas de transporte y traficantes internacionales de arte.

La época en la que el patrimonio nacional sufrió las mayores pérdidas, fue a principios del siglo XX, cuando afamados arqueólogos y exploradores estadounidenses eran enviados a Guatemala por universidades e instituciones como el Peabody Museum o el Carnegie Institute. Fue un largo periodo en el que ilustres personajes como Silvanus Morley se apoderaban de las mejores piezas de los sitios que ellos mismos estudiaban por primera vez.

El Estado de Guatemala no mostró, durante muchos años, interés alguno por las reliquias mayas. Tal y como lo recuerda la historiadora Marta Casaús en un polémico artículo publicado en la Revista de Indias, en 1922, el gobierno de José María Orellana nombró director del recién creado Museo Nacional de Guatemala, a un norteamericano, William E. Gates. Según Casaús este arqueólogo y lingüista se vanagloriaba de poder sacar del país tantas piezas como él quisiera con sólo presentar una autorización firmada… por él mismo. Naturalmente, formó para su provecho una colección monumental que luego vendió a las universidades de Princeton, Tulane, y la Bringham Young University.

Poco a poco, con la creación de instituciones encargadas de velar por el patrimonio cultural, Guatemala se fue dotando de leyes que prohibían la exportación y la comercialización de bienes arqueológicos. Aún así, el saqueo nunca se detuvo. En los años 80, y hasta en los 90, afirma Sofía Paredes, todavía se podían ver cuadrillas de hasta cien hombres comandadas por militares de rango o traficantes internacionales, poniendo patas arriba ciudades mayas del Petén. En esos años, Guatemala inundó literalmente el mercado internacional de antigüedades con su patrimonio.

Sofía Paredes realizó a mediados de los años 90 un importante –y arriesgado – estudio sobre los huecheros (o huacheros), personas que se dedican a saquear sitios arqueológicos. Estos son campesinos o chicleros, generalmente pobres, que aprovechan su excelente conocimiento del terreno. Forman el primer eslabón del saqueo. “Son los que corren más riesgos y los peor pagados. Son aquellos a quienes las autoridades meten presos, y cuando se quiere averiguar dónde está la pieza prueba del delito, resulta que ya la policía la ha traficado”, afirma Paredes. Luego vienen los intermediarios, quienes generalmente tienen una idea más clara de los gustos de los coleccionistas y del dinero que pueden obtener por cada pieza.

Todas las personas entrevistadas concuerdan en que los niveles de saqueo han disminuido significativamente en los últimos quince años. Según Eduardo Hernández, de la Dirección General del Patrimonio, esto se debe a un mayor control del territorio, y a una labor de concientización realizada por su institución ante el Ministerio Público, la PNC y aduanas. Según Sofía Paredes, existe también otra razón: “Ha dejado de ser fashionable tener precolombino maya. Lo que se volvió fashionable es Sipán (un sitio arqueológico peruano de la cultura Moche), el oro de Suramérica, los textiles incas”. Sin embargo, ciertos tipos de piezas mayas siguen teniendo una fuerte demanda: máscaras de jade, objetos en concha o hueso, miniaturas de excelente calidad artística y cerámica decorada con caligrafía. “Eso sí está de moda”, afirma la investigadora.

Repatriaciones

Guatemala está haciendo esfuerzos por recuperar sus bienes arqueológicos desperdigados por el mundo. La repatriación de piezas es una de las misiones de la Dirección General del Patrimonio. La institución interviene cuando descubre que en una subasta internacional se van a vender piezas de origen guatemalteco. Se le pide entonces a las embajadas de Guatemala que gestionen ante las autoridades locales el decomiso de las piezas. De esta forma, se han logrado repatriar bienes culturales.

Pero, por falta de recursos, trabas o errores administrativos, o incluso, mala fe de algunos países, muchas veces el intento se salda con un fracaso. “Con los países latinoamericanos se trabaja muy bien”, afirma Eduardo Hernández. Un peritaje que demuestre que las piezas son de origen guatemalteco es suficiente para que sean devueltas. “En cambio, Estados Unidos y los países Europeos, nos exigen una serie de requisitos imposibles de cumplir. Por ejemplo, nos exigen la ficha del registro de los objetos que reivindicamos, cuando obviamente, por haber sido saqueados, estos nunca han sido registrados”, añade el funcionario.

Ejemplo de esto, menciona Eduardo Hernández, Alemania, que negó la restitución de las piezas guatemaltecas de la colección de Leopoldo Patterson, un cónsul costarricense que sacaba piezas del país usando la valija diplomática. O el caso de España, que rechazó la devolución de la valiosísima máscara de jade de Río Azul, parte de la prestigiosa colección Barbier-Mueller, ahora en venta. Esto, a pesar de que la joya está marcada con el inconfundible glifo emblema de la ciudad de Río Azul.

La fundación La Ruta Maya también busca que el patrimonio de Guatemala regrese al país. Según Sofía Paredes, la estrategia es aprovechar el prestigio de la fundación para lograr que coleccionistas donen sus piezas guatemaltecas. En ocasiones, cuando las piezas son de especial relevancia, la fundación accede a comprarlas. Así procedió para repatriar tres paneles jeroglíficos saqueados del sitio La Corona. Los paneles, según el arqueólogo Tomás Barrientos, narran la historia de La Corona, y su relación de dependencia política ante la ciudad de Calakmul. En este caso, Ruta Maya realizó el esfuerzo a favor del Estado de Guatemala: los tres paneles pasaron a ser parte de la colección nacional. Pero en otros casos, lamentan especialistas, las piezas repatriadas son registradas a nombre de coleccionistas privados.

Historia saqueada

Las zanjas que cavan los saqueadores, en algunos casos socavan los cimientos de los edificios mayas, poniendo en peligro su estabilidad. Pero eso no es todo. Una pieza saqueada es una pieza huérfana. Muy rara vez se puede decir de dónde proviene. Se pierde además, irremediablemente, lo que los arqueólogos llaman el contexto, el cual sólo puede ser analizado mediante una excavación científica. Por ejemplo, si una vasija formaba parte de una ofrenda funeraria, esta pieza habla del estatus de la persona enterrada. Un cuenco o un vaso no tienen el mismo significado si se encuentran en un contexto de élite que si se encuentran en los restos de una casa modesta. Los conjuntos de objetos desenterrados por los arqueólogos, permiten, paso a paso, reconstruir la estructura de la sociedad maya, así como la vida diaria de los distintos estratos sociales. Piezas halladas en lugares distantes de donde fueron fabricadas, revelan rutas comerciales o guerras y pillajes entre ciudades.

En cambio, una pieza colocada en la estantería de un coleccionista, puede ser preciosa, artísticamente sorprendente, pero casi siempre muda desde el punto de vista histórico. En ese sentido, el saqueo de sitios arqueológicos borra la historia del país. Y con la historia, la identidad de sus pueblos.

Oscar Mora, de la Dirección del Patrimonio, reflexiona: “Guatemala está resquebrajada, carente de identidad. Hoy por hoy, el guatemalteco no sabe quién es. Se ha menospreciado a nuestros antepasados, aunque vengamos de una de las civilizaciones más importantes del mundo. Una manera de reconocerlo, de formar identidad, saber quiénes somos y hacia dónde queremos ir, es a través de los bienes culturales.” Pero para esto, las piezas deben ser más que objetos bonitos: tienen que poder narrar un momento de la historia del país.

Museo Maya de las Américas

La fundación La Ruta Maya tiene un gran proyecto: crear en Guatemala un museo de clase mundial en donde se expongan “los principales objetos de su legado histórico”. Sofía Paredes, directora de la fundación, no quiere por ahora hacer declaraciones sobre este tema. Argumenta que el proyecto aún no está listo, pero que en cuanto lo esté, los periodistas serán invitados a una conferencia de prensa.

Sin embargo, la página Web de la fundación contiene información sobre el futuro Museo Maya de las Américas. Además, ya ha habido algunas declaraciones oficiales sobre este proyecto que cuenta con el apoyo del gobierno al más alto nivel. Paradójicamente, estas declaraciones no provienen del Ministerio de Cultura y Deportes, encargado de velar por el patrimonio cultural de la nación, sino del Instituto Guatemalteco de Turismo, por medio de su director, Pedro Duchez.

Según Duchez, el museo se erigirá en donde está ahora el mercado de artesanías de la Aurora. Para su construcción, La Ruta Maya pondrá a concursar a las mayores firmas arquitectónicas del mundo. Al igual que con el Museo Guggenheim de Bilbao, la arquitectura deberá representar un atractivo en sí misma.

Según Pedro Duchez, el museo podría atraer a 300 mil turistas anuales y generar alrededor de US$225 millones en divisas para el país. Cifras que suenan muy optimistas si se toma en cuenta que el Museo Nacional de Arqueología y Etnología recibe 70 mil visitantes al año, de los cuales, 50 mil son estudiantes de escuelas e institutos públicos que no pagan entrada.

Este museo albergaría la colección nacional de arqueología que ahora está expuesta y conservada en el Museo Nacional. También podría exponer, afirma Fernando Paiz, piezas de La Ruta Maya. Según su sitio Web, esta fundación estaría a cargo de la creación y administración del museo.

El proyecto genera oposición entre los vendedores del mercado de artesanías, como lo muestra un artículo del diario La Hora. Esto parece sacar de sus casillas al propio Fernando Paiz, como pudo constatarlo un reportero del diario vespertino, a quien el empresario arrebató la grabadora para luego manipularla y borrar sus declaraciones.

Pero la oposición surge también de círculos académicos que ven en el Museo Maya de las Américas, una forma de privatización del patrimonio nacional. Un arqueólogo guatemalteco, que prefiere no ser identificado, rechaza la posibilidad de que se mezcle la colección arqueológica nacional, fruto de excavaciones legales, con una colección que proviene, en su cuasi totalidad, del saqueo de sitios mayas.

Preguntado sobre este proyecto que dejaría sin objeto al actual Museo Nacional de Arqueología y Etnología, Daniel Aquino, su joven y recién nombrado director, busca y mide una a una sus palabras. “Una de las principales funciones del Museo Nacional es representar la identidad guatemalteca. Privatizar uno de los símbolos de esta identidad no sería lo más conveniente. Los términos “privatización” y “patrimonio cultural de la nación”, inalienable, imprescriptible, inajenable, no concuerdan.”

La historiadora Marta Casaús atribuye este proyecto a la falta de visión del Estado de Guatemala, históricamente incapaz de ver en su patrimonio cultural y en sus museos, una forma de construir la memoria histórica de la nación. “El Estado no sólo no ha contribuido en construir la memoria y la identidad nacional, sino que lo ha dejado en manos de la iniciativa privada. De esta manera, les ha correspondido a las élites económicas conformar el alma de la nación: una nación homogénea, una nación blanca. Para estas élites, los pueblos indígenas son parte del pasado. Es el indio petrificado o el indio folklorizado”, opina Marta Casaús. Esta visión criolla de lo indígena, según la investigadora, está presente en los principales museos privados de arqueología y etnografía, con la excepción del museo Miraflores, el cual logra “unir presente con pasado”.

La cesión de responsabilidades del Estado a favor de la iniciativa privada se manifiesta claramente en el caso del Museo Maya de las Américas: por una parte, el gobierno otorga el usufructo de un terreno a La Ruta Maya y apoya decididamente su proyecto, y a la vez, deja al Museo Nacional funcionar con presupuestos paupérrimos, al grado en que, durante los dos meses pasados, no pudo abrir los fines de semana por no contar con un sólo vigilante para esos dos días.

Daniel Aquino, de ninguna manera rechaza la participación privada en el funcionamiento de la institución que él dirige. Uno a uno, menciona todos los aportes de fundaciones y empresas que le han permitido al museo “mantener la presentación y la calidad del museo a un nivel aceptable”. Agrega: “existen distintos modelos de gestión de museos con participación de sectores públicos y privados. Hay patronatos y convenios con organizaciones privadas que fortalecen en el aspecto financiero a un museo, pero que no implican un proceso de privatización tal cual.”

Oscar Mora, de la Dirección del Patrimonio Cultural y Natural, recuerda que la ley permite que los bienes culturales sean dados en usufructo o concesión a particulares o a una fundación privada. “El Ministerio de Cultura y Deportes, a través de sus museos, no puede administrar tanta riqueza cultural. Por eso la necesidad de museos privados, pero dentro del ordenamiento legal. El Estado no debe perder de vista esos bienes, que son su propiedad”, explica. El funcionario no ve con malos ojos el proyecto de museo La Ruta Maya. Agrega que el Museo Nacional no tiene la capacidad de difundir la riqueza cultural de Guatemala, y que por lo tanto, deben generarse alianzas y estrategias para tal efecto con la iniciativa privada, siempre cumpliendo “con los procedimientos que la normativa legal establece”.

Por su parte, Daniel Aquino no niega que la institución que dirige presente deficiencias en su museografía. Explica que no tienen los recursos para mejorarla, aportarle herramientas educativas multimedia, o simplemente, acercar el mensaje científico a los jóvenes que conforman la gran mayoría del público del museo. Pero no considera necesaria la enorme inversión que supondría un nuevo edificio. Piensa que sería más provechoso invertir recursos en la protección de la inigualable colección nacional, y además, darle a la institución los medios para modernizar sus exposiciones. “Con inversiones más reducidas, bien orientadas, se podría fortalecer una institución como ésta”, afirma.

Marta Casaús opina que no se debería delegar a una fundación privada el desarrollo y la administración de un museo como el proyectado. “Todos los museos importantes se han hecho con apoyo de la iniciativa privada, e incluso, a partir de colecciones privadas. Pero quien diseña los objetivos del museo, es el Estado como representante de todos los pueblos que conforman la nación. Y si el Estado no es capaz trazar esos objetivos, que forme un grupo de notables, con participación de las universidades, de la sociedad civil, de los propios mayas. Antes que buscar atraer a todos los turistas del mundo, un museo tiene que ayudarnos  a comprender nuestra propia historia y a construir nuestro futuro, como proyecto de nación multicultural, multiétnica y multilingüe”.

Queda por ver si un debate amplio y abierto será fomentado respecto al Museo Maya de las Américas, o si, como en tantos casos recientes en los que se juegan intereses nacionales,  se negociará a espaldas de la nación entre unas pocas partes implicadas. Sin perder de vista que un museo “de clase mundial” que se sustituya al Museo Nacional, no puede dejar de respetar las normas de deontología del Consejo Internacional de Museos, y de ninguna manera puede dinamizar el mercado negro comprando piezas arqueológicas, como admite hacerlo Fernando Paiz, o como lo hacen tantos otros para sus colecciones personales, y museos privados, respetados por su aporte al patrimonio nacional.

____

Fuente: http://www.plazapublica.com.gt // Fotografía: Juan Tonchez

DE LA CASA #78: LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL INAH: DE LA CONCESIÓN AL DERECHO / JDR.

Por Jaime Delgado Rubio

Versión 2

Yo participo, el participa, nosotros participamos, ellos deciden… Anónimo

Resumen: en este ensayo discutimos el concepto de participación social en torno al patrimonio arqueológico a través de dos etapas en la historia de México; la época nacionalista, donde a la historia se le cargo de un sentido político y teleológico y la del neoliberalismo, dominado por formas de participación social valoradas con criterios de eficacia gerencial. Estudio que puede resultar útil para transitar hacia auténticas formas de participación social.

____

La palabra participación alude a la acción de tomar parte, ser parte o simplemente compartir acciones y objetivos comunes (Diccionario de la Real Academia, 2012). No obstante, su significado se torna complejo cuando adquiere una connotación política, es decir, cuando se refiere a la relación entre el gobierno y la sociedad. Bajo esta perspectiva entendemos a la participación como la intervención organizada de ciudadanos individuales u organizaciones civiles en los asuntos públicos, lo cual implica una posibilidad real y/o un acto concreto de concurrir en una decisión de política pública de gestión gubernamental (Tejera Gaona 2002:34).

Con esta breve definición debemos subrayar que con o sin adjetivo, la participación social resulta un concepto toral ubicado en el punto de intersección entre las políticas de protección del patrimonio arqueológico en México y los derechos a participar de las políticas publicas como ejercicios ciudadanos.

No obstante, para aproximarnos al tema, debemos señalar que en diferentes instancias del gobierno federal, como por ejemplo en la Secretaría de Marina y Recursos Naturales (SEMARNAT), se han implementado algunos ejercicios de participación con las comunidades locales en el marco de la Ley Federal de Protección del Medio Ambiente. A decir de Elvira Quezada y José Sarukhán Kermez (2010), el involucramiento de estas comunidades en el diseño y ejecución del plan de manejo de las reservas naturales ha sido exitoso en buena medida gracias a que los conflictos surgidos durante este proceso se han resuelto por instancias de intermediación.

Otro ejemplo de participación en el país han sido los comités vecinales instaurados en la Delegación Tlalpan del Distrito Federal, que hasta los años 2002 y 2003 contaban con un presupuesto participativo aplicado a la construcción de módulos de atención ciudadana, reuniones vecinales y ventanillas únicas ubicadas en las colonias de la demarcación, lo que trajo consigo un incremento en el número de asambleas vecinales, no obstante que tal iniciativa terminó luego del arribo de un gobierno de derecha a la delegación (Bolos Silvia 2004).

En el ámbito internacional, en la ciudad de Porto Alegre, Brasil, se puso en marcha el llamado presupuesto participativo, que hasta donde está documentado por Adriana Rofman (2007: 11) ha resultado muy exitoso en términos del aumento de la confianza de la ciudadanía en el manejo de las finanzas del municipio. La autora describe que antes de la creación de esta iniciativa, la ciudad de Porto Alegre, con una población de 1.5 millones de habitantes, presentaba serios problemas de exclusión urbana y favelización, en la cual el 98% del presupuesto municipal estaba destinado al pago de salarios de los funcionarios y solo el 2% se aplicaba a servicios urbanos. Fue así que en el año 2007 el alcalde Olivio Dutra, del triunfante partido laborista, decidió preguntar directamente a la comunidad en qué deseaban invertir el 30% de los fondos municipales a través de un proceso de elección de los delegados vecinales, con temáticas bien definidas, entre las que se encontraban salud, educación, movilidad, desarrollo económico y desarrollo urbano.

A reserva de analizarlo con mayor detalle, debemos señalar que con esta iniciativa la infraestructura de la ciudad aumentó considerablemente. Por ejemplo, el suministro de agua pasó del 75% al 98%, mientras que el sistema de alcantarillado presentó un aumento del 46% al 74% y la recaudación de impuestos del 13% al 35%. También se cuadruplicó el número de escuelas aunado al interés ciudadano por discutir los contenidos del plan de estudios. En la actualidad, esta interesante fórmula sigue incrementando el número de participantes día con día (ídem).

En el caso de España, la Constitución de este país ha incluido desde 1985 la posibilidad de una “ampliación” en la utilidad pública en materia de patrimonio cultural, sin que ésta fuera afectada en su condición jurídica, mediante las llamadas asociaciones sociales de utilidad pública, que funcionan como organismos vecinales interesados en identificar y atender sus problemáticas locales ligando las competencias de diferentes órdenes de gobierno. Por la información disponible, sabemos que las organizaciones sociales tienen que registrarse obligatoriamente en tribunales gubernamentales especificando cómo y de qué forma incidirían en la política pública. Artículo 3o de la Ley Española 1/2002.

Con estos antecedentes a continuación realizaremos un breve mapa de ruta sobre las fases por las que han transitado las políticas de participación social en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, organismo encargado por ley de la investigación, difusión, conservación y salvaguarda del patrimonio arqueológico nacional, a través de un enfoque histórico comparativo.

La participación social en el INAH

Para comenzar este recorrido hemos decidido dividir este tema en dos grandes etapas: la primera en el contexto de la ideología nacional comprendida desde finales del siglo XIX y hasta el sexenio de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976), caracterizada por vincular a estos vestigios con el estado nacional, adjudicándoles una carga política, y la segunda corresponde a la participación dentro del modelo neoliberal, en la cual la presencia de las comunidades en los planes y proyectos del INAH se conciben desde una lógica de eficacia gerencial.

La participación social en la época del Estado Nacional

Como sabemos, los orígenes tempranos de la ideología nacional se remontan a los años posteriores a la Independencia de México, en donde una vez decretada la expulsión de los peninsulares en 1828, cundía un sentimiento antiespañol y prevalecía la idea de que la «nación» no era algo que tenía que ser construido, sino, retomado del pasado prehispánico (Cottom 2008).

Bajo esta ideología las antigüedades prehispánicas empezaron a figurar como temas propios de la instrucción pública y la educación. Prueba de ello es que en el año de 1830 Lucas Alamán, eminente político, historiador y escritor mexicano, estuvo a cargo de elaborar el primer Plan Educativo Nacional, en el cual exigió integrar el conocimiento existente sobre las culturas prehispánicas en los planes de estudio de todo el país (ídem).

Recordemos que México, tras una serie de batallas, invasiones y calamidades vividas durante la segunda mitad del siglo XIX, entró en sincronía con el surgimiento de diferentes nacionalismos en el mundo. Teniendo como trasfondo este contexto, durante el Porfiriato en México la ideología nacional se consolidó mediante un relato histórico que incluía imágenes y monumentos asociadas a una idea de civilizaciones prehispánicas pobladas por grandes matemáticos, astrónomos, ingenieros, arquitectos y sacerdotes sumergidos en una vida profundamente ritualizada, por lo que no es exagerado afirmar que durante este momento se empezaron a arraigar dogmas y fundamentos del pasado prehispánico en la población en general.[2]

Esta cultura nacional se apuntaló además con una literatura nacional, una poética nacional, incluso una medicina nacional, en una ideología que estaba a coro con el trabajo de políticos, artistas, escritores e intelectuales que construyeron discursos, litografías, pinturas, canciones, celebraciones cívicas, poesía y proclamas públicas tendientes a abonar a la construcción de un sentimiento de unidad nacional.

De acuerdo con autores como Alfredo Ávila, Juan Ortiz Escamilla y José Antonio Serrano Ortega (2010:89), durante el año 1900, aun con una población mexicana heterogénea y desigual, no se dudaba de la legitimidad de este relato histórico oficial, mismo que continuó en la época revolucionaría pero bajo nuevos paradigmas, tales como la justicia social, la educación y la reforma agraria, y en donde se incluían poemas que describían los sufrimientos de la gente del campo y los lamentos de la clase explotada.

En este momento adquiere especial relevancia la corriente de muralistas mexicanos encabezados por Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, quienes pintaron imágenes de momentos cruciales de la historia de México exaltación del indígena y el mestizo de profundas raíces prehispánicas.

Es en este contexto el Presidente Lázaro Cárdenas del Río crea en 1934 el Instituto Nacional de Antropología e Historia como una institución encargada de proveer y salvaguardar estos símbolos, imágenes, sentidos y significados prehispánicos para continuar nutriendo el relato nacional, mismo que sería trasmitido a miles de niños mediante el sistema escolar oficial[3].

A estas alturas del siglo, es decir durante el comprendido de 1919 y hasta mediados de los años setentas, los perfiles de los funcionarios públicos corresponden también al de arqueólogos con amplios conocimientos de las problemáticas de la historia cultural en distintas regiones del país, además de tener claridad sobre el papel que el INAH mantenía en la política de Estado. Entre estos funcionarios/especialistas, podemos mencionar a Manuel Gamio, Lucio Mendieta, Alfonso Caso, Ignacio Bernal, Jaime Torres Bodet, incluso contra hegemónicos, como Guillermo Bonfil Batalla y Leonel Durán por citar algunos.

No obstante, la riqueza de sus investigaciones contrastó notablemente con la indiferencia hacia temas de participación social. Eran los tiempos donde la misión del Estado Benefactor paternalista asignaba sentidos fijos al pasado prehispánico, por lo que se asumía que su conservación debería ser independiente de los reclamos sociales sobre su uso y acceso, lo cual se vio reflejado en el marco normativo.

Sobre el particular debemos mencionar que en la discusión de la Ley sobre Protección y Conservación de Monumentos y Bellezas Naturales de 1930, presentado por Manuel Gamio y Lucio Mendieta y Núñez[4], la visión de Gamio de la población mexicana era la de «un pueblo vencido, falto de preparación, pesimista ante el progreso, a la que se le debía hacer justicia con la Revolución Mexicana» (Gamio 1916: 21).

En este contexto Gamio le imprimió una fuerte carga negativa respecto a la posibilidad de que la población mexicana participara de la política pública entorno a los monumentos arqueológicos localizados en su territorio, tal y como se menciona en la siguiente cita:

«La protección y participación social se lograrían mediante una buena ley, pero sobre todo con una estricta vigilancia hacia los grupos sociales participantes; además agrega: la acción del individuo necesita de claros límites legales» (Cottom 2008)

Años más tarde y en contexto de la creación de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos en 1972, el licenciado Jorge Williams García y el diputado Guillermo Ruiz Vázquez elaboraron un documento intitulado «Consideraciones a la iniciativa de Ley sobre Monumentos Arqueológicos, Históricos y Zonas Monumentales», donde advierten la necesidad de considerar a los gobernadores, las autoridades municipales y a los inspectores escolares como coadyuvantes en la vigilancia de los sitios arqueológicos, poniendo en conocimiento de la autoridad competente los saqueos, la destrucción y los daños ocasionados a los monumentos.

En este sentido, también resulta interesante su propuesta de otorgar a todos los comisarios ejidales del país cierta responsabilidad en el asunto, como por ejemplo en la vigilancia y la protección de los sitios arqueológicos ubicados dentro de sus ejidos (Cottom 2008). Estas observaciones fueron aceptadas en lo general por la Cámara de Diputados, quedando asentadas en Ley Federal de Zonas y Monumentos de 1972 de la siguiente forma:

«…el INAH puede autorizar a asociaciones civiles, juntas vecinales o a uniones de campesinos para que lo auxilien en el cuidado y preservación de una zona o monumento determinado y promover la visita pública (Artículo 2 de la Ley Orgánica del INAH y Artículos 1,2,6,7 y 8 de su reglamento).

«acreditar ante el instituto competente que sus miembros gozan de buena reputación y que no han sido sentenciados por la comisión de delitos internacionales; estas organizaciones solo requieren de un mínimo de 10 miembros y pueden recibir permisos con duración de hasta 25 años, prorrogables por una sola vez por igual termino 50 años, para instalar estaciones de servicios para visitantes dentro de zonas de monumentos determinados» (Artículo 2, Fracción IV de la Ley Orgánica del INAH).

Esta situación también quedó reflejada en el Reglamento de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos de México de 1975:

Artículo 1.- El Instituto competente organizará o autorizará asociaciones civiles, juntas vecinales o uniones de campesinos, que tendrán por objeto:

I.- Auxiliar a las autoridades federales en el cuidado o preservación de zona o monumento determinado;

II.- Efectuar una labor educativa entre los miembros de la comunidad, sobre la importancia de la conservación y acrecentamiento del patrimonio cultural de la Nación;

III.- Proveer la visita del público a la correspondiente zona o monumento;

IV.- Hacer del conocimiento de las autoridades cualquier exploración, obra o actividad que no esté autorizada por el Instituto respectivo; y

V.- Realizar las actividades afines a las anteriores que autorice el Instituto competente.

Con estas consideraciones queda claro que estas cláusulas fueron un avance en el reconocimiento y ampliación de la participación social en torno al patrimonio arqueológico, no obstante también se advierte que esta participación se redujo a una serie de «formas de coadyuvancia», al transferirles a los grupos sociales parte de las obligaciones del INAH y del Estado en la protección, difusión y restauración de los bienes arqueológicos, sin explorar la posibilidad legal o política de que los participantes pudieran incidir en la toma de decisiones sobre las políticas de protección o en el diseño de los planes de manejo para sus localidades.

Con lo expuesto hasta aquí es pertinente aclarar que el INAH no ha sido una entidad monolítica compuesta exclusivamente de los rasgos y factores propios de las elites dominantes, sino que en su seno se han registrado aspiraciones y críticas a su actuación. Como ejemplo citamos los señalamientos de Guillermo Bonfil y Leonel Durán (1900), quienes desde entonces advertían que la ideología nacional era políticamente útil para el sistema, ya que era utilizada como un velo que ocultaba las profundas contradicciones del sistema político, los conflictos entre clases y las desigualdades económicas existentes.

Pese a ello existe cierto consenso entre los especialistas respecto a que en muchos ámbitos de la vida nacional de esta época, el Estado, el INAH y diversos sectores sociales eran entidades políticas que se mantenían unidas discursivamente con la argamasa ideológica del nacionalismo.

El INAH y el neoliberalismo

Un segundo momento en la historia de la participación social en el INAH se dio bajo la concurrencia de tres hechos históricos fundamentales: el primero fue la disolución de la ideología nacional dominante y su sustitución por un modelo económico de libre mercado; el segundo fue la adscripción de las instituciones culturales del país hacia los principios generados por los organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), y el tercero ha sido la introducción de nuevas tecnologías y con ello la atomización de las identidades individuales y colectivas.

Y es que en la década de 1970 el sistema autoritario nacionalista empezó a fracturarse debido principalmente a las recurrentes crisis económicas y políticas sexenales, como por ejemplo la inflación se disparó del 4.5% en 1971 a 22.2% en 1976, el déficit público creció de 11.082 pesos a 102 710 pesos en 1976; la deuda externa paso de 4 millones de dólares en 1971 a 102 millones en 1976. En agosto de 1976 el gobierno tuvo que devaluar la moneda en casi un 100%, lo que puso fin a más de veinte años de paridad con el dólar (Ponte 2004), lo cual generó un proceso de liberación de la economía.

De allí que autores como Durand Ponte (ídem) afirman que el abuso del uso de los símbolos y rituales prehispánicos que caracterizó la época nacional, fuera ahora contraproducente en la medida que se asociaron a la corrupción del antiguo régimen monopartidista.

Derivado de este cambio de modelo económico, el aparato estatal experimentó un repliegue de las elites de gobierno respecto a lo social, proceso que el sociólogo Christopher Lasch (1986:67) ha denominado como «la rebelión de las elites», proceso en el que los principales actores económicos y políticos se liberan de la suerte de las mayorías, dando por concluido el compromiso social que caracterizó discursivamente al Estado nacional.

En el ámbito de las instituciones culturales del país también se observa una adscripción a los postulados dictaminados por organismos internacionales como la UNESCO, adoptando premisas «universales» tales como la democracia y la participación social como condición para considerar a un país democrático y en plena vía de desarrollo, pasando por alto el hecho de que son precisamente las condiciones del gran capital la causa y el efecto de las enormes desigualdades económicas, políticas y sociales existentes en un país multicultural y diverso como el nuestro (Rodríguez 2010). Para ilustrar esta perspectiva citamos el documento de la UNESCO:

Situar la cultura en el núcleo del desarrollo constituye una inversión esencial en el porvenir del mundo y la condición del éxito de una globalización bien entendida que tome en consideración los principios de la diversidad cultural: la UNESCO tiene por misión recordar este reto capital a las naciones […]. Se trata de anclar la cultura en todas las políticas de desarrollo, ya conciernan a la educación, las ciencias, la comunicación, la salud, el medio ambiente o el turismo, y de sostener el desarrollo del sector cultural mediante industrias creativas: a la vez que contribuye a la reducción de la pobreza, la cultura constituye un instrumento de cohesión social (Pérez de Cuellar, 1996: 23)

Para cumplir con este propósito la UNESCO se ha dio a la tarea de emitir «listas de sitios de patrimonio mundial» mismos que son incluidos en listas internacionales de financiamiento económico. Bajo estos lineamientos «los nuevos funcionarios» mexicanos se apresurarían a construir planes de manejo que a la usanza de Estados Unidos y Europa asimilarían a algunos sectores de la sociedad bajo criterios gerenciales y operativos, con el objetivo de cumplir con los requisitos y los términos que establecen dichos protocolos.

El organigrama del INAH también sufrió transformaciones, ya que en 1988 se le sujetó administrativamente a una nueva cabeza de sector, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), un organismo administrativo desconcentrado de la Secretaria de Educación Pública (SEP) que a la postre absorbió buena parte del recurso destinado a la cultura, incrementando el aparato burocrático cultural, lo cual derivo a su vez en la división y súper especialización los departamentos y coordinaciones al interior del INAH.

Este conjunto de acontecimientos dio como resultado que el patrimonio arqueológico se visualizara como un recurso para generar desarrollo económico. Esto quedo demostrado con los más de 14 actos legislativos, entre los que se cuentan acuerdos de ley, puntos de acuerdos y legislaciones que intentan cambiar el marco jurídico para facilitar los cambios en las instituciones y con ello el tratamiento comercial de ese patrimonio (Cottom 2000). Sobre este en particular vale la pena señalar la que se establece en el Plan Nacional de Cultura en México 2007-2012:

México está inserto en una dinámica globalizadora que obliga a enfrentar importantes retos culturales propios del siglo XXI. Para ello necesita replantearse sus estrategias y mecanismos que coadyuven a la protección, promisión y difusión de la cultura mexicana tanto a nivel nacional como internacional en este sentido las políticas culturales deben ser generadoras de desarrollo social y económico y deben ocupar un lugar prioritario dentro de las políticas gubernamentales. (Vela 2006)

Con estas directrices la SEP-CONACULTA-INAH desde la década de 1990 promovieron un plan de ciudadanización y descentralización tendiente a activar las corresponsabilidades de los tres niveles de gobierno en cada entidad federativa, multiplicando los «convenios» con la participación de la sociedad civil en materia de preservación del patrimonio cultural.

Para dar ejemplos concretos que sirvan para ilustrar el estado de la cuestión analizamos los tipos de participación social contemplada en los Institutos de Cultura, Los Convenios Marco de Colaboración, los Organismos Sociales Coadyuvantes del INAH y los Consejos Consultivos Estatales.

La participación social en los Institutos de Cultura

Los Institutos de Cultura en el país se crearon con propósitos descentralizadores y coadyuvantes en las tareas de protección del INAH, INBA y CONACULTA en cada entidad de la Federación. Actualmente existen 26 de éstos en diferentes estados de la República (Olivé y Cottom 2000). No obstante al analizar sus actas fundacionales se advierte que la estructura orgánica refleja la estructura organizacional del INAH y la Federación, ya que en todos los casos, sus consejos consultivos están encabezados por el gobernador de la entidad y los cargos suplementarios son ocupados por los subsecretarios, desactivando a priori la posibilidad de mantener algún nivel de autonomía en la toma de decisiones.

Otra característica de estos espacios es que operan con formas de participación social delimitadas en la propia Ley de 1972, por lo que pueden ser considerados como continuadoras de ésta, además de que, administrativamente su operación depende de los recursos económicos del Ejecutivo y del Congreso local. Por otra parte cuando, revisamos detalladamente sus clausulados, nos percatamos que de los 26 estados analizados, 7 omiten la participación social y los restantes 19 la conciben pragmáticamente, es decir entienden por «participar» a la conformación de patronatos de apoyo económico, difusión de valores culturales o promotores de actividades artísticas culturales, asociadas a las actividades políticas de sus directivos.

Conceptualmente, llama la atención que en todas las actas constitutivas se haga alusión al patrimonio cultural con sentidos fijos, equiparándolo con el de «identidad local» o en otros casos con conceptos como el de»idiosincrasia del estado». Luego entonces se llama a los grupos sociales de sus entidades a «proteger» dicha idiosincrasia, desatancando en este sentido los casos de Baja California Norte, Campeche, Colima y Nayarit.

En contraparte los estados de Nayarit y Jalisco reflejan un clausulado más profundo de los conceptos de cultura y patrimonio, y hasta sugieren apoyar financieramente la participación social.

Con estas excepciones podemos afirmar que debido a las inocuas representaciones de participación ciudadana en los Institutos de Cultura puede afirmarse que estos espacios fungen como representaciones corporativas vinculadas a diferentes instancias de gobierno.

La participación social en los Convenios Marco de Colaboración

Los Convenios Marco de Colaboración surgieron como iniciativa de los propósitos de ciudadanización de CONACULTA (La Cultura en tus Manos 2001-2006) para fortalecer la cuadyuvancia entre el INAH y diversos grupos de la sociedad civil en torno al manejo de los sitios arqueológicos. Hasta el momento se han publicado de manera oficial 10 Convenios Marco de Colaboración: uno en Nayarit, uno en Yucatán, dos en Querétaro, uno en Coahuila, cuatro en Colima, y uno en Guerrero (ídem).

Al igual que los Institutos de Cultura, la participación social se ha ceñido a las disposiciones establecidas en la Ley Federal de 1972, por lo cual en ninguna de sus cláusulas se especifican las funciones y beneficios educativos y materiales para las comunidades participantes, así como las posibilidades de intervenir en el diseño y puesta en marcha de los planes de manejo de los sitio arqueológicos de sus localidades.

Otra constante es que los recursos económicos para los convenios provienen de fórmulas mixtas entre el INAH, los estados y la Federación, por lo que se advierte a priori una sujeción administrativa para las comunidades participantes, de allí que el sentido del Convenio Marco de Colaboración, a pesar de concebirse como una opción interesante, termina generando un proceso de asimilación de grupos comunitarios a las dinámicas gubernamentales.

Hasta ahora, los Convenios Marco de Colaboración no han cambiado las bases reales de la participación comunitaria; por el contrario, están en vías de convertirse en instancias de formalización y legitimación de las decisiones tomadas por agentes estatales. Los grupos sociales involucrados no tienen capacidad real para debatir e incidir en dichos convenios marco, si no como elementos meramente complementarios de la ejecución de una política pública decidida desde el centro.

La participación social en los Organismos sociales cuadyuvantes con el INAH

Según la informacion proporcionada por la Dirección de Operación de sitios del INAH, en el país se tiene un registro de 290 organizaciones sociales coadyuvantes con el INAH en labores de protección y salvaguarda del patrimonio cultural, destacando los casos del Estado de México, Distrito Federal, Oaxaca y Puebla.

Del total de 290 0rganizaciones, 174 estan enfocadas a la restauración de templos o conventos, 21 en museos regionales, 19 en defensa del patrimonio intangible, 3 en la protección de archivos documentales, 3 a la imagen urbana de poblaciones tradicionales y solo 43 están orientados a la protección y difusión del patrimonio arqueológicos, mismos que se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 7 en Guerrero, 4 en Puebla, 2 en Nayarit, dos en Veracruz y dos en Oaxaca entre otros (Delgado 2012).

De éstas, el 99% fueron «constituidas» en los últimos 10 años , siendo las más antigua la Junta Vecinal ubicada en Queretaro en septiembre del año 2000 (ídem), creada a partir del programa gubernamental foxista que anunciaba una política de cuidadanización y fortalecimiento del federalismo.

Un dato relevante es que los objetos sociales que llevaron a estos grupos a constituirse en cuadyuvancia con el INAH, están en lógica con el discurso nacionalista, construido históricamente por el Estado, en slogans tales como: nuestras raíces, identidad mexicana, tradiciones, pasado glorioso, sin asomo de algún discurso contrahegemónico en este sentido.

Estos organismos han surgido como espacios institucionalizados de participación carentes de una verdadera respresentatividad comunitaria, desprovistos de facultades para tomar decisiones o para incidir en las acciones de gobierno y por lo tanto, solo funcionan como órganos corporativos y clientelares vinculados a gremios o sectores políticos o religiosos (Cottom 2008).

Los Consejos Consultivos Estatales

Finalmente la creación de los Consejos Consultivos Estatales se visualiza como el canal propicio para la participación social en torno al patrimonio arqueológico en la resolución de algunas de las problemáticas locales. La creación de estos Consejos quedó establecida en el Artículo segundo de Ley Orgánica del INAH:

Impulsar, previo acuerdo del Secretario de Educación Pública, la formación de Consejos consultivos estatales para la protección y conservación del patrimonio arqueológico, histórico y paleontológico, conformados por instancias estatales y municipales, así como por representantes de organizaciones sociales, académicas y culturales que se interesen en la defensa de este patrimonio. (Artículo 2 de la Ley Orgánica del INAH, 2002)

Con este mandato de ley se pretende formular planes, programas y proyectos de protección y conservación del patrimonio cultural y paleontológico a través de la participación de instancias estatales y municipales, así como por representantes de organizaciones sociales, académicas y culturales que se interesen en la defensa de este patrimonio, dicho lo cual se visualiza como el canal adecuado para que este Consejo llegue a la institución y entonces las políticas respondan a las necesidades locales.

No obstante, desde su decreto hasta la fecha no ha impulsado la creación de un sólo Consejo Estatal. Las razones de esta omisión quizá obedezcan a un desdén histórico hacia los grupos de la sociedad civil, la reticencia para otorgar espacios políticos que impliquen la pérdida de control institucional, o simplemente a la incapacidad para operarlos políticamente. En este particular podemos citar el caso de Oaxaca, cuando en un intento reciente por crear dicho Consejo, éstos fueron objeto de un forcejeo político al querer ser controlados directamente por el gobernador de estado versus los personajes que se hacen llamar «líderes de las comunidades» para satisfacer necesidades locales o de grupo (Cottom, información personal 2011).

Cualquiera que sea el caso, queda claro que la creación de estos espacios implican la realización de estudios antropológicos integrales previos que partan de las condiciones socioeconómicas, culturales y sociales de las comunidades con las que se pretende trabajar, por ejemplo en sus estructuras de organización, su especificidad en los contextos históricos y socioeconómicos, así como los mecanismos de ley para ligar ámbitos de competencia en los tres niveles de gobierno, lo cual generaría las condiciones estructurales para hacer efectiva la participación social.

Ante el trabajo que se advierte, los funcionarios de las instituciones culturales han optado por ignorar este mandato, y en su lugar realizan «operaciones políticas discrecionales», negociando acuerdos con grupos comunitarios o particulares, muchas veces contradictorios a los propios mandatos de ley.

Conclusiones a la participación social

Con esta breve historiografía podemos establecer que la participación social ha transitado por dos grandes etapas: la primera, caracterizada por la construcción patrimonial vinculada a su utilización como recurso de unificación de la nación con sentidos fijos y «sacralizados» para los vestigios arqueológicos, en la cual la participación de los grupos sociales estuvo delimitada en los términos y acciones que el Estado central estableció y reconoció.

La segunda supone la superposición de una nueva ideología vinculada a los procesos de globalización y libre mercado, en la que se hace patente la adscripción a protocolos dictados por organismos internacionales como la UNESCO y el FMI y donde la participación se transforma en ejercicios de control corporativo con criterios de eficacia gerencial.

Luego entonces podemos afirmar que la ecuación patrimonio-identidad nacional fue desplazada por la de patrimonio-venta-turismo, dirigida por una nueva lógica de mercado.

Sin embargo, a pesar de esta diferencia, en términos sociales el resultado fue similar en ambas etapas: la participación social en temas de patrimonio arqueológico en México ha estado ceñida a formas de control corporativo y clientelares definidas por simples formas de coadyuvancia, lo cual no representa un problema en sí mismo ya que al tratarse de un bien público es lógico suponer que no se puede considerar usos distintos a los conferidos por la ley; los problemas comienzan cuando no se explora la posibilidad de que los participantes puedan agendar y resolver problemáticas locales en el ámbito de dicha utilidad pública, ligando así las competencias de otras instituciones coadyuvantes con el INAH.

Por ello afirmamos que la utilidad pública consagrada en la Constitución y los problemas comunitarios locales no son asuntos incompatibles, ya que se trata del adverso y reverso de una realidad: la falta de una participación social efectiva como un acto concreto y la falta de aplicación de mecanismo de ley creados para este fin, tal y como se ordena en los Consejos Consultivos Estatales y el Acuerdo 169 de la Organización Mundial del Trabajo (OIT).

Así, tanto el nacionalismo como el neoliberalismo han sido procesos que más que fomentar acciones conjuntas entre las distintas comunidades y las instancias gubernamentales del país, han reforzado un sentimiento de «lo local», propiciando que dichas comunidades construyan estrategias para lograr accesos factuales al patrimonio arqueológico, la mayor parte de las veces en detrimento de la utilidad pública y a contrapelo de las políticas de protección de la institución, fenómeno al que hemos denominado como movilidad comunitaria (Delgado 2012).

____

BIBLIOGRAFIA

Archivo Técnico: Dirección de Operación de Sitios, INAH. CONACULTA

Ávila, Alfredo, Juan Ortiz Escamilla y José Antonio Serrano Ortega.

2010 Actores y escenarios de la Independencia. Guerra, independencia e instituciones en México, 1808-1825, México, Fondo de Cultura Económica, Museo Soumaya.

Bolos, Silvia

2004 Organizaciones Sociales y gobiernos municipales, IGLOM, México.

2003 «Balance de los problemas más importantes en torno del patrimonio cultural de interés nacional». En: Revista diario de Campo Patrimonio Cultural No. 27 noviembre 2003.

2008 Nación, patrimonio, cultura y legislación: los debates parlamentarios y la construcción del marco jurídico federal sobre monumentos en México, siglo XX. Miguel Ángel Porrúa, Cámara de Diputados. México.

Chistofer, Lash

1986; La rebelión de las elites y la traición a la democracia, Barcelona, Paidós, 1995;

Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo de 1972

1972 Ley federal sobre zonas de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos de 1972 en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/131.pdf

2002 Ley Orgánica del INAH, en: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo1- 2002.html

Duran, Leonel

l986 «El Proyecto Nacional y las Culturas Populares: una aproximación». Mecanuscrito, México.

Durand Ponte, Víctor

2004 Ciudadanía y cultura política, México 1993-2001. Editorial Siglo XXI. México.

Gamio, Manuel

1916 Forjando patria, Porrúa, México.

1922 La población del Valle de Teotihuacán, Instituto Nacional Indigenista, reimpresión del original publicado en 1922 por la Secretaría de Agricultura y Fomento, México.

Gamio, Manuel y Lucio Mendieta y Núñez.

1922. Proyecto de Ley sobre monumentos y objetos arqueológicos, Secretaría de Agricultura y Fomento. México.

Monsiváis, Carlos

1985 «¿Identidad nacional?» en Identidades Mexicanas. Centro Cultural Tijuana. SEP. México.

Olive, Julio Cesar y Bolfy Cottom

2000 Leyes estatales en materia del patrimonio cultural, INAH- CONACULTA. México.

Pérez de Cuellar, Javier

1996 «Nuestra diversidad creativa. Informe de la Comisión Mundial de Cultura y desarrollo». UNESCO pp. 340-345

Real Academia Española

2012 «Boletín» correspondiente a julio-diciembre de 2012. Tomo XCI.

Rodríguez, Lidia

2010 Patrimonio en la pluriculturalidad: praxis social para la protección del patrimonio cultural. Tesis de maestría ENAH, México.

Rofman, Adriana

2007 Participación de la sociedad civil en políticas públicas: una tipología de mecanismos institucionales participativos Salvador de Bahía, Brasil. Organizan: ISTR y CIAGS/UFBA Universidad Nacional de Gral. Sarmiento.

Tejera, Gaona

2002 Las contradicciones sociales de la ciudadanía. Ed. Taurus. México.

Vela, Sergio

2006-2012 La cultura en tus manos, en http://fox.presidencia.gob.mx/actividades/?contenido=1676

____

Notas:

[2] Como ejemplo de ello citamos las obras La Tortura de Cuauhtémoc, de Leandro Izaguirre, El Abrazo, de Jorge González Camarena, así como Tlatelolco, de David Alfaro Siqueiros. El sentimiento antiespañol representó una pieza clave en la conformación de la identidad nacional durante este periodo.

[3] En este sentido, Carlos Monsiváis (1985) afirma que las escuelas primarias y secundarias del país fungirían desde entonces como auténticas fábricas de la identidad nacional.

[4] Proyecto de Ley sobre monumentos y objetos arqueológicos, Secretaria de Agricultura y Fomento, 29 de diciembre de 1922.

____

Sobre el autor: Doctor en Arqueología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM e investigador de la Zona Arqueológica de Teotihuacán.

____

Versión para imprimir y descargar aquí//

ArKeopatías opera bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento – NoComercial – Compartir Igual 4.0 Internacional License, por lo que agradecemos citar la fuente de este artículo como: Proyecto ArKeopatías./ “Textos de la casa #78″. México 2015. https://arkeopatias.wordpress.com/ en línea (fecha de consulta).

#LasPrestadas: ¿Por qué la Secretaría de Cultura es un riesgo al patrimonio?

Versión 2

Por Gustavo A. Ramírez Castilla

El pasado 8 de septiembre, el Ejecutivo federal envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para transformar al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) en una secretaría de Estado con las instituciones del subsector cultura de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Con ello, se pretende evitar —según lo expresó su titular, Aurelio Nuño— la trampa burocrática que le impide a la SEP atender adecuadamente a este amplio sector, y al Conaculta impulsar el desarrollo de las artes y la cultura con toda su fuerza.

Si bien su creación puede justificarse para mejorar la atención a la creación artística y a las diversas expresiones culturales del país, la manera en que la iniciativa plantea la administración de los monumentos arqueológicos, artísticos, históricos y paleontológicos es errónea porque retira autonomía técnica y administrativa al INAH y al INBA para ejercer las funciones que les confiere la Ley Federal de Monumentos, y pone en riesgo su integridad, sentando además las bases para su futura concesión a empresas privadas.

En el mismo tenor se encuentra la infraestructura pública cultural (museos, galerías, centros culturales, etc.) que, en conjunto, representa un vasto patrimonio con un atractivo potencial económico.

La iniciativa menciona que los ingresos por consumo de bienes y servicios culturales equivalen a 2.7% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y el nuevo informe sobre las industrias culturales y creativas Tiempos de Cultura, presentado el pasado 3 de diciembre por la Unesco, revela el interés de los gobiernos en el potencial económico de este sector, que recaba 3% del PIB mundial, por encima del total de la industria automotriz, y da empleo a 29.5 millones de personas.

Así, la tendencia de crear secretarías o ministerios de Cultura obedece a políticas económicas globalizadoras que buscan incrementar la producción y consumo de productos culturales, y no a la valorización de la riqueza y diversidad cultural de los pueblos a través de la educación.

Los políticos que han dictaminado la iniciativa ignoran el concepto antropológico de cultura, lo confunden con el de entretenimiento; a sus creaciones y productos, con obras artísticas, literarias y musicales, videojuegos, programas televisivos, etc., sin diferenciar sus cualidades, calidades y valores.

Para ellos, el valor es igual al precio, por lo que las creaciones culturales son tratadas como mercancías destinadas al consumo y generación de ganancias, y los creadores son confundidos con “empresarios” como Gutenberg o Leonardo Da Vinci, que fue un “contratista”, según afirmó Jorge Álvarez Maynez, un avezado diputado del partido Movimiento Ciudadano, el día que se votó el dictamen de la iniciativa en la Cámara baja. De acuerdo a este criterio, corresponde a los empresarios hacer cultura.

La investigación, conservación y restauración de monumentos y zonas de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos son actividades científicas. En nuestro país, están reguladas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBA).

Los monumentos son creaciones de culturas antiguas, pero no tienen precio. Su valor es científico e histórico, siendo sus características más importantes su antigüedad y autenticidad, esencia que es alterada o destruida cuando su conservación o restauración son hechas por personas no calificadas. Un claro ejemplo es el de “El Caballito”, bronce cuyos valores históricos y estéticos fueron dañados irreversiblemente por quien confundió la pátina de su antigüedad con mugre.

La Secretaría de Cultura representa un riesgo para los monumentos arqueológicos e históricos en ese sentido, porque la iniciativa eliminó el control del INAH sobre éstos, dejando en libertad al futuro secretario para decidir, discrecionalmente, sobre los mismos.

También porque pretende impulsar el turismo cultural, y las zonas arqueológicas están en la mira de este nocivo negocio. La gran inversión del gobierno en megaproyectos para reconstruir con fines turísticos zonas arqueológicas como Monte Albán, Palenque, Chichen Itzá o Uxmal, alteró sus valores históricos. Su uso como escenografía para conciertos desvirtúa su vocación, su uso público, su función como museos y espacios educativos al aire libre y como testimonios históricos.

Casos lamentables también se observan en los llamados Pueblos Mágicos, en donde la reconstrucción e invención de fachadas, andadores y hasta tradiciones acabaron por alterar el entorno urbano auténtico y los vínculos sociales de muchos de ellos. Les robaron la magia que los hacía entrañables, convirtiéndolos en falsas escenografías que defraudan al turista ingenuo.

De ser aprobado sin cambios el dictamen de creación de la Secretaría de Cultura por la Cámara de Senadores, veremos florecer —para vergüenza de quienes la apoyaron— los espectáculos de luz y sonido y conciertos en zonas arqueológicas, el alquiler de museos y monumentos para bodas o negocios y la construcción de parques de diversiones sobre zonas protegidas, como en Cholula.

______

Sobre el autor: Gustavo A. Ramírez Castilla es arqueólogo e investigador del INAH en Tamaulipas, especialista en conservación y restauración de bienes culturales inmuebles y director de la Red Mexicana de Arqueología.

______

Fuente: CNN México http://mexico.cnn.com/opinion/2015/12/15/opinion-por-que-la-secretaria-de-cultura-es-un-riesgo-al-patrimonio