Etiqueta: Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos

MEMORIAL DE AGRAVIOS

Por Académicos INAH

MEMORIAL DE AGRAVIOS

Este Memorial de Agravios es un recuento de la actuación ignominiosa de Alfonso deMaria y Campos Castelló y sus allegados, quienes construyen otro INAH, paralelo al INAH de los trabajadores; el que ha luchado por mantener vigentes los principios yvocación social por lo cual fue creado en 1939. El INAH Histórico, pretende seranulado y desaparecido por el INAH de los funcionarios, mediante la imposición de una estructura paralela fuera de toda norma, que se manifiesta de cuerpo entero en su pesada y costosa burocracia central; sancionada en el Manual General de Organización (MGO),opuesto enteramente a los mandatos que a nuestra institución le confieren la Ley General de Bienes Nacionales (LGBN), la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos (LFsMZAAH), y la propia Ley Orgánica del INAH (LOINAH).

Ese otro INAH –el de los funcionarios–, actúa socavando los ámbitos jurídico-legal, jurídico-laboral, de las actividades sustantivas (investigación, conservación, difusión,docencia); incidiendo en la destrucción y tergiversación de los bienes nacionales arqueológicos e históricos; procurando fortalecer una estructura administrativo-burocrática:

1. MENOSCABO DEL MARCO JURÍDICO-LEGAL:

a) El establecimiento ilegal (pues contraviene el Artículo 5º. Fracción III de la LeyOrgánica del INAH) del MGO que sanciona la existencia de una burocracia sin ninguna relación con las actividades sustantivas del INAH, esto es, las áreas de investigación, conservación, docencia, museos y exposiciones.

b) Ese INAH paralelo actúa sin un proyecto institucional avalado y consensuado con las áreas de investigación, conservación, museos, exposiciones y docencia(como mandata la Ley Orgánica del INAH), sino operando a través de unprograma de gasto que poco o nada tiene que ver con las áreas sustantivas, sino con proyectos personales de la presidencia de la República u ocurrencias de ladirección general del INAH y sus allegados, que se justifican como supuestoapoyo a las actividades sustantivas.

c) El accionar de una densa y costosa burocracia que busca satisfacer sus propias necesidades y poner a disposición del mercado los museos, zonas arqueológicas y bienes patrimoniales que el INAH ha sabido mantener, incrementar y poner enuso social por más de setenta años. Esta burocracia, es la que pugna por que se establezca el reglamento para la realización de eventos cívicos y culturales en zonas arqueológicas, mismo que estableció el artículo noveno transitorio de laLey General de Bienes Nacionales y que, es contradictorio con lo que establece el segundo párrafo del artículo 30 de la Ley en comento.

d) Este INAH paralelo se ha distinguido por su actuación omisa e indolente respecto a los intentos de modificación y desaparición de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

2. MENOSCABO DEL MARCO LABORAL:

a) La imposición del servicio civil de carrera; la cual, ha provocado insertar una burocracia extraña y desconocedora de las actividades de investigación,conservación física, jurídica e histórico-cívica y difusión, acorde con los resultados de las investigaciones antropológicas e históricas.

b) Dicho servicio civil de carrera, ha permitido el ingreso a las direcciones o delegaciones que mantiene el instituto en los Estados de la República, sin un claro perfil para la institución, esto es, sin conocimientos y manejo de lasdisciplinas y ordenamientos jurídicos propios del instituto; por lo cual, actúan de manera unilateral, ignorando los procedimientos académicos, técnicos y legalesde la institución. De esta manera, muchas de sus acciones se enmarcan en los caprichos o mandatos expresos de quienes los instalaron en esos puestos y, por lo cual –en no pocos casos–, han sido omisos en las tareas que le corresponde llevar a cabo a la institución; poniendo con ello en riesgo e inclusive destruyendo o adulterando, vestigios arqueológicos o históricos, por solo tratarlo más evidente.

c) En otro ángulo, ese otro INAH, ha inhibido la creación de la planta de profesores investigadores que se requiere para atender las tareas de investigación y docencia a nivel nacional; mientras que durante los últimos 30 años no se hanincrementado las plazas de profesores investigadores, se han triplicado las plazas de los mandos medios superiores que sustentan su existencia en el supuesto apoyo a las actividades sustantivas.

3. MENOSCABO DE LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS:

a) En ese otro INAH, empeñado en construir la presente administración, se ha decidido cambiar la práctica arqueológica que tiene reconocimiento internacional, sustentada en la investigación antropológica e histórica; por una “arqueología de planes de manejo”, la cual busca hallazgos espectaculares y la presentación de vestigios acordes a la demanda del turismo nacional einternacional y de los posibles espectáculos que se puedan montar en ellos; o lo que es lo mismo, un vil y artero fachadismo en claro y obvio detrimento del conocimiento científico de los pasados prehispánicos y de su conservación.

b) Por otra parte, ese INAH ha privilegiado de manera amañada (acudiendo la mayor de las veces a arqueólogos contratados); una deficiente modalidad del denominado “salvamento o rescate arqueológico”, como práctica institucionalorientada a autorizar las obras públicas y privadas sobre tierras y territorios en los cuales existen evidencias arqueológicas; sin observar el adecuadoseguimiento institucional de las excavaciones, bitácoras de los trabajos arqueológicos y antropológicos, registros fotográficos, biológicos, además de la conservación física de áreas especificas y concretas para posteriores estudios;con lo cual, la nación toda pierde información invaluable del mundo prehispánico.

c) Ese otro INAH paralelo, se ha empeñado en borrar la presencia y actuación delos trabajadores del INAH; al desaparecer las librerías de la institución,obstaculizando así la difusión y divulgación de los trabajos escritos que producimos los investigadores y técnicos especializados.

d) Ese INAH paralelo, ha impuesto un Consejo de Arqueología que actúa bajo consigna para favorecer los programas que presentan los mandos medios;desconociendo la antigua normatividad acordada entre los arqueólogos de basedel INAH. Este consejo de Arqueología, está integrado fundamentalmente por arqueólogos que desempeñan un puesto de confianza en el propio instituto,imponiendo de manera autoritaria y arbitraria, nuevos criterios aplicados como condicionantes para la aprobación de proyectos e informes de investigación arqueológica. La imposición de tales medidas se orienta a la apertura al público de zonas arqueológicas; dejando de lado la investigación científica y la conservación delos monumentos y zonas, tareas sustanciales que las leyes otorgan a nuestra Institución. Asimismo, dicho Consejo, falla en el cumplimiento de sus obligaciones; en lugarde actuar defendiendo al patrimonio, tiene una actitud complaciente anteproyectos que destruyen o dañan monumentos y zonas arqueológicos y es utilizado –por el director del INAH– para avalar acciones que afectan física y simbólicamente este patrimonio. Tal Consejo, por vía de los hechos pretende convertirse, además, en un órgano interno del que dependa la aprobación de todo el proceso de investigación de los arqueólogos del INAH.

4. LA DESTRUCCIÓN Y TERGIVERSACIÓN DE LOS BIENES NACIONALES ARQUEOLÓGICOS E HISTÓRICOS:

a) Es de acusarse en este renglón, que ni en los denominados centros regionales, ni en el propio Distrito Federal, existen instalaciones adecuadas para depositar y resguardar los monumentos arqueológicos, antropológicos etc., que se extraende esos “salvamentos o rescates”; por lo cual, es necesario que se aclare, en dónde se encuentran los materiales productos de dichos trabajos arqueológicos que se han realizado durante este sexenio y quiénes los están clasificando,estudiando, registrando, así como su destino final.

b) Es pues, necesario, confrontar los salvamentos y rescates autorizados y los resultados obtenidos; con el fin de evitar el tráfico de monumentos muebles arqueológicos, en apego a la LGBN, LFMZAAH, y demás ordenamientos queinciden en la materia.

c) Ese otro INAH, se ha empeñado en disminuir los activos del instituto y con ello,los intereses de la nación, al rehuir su obligación de asegurar la compra de las tierras donde se localizan importantes vestigios arqueológicos, como en el casode las zonas arqueológicas de Chichén Itzá, Cacaxtla, Monte Albán,Tzintzuntzan. A pesar de que, en la Cámara de Diputados se constituyó el “Fondo Nacional Arqueológico” con recursos etiquetados para la adquisición, justamente, de las tierras en donde se localizan importantes vestigiosarqueológicos (y con ello dotar de certeza jurídica a la federación, respecto a supropiedad, protección y conservación). Sin embargo, tales recursos no se aplicaron para ese objetivo.

d) Ha incentivado y avalado la manera de conducirse de los gobiernos estatales que pretenden apropiarse de las zonas arqueológicas con el objetivo de convertirlas en escenarios para espectáculos musicales; como es el caso de Chichén Itzá, enYucatán, donde se han realizado los conciertos de Luciano Pavarotti, PlácidoDomingo, Elton John, Sara Brightman; con lo cual, la dirección general delINAH, permitió, bajo subterfugios, la violación a la ley para que se llevara acabo la explotación comercial y la obtención de jugosas e ilegales ganancias,tanto para los artistas, como para las empresas Televisa y Ticket master, así como para el el propio gobierno de Yucatán.

e) Ese otro INAH paralelo, actúa con total desapego a la ley mediante autorizaciones verdaderamente torcidas; como se puede constatar en la denominada “Cumbre Tajín” y en Teotihuacán, con el denominado espectáculode luz y sonido “Resplandor Teotihuacano”, que aunque no llegó a realizarse(porque los trabajadores del INAH logramos evitarlo), sí ocasionó más de 6,000perforaciones en la Pirámide del Sol, la Pirámide de la Luna y la Calle de los Muertos; sin que se fincara ninguna responsabilidad para quien autorizó semejante atrocidad.

f) La desatención a lo arqueológico e histórico por parte de ese otro INAH paralelo, pese a lo expresado por Felipe Calderón, se puede constatar en:

-Destrucción de una plataforma prehispánica en la zona arqueológica de Tzintzuntzan por la construcción de un nuevo museo (Michoacán).

– Comala; El Chanal (Colima) (falta de recursos para la investigación yprotección física y legal).

– Chiapa de Corzo; Chincultik (Chiapas).

– San Pedro y San Pablo, Teposcolula; San Juan Bautista Coixtlahuaca; Mitla;Yagul; Monte Albán (Oaxaca).

– En el territorio Wirikuta; Cerro de San Pedro (y Minera San Javier) (En sanLuis Potosí).

– La Casa de Tlaltecuhtli; Línea 4 del Metrobús; la demolición de varios edificios del siglo XVII al XIX del Centro Histórico de la ciudad de México,ubicados en las calles de El Carmen, Salvador, Palma, Regina, Apartado,Mesones, Brasil y Argentina.

– Demolición de monumento histórico en la ciudad de León, Guanajuato.

– Presa el Zapotillo en Temacapulin; Isla de Mezcala (Jalisco).

– Ek´balam (Yucatán).

– Zona Arqueológica de Libres; Villa Flora; Parque Guerrero; destrucción del edificio y Centro Expositor en los Fuertes; ex convento de Santa Mónica (Puebla).

– Desmantelamiento de la vía férrea en Maltrata; Santa Gertrudis, Orizaba; ZonaArqueológica de Cacahuatenco (Veracruz).

– El Terremote; El Albarradón y Casa de Morelos; Valle de Bravo; Amecameca;Rancho el Molino en Chimalhuacán (Estado de México).

– Centro Histórico de Parral y ciudad de Chihuahua.

– Comalcalco, Tabasco; falta de recursos para la investigación y protección físicay legal.

g) Ese otro INAH, se ha empeñado en desmantelar museos emblemáticos como elde los Altos de Chiapas, en el Antiguo Convento de Santo Domingo, en SanCristóbal de las Casas; el cual, prestaba un servicio educativo y social al exhibirlas historias de los pueblos indígenas de la región y sus expresiones culturales;para ahora, en asociación con Banamex, satisfacer una demanda turística,modalidad que se pretende replicar en el ex convento de la Merced de la ciudadde México y con algunas otras variantes, en otros tantos ex conventos que estánbajo custodia del propio INAH.

h) Ese otro INAH paralelo, se empeña en poner en renta los museos nacionales para, lejos de cumplir la función social y educativa que por ley les corresponde, ofrecerlos a las empresas privadas para realizar fiestas y cocteles, como haocurrido en el Museo Nacional de Antropología con las empresas Coca Cola y Motorola, en la realización de conciertos para recaudar fondos; los cuales, nuncase sabe a dónde ni a quién benefician; subastas de arte moderno y colonial, con lo cual se incentiva un mercado que por lo menos tiene limitaciones en cuanto a lo histórico, conforme lo establece la Ley Federal sobre Monumentos y ZonasArqueológicos, Artísticos e Históricos.

5. EN LO ADMINISTRATIVO-BUROCRÁTICO:

a) La inserción de una burocracia en los denominados mandos medios superiores designados como “coordinaciones nacionales”; la cual, nada tienen que ver con una estructura que se desprenda de las funciones sustantivas del INAH y que sí,en cambio, asfixia y usurpa el presupuesto asignado a las labores institucionales de investigación, conservación, difusión y docencia.

b) Por otra parte, ese otro INAH paralelo, mantiene un nutrido cuerpo de trabajadores administrativos, restauradores, arquitectos conservadores,arqueólogos, antropólogos e historiadores, quienes no tienen base laboral; soncontratados fuera de toda normatividad, la mayoría de las veces, son empleadospara acciones que dirigen los denominados mandos medios superiores o que administra esa burocracia que atiende indebida e ilegalmente –porque no cumplen con los perfiles académicos y técnicos– las necesidades apremiantes que tiene la institución por mandato de ley; que no se confía a los trabajadoresde base del INAH, por las anomalías jurídicas, académicas o técnicas con que se presentan y se pretende enfrentarlas.

c) Por otro lado, dicho desplazamiento laboral, también lo es del ejercicio presupuestal, ya que una buena parte de lo ejercido, no ha sido aplicado a las áreas sustantivas, sino a la autoadministración de ese otro INAH que actúa fuera del marco legal, laboral e inclusive de la normatividad institucional.

d) En este sentido, debe señalarse la insistencia de la dirección general del INAH,de disminuir arteramente los activos del INAH; al optar por el arrendamiento de:

– El edificio “Aristos”, en Avenida Insurgentes Sur, como sede para su aparato burocrático-administrativo; mientras que varios centros de trabajo en el D. F., carecen de los espacios necesarios para el desarrollo de las actividades de investigación, como son: la Dirección de Estudios Arqueológicos, la Subdirección de Laboratorios y Apoyo Académico, el Departamento deColecciones Arqueológicas Comparativas, la Dirección de Salvamento Arqueológico, etc. La misma carencia de oficinas y espacios laborales para los investigadores, ocurre en varios centros regionales, como es el caso enMichoacán, Colima, Estado de México, etc.

– Un parque vehicular insuficiente, costoso y poco eficiente.

– Equipos de cómputo costosos y muy poco eficientes.

– Asimismo, la adquisición de servicios de mantenimiento, custodia,conservación, difusión, por vía de terceros, cuando el INAH cuenta con una planta de trabajadores especializados para el desempeño de esas actividades.

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Destrucción y robo del patrimonio arqueológico nacional

Por Elva Mendoza

Durante los sexenios panistas, la PGR abrió 481 averiguaciones previas por robo, daño o destrucción del patrimonio arqueológico e histórico de la nación. La cifra resulta modesta ante el alud de denuncias sobre afectaciones a alrededor de 300 inmuebles y, al menos, 3 mil 14 piezas arqueológicas e históricas. En información entregada a Contralínea a través de la Ley de Transparencia se documentan robo; tráfico y traslado ilegal de piezas; saqueo; demolición de construcciones originales; daño a petrograbados; afectaciones por maquinaria pesada; destrucción por proyectos carreteros, habitacionales y petroleros; extracciones; pintas con aerosol o trabajos de restauración erróneos. “La cifra no es nada en comparación con lo que realmente pasa”, aseguran expertos. Además, la Auditoría Superior reprobó al INAH por el manejo de 1 mil 600 millones de pesos para resguardar y conservar el patrimonio nacional

 

En 11 años de gestiones panistas, al menos 300 inmuebles y 3 mil 14 piezas arqueológicas e históricas fueron afectadas parcial o totalmente, revela información oficial. Se trata de los 722 casos por robo, daño o destrucción del patrimonio arqueológico e histórico de la nación alertados al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) por civiles y autoridades.

A pesar de las cifras, el Intituto sólo ha conseguido que la Procuraduría General de la República (PGR) abriera 481 averiguaciones previas por violaciones a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en ese mismo lapso. Las denuncias penales comprometen 4 mil 235 piezas muebles y 106 inmuebles dañados. Aunque la PGR investiga más casos respecto de las piezas muebles que fueron reportadas al INAH, en el caso de los bienes inmuebles se indagan 194 casos menos.

De acuerdo con información obtenida por Contralínea –a través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental–, los ilícitos incluyen robo; tráfico de piezas; saqueo; traslado ilegal de piezas; demolición de construcciones originales; daño a petrograbados; afectaciones por maquinaria pesada; destrucción por proyectos carreteros, habitacionales y petroleros; extracciones; pintas con aerosol, o trabajos de restauración erróneos. Además, algunas construcciones han sido afectadas por incendio o inundación.

Los responsables

Las 205 fojas entregadas a Contralínea revelan que incluso la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) ha contribuido a la destrucción de vestigios. Una denuncia registrada en 2009 acredita que el proyecto Aceite Terciario del Golfo abrió una brecha que conduce a una plataforma de Pemex. Ésta pasa supuestamente a sólo 80 metros del sitio arqueológico Vista Hermosa en el municipio de Papantla, Veracruz, cuando el margen mínimo permitido es de 150 metros.

Otra de las denuncias, registrada en ese mismo año, da cuenta de que la paraestatal “proyectaba” construir una plataforma sobre un sitio arqueológico de 13 estructuras en el municipio de Chicontepec, Veracruz.

El INAH también recibió otra denuncia por la supuesta afectación parcial del sitio arqueológico El Garro, en el municipio de Isla, Veracruz: la compañía de transporte y construcción Trasecol, SA de CV, habría utilizado el área como banco de material.

De 2000 a 2011, la delegación veracruzana recibió por lo menos dos denuncias más por el uso de montículos arqueológicos como banco de material. También en 2009, el Centro INAH Veracruz fue notificado de que se llevaban a cabo obras de construcción de maquiladoras que habrían provocado una probable alteración y saqueo de piezas en el sitio arqueológico ubicado en la cabecera municipal de Amatlán de los Reyes.

Según la información –de la que Contralínea posee copia– no sólo la negligencia de las autoridades y empresarios ha causado daño y destrucción, pues, a la par, los ciudadanos no contribuyen a la salvaguarda de los bienes nacionales.

Tal fue el caso de un monumento histórico atacado por los propios residentes: a pesar de que el Instituto Nacional de Antropología e Historia ordenó la suspensión de la obra, en 2005 particulares demolieron el muro testero. El inmueble se ubicaba en el centro de Tulancingo, Hidalgo.

También en ese año, un inadecuado trabajo de restauración de personal inexperto ocasionó daños a 10 pinturas murales. Dichas obras, considerados monumentos históricos, se encuentran en el Exconvento de San José, municipio de Tula, Hidalgo.

El impacto de un vehículo en 2007 a la entrada del templo de la comunidad de Xochitlán de las Flores, municipio de Tula de Allende, en esa misma entidad, causó daños al atrio de la capilla considerada también monumento histórico.

En 2009 y sin que se especifique si la alerta fue objeto de denuncia penal, se da cuenta del supuesto desmantelamiento de una pirámide de piedra lisa en el predio de Esteban Acosta García, en Misantla, zona arqueológica Paxil, en Veracruz.

Con fecha del 9 de noviembre de 2005, se denunció un siniestro en la Misión de San Francisco Javier de Jicamuracho, municipio de Uruachi, Chihuahua. Los daños se presentaron por incendio. Además de afectarse la cubierta y la pintura interior del inmueble, se dañaron nueve pinturas del siglo XVIII consideradas bienes muebles históricos. Entre las obras se encontraban los óleos titulados La dolorosa, San Francisco de Asís, Sagrada familia, Inmaculada concepción y San José con el niño.

El INAH es responsable de la protección de los monumentos arqueológicos construidos antes de 1521, y de los históricos a partir de ese año y hasta 1900 –periodo que comprende también el arte sacro–, así lo establece la Ley Federal sobre Monumentos. Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación emitió dictamen negativo al considerar que no cumple con su principal encomienda.

Índice de saqueo y destrucción

Entre los inmuebles dañados o destruidos se encuentran sitios y monumentos arqueológicos, montículos prehispánicos, basamentos piramidales, obras hidráulicas antiguas, muros y bardas con valor histórico, capillas, templos, portales y atrios.

Las piezas muebles van desde vasijas, cántaros, platos, figurillas arqueológicas, fragmentos de petrograbados, ofrendas y restos humanos, cerámica, herramientas y armas prehispánicas, discos de obsidiana, piedras talladas y piedras preciosas; hasta pinturas, esculturas, imágenes, lienzos y óleos de carácter religioso y objetos sacros, como cálices, campanas y coronas, entre otros.

Con 223 denuncias, el Centro INAH Veracruz se colocó en el primer sitio como la entidad con mayor número de denuncias recibidas durante los sexenios panistas; sin embargo, la delegación estatal únicamente ha denunciado penalmente seis casos.

El siguiente sitio es ocupado por Puebla, con 165 denuncias recibidas e igual número de averiguaciones previas abiertas en la Procuraduría General de la República; el Estado de México con 57 denuncias recibidas y 57 averiguaciones previas se coloca en el tercer sitio. Jalisco, con 47 denuncias y 23 averiguaciones previas, ocupa el cuarto escalón; mientras que Hidalgo, con 41 denuncias y 33 averiguaciones, representa el quinto lugar en el índice de saqueo y destrucción.

La lista anterior, elaborada por Contralínea a partir de datos de los 31 centros INAH que hay en el país, excluye al Distrito Federal, pues el Instituto Nacional de Antropología e Historia omitió entregar información al respecto como respuesta a dos solicitudes de información pública.

Mercado negro

Aunque desde 1939 se dictaminó como ilegal el comercio y el saqueo de objetos arqueológicos y se estableció que los sitios arqueológicos fueran considerados de propiedad federal, el robo, la venta y la compra de objetos con valor cultural son comunes dentro de algunos circuitos mercantiles.

La situación se refleja en los informes estatales de los centros del Instituto. Un ejemplo de ello data de 2011, cuando la delegación INAH radicada en Veracruz recibió una denuncia por un presunto tráfico de piezas. La venta de alrededor de 20 objetos arqueológicos se hacía por catálogo.

Los robos “sigilosos”, comunes en recintos y templos, no son regla. También hay registro de robos con violencia, tal como sucedió en la Parroquia de San Diego de Alcalá, Pitiquito, Sonora, cuando en 2009 sustrajeron violentamente del sitio una diadema y una daga.

Felipe Echenique, historiador, investigador y secretario general del Sindicato de Investigadores del INAH, refiere que los muebles e inmuebles que son patrimonio arqueológico e histórico no tienen valor, porque aunque hay una demanda el patrimonio no está a la venta. Lo anterior provoca que sea aún más difícil el cálculo de las pérdidas.

Blanca Paredes, de la Dirección de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas del INAH, asegura que se hacen valuaciones con fines de seguridad en caso de traslado de piezas o para el programa Prevención de Desastres en Materia de Patrimonio Cultural.

No obstante, la falta de un programa claro para el registro y las “altas”, tanto de los monumentos muebles como inmuebles existentes, por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, coadyuva no sólo al saqueo y la destrucción, sino a la incapacidad de dimensionar el problema; pues el fenómeno es mayor, afirma Echenique March.

“El registro es vital para saber qué piezas son, quién las tiene, y cuál es la responsabilidad del tenedor”, aduce Echenique.

La investigadora Paredes Gudiño coincide con que hace falta un inventario que permita llevar control sobre el patrimonio: “En el Registro no nos damos abasto: el país es una gran zona arqueológica”, refiere la también arqueóloga y profesora en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y en la Universidad Nacional Autónoma de México.

La ausencia de un inventario, así como la omisión por parte de las autoridades del INAH de resguardar el patrimonio nacional ya fueron señaladas por la Auditoría Superior de la Federación en su Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2010. Por ello, el órgano fiscalizador emitió un dictamen negativo y ordenó al INAH 43 recomendaciones con el fin de que cumpla a cabalidad con sus obligaciones constitucionales.

Falta de presupuesto o falta de voluntad

La diputada panista Paz Gutiérrez Cortina considera que la cultura es una prioridad en la administración de Felipe Calderón: “¡Por supuesto! La conservación del patrimonio nacional ha sido una de nuestras prioridades”, responde, presta, a las interrogativas. Y aunque asegura que “se aprobaron muchos miles de millones de pesos para restauración de sitios arqueológicos, de monumentos coloniales [y] para instalación de nuevos museos”, atribuye el fenómeno del robo y daño a la falta de presupuesto.

De acuerdo con el Informe de la Auditoría Superior de la Federación, el INAH ejerció 1 mil 677 millones 664 mil pesos en el programa E012 Incorporación, Restauración, Conservación y Mantenimiento de Bienes Patrimonio de la Nación; sin embargo, los auditores no pudieron identificar el presupuesto aplicado a la protección, conservación y restauración del patrimonio arqueológico e histórico.

La solución, difieren tanto Felipe Echenique como Blanca Paredes, no es presupuestal (aunque sí es parte), sino organizacional, institucional, pero también es un trabajo que debe hacerse con las comunidades, con la sociedad, para que asuman como suyo el patrimonio y lo conserven.

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Fuente: Revista Contralínea [06 de mayo de 2012]

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/05/06/destruccion-robo-del-patrimonio-arqueologico-nacional/

Aprobación del proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos

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Cámara de senadores: aprobación del proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos; y el Código Federal de Procedimientos Penales.‏

Versión estenográfica

SESIÓN ORDINARIA DE LA H. CÁMARA DE SENADORES, CELEBRADA EL MARTES 7 DE FEBRERO DE 2012.

-LA C. SENADORA MARIA TERESA ORTUÑO GURZA: Muy buenos días, compañeros.

Este es un dictamen, que hace 4 años, o 4 y medio esperábamos poder llegar el momento de presentarlo ante el Pleno.

Este es un dictamen, que el trabajo de la Comisión de Educación, que ha trabajado de una manera respetuosa, plural, colegiada y ha dictaminado por parejo Iniciativas de todo origen, ésta de Patrimonio Cultural, es una muy especial.

En primer lugar déjenme destacar: que viene de 8 Iniciativas; es un pequeño también mega dictamen, y ni tan pequeños.

En estas 8 Iniciativas que provienen de Senadores de 4 grupos parlamentarios o de 4 partidos políticos, más un Congreso Estatal, del Congreso de Tabasco, voy a mencionar quiénes son los promoventes de estas Iniciativas.

La Senadora María Rojo e Incháustegui, del PRD;

La Senadora Martha Leticia Sosa Govea, del Partido Acción Nacional;

El Senador Gerardo Montenegro Ibarra, del Partido Revolucionario Institucional;

Los Senadores Francisco Herrera León, y Rogelio Humberto Rueda Sánchez, también del Revolucionario Institucional;

El Senador Alejandro Moreno Cárdenas, de ese mismo partido, los menciono separados, porque son distintas Iniciativas.

Los Senadores Fermín Trujillo Fuentes, e Irma Martínez Manríquez, del Partido Nueva Alianza;

La Senadora Martha Leticia Rivera Cisneros, del Partido Acción Nacional, y el Congreso del Estado de Tabasco, todos ellos preocupados por el tema del Patrimonio Cultural, presentaron distintas sendas Iniciativas para que se diera más certeza jurídica a diferentes temas.

Este dictamen de hoy, las engloba todas, y nos permite presentar algunos puntos que voy a destacar a continuación.

En primer lugar, se establece la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 Constitucional, al incorporar un procedimiento que permite a los gobernados una adecuada defensa ante los actos de autoridad y el respeto de sus bienes.

Además regula los procedimientos de declaratorias de monumentos o zonas de monumentos y su expedición.

Robustece la protección del patrimonio cultural subacuático, este es un tema del que quizás se ha escuchado poco hablar, pero que es muy importante para nuestro país.

Esto es: las disposiciones sobre monumentos y zonas arqueológicas también serán aplicables a los buques, naves o cualquier otro medio de transporte acuático o parte de estos, localizadas en las zonas marinas de México, así como sus cargamentos y demás contenidos que hayan estado bajo el agua, parcial o totalmente, de forma periódica o continúa al menos durante 100 años.

Fortalece también –este es otro punto del dictamen– la conservación, protección, difusión y vinculación social del patrimonio cultural al facultar al Instituto Nacional de Antropología e Historia para emitir los planes de manejo de las zonas de monumentos arqueológicos abiertas a la visita pública y bajo su custodia.

Considera la importación de sanciones por daños causados a bienes e inmuebles históricos, y por último, califica como delito el tráfico internacional de bienes culturales.

Compañeras y compañeros Senadores:

Cuatro años y medio hemos esperado este día, porque cuatro años y medio tiene este dictamen firmado por la Comisión de Educación. Estábamos en espera de que nuestra Honorable Codictaminadora de Estudios Legislativos nos favoreciera que sus firmas. Sonamos las fanfarrias porque esto al fin ocurrió, y estamos en posición de solicitarles a ustedes este voto unánime a favor del patrimonio cultural de México, que es nuestra historia, y es también nuestro futuro y el legado para las siguientes generaciones.

A nombre de la Comisión de Educación agradezco y reconozco el trabajo de mis compañeros integrantes de esta comisión, de los Senadores promoventes y del Congreso Estatal promovente, y pido a todos ustedes su voto a favor de este dictamen.

Muchas gracias. (Aplausos).

-EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA: Gracias a usted.

-Doña María Rojo e Incháustegui, tiene usted el uso de la voz.

-LA C. SENADORA MARIA ROJO E INCHAUSTEGUI: Gracias, señor Presidente.

Con el permiso de la Honorable Asamblea.

Me dirijo a ustedes para pedir su voto en pro del dictamen que acaba de ser sometido a nuestra consideración y que se refiere a varias Iniciativas que tocan 3 aspectos: el respeto a nuestro orden constitucional de derecho; la participación ciudadana y comunitaria en la defensa, promoción y protección del patrimonio cultural material y el incremento en las sanciones con penas corporal por daños ocasionados a bienes de este patrimonio.

La inclusión de dichas conductas en el catálogo de delitos graves en el Código Federal de Procedimientos Federal y Penal, así se incorpora a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, un procedimiento para respetar la garantía de audiencia de quienes se consideren afectados por el inicio de una declaratoria de monumento o zona arqueológica, artístico o histórico; por otra parte, se fortalecen las bases para la participación ciudadana y comunitaria.

Junto con los 3 niveles de gobierno, por último, se considera pertinente sancionar con mayor fuerza las conductas tipificadas en la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, así como incluir dichas conductas en el catálogo de delitos graves en el Código Federal de Procedimientos Penales.

Como legisladores, nuestra tarea consiste en darle a los individuos y a la sociedad, herramientas normativas para hacer de la convivencia algo civilizado y con visión histórica. Sin embargo, las leyes por sí solas no nos hacen mejores personas, ni aumenta nuestra conciencia.

Es indispensable fortalecer la educación, fortalecer el tejido social y promover la vida cultural.

Por su atención muchas gracias.

Gracias a todos los que intervinieron en este dictamen, que sólo como dijo la Senadora: “Tiene 4 años y medio”.

Gracias. (Aplausos).

-EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA: Bueno, pues gracias, breve y bueno, doblemente bueno.

Abrase el sistema electrónico de votación a efecto de recabar votación nominal, en lo general y en lo particular, y háganse los avisos a que ha lugar, según el artículo 58, para informar de la votación.

(Se abre el sistema electrónico de votación)

(Se recoge la votación)

(Sigue 8ª parte)…. . según el artículo 58, para informar de la votación.

(Se abre el sistema electrónico de votación)

(Se recoge la votación)

-EL C. SECRETARIO ZOREDA NOVELO: Señor presidente, se emitieron 78 por el sí; cero votos, por el no; y una abstención.

-EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA: Está aprobado en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos; y el Código Federal de Procedimientos Penales.

Se remite a la Cámara de Diputados, para los efectos constitucionales.

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Fuente: Red Mexicana de Arqueología

Proyecto Resplandor Teotihuacano [luz y sonido]

Haciendo un poco de historia de lo que pasó…

Teotihuacán antigua, la ciudad que agoniza

Con este texto [versión original aquí] comenzamos la transcripcón de una serie de reportajes que hemos obtenido de la publicación electrónica Revista Contralínea. Estos textos siguen un enfoque crítico sobre la forma en que «las autoridades» como el INAH y los diversos niveles de gobierno, actúan frente a los graves problemas de conservación en las zonas arqueológicas emblemáticas del país, como Teotihuacan y el Tajín. Muchas de esas veces con omisiones, o más grave aún, francas transgresiones a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Nos permitimos compartir estos textos dada la pertinencia de los temas tratados con relación a la vocación de este blog, en ningún momento tratamos de transgedir algún tipo de derecho de autor y cada una de las opiniones expresadas son responsabilidad de quienes aparecen como autores de las mismas, ArKeopatías no las comparte necesariamente.

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Tras 101 años de su apertura al público, la urbe prehispánica de Teotihuacán se enfrenta al paso del tiempo, la contaminación, el saqueo y la especulación. De la antigua Ciudad Roja, sede del imperio Teotihuacano, hoy se conserva apenas el 20 por ciento; la destrucción y la falta de interés de autoridades, ciudadanos y empresarios la han llevado a un estado de emergencia.

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Elva Mendoza, enviada/Segunda parte

Teotihuacán, Estado de México. Montado en su bicicleta, Julio Alva viaja todos los días por 30 minutos hasta la ciudad antiguade Teotihuacán. Ahí recubre de cal los pisos como parte de un proyecto de rehabilitación del sistema de drenado para evitar que continúe el deterioro por la humedad en la zona.

“Don Julio es de sangre real”, dice Sergio Gómez, el arqueólogo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), quien está a cargo del proyecto, y explica que el apellido de Julio, Alva, proviene del historiador de origen indígena Fernando de Alva Ixtlixóchitl, nieto del gobernante de Texcoco y poeta prehispánico Nezahualcóyotl.

A sus 71 años, Julio trabaja en la zona arqueológica de Teotihuacán. Desde la década de 1960 colabora en proyectos temporales de investigación, rescate y conservación, por el que le pagan alrededor de 4 mil pesos mensuales. A partir de 1963 participó en el Proyecto Teotihuacán 62-64, el cual tenía por objeto detallar el conocimiento del sitio a través de 11 zonas de excavación.

“Donde quiera que andamos excavando encontramos muertos, puros muertos con sus ofrendas, ollas, cazuelitas, cuentas, sellos largos o redondos”. Durante su labor, se han hecho hallazgos de trascendencia arqueológica y cultural. El que más recuerda es la exhumación de 18 individuos: “Todos con collares y uno con siete mandíbulas humanas de collar”, el cual se puede apreciar en el museo del sitio.

Las manos agrietadas de don Julio son altamente especializadas. Las técnicas que utiliza para “encontrar a los antepasados”, como él mismo define su trabajo, las aprendió con el tiempo y a partir de la observación.

A don Julio nadie le habló de su ascendencia real, tampoco recuerda que su madre o abuela lo llevaran a visitar el sitio. “Habemos mucha gente que no sabemos cómo está por acá y eso que aquí vivimos”.

Vive al pie del cerro, “más allá de San Martín de las Pirámides”, una de las nueve comunidades que se asientan sobre los vestigios de la también llamada Ciudad Roja que, con más de 2 mil conjuntos habitacionales y poco más de 120 mil habitantes, representó la urbe más grande de América antigua.

La ciudad de Teotihuacán se extiende 22.5 kilómetros cuadrados sobre el Valle de México. Únicamente el 20 por ciento (263 hectáreas abiertas al público), de los más de 22 kilómetros cuadrados que abarca,es de propiedad federal. Las tierras sobre las que se encuentran la pirámide del Sol, de la Luna, la Ciudadela y la Calzada de los Muertos fueron expropiadas por el gobierno a un particular en 1964.

El resto, permanece bajo las comunidades vecinas de San Martín de las Pirámides, San Sebastián Xolalpa, San Francisco Mazapa, Santa María Coatlán, Purificación, San Lorenzo Tlalmimilolpan, San Juan Evangelista, San Juan Teotihuacán y Puxtla, algunas de ellas instaladas desde el siglo XVI, según cuenta Alejandro Sarabia, director de la zona arqueológica.

“Debajo delos poblados de San Juan, San Martín y San Francisco, está plagado de vestigios arqueológicos. En 1960 eran pequeños poblados, pero han crecido de tal manera que están ahorcando a la zona central. Es un problema muy grave, hay una fuerte destrucción”, alerta Sergio Gómez.

La mancha urbana de las comunidades ha invadido con permisos y sin ellos la zona B (1 mil 730 hectáreas de propiedad privada y ejidal donde se han encontrado vestigios arqueológicos),y la zona C (1 mil 387 hectáreas definidas como parte de la zona arqueológica con posible existencia de vestigios). Ambas, declaradas áreas de protección mediante decreto presidencial en 1988.

Sarabia asegura que la urbanización moderna (cimentación de casas habitación e infraestructura), abarca alrededor del 30 por ciento de los perímetros B y C, mientras que el 70 por ciento, pese a tener propietarios, se mantiene libre de construcciones. “Es una ventaja; significa que hay un 70 por ciento investigable”.

Sin embargo, día con día la mancha urbana crece. Cuenta Sergio Gómez que la gente construye sus casas los fines de semana o en las noches por temor a que el INAH clausure las obras o expropie sus terrenos. “Hay un enfrentamiento entre la sociedad y el INAH; eso es muy grave”.

Sergio señala que si alguien encuentra vestigios, por ley, tiene que dar aviso al INAH, éste envía personal a recuperar la información y sólo si se trata de un hallazgo importante se expropia. Para el INAH, dice Sergio, el trabajo de recuperación es sistemático y muy delicado, cada casa que se construye con pico y pala implica destrucción.

Para detener la urbanización, Sarabia plantea como estrategia el cabal cumplimiento de la normatividad establecida en el decreto de protección de 1988 por parte de las dependencias municipales, estatales y federales, el cual permite, únicamente y de manera condicionada,construcciones modernas en la poligonal C.

A decir de Sergio Gómez, el decreto de 1988 ha sido utilizado por las autoridades para fomentar la corrupción en los niveles estatal, municipal y federal, y para extorsionar a la gente. “No hay la voluntad política o el interés suficiente; no se han desarrollado las estrategias necesarias para detener el crecimiento de la mancha urbana”.

“Hay fallas. Nosotros aplicamos la normatividad pero no somos quienes dan los servicios públicos; no hacemos los planes de desarrollo urbano; eso ya rebasa nuestra capacidad. Debe haber una mejor coordinación entre las autoridades y el INAH”, señala Sarabia.

Adquisición de tierras

Además de la aplicación de la normatividad y la coordinación con las autoridades, tener la propiedad de las tierras significa para el actual director de la zona arqueológica, la única posibilidad para la conservación de Teotihuacán.

Pese a ello, este año el Instituto únicamente planea la compra de alrededor de 15 hectáreas del ejido Oxtoyahualco, en la comunidad de Purificación y dos colonias modernas,el Mirador y la Nueva Teotihuacán, asentamientos humanos irregulares con servicio de agua potable y luz eléctrica que están dentro del polígono B.

Con la aprobación en 2009 del Fondo Arqueológico por 300 millones de pesos anuales, la Comisión de Cultura en la Cámara de Diputados pretendía que se compraran tierras en zonas arqueológicas.

La intención, dice el arqueólogo Sergio Gómez, era que una parte del presupuesto aprobado por los diputados se usara para la compra de tierras con mayor potencial arqueológico y mayor riesgo en Teotihuacán: “Hasta donde yo sé no se ha comprado ningún terreno”.

Al respecto Gerardo Fernández Noroña, diputado federal, y miembro de la actual Comisión de Cultura dice que en dicha Comisión no tienen conocimiento del caso: “No estaba enterado. Es muy grave. Hay una presión enorme sobre las zonas arqueológicas, y en vez de estar comprando las tierras para reducir la presión sobre los sitios, las autoridades del INAH hacen trácala con el dinero”.

A decir del integrante del Partido del Trabajo (PT), las posibilidades desde el Congreso se reducen a darle seguimiento al caso, exigir a las autoridades competentes que se apliquen los recursos en la compra de tierras, y evitar que el dinero entre al Fideicomiso para el Fomento y la Conservación del Patrimonio Cultural, Antropológico, Arqueológico e Histórico de México.“Esos fideicomisos son el paso previo a que se roben el dinero”.

Turismo cultural

Con 3 millones de visitantes al año, la ciudad antigua de Teotihuacán es la segunda zona arqueológica más visitada en el mundo, tan sólo después de las pirámides de Egipto. Pese a ello, la falta de equipamiento y de servicios no han consolidado a las comunidades aledañas como destino turístico.

Con el fin de impulsar el turismo en la región y de crear el primer corredor turístico cultural en el país, el gobierno del Estado de México, el Fondo Nacional de Fomento Turístico (Fonatur), el INAH y los presidentes municipales de la región convinieron, en 2007,el Programa Regional de Desarrollo Turístico del Corredor Teotihuacán-Acolman-Otumba, para el valle de Teotihuacán, que contempla “el desarrollo” de los siete municipios colindantes a la zona arqueológica: San Martín de las Pirámides, San Juan Teotihuacán, Acolman, Otumba, Axapusco, Nopaltepec y Ecatepec.

El detonante del Programa era la puesta del espectáculo comercial de luz y sonido Resplandor Teotihuacano, promovido en 2008 por el gobernador Enrique Peña Nieto.

El espectáculo, que contaba con presupuesto federal y estatal, consistía en la iluminación de las pirámides del Sol, de la Luna y un tramo de la Calzada de los Muertos, la proyección de un video en una pantalla y un juego de luces sobre las pirámides. Se presentaría dos veces por día durante todo el año y se cobraría a cada persona que quisiera verlo alrededor de 300 pesos, de los cuales 160 serían para el INAH y el resto para gastos de operación y promoción.

Resplandor Teotihuacano fue aprobado por el Consejo de Arqueología del INAH sin que éste tuviera atribuciones para hacerlo. Según explica el abogado Irving Espinosa, las autorizaciones son competencia de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La perforación de 8 mil 668 hoyos en las pirámides para colocar las 2 mil 167 bases que soportarían los rieles de las lámparas causó,además de daño a las piedras auténticas que las conforman y afectación visual,el descontento de investigadores y expertos.

El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS, por su sigla en inglés), organismo asesor de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por su sigla en inglés), y delos Estados parte para garantizar el respeto de los sitios inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial, después de una visita técnica en la zona, se pronunció por la suspensión del proyecto.

En el dictamen emitido en enero de 2009 el ICOMOS reiteró su preocupación porque el INAH, especialmente, el Consejo de Arqueología “haya emitido de una manera tan ligera su aprobación a un proyecto que constituye una afectación a los valores de autenticidad y visuales del área arqueológica y de sus estructuras más emblemáticas: la Pirámide del Sol y de la Luna”.

El espectáculo, con un cupo para 520 personas, era similar al que se realizó en 1968 en el sitio como parte de la celebración de los Juegos Olímpicos, con sistema de iluminación colocado en canales subterráneos, música de Blas Galindo y guión de Salvador Novo.

A diferencia de aquel proyecto, Resplandor Teotihuacano no contaba con guión alguno. “En tanto no se cuente con ese guión, o si dicho guión no es objeto de una revisión, el proyecto no representará una acción que contribuya a la educación y difusión de esa zona arqueológica, y podría convertirse en un show comercial, ejemplo de la utilización inadecuada de un sitio, basado en consideraciones de lucro y no en su conocimiento y difusión”, condena ICOMOS.

En 2009, trabajadores e investigadores del INAH interpusieron un juicio de amparo y una denuncia penal en contra del proyecto y de las autoridades responsables y ejecutoras de la orden, autorización, aprobación, celebración y firma del convenio que le daba vida al proyecto;contra las autoridades responsables de otorgar permisos, licencias y autorizaciones para realizar construcciones en la zona de monumentos,la orden y aprobación de la autorización para que terceros administren directamente la zona de monumentos arqueológicos, y contra la autoridad responsable por la omisión de proteger y conservar la zona.

Entre los responsables, se señalaba a Felipe Calderón, a Enrique Peña Nieto, a la SEP, al secretario de Turismo, al director general del INAH, a la coordinadora Nacional de Arqueología de esa dependencia, y al Consejo de Arqueología del Instituto.

Luego de casi tres años de litigio, se declaró el no ejercicio en el caso de la denuncia penal,y fue negado el amparo bajo el argumento de que las personas que lo promovieron carecían de interés jurídico, pese a que las leyes (Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y Ley General de Bienes Nacional)establecen que las zonas y monumentos arqueológicos son bienes nacionales de uso común y dominio público y por tanto, señala Irving Espinosa, cualquiera podría interponer una demanda a favor del patrimonio.

“El argumento es totalmente ilógico, pues según el juez, el único que tiene interés jurídico y por tanto quien debe denunciares el INAH, y es el Instituto quien conjuntamente con el gobierno del Estado de México promovió el espectáculo”, explica Espinosa.

Además, agrega, en este caso los delitos que se cometieron por dañar a las pirámides se persiguen de oficio, no se requería que el representante legal del INAH denunciara.

La presión social obligó al gobierno estatal a detener el proyecto de iluminación y también desató la discusión sobre el llamado “turismo cultural”, y el uso de los bienes del dominio público con valor patrimonial para su explotación comercial.

A decir del abogado Irving Espinosa, el “turismo cultural” es un concepto estrictamente comercial e ilegal que violenta la Ley de Bienes Nacionales, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, y el Acuerdo por el que los bienes e instalaciones dependientes del INAH no serán utilizados con fines ajenos a su objeto o naturaleza,las cuales no permiten que particulares usen o exploten los bienes.

Publicado en el Diario oficial de la federación en 1997,el Acuerdo prohíbe que los bienes e instalaciones dependientes del INAH sean utilizados con fines ajenos a su protección, investigación, conservación, restauración, recuperación, promoción y difusión.

“El hecho de que terceros usen, disfruten y obtengan ganancias de los bienes propiedad de la nación,instrumentos de conocimiento de la historia y adscritos al sistema educativo nacional,es algo totalmente inconstitucional e ilegal”, asegura Irving.

El Acuerdo,que aún sigue vigente, en su artículo segundo establece, a manera de excepción, que sólo con autorización del secretario de Educación Pública los bienes e instalaciones a cargo del INAH podrán ser utilizados para la realización de actos culturales o cívicos relevantes, a juicio del propio secretario.

Sin embargo, dicho documento no especifica los parámetros para determinar la “relevancia” de los actos que ahí se realicen. Lo que está a discusión, dice Espinosa, es si un concierto es culturalmente relevante o no; y ante la falta de normatividad, la decisión es discrecional.

“Se ha hecho de la excepción la regla. Se administran las zonas arqueológicas como negocio, como salón de fiestas”.

Desgaste

Inscrita en la lista de la UNESCO como Patrimonio Mundial en 1987, la ciudad de Teotihuacán (o “Lugar de los Dioses”, como sería su traducción del náhuatl), una de las ciudades mejor planeadas del mundo antiguo, también enfrenta problemas graves de conservación, dice Alejandro Sarabia.

El arqueólogo asegura que la intemperie, la contaminación, incluida la lluvia ácida, el viento, la radiación solar, son factores que en conjunto han causado la pérdida de pisos originales y murales: “Hay problemas en todas partes, incluso las bodegas de los museos tienen problemas de conservación”.

“Durante 2003 y 2004 estuvimos muy preocupados por los daños tan severos. Todos los días veíamos cómo se caían pedazos de las esculturas”, dice Sergio Gómez, arqueólogo a cargo del proyecto de conservación del Templo de Quetzalcóatl, un espacio dedicado a conmemorar el inicio del tiempo mítico.

Como la mayor parte de las estructuras en la zona arqueológica, el Templo de Quetzalcóatl se ve afectado por la humedad. Su constitución a partir de piedra volcánica y recubrimientos de cal y colores que en algún momento impresionaron a sus antiguos visitantes, la hacen endeble y denotan la urgencia de aplicar programas integrales para evitar su degradación y deterioro, y con ello, la pérdida de información fundamental para entender la historia del hombre.

El actual director de la zona indica que la conservación e investigación de Teotihuacán, una de las ciudades más antiguas de América, y una de las más monumentales obras hechas por el hombre antiguo, es una necesidad y una obligación.

Aunque se sabe que la ciudad fue el desarrollo urbano mejor planificado y más exacto de la antigüedad, que requirió de un conocimiento muy avanzado en ingeniería e hidráulica; que poseía una de las sociedades más complejas en cuanto a su organización social, política y de gobierno; que fue el primer Estado que existió en la época prehispánica, dice Sarabia, de Teotihuacán “sabemos poco”. La ciudad “tiene mucho que aportar a la historia de la humanidad y si la perdemos, perdemos mucho no sólo como mexicanos sino como ciudadanos de este mundo, porque no es posible concebir la historia de este continente sin ella”.

Actualmente en la zona hay tres proyectos de conservación: pintura mural in situ; conservación del Palacio de la Quetzalpapalotl, conservación de la Plaza Oeste en la Calzada de los Muertos, Atetelcoy del Templo de Quetzalcóatl.

Sarabia considera que para salvaguardar los monumentos sería necesario aplicar programas de conservación sistemáticos y permanentes, además de más personal y más recursos: “Necesitaríamos un ejército y mucho dinero, y eso no es posible”.

Fuente: Contralínea 243 / 24 de julio de 2011