Por Tomás Juárez
En días recientes, las redes sociales y los medios de comunicación han abordado profusamente la noticia del fallido intento de restauración de la estatua ecuestre de Carlos IV, conocida cariñosamente como el Caballito. La indignación por el daño al Caballito ha sido generalizada. Sin embargo, la atroz “limpieza” con ácido nítrico no es lo que particularmente preocupa en este caso, sino una serie de acciones que ilustran la falta de respeto hacia las instituciones, así como el desconocimiento de la conservación como una disciplina profesionalizada y especializada.
Primeramente cabe cuestionarse cómo es que el gobierno del Distrito Federal adjudicó de manera directa la restauración de una obra tan emblemática a una persona sin formación profesional en la conservación de objetos metálicos. Todo apunta a que fue una decisión fundada en el amiguismo, o al menos en criterios presupuestales, pero en definitiva no justificada profesionalmente.
Aún más desafortunado es el total desconocimiento de la legislación en materia de protección patrimonial por parte del Fideicomiso del Centro Histórico (FCH), que no se preocupó por contar con la licencia de restauración, otorgada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) a través de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural (CNCPC). Eufemística o tramposamente, el FCH ha alegado una “descoordinación” con el INAH. Parece que no basta, entonces, una ley federal emitida hace más de 40 años ni una historia de más de 70 años de la institución encargada de la conservación, investigación y difusión del patrimonio cultural, para que las autoridades locales y los fideicomisos creados ex profeso para la revitalización de centros históricos conozcan las competencias del INAH y los procedimientos estipulados para la intervención de monumentos históricos. Y no es sólo el desconocimiento legal y de las competencias institucionales lo que preocupa en este caso, sino el hecho de que una instancia del gobierno le meta el pie a otra.
Por si fuera poco, en las redes sociales han destacado una serie de figuras públicas a quienes les sobra ego y les falta conocimiento de causa. Estos “centinelas” del patrimonio se han dedicado a convocar a sus distinguidos contactos, quienes —adulándose mutuamente— se dicen capaces de encontrar la solución al daño infligido al Caballito sin convocar, claro, a ninguna persona realmente especialista en el tema (quizá por no estar en su red de contactos). Esto lo hacen, curiosamente, vapuleando al INAH y a sus autoridades —quienes de hecho frenaron la intervención de manera temprana— y simultáneamente alabando al director del FCH, Inti Muñoz, quien es uno de los mayores responsables del daño a la escultura.
En estos días veremos cómo evoluciona el caso. Esperemos que el FCH y la Autoridad del Centro Histórico respeten los procedimientos para el otorgamiento de la licencia y lleven a buen término los trabajos necesarios para asegurar la conservación de este monumento histórico. El INAH tendrá que hacer mayores esfuerzos con las distintas instancias de gobierno para promover el correcto seguimiento de los procedimientos, y quizá incluso emprender acciones legales para sentar precedentes que eviten que este tipo de casos se repitan. También es importante que se permita el funcionamiento del Consejo de Conservación-Restauración de la CNCPC, ya que esta instancia colegiada promoverá la regulación de las acciones de conservación y restauración del patrimonio cultural y abonará al reconocimiento de la disciplina.
Si alguna lección debe dejarnos esta desafortunada “restauración” es que no pueden pasarse por alto las competencias institucionales. Sin esto último no sólo se cometen atropellos al patrimonio cultural, sino que se ahoga a las instituciones y a la misma vida pública del país.
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Fuente: http://elpresentedelpasado.com/2013/09/27/afrenta-a-la-vida-institucional/
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