EL ENGROSAMIENTO DEL APARATO BUROCRÁTICO – ADMINISTRATIVO Y EL DECREMENTO DE LA INVESTIGACIÓN EN EL INAH//

Documento «El engrosamiento del aparato Burocrático-Administrativo y el decremento de la Investigación en el INAH», presentado durante la Rueda de Prensa del 22 de agosto del 2018, que reproducimos aquí con la intención de abonar a los elementos del debate sobre la situación actual del INAH y sus trabajadores contratados.

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INAHLa Estructura Orgánica del INAH, según se mostraba en la página web de la Institución hasta mayo del presente año, se conforma por un total de 525 mandos medios (es decir, coordinadores nacionales, directores, subdirectores y jefes de departamento), que implican una erogación anual, únicamente por concepto de salarios (es decir, sin considerar aguinaldo ni otras prestaciones), de 167 millones de pesos.

La planta de investigadores de tiempo completo, es aproximadamente de 890, lo cual significa que por cada 5 investigadores, existen 3 mandos medios. Asimismo, esos mandos medios son auxiliados por una plantilla de aproximadamente 1,500 personas «eventuales» dedicadas a actividades administrativas, cuyos salarios oscilan entre 17 mil y 10 mil pesos mensuales, que anualmente implican un gasto de 243 millones de pesos, de tal manera que el costo anual del aparato burocrático – administrativo del INAH, tiene un costo aproximado de 410 millones de pesos, sólo en lo que a salarios se refiere, en tanto que el costo anual de salarios de 890 investigadores, es aproximadamente de 320.5 millones de pesos. Así, el costo del aparato burocrático es 22% mayor al de la actividad sustantiva básica, que es la investigación, pues es la que genera los elementos fundamentales que dan vida y sostienen a la Institución.

Al contrastar esta desproporcionada relación del aparato administrativo respecto a la actividad sustantiva de la investigación, emergen las mentiras y tergiversaciones emitidas por Diego Prieto en su «Balance de actividades 2017 – 2018″(sic), que se detallan a continuación:

1. Lo que en realidad debe cuestionarse, son las modalidades de contratación de los mandos medios; tales puestos corresponden a la figura de «personal de confianza», y muchos son ocupados por investigadores; sin embargo, emerge una falta de apego a la normatividad vigente, que se traduce en formas de contratación irregulares, porque cuando esos puestos son ocupados por investigadores, perciben los salarios íntegros como tales, además de los llamados «sobresueldos» o «compensaciones» por la «carga administrativa», que resultan ilegales, si nos atenemos a las Condiciones Generales de Trabajo, que son la norma interna en tales aspectos; ocurre en otros casos, que cuando esos investigadores que ocupan los puestos de confianza, no se les cubren sus salarios como personal de base, sino los correspondientes a personal de confianza. En ambos casos, cabe preguntarse en dónde queda y qué se hace con el dinero que no se ocupa cuando se aplica una o otra modalidad de contratación. Estrictamente hablando, si sobrevive una irregularidad grave en la forma de contratación, como afirma Diego Prieto, es en la estructura burocrática – administrativa, con mayor costo económico que en el área sustantiva de la investigación.

2. Por otra parte, el Artículo 2 de la Ley Orgánica del INAH establece que es una institución cuyos objetivos generales son:

«… la investigación científica sobre Antropología e Historia relacionada principalmente con la población del país y con la conservación y restauración del patrimonio cultural arqueológico e histórico, así como con el paleontológico; la protección, conservación, restauración y recuperación de ese patrimonio y la promoción y difusión de las materias y actividades que son de la competencia del Instituto.»

Son esas sus actividades sustantivas, de las cuales, como se dijo renglones antes, la de mayor relevancia es la investigación científica, pues es sólo mediante su desarrollo que se obtienen los elementos e información que aporta la materia de trabajo para las otras. En ese sentido, la principal preocupación de los funcionarios del INAH debiera ser la de propiciar las mejores condiciones materiales, laborales y administrativas para el óptimo desarrollo de la investigación científica. Sin embargo, lejos de eso, se ha relegado esta actividad a la más mínima y frágil subsistencia.

La investigación científica en el INAH, como en toda institución de igual responsabilidad, se estructura y planifica en función de proyectos específicos, acordes a la disciplina antropológica que los diseña y genera, en términos del problema de investigación, las bases teórico – metodológicas, los objetivos generales y particulares, los requerimientos humanos, materiales y financieros para su desarrollo y los resultados esperados, que necesariamente deben ser publicados y difundidos. De este modo, los recursos presupuestales implicados, se integran en el Capítulo 1000, en concordancia con lo establecido por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y a nivel interno se concentran en el llamado Sistema Institucional de Proyectos, el SIP.

Cuando Diego Prieto afirma la inexistencia «de un Capítulo 1000 de proyectos, que no existe en ninguna pública», contradice los preceptos esenciales con los que el INAH, desde su creación, ha desarrollado la investigación científica. Tan así es, que, por ejemplo, existen las Disposiciones reglamentarias para la investigación arqueológica en México, en donde se establece que toda investigación en esta disciplina, debe estructurarse y administrarse en función del Capítulo 1000, como ha ocurrido siempre.

3. Si fuera cierta la afirmación de Diego Prieto, en cuanto a su preocupación de «rescatar» y mantener a salvo al INAH, su gestión debería enfocarse en la revitalización del área sustantiva de investigación, mediante la regularización laboral de su indispensable planta de investigadores contratados y migrar a los auxiliares administrativos al Capítulo 3000.

Con esto queremos decir que, lejos de vitorear la desaparición del Capítulo 1000 para los proyectos de investigación, este debería reestructurarse para recuperar a los investigadores contratados, y que esa desproporcionada cantidad de empleados administrativos, cuya presencia es útil, pero no indispensable, sea trasladada al Capítulo 3000; es decir, dada la actividad que desarrollan esos auxiliares administrativos, que no tiene las implicaciones ni exigencias determinadas en las leyes que establecen y dan razón de ser al INAH, son los que deberían ser contratados como prestadores de servicios, servicios que no requieren mayor preparación escolar; y prueba de ellos es que buena parte de esos auxiliares administrativos carecen de una formación universitaria.

En cambio, las áreas sustantivas, muy principalmente la investigación científica, implica que sus especialistas deben ser formados en las diversas disciplinas antropológicas y otras ciencias complementarias, mediante la transmisión de conocimiento en las escuelas del INAHy otras instituciones universitarias y no solamente en el grado académico de licenciaturas, sino cada vez más en maestrías y doctorados. Sin esa formación académica, la investigación científica resultaría inexistente en el INAH, pues se trata de la sustancia misma de la Institución.

4. Que Diego Prieto  incurre en la mentira y tergiversación de  los hechos, y en una clara falta de valor civil, se demuestra también por el hecho de que, desde enero de 2017, cuando estableció la expulsión de los investigadores contratados y los condenó a la humillante condición de «prestadores de servicios», argumentó ante toda la comunidad de trabajadores del INAH, que la medida fue impuesta por la Secretaría de Hacienda; sin embargo, y contrario a ese discurso insistente, en su «balance» afirmó que esas medidas fueron establecidas en común acuerdo con la Secretaría de Hacienda. Es decir, que como siempre hemos insistido, esa fue decisión única de Diego Prieto, decisión que pregona como uno de los grandes logros de su gestión.

5. En conclusión, observamos con claridad y profunda preocupación, la estrategia de aniquilación de la actividad sustantiva de la investigación científica por Parte de Diego Prieto, y el reforzamiento a ultranza del aparato burocrático – administrativo en nuestra Institución. De ello se colige el discurso mentiroso y tergiversador de la real gestión de Diego Prieto y toda su plantilla de funcionarios, con la que se pone en grave peligro la propia existencia del INAH.

Los responsables directos de estos actos ilegales y de esta mentira con que se intenta ocultar la realidad, son, en primera instancia, aunque no nada más:

Diego Prieto, Director General; Aida Castilleja González, Secretaria Técnica; Maribel Nuñez Mora Fernández, Secretaria Administrativa; Emanuel Téllez Gaona, Coordinador Nacional de Recursos Materiales; David Honorio García Ávila, Coordinador Nacional de Recursos Financieros; Ma. Del Perpetuo Socorro Villarreal Escárcega, Coordinadora Nacional de Asuntos Jurídicos; Silvestre M. López Portillo Castillo, Coordinador Nacional de Obras y Proyectos; Eduardo Fernández Aspiri, Coordinador Nacional de Recursos Humanos.

LA DESAPARICIÓN DE LOS INVESTIGADORES CONTRATADOS DEL INAH//

Documento «LA DESAPARICIÓN DE LOS INVESTIGADORES CONTRATADOS DEL INAH». Del Movimiento 26 de Julio, realizado para la Rueda de Prensa del 22 de agosto del 2018, que transcribimos aquí para comenzar la reflexión sobre la situación actual del INAH y sus trabajadores contratados. 

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En su «Balance de actividades»[1], Diego Prieto afirma que actualmente existen 1531 proyectos de investigación, conservación y difusión, de los cuales, 1060 corresponden al ámbito de lo arqueológico, en tareas de investigación, salvamento y restauración. Pero omite mencionar el revelador hecho de que el INAH sólo cuenta con 350 arqueólogos de base, cantidad que de ninguna manera puede hacerse cargo de los 1060 proyectos, y por eso mismo es enteramente necesario recurrir a la contratación de investigadores, en una cantidad que actualmente ronda los 800 arqueólogos (y un aproximado de 1200 en todas las disciplinas); es del todo claro que sin la participación de esos investigadores contratados, el INAH estaría imposibilitado de desarrollar las actividades sustantivas.

Desde décadas atrás y hasta el año 2016, esos investigadores contratados e incorporados a los proyectos específicos, quedaban formalmente registrados, en términos académicos, en los Proyectos entregados al Consejo de Arqueología, y en términos administrativos, en el correspondiente Capítulo 1000. Este hecho concreto e irrebatible, es soslayado por Diego Prieto califica la contratación de esos investigadores, a todas luces imprescindible para la vida académica del INAH, como «irregular», «inexistente» y «oculta», argumentos falaces y tendenciosos con los que intenta justificar la expulsión de estos 1200 investigadores. En realidad, Diego Prieto nunca menciona ni mucho menos explica el despido de estos 1200 investigadores: se limita a mencionarlos en términos cosificantes, tales como «ahorros» en «otros rubros», en «contratos irregulares» e «inexistentes».

La tergiversación de los hechos es más grave aún, cuando Diego Prieto intenta, aquí sí, ocultar esa acción ilegal y contraria a los preceptos institucionales, que es la desaparición de los investigadores como trabajadores del INAH, y su encasillamiento como prestadores de servicios en el Capítulo 3000. Esta acción es ilegal, porque, de acuerdo a la normatividad interna con la que se ha regido la actividad sustantiva de la investigación, que son las Condiciones Generales de Trabajo, se establece en su artículo 24, que:

Queda estrictamente prohibido que laboren en el Instituto personas con carácter meritorio, así como la contratación por servicios profesionales, cuando por su naturaleza corresponda a una relación de trabajo, en cuyo caso deberá ser desempeñada por trabajadores del Instituto.

Y es que,  como caso específico, en el área sustantiva de arqueología, las actividades de investigación implican inevitablemente el descubrimiento, análisis, clasificación, catalogación y manejo de elementos que son bienes nacionales, por lo tanto, esas actividades sólo pueden ser ejecutadas por trabajadores del INAH, en consonancia con lo establecido en la Ley Orgánica del INAH y la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos; más aún cuando, en los proyectos de salvamento, esa actividad específica implica la ejecución de actos de autoridad, que deben ser realizados por los investigadores contratados; en ese estricto aspecto legal, al desterrar a los investigadores contratados y a pesar de todo recurrir a ellos en calidad de «prestadores de servicios», Diego Prieto incurre en graves delitos federales. Los hechos son enteramente contrarios a lo que afirma en su «Balance de actividades».

Igualmente tergiversadora es su afirmación de que se «regularizaron como personal eventual, 533 trabajadores con servicio médico del ISSSTE, que antes se encontraban sin seguridad social, que se conocían como «indocumentados», que ya no existen»; y es que Diego Prieto hace explícita su estrategia de aumentar indiscriminadamente la plantilla de personal administrativo, con estos 533 trabajadores que se vieron beneficiados laboralmente y que engrosan así al ya visto desproporcionado aparato burocrático, mientras expulsa del INAH al personal de investigación, es decir, a quienes cumplen con la fundamental tarea sustantiva de la institución.

El cinismo de Diego Prieto es ya insultante, cuando asevera que esa desaparición del Capítulo 1000 de proyectos, no afecta, sino al contrario, da cumplimiento a las necesidades de los proyectos. Que quede claro que en el INAH sólo existen 890 investigadores de base, mientras se desarrollan 1531 proyectos, de manera que al expulsar a los investigadores contratados, los proyectos sí se vieron gravemente afectados, tanto en términos académicos, como financieros. Sin embargo, se demuestra también que esos investigadores contratados son indispensables, por más que Diego Prieto crea que el INAH puede prescindir de ellos.

Las acciones que Diego Prieto ejecutó contra los investigadores contratados, es una prueba a todas luces evidente, de su intento de aniquilar paulatinamente a la actividad sustantiva de la investigación científica en el INAH.

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Nota [1]: Adjuntamos el video «Balance 2016 – 2017» al que el documento del Movimiento 26 de Julio hace referencia:

CARTA DEL MOVIMIENTO 26 DE JULIO A ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR//

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Carta del «Movimiento 26 de Julio» de Profesores de Investigación Científica y Docencia Contratados del INAH, a la Opinión Pública. Documento entregado en la Casa de Transición de Andrés Manuel López Obrador por parte de los Investigadores del INAH @inah_academicos».//

#INAHM26 #indocumentados #invisibles #contratados #INAH

Carta M26J 1Carta M26J 2

MANIFIESTO DEL MOVIMIENTO 26 DE JULIO DE LOS PROFESORES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DOCENCIA CONTRATADOS DEL INAH//

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1. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, sus responsabilidades nacionales y el personal de investigación, hoy.

Desde su fundación en el año 1939, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ha requerido, inevitablemente, de la contratación de personal de investigación científica y docencia para complementar el cuerpo de investigadores de base de tiempo completo dedicado al desarrollo de la actividad sustantiva fundamental, que es la investigación científica, que es la razón de ser de la Institución, en consonancia con lo establecido en el Artículo 2º de la Ley Orgánica del INAH, que la instaura como la entidad estatal que tiene como responsabilidad la investigación, conservación y difusión del patrimonio arqueológico e histórico y del proceso de desarrollo histórico-social de la nación, todo lo cual debe ser atendido a través de las especialidades en arqueología, antropología social, antropología física, etnología, etnohistoria, lingüística e historia.

Para cumplir con el cometido que la ley le impone, el INAH debe recurrir necesariamente a la contratación de investigadores, pues la planta de investigadores de base es y ha sido insuficiente.

Es así que, en el ámbito de la arqueología, el INAH cuenta con 350 investigadores de base, cantidad insuficiente frente a las más de 45 mil zonas arqueológicas que hasta el momento se han registrado en todo el territorio nacional, y requieren ser atendidas no sólo en términos de su investigación científica, sino también de la restauración, conservación, protección y divulgación de dichos bienes nacionales.

Por su parte, la investigación sobre el proceso del desarrollo histórico y social de la población indígena del país, conformada por 56 diferentes grupos étnico-lingüísticos (Pueblos Indios), que componen aproximadamente el 20% de la población nacional, se convierte en una problemática que rebasa de manera inconmensurable a los 300 antropólogos, etnólogos, etnohistoriadores y lingüistas de tiempo completo con base en el INAH.

En cuanto a la investigación de la Historia Nacional, el INAH cuenta apenas con cerca de 174 investigadores de base, con lo que es imposible atender y avanzar sustancialmente en tan vital tarea, a lo cual deben sumarse los más de 100 mil monumentos históricos involucrados en nuestro devenir como nación; y qué decir del análisis, catalogación, conservación y divulgación de la infinita cantidad de documentos históricos que poseen la información esencial que requieren ser procesados para develar los pormenores de la historia de México.

De este modo, para cumplir las obligaciones que al INAH le confieren las leyes en la materia, los más de 800 investigadores de base con que cuenta el INAH, se traducen en una cantidad a todas luces insuficiente, razón por la cual, la integración de investigadores contratados en los diversos proyectos de investigación científica, ha sido siempre una necesidad ineludible. Si bien es cierto que este desequilibrio entre las tareas que deben atenderse y la cantidad de investigadores que las desarrollan, se debe al escaso presupuesto que se le otorga anualmente al INAH, también es cierto que los funcionarios del INAH no han sido capaces de lograr el incremento anual, que permita contar paulatinamente con un número mayor de plazas de investigación científica de tiempo completo y con ello, mejorar la capacidad de respuesta del INAH, sobre el proceso de desarrollo histórico y los problemas económicos políticos y sociales que le son inherentes, y a los que el INAH debe ofrecer eventuales soluciones.

Ante la magnitud de esa tarea, los más de 800 investigadores de base con que cuenta el INAH, sólo pueden atenderla en un mínimo porcentaje. Así, el INAH debe acudir anualmente a la contratación eventual de más de 1200 investigadores que se integran a casi 400 proyectos de investigación en todos los campos de la antropología y la historia.

2. Caracterización del personal de investigación científica y docencia contratado del INAH.

Los 1200 investigadores que actualmente somos contratados por el INAH, desarrollamos nuestras actividades en condiciones de terrible precariedad laboral, económica, académica, y de seguridad física, debido a las siguientes razones:

a) Por el desarrollo de nuestras labores, sólo percibimos un salario que no siempre y no en todos los casos, corresponde al de nuestra capacidad académica y conocimientos especializados; es común que se nos contrate sin considerar la categoría académica que nos corresponde y se establece en las Condiciones Generales de Trabajo del INAH; ha ocurrido la contratación en calidad de “peones”, a varios compañeros arqueólogos.

b) El pago de nuestros salarios ocurre siempre con retrasos hasta de seis meses y en ocasiones con arbitrariedades como:
– No se paga en las cantidades estipuladas en nuestros contratos
– No se cubren todos los meses laborados
– Los horarios exceden las ocho horas diarias
– Cuando en nuestro periodo de contratación elaboramos dictámenes periciales, estamos obligados a continuar todo el proceso legal hasta su conclusión, lo cual ocurre mucho tiempo después del término de nuestro contrato, de manera que seguimos laborando sin percibir remuneración alguna, y realizando actos de autoridad.

c) Carecemos de toda prestación socioeconómica, excepto de la compensación anual o aguinaldo, y no siempre en la proporción que mandata la ley.

d) Carecemos de cualquier clase de seguridad, social, médica, de vida o accidentes, a los que estamos propensos en la medida que constantemente desarrollamos las actividades en zonas rurales, en ecosistemas poco favorables, y muchas veces en situaciones de alto riesgo debido a las actividades del crimen organizado.

e) Cuando debemos realizar las labores para las que somos contratados en lugares fuera de los centros de trabajo, es decir, “en el campo”, es común que no se nos otorguen viáticos, y a veces se nos obliga a cubrir nuestros propios gastos de sobrevivencia; y peor aún, a adquirir por cuenta propia las herramientas e instrumentos necesarios para el desarrollo de la investigación.

f) Debido a la condición de investigadores contratados, los mandos medios y administradores del INAH a menudo establecen con nosotros una relación laboral de maltrato, de burla, humillación e indiferencia, siempre con el visto bueno de los funcionarios de alto rango en el INAH. Ha ocurrido que algunas investigadoras contratadas se han visto expuestas a un aborrecible acoso sexual por parte de los titulares de algunos centros de trabajo.

A pesar de estas condiciones laborales, a la inmensa mayoría de los investigadores contratados se nos reconoce por poseer conocimiento especializado, capacidad y entereza para el desarrollo de nuestras actividades, por la lealtad y honestidad para con los titulares de los proyectos y para la institución misma. Un gran porcentaje de nosotros cuenta con artículos y libros publicados, impartimos cátedras en las diversas escuelas del INAH donde se forman los especialistas en todas las áreas de la antropología y la historia, así como en la conservación y restauración del patrimonio arqueológico e histórico. Es decir, que los investigadores contratados asumimos con toda responsabilidad y profesionalismo, gran parte de las labores en las áreas sustantivas del INAH; y en ese sentido, es preciso reconocer que muchos de nosotros realizamos nuestras tareas de manera más satisfactoria que como lo hacen muchos investigadores de base, y es común que nos desempeñemos como los responsables y coordinadores de proyectos de investigación.

La única posibilidad que tenemos de acceder a una plaza definitiva de tiempo completo, es la de esperar a que las plazas existentes se desocupen, ya sea por defunción o jubilación de los investigadores activos, y mediante concurso de oposición abierto. Esto significa que, para que los 1200 investigadores contratados podamos optar por una plaza, es esperar a que fallezcan o se jubilen los 800 investigadores activos, y aún así, tales plazas no serán suficientes, de manera que en el actual esquema presupuestal del INAH, muchos profesionales de la antropología y la historia, estamos condenados a jamás poder acceder a una plaza en el INAH.

3. …Y todavía, un mayor deterioro de la situación laboral.

En términos de la estructura administrativa del INAH, hasta el año 2016, los investigadores contratados estábamos incorporados a los proyectos de investigación mediante el denominado Capítulo 1000, es decir, como “Personal de carácter transitorio” y en la Partida 12201, que corresponde a los “Sueldos base al personal eventual”. Aunque bajo este régimen carecíamos de cualquier prestación socioeconómica y seguridad física y laboral, legalmente adquiríamos el carácter de personal del INAH, y manteníamos así vigente la condición legal para el desarrollo de las actividades de investigación científica, de acuerdo a como las establecen y exigen las leyes en la materia, entre ellas, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos (LFMZAAH), en sus Artículos 18, 30 y 32; la Ley General de Bienes Nacionales, en sus Artículos 4, 5, 6, 9, 11, 30 y 84.

Sin embargo, a partir del año 2017, el actual director general del INAH, Diego Prieto Hernández, en un acto incomprensible e injustificado, erradicó a los investigadores contratados del régimen de Personal de carácter transitorio (Capítulo 1000), y confinarnos en el Capítulo 3000, que corresponde a los “Prestadores de servicios”, Partida 33901 “Subcontratación de servicios con terceros”.

En términos estrictamente legales, este hecho constituye una flagrante violación al Artículo 30 de la LFMZAAH, según la cual, las labores de investigación científica, que en muchos casos constituyen actos de autoridad, sólo pueden ser realizadas por personal del INAH, de manera que la investigación, conservación y difusión del patrimonio arqueológico e histórico, que ahora realizamos, se torna en un potencial acto ilegal, por ser considerados “prestadores de servicios”, acto ilegal promovido por Diego Prieto y sus colaboradores.

Erradicar del Capítulo 1000 a los investigadores contratados, equivale, en términos jurídicos, a un despido injustificado e ilegal, puesto que fuimos borrados de la estructura académica y administrativa de la Institución, a pesar de que, al ubicarnos en el Capítulo 3000 para continuar realizando investigación científica, se evidencia que la materia de trabajo no sólo persiste, sino que es la razón, claramente imperiosa, de la necesidad de nuestra integración en las labores sustantivas del INAH. En sentido estricto, los investigadores contratados fuimos artera e ilegalmente despedidos por los actuales funcionarios del INAH.

Al ubicar a los investigadores contratados en el régimen de “prestadores de servicios”, se nos obliga a incorporarnos a regímenes fiscales que implican elevadas tributaciones que minan gravemente nuestra ya de por sí precaria percepción salarial. Adicionalmente, la retribución por el desempeño de nuestras labores es ahora más humillante, debido a que:

a) Los pagos se realizan con varios meses de retraso, e incluso al día de hoy (julio de 2018), buena cantidad de investigadores contratados no hemos recibido los pagos por las labores que hemos desarrollado desde el mes de enero. Por esta situación, varios de ellos optaron por la búsqueda de otros empleos, lo que significa que jamás percibirán los salarios devengados. Asimismo, los proyectos de investigación en los que participaban se han visto gravemente afectados, pues los investigadores de base, titulares de esos proyectos, no cuentan ahora con el suficiente personal para continuar las investigaciones programadas.

b) La irregularidad administrativa propiciada por Diego Prieto y los funcionarios del INAH, ha provocado muy diversas formas y esquemas de contratación o subcontratación; en algunos casos se nos obliga a firmar contratos pletóricos de obligaciones y carentes de cualquier derecho laboral y académico; muchos investigadores laboramos sin haber firmado contrato alguno, situación que nos coloca en la inminencia de la cancelación de nuestra participación en los proyectos en que nos desempeñamos. Cuando llegamos a firmar el contrato, jamás se nos entrega copia del mismo.

c) A veces, cuando los rescates y salvamentos arqueológicos se realizan mediante convenios con terceros, el INAH cede a las empresas responsables de la afectación de los predios, la contratación de los arqueólogos que realizarán la investigación, lo cual contradice la normatividad vigente en la materia, porque siendo una actividad sustantiva del INAH, la investigación arqueológica sólo puede realizarse por trabajadores del INAH, no por personal de las entidades privadas.

d) Inexplicablemente, a una gran cantidad de investigadores contratados, ya sea en el régimen de Capítulo 3000 o de “eventuales”, se nos obliga a firmar, junto con el contrato respectivo, una “carta de renuncia voluntaria”, que no sólo es ilegal, sino humillante.

e) Un amplio porcentaje de investigadores confinados en el Capítulo 3000, somos obligados, como condición para ser “subcontratados”, a presentar una fianza, y dos “cotizaciones” extras, de otros potenciales investigadores, para demostrar que nuestra propuesta es económicamente más asequible al “patrón”, es decir, al INAH. Ante esta inaceptable situación, los funcionarios del INAH argumentan que el procedimiento está “apegado a derecho” y a la normatividad emitida por la Secretaría de Hacienda. Quizás sea cierto, pero eso no implica que el acto se legítimo, porque en realidad los funcionarios del INAH son los causantes y promotores de esta terrible transformación de las relaciones de contratación de los investigadores.

Ante esta situación, los investigadores contratados del INAH, que constituimos el Movimiento 26 de Julio, junto con el Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del INAH emitimos la siguiente:

DECLARACIÓN

1. Los profesores de investigación científica y docencia contratados del INAH son un elemento sustantivo de la Institución y no meros “prestadores de servicios”, condición a la que les ha confinado en el esquema actual de precarización laboral, el cual se está imponiendo mecánicamente desde una visión basada en una profunda ignorancia respecto a la relevancia y la responsabilidad del INAH frente a la realidad nacional, que, además, le ha sido conferida por las leyes en la materia desde su fundación.

2. Por años, los profesores de investigación científica y docencia contratados del INAH, se han integrado a proyectos y equipos de trabajo en un proceso formativo esencial también para el INAH mismo, generador de saberes y acervos relevantes para la Institución. Sin embargo, ya por años también, en una inexcusable falta de ética, el INAH ha faltado a sus responsabilidades básicas como patrón, imponiendo a los profesores de investigación científica y docencia contratados, esquemas que eluden el acceso a la seguridad social y a otras prestaciones básicas de ley, pagando de manera irregular y tardía y además salarios sin incremento a lo largo de los años.

3. Este maltrato inobjetable mina el proceso formativo y la identificación con la Institución, pero además, opera contra la formación de equipos de trabajo, orillando a los profesionales formados por el mismo INAH, comprensiblemente, a abandonarlo. Se trata de cientos de investigadores jóvenes que a menudo demuestran en su desempeño, a pesar de dichas circunstancias, su compromiso y su capacidad. De ahí que se trate de una grave irresponsabilidad institucional el permitir e instrumentar su precarización laboral, validando sin cuestionar esquemas administrativos y recortes impuestos por otras dependencias federales, atentando así contra la misma Institución.

4. Estos esquemas actuales de “prestación de servicios”, mercantilizan y cosifican a la investigación, maltratando no sólo a los profesores de investigación científica y docencia contratados, sino al INAH mismo, al enajenar su materia de trabajo, delegándola a terceros, despatrimonializando a nuestra Institución y colocándola en una situación de dependencia.

5. Lo que se encuentra detrás de esta situación no remite solamente a meros mecanismos administrativos, como se ha querido plantear por parte de los funcionarios, sino a una pérdida de sentido respecto a la identidad, la trascendencia y el cometido institucional del INAH.

6. El confinamiento de los profesores de investigación científica y docencia contratados del INAH, al Capítulo 3000 equivale a un despido masivo, injustificado e ilegal, que viola, además, todas las leyes federales en materia de patrimonio arqueológico e histórico, y de la existencia misma del INAH.

7. El Movimiento 26 de Julio de los profesores de investigación científica y docencia contratados del INAH, al unísono con el Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del INAH, declaran su compromiso firme e inobjetable, de actuar por todos los medios y vías jurídicas, legales, políticas y civiles, siempre pacíficas, para lograr la completa transformación de su situación laboral y académica, en pro de los siguientes objetivos:

a) Erradicar inmediata y definitivamente el régimen de contratación por “Capítulo 3000” impuesto por los funcionarios del INAH.

b) Retornar al régimen de contratación en el Capítulo 1000, es decir, de “Personal de carácter transitorio” con el sueldo base al personal eventual.

c) Que el régimen de contratación de los profesores de investigación científica y docencia contratados, incluya todas las prestaciones socioeconómicas que se otorgan al personal de investigación científica y docencia de base en el INAH, y que estarán aplicándose mientras permanezca el tiempo de contratación establecido en los proyectos en que participan.

d) Trabajar de manera conjunta, para lograr que las instancias federales competentes otorguen al INAH el presupuesto necesario para incrementar paulatina, pero sustancialmente, la cantidad de plazas de tiempo completo de investigación científica y docencia, a modo que se dé la apertura para que en lo inmediato, se inicie la regularización laboral de los profesores de investigación científica y docencia contratados del INAH.

Estamos convencidos que la razón nos asiste.

DE LA CASA #125: ENTRE MEMORIA Y OLVIDO: EL PATRIMONIO CULTURAL ESCRITO / JCAR.

Por Julio Cesar Alfonso Ruiz

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Hablar del patrimonio cultural, hace referencia a un universo de significaciones según el punto de vista académico desde el cual se aborda, considerando la aparición de este término durante la segunda guerra mundial como preocupación a la desaparición de los testigos físicos durante este conflicto bélico y el cual se encuentra compuesto por  dos significaciones la primera refieren a lo heredado (patrimonio) y la segunda por todo lo realizado por la civilización humana (cultura), formulando acciones por países contratantes de tratados creados por la UNESCO con la finalidad de salvaguardar esta herencia. Lo anterior parte de la conservación de la historia de la humanidad por diversos medios, como la edificación, artística, la tradición oral y los escritos con  varios contenidos, por ser una representación tangible de la memoria de las sociedades conformantes de la humanidad. Las cuales a lo largo de los años han buscado registrar los momentos importantes para su historia o bien han marcado un parteaguas en el desarrollo evolutivo en una fecha determinada y con personajes y factores explícitos, así como eventos reflejantes de errores o desastres naturales que deben ser recordados.

El sismo del pasado 19 de septiembre que afecto al centro del país, puso en tela de juicio las actividades de las instituciones encargadas de la salvaguarda de los bienes patrimoniales de la nación, así como las acciones emprendidas por los gobiernos municipales y estatales a través de sus secretarias, considerando los daños a los bienes edificados de carácter histórico dan muestra del interés prestado en su  salvaguarda y restauración en años anteriores al del fenómeno natural anteriormente mencionado.

La puesta en evidencia de la falta de monitoreo del estado de conservación de los bienes históricos por parte del Instituto nacional de Antropología e Historia es uno de los factores en los daños sufridos por estos inmuebles de relevancia histórica para la nación, considerando las acciones de restauración que pudieron haberse llevado a cabo en años pretéritos al sismo ocurrido en semanas anteriores y de esta manera el impacto del fenómeno telúrico hubiesen sido menores al sufrido.

Lo cual ha llevado al INAH a realizar un extenuante censo para emprender las labores en el mejor de los casos de restauración e incluso de reconstrucción en los monumentos con una fuerte afectación en su  estructura, para de esta manera procurar la perpetuidad de este legado para generaciones venideras, las cuales solo verán el sismo como un fenómeno anecdótico para no repetir los errores cometidos por las generaciones que les tocó sufrir este embate de la naturaleza. El daño sufrido por los inmuebles históricos de manera indirecta afectaron a un tipo de patrimonio pocas veces percibido pero de suma importancia en la preservación de la memoria histórica de los municipios, estados y por ende del estado mexicano, el cual es el patrimonio escrito. Este tipo de patrimonio suele ser el menos considerado por las instituciones culturales de gran parte de las diversas localidades conformantes de la República Mexicana por no ser un factor generador de divisas.

Si bien uno de los primeros referentes al abordar el tema del legado escrito hace venir a la mente el archivo general de la nación el cual a través de los años se ha dado a la ardua pero noble labro de salvaguardar, restaurar y difundir el patrimonio escrito resguardado en sus instalaciones, y el cual ha sido un logro apoyado por académicos, instituciones universitarias, y vínculos con gobiernos estatales los cuales también suelen ser auxiliares en la labor de salvaguardar la memoria de México.

Si bien los estados han creado instituciones como sus archivos generales e históricos, los cuales resguardan documentos que son prueban fidedigna de acontecimientos de relevancia en la historia de los mimos. Pero lamentablemente el impacto en sus municipios no ha sido como hubiese de suponerse, a pesar de la existencia de marcos legislativos federales y estatales que tienen como objetivo crear acciones para el rescate de la memoria escrita de las naciones para su conservación y estudio por las diversas generaciones respecto a hechos relevantes para cambiar el destino de su contexto social. Las iniciativas por preservar la herencia escrita de México inicio hace ya más de 22 décadas cuando en 1792 se iniciaron los trabajos para crear lo que hoy es conocido como el archivo general de la nación y de esta  forma se da inicio a una, ardua labor de almacenar, inventariar, organizar y restaurar la memoria de la nación, creando con el devenir de los años marcos legales para regir esta ardua encomienda.

Entre las normas que actualmente se encuentra vigente para la conservación de la memoria escrita son las siguientes:

Memoria del mundo de la organización de las naciones unidas para la ciencia y la cultura dicho programa del cual México es un país contratante desde su creación en el año de 1992, este programa surgió a raíz de considerar el lamentable estado de conservación del patrimonio documental considera que un:

“Documento es “aquello que consigna algo con un propósito intelectual deliberado”. Se considera que un documento consta de dos componentes: el contenido informativo y el soporte en el que se consigna. Ambos elementos pueden presentar una gran variedad de formas y ser igualmente importantes como parte de la memoria. Producidos en el marco de la actividad humana, los documentos pueden tener características relevantes y ser símbolos de la memoria colectiva de un pueblo, nación, región o sociedad. A través de su soporte y contenido, los documentos reflejan la diversidad de los pueblos, las culturas y los idiomas, pasando a ser parte del patrimonio de la humanidad. (UNESCO)”.

Por ello el programa es ambicioso al contemplar documentos móviles, imágenes como fotografías, mapas, dibujos y acuarelas de relevancia para una comunidad, al mismo tiempo busca conservar un legado reproducible haciendo referencia a filmes históricos. Con el único objetivo de facilitar el acceso a este legado partiendo de la conservación mediante las técnicas tecnológicas más avanzadas en el mundo, y de esta manera crear una concientización de la sociedad de la necesidad de preservar esta parte de la memoria humana.

Entre las definiciones del programa abordado la UNESCO señala:

“1.1.1 La Memoria del Mundo es la memoria colectiva y documentada de los pueblos del mundo -su patrimonio documental- que, a su vez, representa buena parte del patrimonio cultural mundial. Traza la evolución del pensamiento, de los descubrimientos y de los logros de la sociedad humana. Es el legado del pasado a la comunidad mundial presente y futura.

1.1.2 La Memoria del Mundo se encuentra en gran medida en las bibliotecas, los archivos, los museos y los lugares de custodia existentes en todo el planeta y un elevado porcentaje de ella corre peligro en la actualidad. El patrimonio documental de numerosos pueblos se ha dispersado debido al desplazamiento accidental o deliberado de fondos y colecciones, a los botines de guerra o a otras circunstancias históricas. Algunas veces, hay obstáculos prácticos o políticos que obstaculizan el acceso a él, y en otros casos pesa sobre él la amenaza de deterioro o destrucción. Las solicitudes de repatriación del patrimonio han de tomar en consideración las circunstancias además de la justicia… (UNESCO, 2002:1)”.

Entre algunos de los señalamientos de las directrices del programa se encuentran los factores endógenos y exógenos, que ponen en peligro la estabilidad del patrimonio documental y en este caso el escrito al encontrarse plasmado en un material de fácil deterioro, por ello sugieren la necesidad de crear instalaciones adecuadas para su preservación y la reproducción de los mismos mediante métodos tecnológicos, para asegurar su perpetuidad en caso de la desaparición del documento.

Aunado a este tratado internacional el estado mexicano se ha dado a la tarea de crear marcos jurídicos propios para asegurar el resguardo de la memoria escrita de la nación formulando la Ley federal de archivos la cual se respalda en el articulo 108 de la constitución de los estados unidos mexicanos de 1917, esta norma federal considera en su: “Artículo 1. El objeto de esta Ley es establecer las disposiciones que permitan la organización y conservación de los archivos en posesión de los Poderes de la Unión, los organismos constitucionales autónomos y los organismos con autonomía legal, así como establecer los mecanismos de coordinación y de concertación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para la conservación del patrimonio documental de la Nación, así como para fomentar el resguardo, difusión y acceso de archivos privados de relevancia histórica, social, técnica, científica o cultural. (Ley Federal de Archivos, 2012:1)”.

En suma  la cita anterior la Ley Federal de Archivos otorga la responsabilidad al Archivo General de la Nación de realizar, inventarios, catálogos y administración de los documentos mediante una administración archivística, basada en un marco operativo creado por la propia institución  con la finalidad de ofrecer un fácil acceso a la información a investigadores y académicos interesados en el acontecer del estado mexicano a través de su historia escrita.

Por ello define en el  Artículo 4:

“XXXI. Patrimonio documental de la Nación: Documentos de archivo u originales y libros que por su naturaleza no sean fácilmente sustituibles y que dan cuenta de la evolución del Estado y de las personas e instituciones que han contribuido en su desarrollo, o cuyo valor testimonial, de evidencia o informativo les confiere interés público, les asigna la condición de bienes culturales y les da pertenencia en la memoria colectiva del país; (LFA, 2012:5)”.

En otros aspectos considerados por LFA de 2012 es dar las pautas para el manejo, de la memoria escrita por parte de los encargados de los archivos de la patria mexicana, mediante una capacitación constante mediante cursos organizados por el archivo general de la nación. Además de incentivar al envió de los textos de índole histórico al repertorio resguardado por el AGN a los municipios y estados del país.

Además de tener una lista de archivos con documentos históricos fuera de la capital mexicana para de esta forma tener un control del inventario depositado en estos inmuebles, y de esta manera lograr su preservación y difusión de contenido a la comunidad donde se encuentra. De esta manera se logra un inventario, actualizado y una referencia geográfica de  ubicación de los documentos considerados como patrimonio escrito mediante los señalamientos estipulados en la mencionada ley.

“Artículo 31. No podrán salir del país documentos que hayan pertenecido o pertenezcan a los archivos de los órganos federales, entidades federativas, municipios y casas curiales, así como documentos originales relacionados con la historia de México y libros que por su naturaleza no sean fácilmente sustituibles, sin la autorización previa del Archivo General de la Nación.

Artículo 32. En los casos de enajenación por venta de un acervo o documento declarado patrimonio documental de la Nación, y en general cuando se trate de documentos acordes con lo previsto en el artículo 36, fracciones I y II, de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, el Ejecutivo Federal, a través del Archivo General de la Nación, gozará del derecho del tanto en los términos que establezca el Reglamento respectivo; (LFA, 2012:13)”.

Del mismo modo sugiere a los estados la creación de marcos jurídicos propios que apoyen a la labor de la conservación, del legado escrito como forma de apoyo a las acciones emprendidas por la institución nacional encargada de su preservación, en el caso del estado de puebla su marco legislativo considera en su: “Artículo 5. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:

I. Acervo documental: Conjunto de documentos, sea cual fuere su forma y soporte material, producidos o recibidos por una persona física o jurídica, o por un organismo público o privado en el ejercicio de sus funciones; (Ley de Archivos del Estado de Puebla 2013:7)

Artículo 6. Los sujetos obligados que refiere esta Ley, se regirán por los siguientes principios:

I. Conservación: Adoptar las medidas técnicas, administrativas y tecnológicas para la adecuada preservación de los archivos;

II. Procedencia: Conservar el orden original de cada fondo documental producido por los sujetos obligados en el desarrollo de su actividad institucional, para distinguirlo de otros fondos semejantes;

III. Integridad: Garantizar que los documentos de archivo sean completos y veraces para reflejar con exactitud la información contenida; y

IV. Disponibilidad: Adoptar medidas pertinentes para la organización y localización de los documentos de archivo. (LAEP, 2013: 10)”.

Lo anterior mediante un trabajo en el interior de la jurisdicción del estado, a través de las dependencias encargadas en cada municipio, el cual se encargara de designar en su personal un encargado de sus archivos históricos, con la finalidad de salvaguardar la memoria de sus localidades y por ende de Puebla, el responsable de salvaguardar el legado escrito deberá realizar, inventarios, clasificación y una guía de archivo con la cual sea más eficiente el orden y la consulta de los acervos. Mismo que deberá registrar el depositario a su resguardo y los cambios que este sufra cada mes de septiembre esto con la finalidad de tener una actualización constante de la memoria documental, si bien lo anterior es uno de los fundamentos con los cuales el estado busca preservar esta importante evidencia histórica.

Lamentablemente el marco jurídico es pocas veces conocido por los encargados de salvaguarda de estos bienes difícilmente reemplazables. Lo cual fue evidenciado por el sismo señalado en los párrafos iniciales del presente texto, al mostrar el tipo de inmuebles donde muchos de los archivos eran resguardados, los cuales en muchos casos eran utilizados como bodegas, tenían altos grados de humedad que ha llegado a la destrucción y degradamiento de estos materiales. Incluso a la extracción de documentos relevantes para ser llevados a colecciones privadas de pseudo historiadores allegados a los poderes municipales o bien por simple curiosidad.

A MANERA DE CONCLUSIÓN

El patrimonio cultural escrito, es uno de los legados en mayor peligro de desaparecer por factores endógenos y exógenos, a pesar de la ardua labor emprendida por el archivo general de la nación y auxiliado por los gobiernos estatales, mediante acuerdos, los cuales lamentablemente no han logrado llegar a la meta pretendida. Este alcance ha sido un factor importante en la perdida de documentos de relevancia histórica para los municipios, estado, nación y sus ciudadanos.

Lo anterior al considerar que el patrimonio es de índole social, por lo cual debe de ser preservado y difundido para goce de sus legítimos herederos los ciudadanos, debiendo ser considerado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia como una de las instituciones encargadas de importante labor y al mismo tiempo de universidades públicas con carreras a fines de la conservación del legado tangible e intangible. Y no como lo acontecido tras el terremoto del 19 de septiembre para realizar actividades como la emprendida por el gobierno de puebla a través del oficio circular No. SGG/SJ/DGAN/AGEP/006/2017 enviado el 5 de octubre de 2017 con la finalidad de realizar un censo de los archivos y su conservación.

Esta actividad pudo ser realizada mucho tiempo antes de lo acontecido, tomando en cuenta que por cada documento perdido, o sustraído se pierde parte de la memoria de nuestra sociedad./ <JA

BIBLIOGRAFÍA

Cámara de diputados del H. Congreso de la Unión (2012) “Ley Federal de Archivos” Pp. 1-20.

Orden Jurídico Poblano (2013) “Ley de Archivos del Estado de Puebla” Pp. 1-25

UNESCO (2002) “Memoria del mundo directrices para la salvaguardia del patrimonio documental” División de la Sociedad de la Información Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura Paris.

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