#LasPrestadas: El Albarradón Prehispánico de Ecatepec, en defensa por la sociedad civil y su destrucción por el Gobierno y los empresarios privados.

Por José Manuel Marmolejo Delgado

Como todos sabemos la Ciudad de México Tenochtitlán fue edificada en un islote en medio del enorme Lago de Texcoco, cuya cuenca abarcaba desde Tlahuac-Xochimilco, hasta Xaltocan-Zumpango y desde Texcoco, hasta las laderas poniente del actual Valle de México.

Nuestros antepasados precuauhtémicos, evitaron las inundaciones de la Ciudad de México Tenochtitlán y de otras poblaciones ribereñas, por medio de un sistema de diques en la región lacustre.

Esta ingeniería hidrológica de avanzadísima tecnología, permitió el florecimiento de la cultura y de la vida humana en el Anáhuac y en lo que hoy conocemos como la Cuenca del Valle de México. Se componía de veintiséis albarradas aproximadamente, de las cuales, México hasta la fecha, cuenta con un último vestigio, el cual es de la mayor importancia: el Albarradón de Acalhuacan Ecatepec, mismo que debe ser elevado al rango de Patrimonio de la Humanidad, tal como recientemente se logró con el Acueducto del Padre Tembleque.

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El día 7 de marzo de 2001, fue emitido el Decreto Presidencial que declaró al Albarradón de San Cristóbal como Zona de Monumentos Históricos, documento publicado en el Diario Oficial de la Federación a los dos días de su proclama, con lo cual el Albarradón quedó protegido por la Ley Federal de Monumentos Históricos.

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El Albarradón de Ecatepec, es un monumento histórico nacional, debido a que, de acuerdo a la Ley en la materia, es de origen colonial. Esta Ley establece que las construcciones hechas de 1521 a 1900, son monumentos coloniales y las anteriores a la Conquista, son monumentos arqueológicos. Sin embargo existen registros del origen prehispánico del Albarradón de Ecatepec, que es representado en el Códice Xólotl, del Siglo XII, como una canoa que cruza el Lago de Texcoco del cerro del Ehécatl al de Chiconautlan, imagen que contiene la marca de unos pies descalzos, cuyo significado es que se trata de un camino.

Diversos arqueólogos sostienen que este monumento es pre americano (sic), existiendo una fuerte polémica entre los especialistas, ya que algunos de ellos, -más cercanos al oficialismo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)- son opuestos a la tesis del origen precuauhtémico y otros afirman, incluso que se trata del Albarradón de Nezahualcóyotl.

Para nosotros, que somos la sociedad ecatepeca, no hay duda del origen indígena del Albarradón y de que los españoles dieron continuidad a las técnicas indígenas en la edificación colonial del dique. Toda la concepción constructiva del Albarradón, es precortesiana y se empleó en su edificación, mano de obra indígena en un cien por ciento. La reconstrucción colonial se basó en la explotación del trabajo autóctono, ocasionando el derramamiento de sangre, el sufrimiento e incluso la muerte de muchos obreros de la construcción, tal como lo narra con toda certeza el oidor Alonso de Zorita.

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El Monumento Histórico Albarradón de Ecatepec -que debería haber sido preservado por los mexicanos, tal como los romanos protegen la Vía Apia y los chinos su Muralla- ha sobrevivido en el más irresponsable de los descuidos, no sólo por parte de la sociedad, que no lo ha sabido apreciar, sino también por los gobiernos que han evadido su obligación legal de protegerlo, así como de los empresarios y políticos que han adquirido lotes anexos al Monumento y con su actividad lo han ido destruyendo.

(Memorial de agravios)

El Albarradón de Ecatepec, con la complicidad de los diferentes ámbitos de gobierno, tanto municipales, como estatales y el federal, ha sufrido enormes daños, de los que hacemos breve reseña:

A nuestro dique le fue derrumbada parte de su estructura con la construcción de la Autopista a Pachuca en los años sesenta del siglo pasado y más recientemente el Gobierno Federal destruyó sus contrafuertes, con la ampliación de esta vialidad a la altura de la Av. Revolución en Ecatepec.

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En el año 2005, el INAH, en reunión con la sociedad ecatepense en la Casa de Morelos, aseguró que no cedería un sólo centímetro del dique al Circuito Exterior Mexiquense, pero contraviniendo este compromiso, dicho Instituto autorizó el derribo de 200 metros de la barda colonial del Albarradón, para construir los accesos a la caseta de cobro de dicha autopista, que es de propiedad española. Con motivo de esa misma obra, el nuevo extremo cercenado del Albarradón fue encapsulado inexplicable y brutalmente con cemento.

Cuando los integrantes de Amigos del Albarradón A. C., exigimos al Centro INAH, Estado de México, que detuviera este atentado, su Delegada, la Arqueóloga Teresa García García, respondió por escrito que nuestra Asociación no tenía por qué cuestionar al INAH, ni dicho Instituto por qué respondernos. Aseguró que ese tramo del Albarradón era un agregado de los años sesenta del siglo pasado. Le exigimos a Teresa García que nos demostrara su dicho, respuesta que nunca nos dio, pues evidentemente es falsa.

Esa actitud de la Arqueóloga Teresa García García, pone evidencia que para la burocracia del INAH, el pueblo es estúpido, ignorante y crédulo. Qué equivocados están. El INAH, para desgracia de todos los mexicanos, se ha convertido en el enemigo público número uno de los monumentos históricos del país y del Patrimonio Cultural de México, pues su burocracia, -integrada por arqueólogos, antropólogos, abogados y arquitectos- se ha dedicado a corromperse, otorgando licencias a particulares, para que hagan construcciones encima del Patrimonio Histórico del país, aprovechando la laxitud de la Ley, que autoriza a esa institución -que debería ser garante de la riqueza cultural de la nación- a dar dichos permisos, a cambio ¿de qué? Tales son los casos de los arqueólogos Ricardo Jaramillo Luque, Delegado del INAH en el Estado de México y Raúl García Chávez, responsable de proteger el Albarradón de Ecatepec.

Ambos otorgaron la licencia para que se construyera el Mexibús dentro de la zona protegida por la Ley, como Zona de Monumentos Históricos y de hacerlo correr a metro y medio del Albarradón, además de que permitieron que se construyera una barda de concreto armado que corre paralelamente al Albarradón, impidiendo su visibilidad en un noventa por ciento, creando un hueco entre el Monumento y la nueva muralla, que no sólo se convertirá en basurero y represa para que ahí se acumule en agua de lluvia, que dañará al Albarradón, sino que también imposibilitará la investigación arqueológica futura en torno a nuestro Monumento.

¿Por qué se obstinaron en pegar el Mexibús al Albarradón, si lo pueden hacer circular por el Par Vial, o pegado a la barda de los Héroes, a treinta metros de distancia?

Pudo más, en Jaramillo y en García Chávez, la presión de la empresa privada constructora del Mexibús, que el complimietno de su obligación, como arqueólogos y como funcionarios públicos del INAH, de proteger el Patrimonio Cultural de México.

Nuestras asociaciones, Centro de Estudios Mesoamericanos y Amigos del Albarradón, con toda oportunidad y de acuerdo a los mecanismos legales, en repetidas ocasiones solicitamos al INAH, al Gobierno del Estado de México y al Gobierno Federal, la modificación de la ruta del Mexibús, para no lesionar el Monumento, pero las autoridades han puesto oídos sordos. La realidad es que con el tiempo tienen planeado construir una nueva vialidad entre el Mexibús y el actual trotadero y ciclopista, que dé servicio a los nuevos fraccionamientos, con los que se está destruyendo toda la zona agrícola y ecológica entre Ecatepec y Pachuca.

Puede más el poder de los fraccionadores, que la defensa del Patrimonio Cultural de México.

La ICA, empresa contratista del Circuito Exterior Mexiquense, a mediados de la década pasada, destruyó todo el piso original colonial del Camino Real a San Cristóbal, detrás de la Casa de Morelos -calzada que forma parte del Albarradón de Ecatepec- al pasar sus camiones pesados encima del Monumento y sobre el Puente Compuerta de San Cristóbal. En esa época los transportes de esa empresa privada entraban a la Casa de Morelos -museo que está a cargo del INAH- a dejar material de construcción y pasto en rollo, a cambio ¿de qué? Pues, evidentemente a cambio de mordidas y de vender el Patrimonio Histórico de México. Se llegó al extremo de que los albañiles de esa empresa abrieran un boquete en la pared del Albarradón, para poder pasar a efectuar compras en la tienda ubicada del otro lado de donde estos individuos estaban laborando. El INAH, nunca hizo nada para detener esta destrucción.

En ese mismo sitio, dentro de la Zona de Monumentos Históricos de Ecatepec la empresa española, dueña del Circuito Exterior Mexiquense, ubicó su estacionamiento de camiones y equipo pesado de trabajo, ocasionando daños irreversibles al lugar.

Entre el Puente Compuerta de San Cristóbal, la Capilla Colonial de San Juan, la Casa de Morelos y el Puente de Fierro, estuvo instalada una bodega de desechos industriales, que además de dar muy mal aspecto a la Zona de Monumentos, constantemente tiraba la barda del Albarradón, con sus grúas y montacargas. Además esos desechos se incendian con frecuencia.

El legendario Puente Compuerta de San Cristóbal, otro orgullo del municipio -y que podemos admirar en múltiples fotografías antiguas y en la película El Rayo del Sur, filmada en el año 1946-, es un basurero, en el cual crece la hierba silvestre y estuvo invadido por una familia como su irregular asentamiento.

El INAH, dio ilegalmente licencia para que la empresa española concesionaria del Circuito Exterior Mexiquense, instalara su caseta de cobro encima de los basamentos de viviendas, cementerios y de dos temazcales prehispánicos.

El Gobierno Municipal de Ecatepec, durante la administración 2000-2003, cuyo titular era el alcalde Agustín Hernández Pastrana, instaló el estacionamiento de camiones recolectores de basura, encima de la zona prehispánica de Acalhuacan, (lugar donde tienen sus canoas), destruyendo todos los vestigios existentes en el área, pues con sus trascabos extrajeron y aplanaron la tierra, llevándosela a tirar como relleno en otro lugar.

La empresa fraccionadora Grupo Sadasi, destruyó, con el aval del INAH, cerca de cien metros del Albarradón para abrir la Av. Primero de Mayo, que da entrada a las gigantescas secciones del desarrollo urbano, denominado Los Héroes de Ecatepec y de Tecamac, así como La Guadalupana.

El Puente Compuerta de San Juan, -ubicado junto al Puente de Fierro- fue derribado por un vehículo pesado y el INAH, en lugar de restaurarlo, sólo lo cubrió de cal. También, este monumento es ocupado como sitio de taxis y sus operadores suben sus automóviles al túnel colonial, afectándolo gravemente.

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El INAH ha permitido toda una serie de violaciones a la Ley de Monumentos Históricos y al decreto presidencial del 7 de marzo del 2001, al negarse a actuar en consecuencia por las afectaciones que varias empresas particulares han hecho al Albarradón de Ecatepec y a su Zona de Monumentos Históricos, tal como es el caso de la propiedad, -colindante al monumento-, perteneciente al ex diputado local por el PRI, Marco Antonio Gutiérrez, apodado «el Manotas», que de manera ilegal ha hecho perforaciones en la zona y renta en comodato el terreno a diversas empresas, como fue el caso de la compañía vendedora de automóviles usados Rodríguez, que rellenó con cascajo la Zona de Monumentos y derribó la barda superior poniente del Albarradón, mezclando la piedra original con el cascajo, con el objetivo de abrir la vista hacia su sala de exhibición.

El INAH ha permitido la colocación, -prohibida por la Ley en las Zonas de Monumentos- de toda una serie de anuncios espectaculares, incluyendo tres electrónicos, colocados exactamente en la boca de la entrada del túnel de San Juan.

En el año 2001, el Gobierno Municipal de Ecatepec, dio inicio a los trabajos para la presunta ampliación de la Antigua Carretera a Pachuca, a la altura de la colonia Izcalli Jardines, dentro de la Zona de Monumentos Históricos Albarradón de Ecatepec. Con sus palas mecánicas y trascabos, dicho gobierno golpeó la piedra histórica del monumento, fracturándola y ocasionándole graves daños. Así mismo, trasladaron una gran cantidad de piedra del monumento a otro sitio.

El INAH permitió todo tipo de pintas publicitarias en las paredes del Albarradón y en las bardas de las propiedades colindantes, también prohibidas por la Ley de Monumentos Históricos.

A lo largo del todo el Albarradón de Ecatepec -erróneamente destinado a ser carretera de vehículos pesados en 1925, por gobiernos insensibles como el de Plutarco Elías Calles, fundador del PRI, basándose en el hecho de que fue camino peatonal precolombino y para carretas en la Nueva España- constantemente se han registrado colisiones de automotores contra los muros de piedra del monumento histórico, sin que el INAH se ocupara de efectuar las restauraciones que el más elemental respeto a la Ley y al pasado histórico del país determinarían.

No se ha respetado el Decreto Presidencial del 2001, que establece legalmente quince metros de protección al Albarradón de Ecatepec a partir del eje de la carretera, e incluso hasta de treinta y cinco metros a los largo del Acueducto México Chiconautlan. En el terreno que da inicio en la avenida Primero de Mayo y termina hasta el actual trotadero, en el kilómetro 24 de la antigua Carretera a Pachuca, se edificaron diversas construcciones que no respetan esa distancia marcada por el Decreto Presidencial y que son propiedad del político.

En los años sesenta del siglo XX, la ignorancia y desdén hacia el pasado glorioso de la Patria, sobre todo de la Patria indígena, se permitió el derribo del muro superior oriente del Albarradón y de sus contrafuertes para ampliar el espacio de circulación vehicular de la Carretera Federal de Pachuca, ¿Cómo fue posible éste acto de destrucción, si en esa época, igual que en la actual, existía suficiente espacio para liberar de la circulación al Albarradón de Ecatepec y sustituir el tramo Puente de Fierro Venta de Carpio, con un libramiento que corriera paralelamente a lo que actualmente son las autopistas a Pachuca y a las Pirámides? Con esa misma actitud de irrespeto al pasado prehispánico y colonial, en los años sesenta fue derribada la Capilla Puente Compuerta de San Bartolomé y taponeadas las entradas de sus tres túneles, mismos que fueron atravesados por tuberías metálicas.

A principios de la década pasada, el Gobierno del Estado de México amplió la carretera federal a Pachuca, en su tramo Palomas –Venta de Carpio, sobre la Zona de Monumentos Históricos Albarradón de Ecatepec, construyendo una guarnición de concreto y una rampa sobre la estructura del Monumento. Posteriormente abrió una nueva rampa sobre el monumento. El impacto de los vehículos pesados, al bajar del Albarradón hacia la nueva vialidad, provocó que la estructura de los edificios adyacentes quedara cuarteada.

En el año 2009, el INAH dio licencia para que sobre el Albarradón de Ecatepec, en el tramo que comprende del Puente Compuerta de San Bartolomé o Chiconautla a Venta de Carpio, sobre el Albarradón se construyeran los carriles del Mexibús que corre del Metro Ciudad Azteca a Tecámac, lo que ocasionó graves daños a la estructura colonial del Albarradón, como fue el colapso de la única pared que quedaba de dicho puente, la cual está sujetada con una estructura de metal para evitar su caída. Gracias a la denuncia de nuestras asociaciones, el INAH intervino suspendiendo temporalmente la obra, realizando algunos trabajos de excavación, para luego otorgar las licencias que permitieron usar el Albarradón como carril doble del Mexibús.

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En el año 2012, el Gobierno del Estado de México inició la construcción del Par Vial, cuya finalidad era crear un camino alterno al Albarradón de Ecatepec, para disminuir los embotellamientos vehiculares ocasionados por el desarrollo urbano inmoderado en la zona. Para dar paso a esa obra, se amplió la avenida Primero de Mayo y a pesar de la experiencia anterior de que ahí se encontraba la estructura del Albarradón, los constructores ocasionaron nuevos derribos al golpearla con su maquinaria. El INAH, momentáneamente suspendió la obra e hizo algunos trabajos de investigación, pero finalmente otorgó la licencia correspondiente para su continuación.

(Situación actual)

A finales del año 2014, el Gobierno del Estado de México y una empresa privada, iniciaron la construcción de la línea del Mexibús Indios Verdes – Tecámac, sobre la Zona de Monumentos Históricos del Albarradón de Ecatepec, a metro y medio de distancia de la estructura del dique colonial, sin el permiso del INAH. Cuando nuestras asociaciones reportaron al INAH, que se efectuaban esos trabajos prohibidos por la Ley, dicho Instituto intervino, sin suspender la obra y solamente realizó estudios en el área, mediante diversas excavaciones y pozos de aproximación. En los trabajos de formación de los carriles del Mexibús, la empresa constructora empleó maquinaria pesada, con el consiguiente daño que esto origina a la estructura de los muros de la albarrada.

El Centro de Estudio Mesoamericanos y Amigos del Albarradón, hemos planteado al Gobierno Federal, al Gobierno del Estado de México y al propio INAH, diversas alternativas de ruta para esa línea del Mexibús, evitando que pase sobre la Zona de Monumentos Históricos y dañe al Albarradón.

La principal opción es que el Mexibús circule por la obra inconclusa denominada Par Vial, bajo las siguientes consideraciones:

A) No se afectaría el Patrimonio Histórico de la Nación.

B) El Par Vial, se encuentra – en su zona más alejada- a tan solo cuatrocientos metros del sitio en donde se pretende construir el paso del Mexibús y ya a la altura de la avenida Palomas, a sólo cuarenta metros, disminuyendo esa distancia hasta veinte metros en Venta de Carpio.

C) El nuevo derrotero del Mexibús, daría servicio a los habitantes de las colonias Ruiz Cortines, en el paradero Casa de Morelos y Puente de Fierro; Izcalli Jardines y la Veleta, en la parada de Las Palomas, pero su cobertura se ampliaría sustancialmente al cruzar sobre múltiples secciones habitacionales de las colonias denominadas Los Héroes, además de la colonia La Guadalupana. Estas pobladísimas comunidades no serían atendidas por el Mexibús, si se insiste en hacerlo circular por el Albarradón de Ecatepec.

D) Se concluiría la construcción del Par Vial -sin desviarlo hacia el Albarradón- hasta Venta de Carpio, donde el Mexibús procedente de Indios Verdes, entroncaría sobre el ramal ya existente que corre por la Carretera Federal a Pachuca.

En la actualidad el Par Vial es tierra de nadie y se ha convertido por su aislamiento en una zona de altísimo peligro para la seguridad de los ciudadanos, por lo que su empleo como carril del Mexibús, cambiaría diametralmente su actual condición.

La construcción del Mexibús a metro y medio de distancia del Albarradón, a lo largo de tres kilómetros, dañaría definitivamente este Monumento Histórico con el paso de camiones y con la construcción de sus estaciones. Parte de su estructura, como la colindante al Puente Compuerta de Cristo Rey, quedaría enterrada debajo de los carriles y estaciones del Mexibús.

La construcción del Mexibús en la Zona de Monumentos Históricos Albarradón de Ecatepec, acabaría para siempre con la posibilidad de realizar nuevas investigaciones en el área y con el objetivo final que debe ser el rescate pleno del Monumento, en toda su grandiosidad, su exhibición pública y turística, como muestra del alto desarrollo de la Ingeniería Hidráulica Prehispánica y su influencia determinante en la hidráulica colonial.

Con la construcción del Mexibús en ese espacio, se eliminaría en su totalidad la posibilidad de restaurar a plenitud el Monumento y la alternativa racional de elevarlo a Patrimonio de la Humanidad.

Lamentablemente esos actos brutales de arrasar con nuestros vestigios, no son producto de una visión corta del pasado. No. Esta actitud de irrespeto a nuestra historia se da en el presente, dentro del más abyecto esquema de desarrollismo neoliberal, que privilegia el frío negocio y el lucro multimillonario de los fraccionadores urbanos, verdaderos ecocidas y destructores de la historia.

Pero lo más grave es que estos hechos, producto de la incivilidad, son respaldados e impulsados por los diferentes gobiernos, que se han constituido en cómplices en las actividades criminales de las empresas constructoras.

Específicamente nos referimos al Gobierno del Estado de México, que actualmente es encabezado por Eruviel Ávila Villegas, que en estos momentos está destruyendo el Albarradón de Ecatepec, edificando sobre su estructura y sobre su Zona de Monumentos Históricos, protegida por la Ley y por el Decreto Presidencial de 7 de marzo del 2001 y, todo ello con la licencia del INAH.

El Mexibús, dará servicio a millones de habitantes de los nuevos asentamientos, que los desarrolladores urbanos y las grandes firmas comerciales extranjeras y mexicanas han construido en las áreas agrícolas que en gran parte pertenecen a la región lacustre de Xaltocan y que deberían ser preservadas ya, como zonas de reserva ecológica de los estados de México e Hidalgo.

En este país, al parecer no hemos entendido las lecciones ni del pasado ni del presente, que se han manifestado en trágicas hecatombes humanas por el daño a la naturaleza que el crecimiento demográfico y urbano ha ocasionado. Esas lecciones no entendidas, son las inundaciones, desgajamiento de cerros, desbordamiento del cauce de los ríos y canales de aguas negras, que están matando toda la vida.

La intención de contribuir a revertir el Calentamiento Global del Planeta y el Cambio Climático, sólo es mera palabrería del Gobierno mexicano y de gobiernos locales -en los cuales las decisiones las toman los fraccionadores- como es el del señor Eruviel Ávila. Por un lado, los gobernantes, asisten a los foros internacionales a lanzar discursos ecologistas, pero en los hechos, diariamente están asesinando a la naturaleza. Hemos llegado al grado de que en un sólo acto, los gobiernos, dominados plenamente por los empresarios, como es el caso del Gobierno de Peña Nieto, destruyen conjuntamente naturaleza e historia, tal como ocurre en el área del Albarradón.

El Centro de Estudios Mesoamericanos, A. C. y Amigos del Albarradón, A. C. siempre hemos propuesto que el tramo Puente de Fierro Venta de Carpio del Albarradón de Ecatepec, debe ser librado del tráfico vehicular, ya que como vialidad resulta obsoleta su estructura diseñada para paso de peatones, caballos y carretas.

Las opciones para suplir este trecho del antiguo Albarradón, como vialidad, son por los menos dos:

1) Recorrer las casetas de cobro de las autopistas México Pirámides y México Pachuca, fuera del área urbana, para que por estos caminos circule libremente el tráfico vehicular, que actualmente lo hace por el Albarradón de Ecatepec y …

2) Construir nuevas vialidades libres de dos o tres carriles, paralelamente a las autopistas México-Pirámides y México-Pachuca.

Estas dos alternativas resolverían definitivamente el problema de los congestionamientos viales en esta región del Estado de México, sin continuar dañando nuestro patrimonio cultural.

(Conclusiones)

Por último, queremos decirles a todos ustedes, queridas amigas y amigos, que contamos con las pruebas irrefutables de que el Albarradón de Ecatepec es de origen prehispánico, reconstruido en la época colonial.

Los arqueólogos del INAH, que actualmente realizan trabajos de investigación y restauración del Albarradón de Ecatepec, niegan ese origen prehispánico, porque si lo reconocieran, se les dificultaría el burlar a la opinión pública y a los expertos.

Negar el origen prehispánico del Albarradón, facilita a los mercenarios del INAH, como los arqueólogos García Chávez y Jaramillo, el otorgar las licencias para la destrucción del Albarradón de Ecatepec.

Finalmente, amigos de la izquierda, miembros de la prensa, público en general, les pedimos, de acuerdo a su conciencia, que se sumen a la lucha en defensa del Albarradón de Ecatepec y de su Zona de Monumentos Históricos, que hagan suyos nuestros planteamientos, porque la lucha de la izquierda no puede seguir siendo sólo por los servicios públicos, o por la obtención de un empleo y de un ingreso mediante la militancia partidista. No.

Debemos entender que la única forma de transformar a nuestro país y al mundo, es por medio de la cultura y el desarrollo de la ciencia.

El derecho a la cultura es un derecho humano establecido por las leyes mexicanas y el hecho de que el mal gobierno y los empresarios estén destruyendo el Albarradón, es un gravísimo atentado en contra del derecho a la cultura.

Los ricos, los poderosos, los políticos conservadores y de derecha, pretenden destruir el pasado glorioso de México, para demostrarnos que los mexicanos no podemos aspirar a vivir mejor y transformar nuestra sociedad, porque somos mediocres por naturaleza, pero están equivocados. Todo nuestro Patrimonio Cultural, las Pirámides de Teotihuacán, el Acueducto del Padre Tembleque, los vestigios prodigiosos de las culturas maya, olmeca, tolteca, mexica, otomí y de otras más, nos demuestran la Grandeza Mexicana.

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Demuestran la inmensa capacidad, destreza, inteligencia y talento de los mexicanos, características nuestras con las que más temprano que tarde construiremos el México de los trabajadores, el México de la justicia social, el México que anhelamos, sin gobernantes corruptos e ignorantes, como los que hoy tienen a México de rodillas.

¡Un México sin los empresarios capitalistas que tanto daño hacen a nuestra economía nacional!

Parte de la lucha por un México mejor, es la defensa de nuestro Patrimonio Histórico Cultural, como lo es el Albarradón Prehispánico de Ecatepec, elemento más que claro de lo que podemos ser los mexicanos del presente y del futuro.

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Nota de los autores: Contamos con toda la documentación que sustenta nuestra lucha por la defensa del Albarradón de Ecatepec y las respuestas de las autoridades correspondientes. Agosto de 2016.

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Fuente: OMVRADIO.// Nota del editor del blog: Los títulos de las secciones (entre paréntesis) del artículo no forman parte del texto original, fue agregados con la intención de facilitar su lectura.

DE LA CASA #95: PALMITAS Y TEOTIHUACAN / RVF.

Por María del Rocío Vera Flores

¿Piensas que Palmitas quedó bien padre y que qué bueno que les pintaron sus casitas allá en Pachuca? ¿Piensas que se ven más bonitas las pirámides de Teotihuacán de noche y con luces encima, que valdría la pena pagar más de $200.00 para entrar?

Por favor, sólo por favor… piénsalo otra vez.

Esta es la evidencia de que el gobierno en el caso de Palmitas, no se pone las pilas para articular territorialmente las políticas públicas. Palmitas es un asentamiento irregular que en principio no debería existir si los tres niveles de gobierno ‘hubieran’ anticipado que no todo lo que es urbanización es desarrollo urbano y que por muy «pintaditas» que estén las casas, la gente llegó a vivir ahí por que ahí estaba más barato.

¿Qué pasa con Teotihuacán? Las Zonas de Monumentos Arqueológicos por ley son competencia del gobierno federal, obviamente por mucho que los especialistas han argumentado sobre el daño, nadie les hizo caso y el proyecto siguió adelante.

El gobierno «opina» que es un camino para valorar el patrimonio. Teotihuacán es una de las ZMA más visitadas, más investigadas y casi mejor protegidas y conservadas en el país. ¿Qué va de tantos años de investigación para que se haga una inversión en un espectáculo de este tipo que solo habrán de ver unos cuantos? $$$$$$$$ ¿Qué pasa con las otras 40 000 zonas registradas?

Acá el gobierno no se pone las pilas para invertir en investigación y valdría la pena cuestionar su política conservacionista. A primera vista, continua escarbando el patrimonio para regodearse en la percepción de los monumentos como símbolos nacionales, sin procurar su contenido científico y sin integrarlo a los programas educativos…

¿Qué qué tiene que ver Palmitas con Teotihuacán? Qué en algunos rincones del país hay Palmitas (asentamientos irregulares) en Zonas Arqueológicas que no son tan valoradas como Teotihuacán y eso también es un problemón.

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Sobre la autora: (Pachuca, Hidalgo – 1988) Actualmente es maestrante en Ciencias Sociales con Especialidad en Desarrollo Municipal del El Colegio Mexiquense A.C. Se ha desempeñó del 2013 al 2016 como consultora del Ayuntamiento municipal de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, sobre Uso de Suelo en la Zona de Monumentos Arqueológicos Huapalcalco. Realizó de 2007 a 2013, actividades de investigación documental y difusión de patrimonio cultural, recorridos de superficie, excavaciones, cartografía, topografía, registro de bienes muebles e inmuebles, trabajo etnográfico, análisis de material arqueológico, elaboración de tipologías cerámicas y elaboración de informes técnicos en el Proyecto Arqueológico Piedra Labrada.

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ArKeopatías opera bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento – NoComercial – Compartir Igual 4.0 Internacional License, por lo que agradecemos citar la fuente de este artículo como: Proyecto ArKeopatías./ “Textos de la casa #95″. México 2015. https://arkeopatias.wordpress.com/ en línea (fecha de consulta).

#LasPrestadas: La nueva Secretaría de Cultura, ¿para qué?

Por Sergio González Rodríguez

En septiembre del año pasado, el presidente Enrique Peña Nieto anunció sorpresivamente durante el informa de Gobierno, que Conaculta desaparecería para convertirse en una Secretaría de Cultura. ¿Cuáles son los beneficios y los desaciertos de esta decisión?

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Al firmar el decreto para el establecimiento de una Secretaría de Cultura, el jefe del poder ejecutivo federal afirmó que “un país con cultura es un país con sólidas bases para un futuro mejor”. El proceso que determinó tal decisión implicó, por el contrario, una serie de contradicciones con dichas intenciones. Si bien desde al menos dos sexenios atrás se publicitó en diversos momentos la necesidad de contar con una Secretaría de Cultura, ha sido hasta ahora que ésta pudo concretarse.

Por una parte se alegaba que, dada la importancia de nuestro patrimonio histórico, artístico y cultural debía contarse con un organismo propio, ajeno a la dependencia tradicional de la Secretaría de Educación, que ofreciera una mayor eficacia operativa y permitiera vencer antiguas inercias (urdimbre burocrática, problemas sindicales, complejidad presupuestal, subsidiaridad política, etcétera). Por otra, se reiteraba que el llamado “subsector cultural” debía actualizarse para poder ofrecer servicios oficiales que, por una u otra causa, había dejado de dar a la administración pública.

La iniciativa para crear la Secretaría de Cultura contempló cinco estrategias, la primera de ellas determinante, ya que se consideraba incrementar la aportación de la cultura a “las acciones del gobierno” en desarrollo, seguridad y prevención social. La segunda estrategia llamaba a conservar y mantener patrimonio e infraestructura culturales; la tercera hablaba del acceso “universal” a la cultura y los medios digitales; la cuarta planteaba el estímulo a la creación y la productividad bajo un esquema empresarial y la quinta refería a la inserción del sector cultural en el “reposicionamiento” de la imagen de México en el exterior.

Persistió el empeño de refundar la instrumentación gubernamental de la cultura. Resulta alarmante que, a pesar de semejante explicitud, la mayoría de los intelectuales, aristas y creadores que se manifestaron en la víspera de los hechos fue incapaz de reparar en los riesgos políticos que hay de por medio. El debate que merecía una deliberación crítica, amplia, abierta y razonada al respecto, se disolvió en adhesiones u oposiciones casi deportivas (“¿estás a favor o en contra?”) con lo que, de nuevo, la sociedad en general y lo gremios interesados quedaron al margen de las decisiones.

Con el pretexto de hacer “más eficiente” el estatuto burocrático-administrativo y recomponer el gremio sindical-académico que hay en la cultura, se logró ajustar las tareas culturales para que sean el enlace con clientelas electorales y políticas, además de inducir la cultura a usos propagandísticos, con lo cual se contradicen las normas constitucionales sobre la composición pluricultural de la Nación y el derecho a la libertad de pensamiento, pues se reduce la cultura de toda la nación a una visión oficialista-partidaria y de negocios rentables.

Durante el lapso que hubo entre la presentación de la iniciativa y su resolución legislativa jamás supimos cómo se conseguirá mantener la “autonomía” de la cultura respecto de la utilidad político propagandística o electorera.

Acudir al argumento de que ése y otros temas serán materia de la ley y el reglamento correspondientes sólo avala una carencia intelectual, cuando ni siquiera se sabe qué entienden los gobernantes y legisladores por cultura. Tampoco se discutió sobre temas esenciales: industrias culturales, apoyo sólido a gremios de productores del ramo, fomento al mercado interno, replanteamiento de estímulos al libro, la lectura y los libreros, qué hacer ante crecientes monopolios lo mismo en la distribución de libros y revistas que de productos fílmicos, etcétera. La Secretaría de Cultura, desde su inicio, deberá sentar las bases de un nuevo trato con el gremio cultural, un trato que deje atrás la postura de trabajar de espaldas a los implicados en la cultura y de espaldas a la sociedad, además de elegir los funcionarios idóneos para el trabajo, más allá del simple ensamble o reciclamiento de los gestores actuales.

En suma, tal secretaría tendrá que legitimarse por la vía práctica. Aunque venció la iniciativa para crear la Secretaría de Cultura, no convenció. No obstante, hay algo más importante: exigir un cumplimiento óptimo de su responsabilidad desde ahora hacia el futuro. Y tal exigencia impone al menos tres criterios: transparencia, respeto e imaginación.

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Sobre el autor: Periodista, ensayista y narrador. Entre sus libros más recientes se encuentran Campos de guerra (2014) y Los 43 de Iguala (2015). Recibió el Premio Casa América y el Premio Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez.

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Fuente: Revista Código: http://www.revistacodigo.com/opinion-secretaria-de-cultura-sergio-gonzalez-rodriguez/

DE LA CASA #58: PIDO MANO / MM.

#58

Por Marlen Mendoza

Así como se puso de moda la gentrificación, hay temas o fenómenos urbanos que cruzan al lado oscuro y comienzan a reproducirse cual Gremlins (sin control y a lo loco), se abordan y discuten inclusive en plataformas “no especializadas”; esta ocasión hay un debate latente entre una no tan nueva tendencia sobre privatizar el espacio público.

Primero sería prudente y adecuado tratar de definir cuál es ese “espacio público”, podría desatar una oleada de términos y puntos de vista, pero como siempre voy a dar mi personal conceptualización; la mayoría de los ciudadanos laboralmente activos tenemos que pagar tributo a nuestro gobierno por el simple hecho de pertenecer a una sociedad “civilizada”, es decir pagamos impuestos, con los cuales se financian vacaciones a Europa, ropita nueva en L.A., helicópteros privados, sueldazos para funcionarios públicos, casas blancas y hasta entretenimiento para adultos, aunado a otro kit digno de la realeza que encabeza nuestra pirámide social, el sobrante (si lo hay) es empleado en “mejoras, mantenimiento, infraestructura, equipamiento y rehabilitación” de los espacios públicos más un largo etcétera. Estos lugares incluyen plazas con kiosquito, áreas verdes, banquetas, vías vehiculares, mobiliario urbano, pasos peatonales, ciclo vías, algunos polideportivos entre otros espacios en los que uno puede andar, caminar o estar libremente. Dado que todos ponemos nuestro grano de arena para que estén ahí. El gobierno es entonces, un desplifarrador administrador de nuestros recursos.

Cabría aclarar éste es un tema pantanoso ¿Realmente vemos reflejados nuestros impuestos en el espacio público? Diría NO y tampoco voy a deshilvanarme despotricando contra el SAT, ni pretendo hacer recuento en cifras de cuánto dinero se emplea en dichas áreas, pues sabemos de antemano es una burla, así que no se espanten. El tema va en una cuestión urbana y arquitectónica: ¿Qué pasa con el descuido de los espacios públicos? Fácil, hay de dos: o se convierten en focos de delincuencia, violencia y narcomenudeo o alguien se adueña del espacio y lo privatiza.

Es bien sabido que la naturaleza del ser humano es mayoritariamente destructiva, sobre todo con las cosas que “no le cuestan”, muchas son las muestras de vandalismo y “gandallez” presentes en iniciativas de buena voluntad, es así como escarmentamos a la mala y todo debe tener un costo inmediato para que aprendamos a valorar y apreciar algo, por ejemplo: la eco-bici, una buena iniciativa ¿por qué no las implementan en Iztapalapa o en Ecatepec? La mayoría de las personas que viven en éstas zonas no cuentan con una tarjeta de crédito con $5000 pesos disponibles o pagar el costo de la renta de una bicicleta ($90.00 por un día) es mayor al salario mínimo en el D.F. ($70.10), lo cual obligaría a ser un servicio enteramente gratuito y al ser una de las zonas más inseguras de la ciudad, implica que las robarían; caso de un sistema innovador privado y exclusivo para un sector poblacional privilegiado. En otro contexto (la realidad de otros) pagar casi 100 pesos por un lo-que-sea-menos-café, en uno de estos Starbucks para poder sentarte a leer, platicar, navegar, etc. sería mucho más placentero si fuera en un parque o plaza, pero nos fascina la sensación de “status” que otorga sumergirnos en esas peceras petulantes; las plazas comerciales son una oda al consumismo, ingeniosamente ubican las zonas de descanso en el área de comida rápida, a la cual accedes después de recorrer más de la mitad de la plaza y para salir de ellas debes cruzar la restante. Las plazas y locales comerciales están en propiedad privada ¿qué pasa entonces en la vía pública?

Supongamos abren una cafetería, hoy en día los comercios son minúsculos y no cuentan con más de 5 mts. de frente, al hacer números entre las áreas mínimas necesarias para la cocina, preparación, equipo, exhibición, sanitario y bodega, consumen aproximadamente un 85% del total del local y el restante queda en apretujadas circulaciones, entonces ¿dónde colocan mobiliario para consumir lo adquirido en el establecimiento? Es correcto, la vía pública. Ciertamente no es una norma absolutista y los hay con áreas disponibles para los comensales, sobre todo en restaurantes y fondas, también he notado una creciente apropiación del espacio público, al grado de obligarte a transitar a través del comercio tras sembrar bancas, mesas, lonas, etc… primero disfrazadas como “mobiliario de apoyo” para posteriormente convertirse en “área para fumar”.

He andado por Coyoacán, encuentro una banca, me siento a platicar y se acerca un mesero ofreciendo la carta ¿debo consumir algo para poder usarla? ¿No se supone estamos en la banqueta? Pero no, estás efectivamente en la banqueta, frente a su local y le pertenece, hay duelos a muerte a las afueras de “El Jarocho” por un nano pedazo de asiento, cuando sería mucho más fácil pedir tu café y salirte a caminar y hallar lugar disponible en cualquier cuadra, al parecer nuestros impuestos no alcanzan para equipar mobiliario urbano de éste tipo. Queda abierta la posibilidad de quien los implemente adueñarse de él, quizás en una de esas ponemos bancas que funcionen cual parquímetro, colocas una moneda y se te permite estacionar tu humanidad, de menos sería más justo y barato que obligarnos a consumir en un establecimiento solo por el hecho de querer disfrutar de la ciudad.

Trabajo muy cerca del corporativo de grupo Elektra, que a bien su arquitectura es tema que se cuece aparte, hay una serie de mini camellones sobre la calle camino a Santa Teresa y sobre ellos un letrero que dice “éste jardín lo cuida Grupo Elektra” con unos lindos bambúes para delimitarlo, prácticamente es imposible transitar ahí pero Elektra lo cuida. Se apañan las áreas comunes en desarrollos habitacionales, aquellos vecinos con una porción de jardín frente a su ventana al podarlo o limpiarlo les genera una sensación de propiedad sobre el mismo, cosa que desata verdaderas batallas campales aun cuando es un espacio de todos y para todos. El «franelero» al colocar cubetas en la calle se apropia de la vía pública y se transforman en verdaderos terroristas si nos negamos ante su clásico “ay con lo que guste cooperar”.

Casos hay sin duda muchísimos, algunos extremistas otros más sutiles, la cuestión aquí es quién puede regular éste fenómeno o si existe alguna solución arquitectónica. Me gustaría pensar en un esquema de ciudad en el que puedan coexistir lo público y lo privado sin que la diferencia sea evidente en cuanto a calidad y ubicación. Tenemos una tarea difícil ante un panorama desconcertante y abrumador de una ciudad fragmentada en la cual prevalece una carencia de respeto y por tanto la cohesión. Sería útil considerar proyectos que generen puntos de reunión y convivencia, plazas y espacios de recreación. Estoy segura no soy la única que se ha planteado tales interrogantes, al igual que no es exclusivo mi descontento ante acciones que secuestran el espacio público y los ciudadanos no tenemos forma de recuperarlos. ¡Cuidado con el rayo privatizador!

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#LasPrestadas: Funcionarios del INAH y el Edomex sepultan monumento histórico / EM.

Por: Elva Mendoza

Sobre el rancho El Molino se construye uno de los compromisos “cumplidos” de Enrique Peña Nieto. El predio, ubicado en Chimalhuacán, alberga una construcción catalogada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia como monumento histórico y área natural. Los trabajos iniciados este año por el gobierno municipal revelaron que bajo la tierra yacen estructuras y objetos prehispánicos. No obstante las denuncias de los vecinos, la obra avanza con la anuencia de los funcionarios del INAH

En los lotes baldíos de Chimalhuacán los niños sacan de entre la tierra suelta, el cascajo y la basura, trozos de vasijas, platos decorados, fósiles, cerámica, sellos, figurillas, colgantes, orejeras y cuentas talladas en piedra. Ávidos, las muestran en cajas de cartón a quienes se lo solicitan, desde vecinos, hasta arqueólogos, estudiosos, reporteros o compradores furtivos.

Matías y Tino encontraron los primeros objetos. Cursan los últimos años de la escuela básica. Pasan las horas reventando pájaros muertos con cohetes y escarbando la tierra que llevaron los trabajadores de El Molino. Los presuntos restos de un jaguar forman parte de su colección que se acrecienta día con día.

Los menores no son los únicos con colecciones propias. La noticia se extendió rápidamente entre los residentes de los ocho barrios de Chimalhuacán, que aunque con miedo de ser acusados de saqueo, buscan las piezas en los llanos para “rescatar su historia que se va a la basura”, dicen.

Los hechos han sido negados por las autoridades locales: el ayuntamiento de Chimalhuacán; y por el órgano encargado de resguardar el patrimonio nacional: el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

“[…] De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, tampoco existen en el Rancho El Molino vestigios arqueológicos. Si éstos existieran, los habría sobre todo en las casas y predios vecinos a Los Pochotes”, se lee en una publicación que exalta los compromisos “cumplidos” del exgobernador Enrique Peña Nieto.

El megaproyecto

Desde febrero, el gobierno municipal inició la construcción de un megaproyecto en el rancho El Molino. Con 28 mil 90 metros cuadrados, el rancho alberga una construcción reconocida como histórica por el gobierno del Estado de México y por el Instituto Nacional de Antropología e Historia; y un área natural de fresnos y ahuehuetes de por lo menos 700 años de antigüedad.

El predio, se ubica a escasos 80 metros de Los Pochotes, la zona arqueológica local llamada así en alusión a los arbustos que sólo crecen en el lugar. El área de 9 mil 500 metros cuadrados resguardada desde 1964 por el INAH se recorre en cinco minutos. De la extensa metrópoli de Chimalhuacán –fundada hacia el año 1200 después de Cristo y que formó parte de la confederación de las ciudades estado acolhuas– únicamente se conserva el Tecpan, residencia del tlatoani, su familia y espacio para actividades administrativas y de decisión política. El resto, fue consumido por la urbanización desmedida en las últimas tres décadas.

El rancho El Molino significaba uno de los últimos relictos que sobrevivió a la mancha urbana y al olvido, la memoria oral aún cuenta leyendas y mitos del lugar. Además, su proximidad a Los Pochotes le otorgaba un valor adicional: posiblemente formaría parte del área arqueológica no descubierta ni investigada.

Para el historiador Felipe Echenique March, por la cercanía de la obra con la zona arqueológica, la presunción de la existencia de vestigios arqueológicos era innegable: “se tiene a menos de 1 mil metros la zona. Tuvo que haberse hecho un trabajo más profesional”.

En entrevista con Contralínea, explica que los funcionarios tuvieron que haber mandado a hacer trabajos arqueológicos, trabajos de reconocimiento, hacer sondeos, sin embargo “cuando el Instituto [Nacional de Antropología e Historia] interviene, ya lo hace tarde y por denuncias de la propia ciudadanía, con lo cual deja ver que los funcionarios encargados de la dependencia no hicieron su trabajo y que hay negligencia”.

Expropiación injustificable

El 25 de octubre de 2010, el gobierno del Estado de México publicó en la Gaceta oficial el decreto de expropiación de El Molino, ubicado en la cabecera municipal de Chimalhuacán.

El documento, firmado por Enrique Peña Nieto, señala como causa de utilidad pública “la ampliación, alineación y mejoramiento de la calle El Molino, así como la construcción de un parque urbano, museo local, biblioteca y auditorio municipal, con el objeto de embellecer, ampliar y sanear ese municipio con instalaciones culturales y cívicas para la convivencia social de los chimalhuaquenses”.

La supuesta causa de utilidad pública también se menciona en el periódico informativo de la campaña electoral de Enrique Peña Nieto, con edición especial de los “compromisos cumplidos” en Chimalhuacán: “el rancho El Molino fue expropiado […] por causa de utilidad pública, es decir, sólo para servicios que le beneficien al pueblo”.

Entre los beneficios –declaró el exedil, líder estatal del antorchismo y ahora diputado federal electo por mayoría, Jesús Tolentino Román Bojórquez, al colocar la primera piedra de la obra que tendrá un costo de 200 millones de pesos– está la construcción del primer teatro que se hace en Chimalhuacán. El recinto, dijo, estará a la altura del Auditorio Nacional o el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario de Texcoco.

Sobre el monumento histórico, según un volante que las autoridades municipales repartieron en la comunidad, se habrá de construir el Teatro Municipal con capacidad para 1 mil 700 espectadores, un parque infantil y la plaza Estado de México que consta de una fuente saltarina, quiosco, paseo escultórico y un reloj floral.

Monumento histórico sin valor

Tal como consta en el “Plan municipal de desarrollo urbano de Chimalhuacán”, publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México el 28 de octubre de 2003, Chimalhuacán cuenta con un Decreto de Gobierno Estatal, de 1980, que la declara “zona cultural artística o de especial estilo arquitectónico general inmodificable. Así como Patrimonio Cultural, Artístico y Arquitectónico del Estado [como] todas las construcciones subsistentes que daten de los siglos XVI, XVII y XVIII o las que contengan características propias de esa época misma que serán inmodificables […] en donde queda estrictamente prohibido […] llevar a cabo demoliciones parciales o totales de construcciones, sin permiso especial previo […] y sólo podrán autorizarse si se respetan las fachadas típicas o bien se llevan a cabo reconstrucciones y obras de conservación, mejoramiento o ampliación”.

Con base en estos argumentos, el Plan define al primer cuadro del municipio como Centro Histórico. La zona de Valor Histórico y Cultural comprende a El Molino.

El órgano informativo del Estado de México también incluye al Catálogo Nacional de Bienes Inmuebles mexiquense del Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como al Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas del mismo Instituto.

Este municipio, refiere el impreso, cuenta con “siete monumentos inmuebles catalogados, de los cuales dos se localizan en la cabecera […] cuatro inmuebles con uso religioso, uno habitacional, una exhacienda y uno sin uso actual”. Y prosigue: “la exhacienda El Molino, única en el municipio, fue construida durante el siglo XVIII. Actualmente se usa como casa habitación”.

Pese a ello, el 13 de abril de 2010, Rosa María Morales Pérez, secretaria del ayuntamiento de Chimalhuacán, mediante certificación, hizo constar que El Molino “no está destinado a la prestación de un servicio público y que carece de valor histórico, artístico y/o cultural”. El dictamen –del que Contralínea posee copia– fue incluido en el decreto de expropiación como uno de los principales pilares que lo avalan.

Al respecto, Echenique March, también secretario General del Sindicato de Investigadores del INAH, refiere que los funcionarios del Instituto estaban obligados a intervenir desde que supieron del decreto expropiatorio, toda vez que el sitio alberga un monumento histórico:

“El INAH estatal tuvo que haber interpuesto un recurso en el gobierno [del Estado de México] para hacer valer la Ley Federal, suponiendo que lo que le debería de interesar era la preservación del monumento histórico reconocido. A partir de ahí se debió de haber puesto como tercer interesado y con ello debió de conocer el proyecto.”

Las denuncias

De acuerdo con información de los residentes, los camiones con tierra de El Molino, producto de las excavaciones, llegaron aproximadamente a ocho predios de Chimalhuacán. Ahí, es donde han encontrado los vestigios que celosamente conservan.

La comunidad dio aviso de los hallazgos al INAH Estado de México desde el 15 de marzo pasado. En respuesta a la denuncia, el Instituto envió el oficio 401.B(10)47.2012/ 0321, fechado el mismo día en el que el entonces titular, Luis Alberto González Batani, solicitó a Rosalba Pineda, presidenta municipal, “suspender cualquier tipo de trabajo” en el predio, hasta que al lugar arribara personal adscrito al Instituto, con la intensión de proteger y evitar afectaciones al patrimonio cultural.

Para hacer la inspección arqueológica, González Batani comisionó a Raúl García Chávez y a las arqueólogas Martha Patricia Hernández y Beatriz Zúñiga Bárcenas.

Gobierno Municipal omiso

De acuerdo con versiones de los pobladores, el martes 27 de marzo la autoridad municipal, “como un acto de intimidación e intolerancia”, organizó una marcha para comunicar que de acuerdo con el INAH no hay vestigios arqueológicos en el predio. No obstante, dos días después, el Instituto reiteró a la edil la orden de suspender la obra. Rosalba Pineda desestimó el mandato, pues el 13 de abril personal del INAH tuvo que colocar sellos para impedir que los trabajos de construcción continuaran sin la intervención antropológica correspondiente.

Los sellos fueron retirados inmediatamente por policías municipales bajo el argumento de que eran órdenes de la presidenta municipal. Los hechos, como se lee en el expediente SO-000043/2012 del Órgano Interno de Control del INAH, generaron que la Unidad Jurídica presentara, el 18 de abril, ante la Procuraduría General de la República una denuncia penal por quebrantamiento de sellos y desacato a un mandato de autoridad competente y en ejercicio de sus funciones en contra de quien o quienes resulten responsables.

El 12 de junio, los vecinos hicieron una nueva denuncia ante el Instituto. En el documento ZARM/02/06/12, firmado por el Frente Ciudadano en Defensa del Agua Potable y Patrimonio de Chimalhuacán, la agrupación solicitaba copia de los documentos y estudios que acreditaran que el predio carecía de valor y que no existían vestigios en el sitio; que la Policía Federal reguardara la zona; que el INAH federal –y ya no el local– realizara el salvamento arqueológico, y que se le permitiera a la ciudadanía presenciar los trabajos en El Molino.

Opacidad

Sobre la falta de transparencia, Echenique March asegura que al no haber un trabajo institucional serio, responsable, conforme a la ley, se permite la especulación: “el no permitir que la gente entre y vea el trabajo que hacen los arqueólogos abona a la opacidad y levanta sospechas. Si hay gente que está interesada, que quiere conocer, que se le dé una visita. Finalmente son bienes nacionales, de todos los mexicanos. El trabajo arqueológico es público, es de interés público”.

La comunidad relata incluso versiones en las que los trabajadores atestiguaban hallazgos de piezas de grandes dimensiones que, dicen, fueron encostaladas y sacadas del sitio por helicópteros. Aunque no guardan registro de ello, lograron obtener fotografías de estructuras piramidales que quedaron en el centro de la obra y que ya no es posible apreciar.

Las fotografías, dice Echenique, demuestran la presunción de que había un material arqueológico importante que debió de trabajarse científicamente y que por desgracia no se hizo.

En un comunicado –que retoma el diario Reforma en su edición del 19 de julio de 2012– la presidenta municipal, Rosalba Pineda, expuso: “la valoración que el INAH realizó demostró que no existe alguna zona arqueológica importante en el rancho El Molino, por lo que el Instituto liberó el predio para la continuación de la obra”.

Ante ello, Echenique asegura que al decir que no había zona arqueológica importante se confirmaba la existencia de una zona con valor arqueológico: “que no les pareció importante es otra cosa, pero la arqueología en México no trabaja a partir de calificar qué es importante y qué no. Los vestigios arqueológicos son monumentos nacionales que deben ser conservados, estudiados por el Instituto. Es el mandato de ley que tiene”.

La denuncia de la comunidad finalmente obtuvo respuesta el 3 de julio: Constantino Acosta Dávila, delegado del centro INAH Estado de México escribió a los peticionarios en el oficio 401. B(4)47.2012/793: “actualmente el INAH está realizando en el predio denominado El Molino las investigaciones arqueológicas correspondientes y una vez que se concluyan, se determinará lo procedente”.

Del resultado de las investigaciones, los vecinos no tienen conocimiento, tampoco los investigadores y académicos del INAH. Cuando Felipe Echenique le solicitó al Consejo de Arqueología del INAH el informe de Raúl García Chávez le fue negado. Los funcionarios, dice, apelaron a la normatividad interna para evitar que alguien se robe la información y la quiera publicar.

El arqueólogo Jesús Evaristo Sánchez explica que en esa lógica la información será abierta hasta 2014. Sin embargo, dice, no se pretende plagiar la información, pues se trata de aclarar un problema jurídico: “aclarar si hay o no vestigios o si procede o no la autorización de la construcción de la obra. El Consejo se negó a entregarnos cualquier documento para tener elementos y poder evaluar la situación del lugar”.

La obra continúa

Pese a las constantes denuncias de los vecinos, investigadores, académicos del Instituto y la evidencia, el INAH no ordenó al ayuntamiento a detener la obra, aunque está obligado por ley si es que hay presunción de la existencia de vestigios.

El Instituto, refiere Echenique, “tendría que haber dicho que hay destrucción de vestigios arqueológicos, haber mandado a los arqueólogos adonde se llevaban la tierra, donde se encontraban la pedacería y ante esa evidencia, parar la obra por destrucción”.

Al no detenerse, señala, la responsabilidad es para los funcionarios del INAH y del ayuntamiento a quienes se les podría demandar. El Ministerio Público de Chimalhuacán tendría que tomar el caso de oficio por tratarse de la destrucción de bienes nacionales.

INAH sin interés por rescatar

Ante la ausencia del Instituto, los chimalhuacanos han convocado a expertos para la catalogación de sus piezas. A invitación de la comunidad, una etnohistoriadora inició el registro de lo hallado por los vecinos con fotografías y una breve explicación de cada objeto. Aunque renuentes, con el paso de los días, se suman más vecinos a la iniciativa. Los habitantes aseguran a Contralínea que no buscan vender las piezas; por el contrario, están dispuestos a entregarle al INAH todo lo que han hallado. Sin embargo, hasta el cierre de edición ninguna autoridad se había acercado para hacer el rescate.

Frente a la pregunta de por qué el Instituto no ha hecho la recolección en los lotes baldíos, el arqueólogo Jesús Sánchez, en entrevista con Contralínea, responde que el problema de las piezas arqueológicas es que son importantes en tanto están insertas en contextos arqueológicos:

“Las piezas fuera de su contexto pierden la posibilidad de interpretar los sucesos históricos en los que participaron. Se pierde totalmente la información. Queda el objeto histórico, pero lo único que se puede hacer con estas piezas es analizarlas, ver su estudio iconográfico y ponerla en un museo. Pero no hay manera de saber qué papel jugaba el objeto en la historia de la localidad.”

—Sin embargo, las piezas continúan siendo propiedad federal.

—Y bienes nacionales. El INAH tendría que ir a recoger esos vestigios para saber de qué se trata; al no hacerlo incurre en delito porque está dejando monumentos arqueológicos expuestos y eso incentiva una política de saqueo, de robo y demás. La policía se puede llevar a la cárcel a quien tenga en su propiedad muebles arqueológicos o históricos. Es un delito federal. Ahí hay un incumplimiento y una negligencia de las autoridades por atender ese asunto.

Daño ambiental

Con motivo de los preparativos para la expropiación de El Molino, Daniel Gómez Pedraza, titular de la Dirección General Jurídica y Consultiva del ayuntamiento, pidió a la Dirección General de Ordenamiento e Impacto Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente que evaluara el impacto ambiental que tendría la expropiación de dicho predio.

En respuesta, Carlos Sánchez Gasca, el titular de dicha Dirección, emitió el oficio 212130000/DGOIA/OF1321/10, el 22 de junio de 2010, en el que señala que la expropiación de El Molino a favor del gobierno municipal no genera mayores impactos ambientales, ya que el predio se encuentra inmerso en una zona urbana totalmente consolidada, por lo que se infiere que se han llevado a cabo con anticipación los impactos ambientales negativos inherentes a un cambio de uso de suelo de natural a urbano.

Sin embargo, concluye el documento oficial, el trámite de expropiación no exime a la autoridad municipal a obtener el Dictamen de Impacto Ambiental, por lo que deberá presentar como mínimo un informe previo al respecto.

Aunque los vecinos han solicitado en reiteradas ocasiones a la Secretaría del Medio Ambiente, a través del Sistema de Información Pública del Estado de México, copia de los estudios de impacto ambiental y los criterios que dieron lugar a argumentar que la expropiación “no genera mayores impactos ambientales”, la dependencia responde, tajante: “no se localizó en los archivos de la la Dirección algún documento que contenga información en los términos referidos”.

No obstante la ausencia de documentos, el argumento es base dentro del decreto de expropiación.

A favor de la preservación

La comunidad en defensa del patrimonio, muchos de ellos nativos de Chimalhuacán, dicen a Contralínea que no están en contra del Proyecto que se plantea en el rancho El Molino, pero sí de la destrucción de los valores que se ven representados en este lugar como parte de su pasado prehispánico y colonial, como un lugar de enorme valor ecológico por sus árboles centenarios, lugar de manantiales y ojos de agua, que en este momento es un vaso regulador para la recarga de los mantos acuíferos y porque para la población originaria y nativa de la localidad, El Molino es cuna de sus más entrañables leyendas, las cuales han persistido en su memoria y forman parte del patrimonio intangible que las autoridades del INAH y del ayuntamiento tienen la capacidad y obligación de defender.

Para la realización de este trabajo, Contralínea solicitó entrevista con el Instituto Nacional de Antropología e Historia y con el Centro INAH Estado de México. Yoselín Díaz, del INAH estatal, dijo vía telefónica que en las oficinas centrales del Instituto se llevó a cabo una reunión el martes 23 de julio para evaluar la solicitud de entrevista de este semanario. Esta información fue confirmada por Cecil Silva, asistente de atención a medios del INAH; pero no se comunicó el resultado de dicha reunión.

Contralínea acudió al sitio para hablar con los arqueólogos a cargo. Los policías municipales que resguardaban la zona aseguraron que no se encontraban en el lugar porque “casi no vienen para acá”. También se solicitó la versión de la presidencia municipal de Chimalhuacán. Mirella Jiménez, de atención a medios, se mostró preocupada porque “en los medios ya los habían golpeado y debían tener cuidado de que no les ocurriera nuevamente”. Al cierre de edición, no se obtuvo respuesta.

A decir de Felipe Echenique, Luis Alberto González Batani fue cesado de su cargo de director del Centro INAH Estado de México. Desde marzo, funge como visitador general en la Coordinación Nacional de Centros INAH. Y aunque en reunión los funcionarios le aseguraron que fue despedido, para Echenique March “lo que están haciendo es cubrirlo para que no tenga ninguna responsabilidad. Evidentemente debe tenerla. No hizo su trabajo”, concluye el también investigador.

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Fuente: http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/08/22/funcionarios-del-inah-el-edomex-sepultan-monumento-historico/