Nuestro proyecto editorial se funda como una alternativa libre e independiente a las tradicionales formas de publicación en el ámbito académico institucional. Sin perder rigor, calidad ni profesionalismo pugnamos por una propuesta de diálogo abierto entre todos aquellos interesados en la reflexión sobre el patrimonio.
El éxito de nuestra publicación, creemos, radica en este espíritu de apertura que anima y une a quienes tienen algo que expresar y aquellos dispuestos a leerlo. Esto nos ha permitido dar cabida y voz desde reconocidos investigadores a nivel internacional como a jóvenes egresados o estudiantes de pre o posgrado, quienes dialogan en nuestra plataforma con comunidades, colectivos y público en general interesados en sus patrimonios.
Confiamos siempre en que los números que editamos con los valiosos aportes de todos los interesados en las temáticas planteadas, tienen una excelente acogida en nuestra ya muy bien consolidada red y comunidad.
Esperen las ediciones especiales que estamos preparando para celebrar nuestro décimo aniversario y cuéntenos, ustedes, ¿desde dónde nos leen?
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147 PAÍSES 612,100 VISITAS
1. MÉXICO MÁS DE 50,001 A. 5 PAÍSES ENTRE 10,001 Y 50,000 B. 15 PAÍSES ENTRE 1,001 Y 10,000 C. 20 PAÍSES ENTRE 101 Y 1,000
A) Argentina, Colombia, Perú, España, Estados Unidos de América.
B) Alemania, Hong Kong, Honduras, República Dominicana, Canada, Paraguay, Brasil, El Salvador, Costa Rica, Bolivia, Francia, Chile, Venezuela, Guatemala, Ecuador.
C) Suecia, Unión Europea, Corea del Sur, Cuba, Polonia, Austria, Rusia, Bélgica, Australia, Japón, Suiza, Irlanda, Países Bajos, Portugal, Nicaragua, Puerto Rico, Reino Unido, Panamá, Uruguay, Italia.
Documento «LA DESAPARICIÓN DE LOS INVESTIGADORES CONTRATADOS DEL INAH». Del Movimiento 26 de Julio, realizado para la Rueda de Prensa del 22 de agosto del 2018, que transcribimos aquí para comenzar la reflexión sobre la situación actual del INAH y sus trabajadores contratados.
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En su «Balance de actividades»[1], Diego Prieto afirma que actualmente existen 1531 proyectos de investigación, conservación y difusión, de los cuales, 1060 corresponden al ámbito de lo arqueológico, en tareas de investigación, salvamento y restauración. Pero omite mencionar el revelador hecho de que el INAH sólo cuenta con 350 arqueólogos de base, cantidad que de ninguna manera puede hacerse cargo de los 1060 proyectos, y por eso mismo es enteramente necesario recurrir a la contratación de investigadores, en una cantidad que actualmente ronda los 800 arqueólogos (y un aproximado de 1200 en todas las disciplinas); es del todo claro que sin la participación de esos investigadores contratados, el INAH estaría imposibilitado de desarrollar las actividades sustantivas.
Desde décadas atrás y hasta el año 2016, esos investigadores contratados e incorporados a los proyectos específicos, quedaban formalmente registrados, en términos académicos, en los Proyectos entregados al Consejo de Arqueología, y en términos administrativos, en el correspondiente Capítulo 1000. Este hecho concreto e irrebatible, es soslayado por Diego Prieto califica la contratación de esos investigadores, a todas luces imprescindible para la vida académica del INAH, como «irregular», «inexistente» y «oculta», argumentos falaces y tendenciosos con los que intenta justificar la expulsión de estos 1200 investigadores. En realidad, Diego Prieto nunca menciona ni mucho menos explica el despido de estos 1200 investigadores: se limita a mencionarlos en términos cosificantes, tales como «ahorros» en «otros rubros», en «contratos irregulares» e «inexistentes».
La tergiversación de los hechos es más grave aún, cuando Diego Prieto intenta, aquí sí, ocultar esa acción ilegal y contraria a los preceptos institucionales, que es la desaparición de los investigadores como trabajadores del INAH, y su encasillamiento como prestadores de servicios en el Capítulo 3000. Esta acción es ilegal, porque, de acuerdo a la normatividad interna con la que se ha regido la actividad sustantiva de la investigación, que son las Condiciones Generales de Trabajo, se establece en su artículo 24, que:
Queda estrictamente prohibido que laboren en el Instituto personas con carácter meritorio, así como la contratación por servicios profesionales, cuando por su naturaleza corresponda a una relación de trabajo, en cuyo caso deberá ser desempeñada por trabajadores del Instituto.
Y es que, como caso específico, en el área sustantiva de arqueología, las actividades de investigación implican inevitablemente el descubrimiento, análisis, clasificación, catalogación y manejo de elementos que son bienes nacionales, por lo tanto, esas actividades sólo pueden ser ejecutadas por trabajadores del INAH, en consonancia con lo establecido en la Ley Orgánica del INAH y la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos; más aún cuando, en los proyectos de salvamento, esa actividad específica implica la ejecución de actos de autoridad, que deben ser realizados por los investigadores contratados; en ese estricto aspecto legal, al desterrar a los investigadores contratados y a pesar de todo recurrir a ellos en calidad de «prestadores de servicios», Diego Prieto incurre en graves delitos federales. Los hechos son enteramente contrarios a lo que afirma en su «Balance de actividades».
Igualmente tergiversadora es su afirmación de que se «regularizaron como personal eventual, 533 trabajadores con servicio médico del ISSSTE, que antes se encontraban sin seguridad social, que se conocían como «indocumentados», que ya no existen»; y es que Diego Prieto hace explícita su estrategia de aumentar indiscriminadamente la plantilla de personal administrativo, con estos 533 trabajadores que se vieron beneficiados laboralmente y que engrosan así al ya visto desproporcionado aparato burocrático, mientras expulsa del INAH al personal de investigación, es decir, a quienes cumplen con la fundamental tarea sustantiva de la institución.
El cinismo de Diego Prieto es ya insultante, cuando asevera que esa desaparición del Capítulo 1000 de proyectos, no afecta, sino al contrario, da cumplimiento a las necesidades de los proyectos. Que quede claro que en el INAH sólo existen 890 investigadores de base, mientras se desarrollan 1531 proyectos, de manera que al expulsar a los investigadores contratados, los proyectos sí se vieron gravemente afectados, tanto en términos académicos, como financieros. Sin embargo, se demuestra también que esos investigadores contratados son indispensables, por más que Diego Prieto crea que el INAH puede prescindir de ellos.
Las acciones que Diego Prieto ejecutó contra los investigadores contratados, es una prueba a todas luces evidente, de su intento de aniquilar paulatinamente a la actividad sustantiva de la investigación científica en el INAH.
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Nota [1]: Adjuntamos el video «Balance 2016 – 2017» al que el documento del Movimiento 26 de Julio hace referencia:
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