DE LA CASA #130: PUEBLOS MÁGICOS Y DERECHOS CULTURALES DE LOS RESIDENTES / VEHJ.

Por Víctor Eduardo Hernández Juárez

El turismo es un sector que deja una considerable aportación al producto interno bruto, sin embargo se debe ser crítico con esta práctica, en cuanto al tipo de modelo de desarrollo que pretende aplicar, el uso que se le da al patrimonio cultural y cómo las políticas públicas se relacionan con los derechos culturales de los habitantes de las comunidades que son impactadas de una forma directa o indirecta, en este caso se realizará una crítica al programa de Pueblos mágicos en función de dos aspectos, en primer lugar en cuanto a la población local, y en segundo lugar, al uso de patrimonio cultural.

En el año 2001 nace el Programa Pueblos Mágicos, según el acuerdo por el que se establecen los Lineamientos generales para la incorporación y permanencia al Programa Pueblos Mágicos[1] se constituye como una estrategia para el desarrollo turístico, orientada a estructurar una oferta turística complementaria y diversificada hacia el interior del país, basada fundamentalmente en los atributos históricos y culturales de localidades singulares. Esta noción alude principalmente a una visión de crecimiento económico tomando como motivación para el turista el patrimonio cultural, sin embargo no hace mención sobre los impactos o beneficios para la comunidad o cómo pueden ser aprovechados para la conservación y difusión del patrimonio.

El turismo, antes de la creación del programa, según datos de Talledos, se concentró en el denominado Sea, Sand And Sun y en la promoción de una imagen folklórica de los pueblos originarios, la cual exaltó la vestimenta y la comida de diferentes regiones como una tarjeta postal[2] así como en la creación de centros integralmente planeados que contaban con la infraestructura necesaria para brindar las comodidades al visitante en un solo lugar, este modelo prevalece en la visión del programa pues aunque no pretende construir grandes complejos de hoteles y restaurantes como lo hizo la política sobre el turismo de la década de los ochenta, si busca la creación de comunidades tematizadas y encaminadas en brindar servicios y comodidades al turista. En un inicio, el programa tenía la intención de aprovechar el patrimonio cultural de las comunidades cercanas a destinos de sol y playa ya consolidados para aprovechar los trayectos de carretera y detonar un crecimiento económico en zonas que se ubican en la periferia de grandes destinos turísticos, sin embargo, el aumento desmedido de nombramientos a localidades y el cambio de políticas públicas hicieron que el programa se convirtiera en un pilar para el turismo en los últimos años.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo, en la página oficial menciona que un Pueblo Mágico es una localidad que tiene atributos simbólicos, leyendas, historia, hechos trascendentes, cotidianidad, en fin, «magia», que emanan en cada una de sus manifestaciones socio-culturales, y que significan hoy día una gran oportunidad para el aprovechamiento turístico[3], es importante señalar que en esta definición nunca menciona de forma la clara que estos criterios son parte del patrimonio cultural, las comunidades son las que en primer lugar son poseedoras de tal patrimonio, por lo tanto la comunidad es quien a través de su forma de vida y cotidianidad construye los elementos culturales a los que el programa aprovecha con fines turísticos.

El programa ha tenido una serie de cambios desde su creación y actualmente cuenta con 121 denominaciones, siendo las más recientes incorporadas en septiembre de 2018 en el marco de la feria de pueblos mágicos en Monterrey. Al hacerse un análisis sobre la cantidad de nombramientos otorgados desde su creación se puede notar el cambio de criterios para generar dichos nombramientos, debido a que en los primeros años del programa el número de incorporaciones eran limitado, esto sucedió ya que debían cumplir con criterios muy específicos como la cercanía con un destino turístico reconocido, pero al consolidarse el programa a partir del año 2012 se aligeraron los criterios creciendo de una forma desproporcionada a los objetivos del programa, convirtiéndose en una estrategia de gobernanza para los gobiernos municipales, esto trajo un problema en cuanto a la calidad de los servicios ofrecidos por lo que se optó por hacer una revisión del programa y no hacer nuevos nombramientos. No fue hasta el año 2014 cuando se actualizaron los lineamientos de pertenencia y de incorporación y comenzaron a descender el número de nombramientos, causados en gran medida por las quejas de los turistas en cuanto a los servicios ofertados y a las críticas de académicos y defensores del patrimonio cultural que solicitaban clarificar la situación del uso de la cultura.

Incorporación de nombramientos
Año	Número de nombramientos
2001	2
2002	9
2003	2
2004	2
2005	6
2006	6
2007	5
2008	0
2009	1
2010	4
2011	11
2012	35
2013	0
2014	0
2015	28
2016	0
2017	0
2018	10

Fuente: Elaboración propia. Enero 2019.

Barroso Alarcón concibe el programa de Pueblos Mágicos como un producto que responde a las motivaciones y expectativas de viaje de aquellos turistas cuya principal motivación de visita es la cultura[4]. Es entonces que el turista se convierte en el principal actor al que está dedicado el programa y por ende toda la planeación está dirigida en satisfacer sus necesidades dejando a la comunidad local en un segundo plano ignorando la existencia de sus derechos culturales, al respecto debemos entender que los derechos culturales están reconocidos en la constitución en su artículo cuarto, sin embargo, tal reconocimiento se dio en el año 2010 con la reforma sobre derechos humanos[5] que fue posterior a la creación del programa, a pesar de esta situación el reconocimiento de los derechos culturales ya se había dado desde tiempo atrás.

Al respecto, Bolfy Cottom menciona que al hablar sobre derechos culturales se debe contemplar que existen dos supuestos: el primer supuesto menciona que es incorrecto hablar del derecho a la cultura, pues de esta forma se aceptaría la posibilidad de que el ser humano pueda nacer o vivir en una comunidad sin cultura, en este supuesto el Estado tiene la obligación de respetar las diferencias culturales, siendo el principio de toda política pública la garantía y respeto a la libertad de creación y expresión.

El segundo supuesto parte de la idea que todos poseemos y formamos parte de culturas diferentes lo que ha producido una dicción entre las diferentes manifestaciones culturales que han provocado una desigualdad, por lo que se entiende como un reclamo a sus derechos, entre los que se destaca el derecho a la identidad, la libre expresión de las ideas y forma de entender la vida, mostrar sus capacidades creativas y que sean susceptibles de recibir los bienes y servicios que el Estado otorga[6].

Por otra parte Gonzales Castellanos refiere que el término “derechos culturales” viene sirviendo indiscriminadamente a propósitos discursivos carentes muchas veces de rigor en el análisis sobre orígenes y potencialidades, ante todo porqué, hasta expertos en ciencias sociales suelen confundir el término de derechos con el de legislación[7], la confusión en el uso del término que hace referencia el autor dificulta poder hacer un diagnóstico sobre la situación de los derechos culturales en las comunidades que son afectadas por el programa de Pueblos Mágicos, por lo que tomar el catálogo de prerrogativas que son consideradas como derechos culturales será sólo parte de una metodología académica para poder llevar acabo este análisis.

Cuando se menciona el reconocimiento de los derechos culturales se debe tomar en cuenta a qué personas es quien se le están reconociendo este derecho, son los turistas o los habitantes quienes gozan de estas prerrogativas pues dada su característica como parte de los derechos humanos no debe haber distinción alguna. Es cierto, parte de dicho reconocimiento se refiere al libre uso, goce y disfrute de la cultura en cualquiera de sus formas, pero habrá que ser críticos en cuanto a si el turismo funciona como una práctica de reconocimiento a la cultura o si es una herramienta para mercantilizar la cultura.

De los residentes y visitantes

En otro tenor, enfocado al público y las comunidades que residen en los Pueblos Mágicos, se cuenta con un diagnóstico de competitividad y sustentabilidad en el cual los temas que versan están relacionados la demanda turística y poco sobre los ofertantes, por lo que falta un estudio que se enfoque en diagnosticar el desarrollo de los habitantes locales más allá del rubro de la capacitación o los alcances económicos del programa. Se debe considerar la aplicación de una consulta previa sobre cuál es él modelo de desarrollo que la comunidad estime pertinente, así como la forma en que deba de ejecutarse.

Siguiendo esta línea, la diversidad cultural de las comunidades es la fuente de los atractivos que usa el programa para atraer al turista, por lo que atender los derechos culturales de la población debe ser una prioridad para conservar el patrimonio cultural. Es decir, a tomar en cuenta las características de cada población para así entender el impacto social y cultural de tendrá la aplicación del programa.

El turista ha sido visto como la prioridad en el programa y ha creado una segmentación en los modelos de la política turística, debido a que es el interés mercantil el motor para la creación de políticas públicas,  la segmentación turística crea imaginarios simplistas sobre los lugares a ser visitados y sobre sus habitantes, los cuales terminan siendo reducidos a una visión servicial y al turista como una élite a la que se le debe de complacer. Dicha división crea tensiones sociales entre los visitantes y los residentes debido a la desigualdad socioeconómica que se genera y a los cambios en los procesos culturales que son forzados por cumplir con este imaginario, es entonces cuando la fiesta del pueblo deja de ser para el pueblo y se convierte en un espectáculo para el visitante perdiendo el contexto y el valor para los habitantes. Esto provoca la pérdida de la memoria histórica y del patrimonio cultural e intangible.

En este mismo tenor, los habitantes de los pueblos con el nombramiento no han tenido una voz real dentro de la aplicación del programa, pues la toma de desiciones recae en el comité y el ayuntamiento, dejando sin mecanismos de participación a la comunidad. Al respecto Suárez Monsalve profesora e investigadora de la Universidad de Medellín menciona que la tradición electoral en Latinoamérica ha mostrado que los gobiernos municipales promueven proyectos que obedecen más bien a compromisos con las élites económicas y políticas y no son producto de consensos ciudadanos[8]. Por lo que las comunidades que se han convertido en destinos turísticos consolidados tienen que buscar métodos para crear diálogos y que su voz pueda ser tomada en cuenta para que se respete su identidad cultural.

En este sentido y a manera de propuesta la investigadora Aline Carvalho propone la necesidad de crear discursos más complejos que valoricen la diversidad local para permitir no sólo una mayor implicación de las múltiples comunidades locales en la actividad turística, sino un concepto valorizado de diversidad[9]. Esta diversidad debe ser atendida no sólo en cuanto al patrimonio cultural, visto como la noción de lo monumental, si no a la relación directa y cerca de la identidad con los habitantes, en manifestaciones como el idioma, las cosmovisión y las formas de organización de aquellas que cuentan con un gran número de habitantes de pueblos originarios como es el caso de Cuetzalan del Progreso o San Cristobal de las Casas. Es entonces, en estos casos donde se debe tener más cuidado en cómo se plantea la implementación de las actividades turísticas y cómo se crean las relaciones de convivencia y comunalidad. Cabe resaltar que en ambos ejemplos no se cuentan con los reglamentos, ni indicaciones de qué es el programa y cómo funciona en el idioma de las comunidades de pueblos originarios, por lo tanto, se deja fuera de la toma de decisiones a la población y el pueblo se convierte en una imagen folclórica que atrae visitantes y aprovecha sus conocimientos y diversidad cultural, los invisibiliza en cuanto a los recursos y desiciones sobre el territorio.

Otro de los problemas que tiene el programa es la incoherencia de los discursos, por un lado hace referencia al valor de la diversidad cultural y reconoce las identidades y cosmovisiones, por el otro mantiene en su estructura normativa una teoría jurídica rígida propia del derecho positivo mexicano. De acuerdo con el antropólogo Esteban Krots la normatividad unitaria era el proyecto identitario de la burguesía en proceso de consolidación, resultando una idea uniforme de nación. Así se combinaban y reforzaban mutuamente la acción de los mecanismos creados para reducir la diversidad sociocultural[10], es decir que bajo un criterio de homogeneidad el Estado pretende que se utilicen las mismas reglas de operación en todas las comunidades como si todas tuvieran las mismas características y se tratara de una sola identidad, por lo que la identidad de la población termina convirtiéndose en un discurso para mercantilizar la cultura, por lo tanto es indispensable que se creen mecanismos de exigibilidad de los derechos culturales e ir más allá de un solo reconocimiento.

En atención a esto Vélez Rivas propone la necesidad de un modelo de construcción de alteridades desde una concepción que rompa con los paradigmas excluyentes y de poder. Esto sin duda constituye otro reto para las imágenes construidas del turismo desde las guías y las imágenes de marca de los destinos; seguramente estos influirán en las maneras en que los turistas perciben ellos mismos a los nativos, lugareños y pobladores locales[11]. Siguiendo con esta propuesta se debe hacer una reflexión en cuanto a los papeles que han jugado en los procesos de la modernidad y la visión de la otredad, separar las divisiones entre residentes y visitantes y construir diálogos para respetar las desiciones y los caminos al desarrollo que la propia comunidad decida fuera de la voluntad de las políticas estatales.

Por lo tanto, la participación ciudadana es vital para el ejercicio de los derechos culturales y la integración de mecanismos donde la comunidad intervenga de forma directa sobre la toma decisiones y el uso del programa debe ser una prioridad en la elaboración de los reglamentos en cada comunidad atendiendo a la diversidad de la población contemplando en todo momento la consulta previa libre e informada y en caso de pueblos originarios debe elaborarse con respeto a su forma de organización, cosmovisión y en su idioma natal.

Del patrimonio cultural

De acuerdo con la Declaración de Friburgo en su artículo tercero[12] el patrimonio cultural es parte de los derechos culturales, entendiéndose como el derecho que tiene cualquier persona individual o colectiva de elegir y que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus modos de expresión así como de conocer y a que se respete su propia cultura, como también las culturas que, en su diversidad, constituyen el patrimonio común de la humanidad. En este contexto podemos concluir que el patrimonio cultural está relacionado con la identidad y su definición está alejada de la noción legal que encontramos en la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos en la cual encontramos que el patrimonio cultural mantiene una visión monumental, Al respecto Edna Rozó menciona que los espacios para el turismo emulan el sentido de lo monumental espacial buscando sobrevivir al tiempo, sin darse cuenta que con esa unicidad de lo estático-patrimonializado se genera una mirada reduccionista de la historia[13], esta mirada está relacionada con la forma de protección de aquellos bienes que representen una imagen para fortalecer una identidad nacional, uniforme plana y hegemónica.

En este contexto la identidad nacional ha servido para fortalecer la industria turística, pues los monumentos históricos, arqueológicos y artísticos son los que atraen mayor cantidad de visitantes ya sea en destinos consolidados o en los emergentes, es entonces que se mercantiliza la cultura y su valor se mide con base en cuántos visitantes puede atraer y la derrama económica que significa para el Estado y los particulares a través de empresas relacionadas a la prestación de servicios turísticos.

Sobre la mercantilización de la cultura Suárez Monsalve menciona que desde el turismo se aprovecha este mecanismo para la acumulación de ganancia y se hace uso de las transacciones sobre el ocio, la recreación, los productos artísticos, las tradiciones e incluso los saberes populares[14], la autora advierte que en estas transacciones mercantiles se encuentran también las expresiones culturales del patrimonio inmaterial, siendo estas las que le otorgan el valor monetario y el contexto al patrimonio material cultural, por lo tanto el turismo es considerado como una industria cultural que asume una función de acumulación de capital; por eso se utiliza como generador de estrategias de desarrollo en ciudades que desean insertarse en las redes globales de producción, de servicios y de comercialización con el uso de productos y simbología cultural[15] reduciendo al patrimonio cultural a un producto mercantil que solo está disponible para quien pueda pagar por su disfrute, atentando así contra los principios de los derechos humanos.

Al respecto, Allen Cordero menciona que la privatización turística se expresa, inicialmente, en la compra del espacio bello y su consiguiente cierre a los libres desplazamientos si no mediante un pago. Paralelamente, al turismo internacional le interesa canalizar algunas expresiones de la cultura turística autóctona, como pueden ser las comidas y bebidas, actividades recreativas y culturales corrientes como los deportes y actividades al aire libre, los bailes y otras expresiones socio-recreativas[16], estas expresiones que menciona el autor es lo que el programa denomina como la “magia” y queda reducida a un privilegio que sólo aquellos que pueden pagar por vivir o conocer estas experiencias tienen acceso.

Siguiendo esta idea debemos analizar lo que el programa de Pueblos Mágicos entiende por “Magia”, pues aunque menciona que son los elementos que hacen un lugar singular y de gran importancia para el turismo, se puede considerar que el término alude a un proceso teatral y de embellecimiento como si se tratara de un cuento que narra el interés por un imaginario, por ello es que la profesora Edna Rozó menciona que el lugar turístico opera como un teatro, como una metáfora de aparente socialización entre residentes y visitantes, donde lo efímero de la experiencia turística, sus itinerarios previamente demarcados, los ritos de entrada, estadía y salida hacen que las experiencias de los viajeros sean una ficción en la que se resignifica de manera permanente el lugar[17]. Alejándose de lo auténtico, peculiar u original que el programa pretende vender.

Este fenómeno de lo mágico Dean MacCannell lo llama el efecto de “disneyficación” el cual presenta a través de la creación de algunas atracciones turísticas que emulan el pasado o el presente, los hitos históricos, sociales y culturales, tradicionales o contemporáneos, re-creando lugares desde la mistificación, la escenificación o la ficción, cuya consecuencia es que lo que resulta atractivo es aquello que niega la autenticidad y que se valora desde los artificios, identificándolos como “seudoatracciones”[18], por lo que la tematización y re creación artificial de los lugares turísticos y la búsqueda de lo auténtico e identitario se han convertido en la práctica común de los pueblos con el nombramiento de mágicos, es entonces que surge la interrogante si el programa de pueblos mágicos aprovecha o crea los atractivos culturales.

Lo anterior hace pensar en la necesidad de nombrar a una expresión cultural como patrimonio, pues para quienes viven estas manifestaciones como parte de su identidad no necesitan la aprobación o reconocimiento del Estado o de alguna institución para llevarlas acabo, difundirlas o modificarlas según el contexto sociocultural de la misma población, en otras palabras son los miembros de la comunidad quienes deben definir cómo llevar su vida cultural ya sea en forma colectiva o individual, así como el aprovechamiento de su diversidad cultural.

En relación a lo anterior García Canclini menciona que los patrimonios reafirman algo propio, sobrestimándolo en comparación con los bienes del otro, y por eso mismo dividiendo. Si acaso tuviera sentido nombrarlos «patrimonios de la humanidad» no sería tanto porque todos podamos enorgullecernos de centenares de sitios lejanos que nunca vamos a conocer, sino por que algunos de ellos, gracias al turismo intercontinental, fueron asociados con acontecimientos mundiales como las olimpiadas y son difundidos como parte de un imaginario globalizado[19]. Es entonces que los patrimonios sólo son visibles y valorados cuando tiene un respaldo social basado en la aprobación de las masas, pues los criterios que llevan a un sitio a tener una declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad están relacionados con la cantidad de visitantes e información que sale de su región y logran convertirlo en un sitio de interés internacional.

En relación con las multitudes Renato Ortiz habla sobre su carácter como legitimados, al respecto menciona que una multitud es una conglomeración de personas en un determinado punto y pose la característica de la visibilidad, la multitud está compuesta por elementos heterogéneos donde no los une ningún vínculo social, por lo tanto, es transitoria, la multitud presupone la disolución de las individualidades, estas se encuentran anuladas por la coerción del todo[20], estas multitudes son lo que el Estado y la industria turística ha usado para evaluar cómo un caso de éxito el programa de Pueblos Mágicos, aún cuando no existen diagnósticos completos que permitan medir el impacto de estas multitudes en los poblados que generalmente antes de la aplicación del programa tenían una población mucho menor y con actividades económicas ajenas al turismo, generándose procesos de gentrificación y extractivismo.

El patrimonio es una herramienta que permite definir o “re-definir” una identidad generada por los contextos históricos, sociales y culturales de una región, entendiéndose como un complejo sistema de valores y símbolos cambiantes que le otorgan a un sitio su diversidad cultural, por lo tanto estos procesos no deben ser forzados a mantenerse estáticos a fin de conservar rasgos folclóricos que sirvan para el turismo, como una especie de burbuja cultural donde las políticas estatales tratan de mantener aquellos elementos que pueden utilizar como productos culturales, tampoco deben ser manipulados para que el modelo de desarrollo basado en la infraestructura modifique el entorno o que actividades económicas obliguen a cambiar una forma de vida para que el lugar tenga una “magia” y pueda ser considerado como beneficiario del programa.

Casos

Muestra de lo anterior se realizará una breve revisión del caso de San Cristobal de las Casas atendiendo a sus especificados, no sin antes aclarar que en cada uno de los pueblos con el nombramiento se den tomar consideraciones diferentes para su análisis en materia de derechos culturales, pues cada población es diferentes atendiendo sus contextos, por lo que el siguiente ejemplo es enunciativo, no limitativo e intenta mostrar violaciones a los derechos culturales en sus habitantes causadas por la ejecución del programa.

San Cristobal de Las Casas

Esta población en Chiapas fue incorporada al programa en el año 2003 en medio del conflicto zapatista y con una población en su mayoría compuesta por miembros de pueblos originarios tzotziles y tzetzales. Es indispensable para hacer el análisis que la historia de la región de los altos de Chiapas es la que ha marcado la identidad de San Cristobal y está estrechamente vinculada con otras poblaciones aledañas como es Zinacantan, San Juan Chamula o San Andrés Larraiza, las cuales también son afectadas de forma directa por el turismo.

Siendo tres los elementos principales los que atraen al turismo, en primer lugar está la arquitectura colonial, en segundo, la cultura de los pueblos originarios, y en tercero, la identidad revolucionaria causada por el movimiento zapatista.

En cuanto a la arquitectura colonial se debe entender que la mayor parte de inmuebles con estas características son las iglesias y museos, sin embargo la casa del los habitantes sufrieron modificaciones debido al desplazamiento de los pobladores por la venta de inmuebles a extranjeros, está situación se dio por el reconocimiento que en el año 2010 se le otorgó por ser “El pueblo más mágico de los pueblos mágicos”, dicho reconocimiento se dio por la recuperación de la imagen urbana, el rescate del centro histórico y el crecimiento de inversiones por parte de extranjeros en la compra de inmuebles para crear una fuerte estructura hotelera y restaurantera. En este punto es donde se hace la primera crítica ya que estos logros en los modelos de desarrollo no representan un beneficio económico para los habitantes, pues la inversión en los hoteles y restaurantes es en su mayoría extranjera, obligando a los pobladores a vender sus inmuebles ya que su modo de vida no coincidía con los modelos planteados por el programa. Actualmente la población coleta[21] ha sido excluida por los extranjeros.

Por otro lado, la cultura de los miembros de pueblos originarios que habitan en San Cristobal de Las Casas y sus alrededores, tienen una relación de tensión entre los habitantes originarios, los extranjeros y los visitantes debido a la discriminación,  desigualdad social y la explotación laboral que viven los primeros, para los miembros de pueblos originarios San Cristobal es un centro de comercio que les permite tener un sustento a través de la venta de productos y artesanías, pero que han sido desplazados a la afueras del cuadro denominado como “mágico”. Mientras que en el cuadro principal existen galerías de arte propiedad de extranjeros, los miembros de comunidades originarias tienen que recurrir al mercado informal. Es evidente la segregación causada por el imaginario colectivo que se ha creado pues el orgullo de lo indígena se valora cuando está en sus poblaciones[22] y no cuando venden artesanías a pie de piso. La explotación de la imagen de lo indígena es uno de los atractivos turísticos que más atrae turistas en San Cristobal, siendo caricaturizados en su cultura. Otra crítica que se hace sobre las comunidades es la falta de información en su idioma natal, no existen documentos que respeten sus derechos lingüísticos, que hablen de las reglas de operación del programa o que puedan facilitar la comunicación con los visitantes.

Finalmente se tiene también la identidad revolucionaria pues la explotación de elementos que aluden al ejército zapatista como una forma de atraer visitantes se ha convertido en una práctica común, se pueden encontrar desde productos o servicios relacionados con el movimiento zapatista que invita a vivir la experiencia de la revolución, creando un tercer imaginario turístico al servicio de la venta de la cultura y la identidad.

Foto 1. Vida cotidiana fuera del cuadro principal. Lugar: Mercado municipal “José Castillo Tielemans”, San Cristobal de las casas, Chiapas, México. Autor: Víctor Eduardo Hernández Juárez. 

Foto 2. Mercado de artesanías donde se concentra la mayor parte de la población de pueblo originario. Lugar: Iglesia de Santo Domingo, San Cristobal de las casas, Chiapas, México. Autor: Víctor Eduardo Hernández Juárez.

Conclusiones

El programa de Pueblos Mágicos se ha enfocado por ver a la cultura como un producto mercantil, creando o manteniendo imaginarios que intentan ser atractivos para el visitante, por medio del discurso de preservar lo auténtico y lo singular, sin embargo es a través de ese mismo discurso que ha tenido una serie de deficiencias en cuanto a la originalidad del producto que oferta y al respeto de los derechos culturales, pues en su aplicación se limita a crear las condiciones de comodidad para un grupo de visitantes con cierto nivel de elitismo, dejando de lado a los habitantes de los pueblos con el nombramiento. El programa no prevé mecanismos de participación ciudadana e intenta estandarizar la diversidad cultural, por lo que los responsables de la creación de políticas turísticas deberían abrir espacios de diálogos interculturales a fin de que las prácticas turísticas no afecten a la población local y puedan tener accesos a los beneficios económicos de forma directa si esta es la voluntad de la población. La Secretaria de Turismo debe crear diálogos con otras instituciones a fin de crear programas interinstitucionales de turismo con organizamos de cultura, pueblos originarios y la sociedad civil para que los proyectos estén validados por la población mediante una consulta previa y sobre todo que estos proyectos surjan por iniciativa de la propia comunidad. Por su parte la población debe de integrarse y crear propuestas para defender sus derechos culturales.

Con la desaparición del presupuesto federal al programa de Pueblos Mágicos vendrán nuevos retos en la forma de administración y organización a lo cual las comunidades estarán en un momento clave en el que tendrán que abrir diálogos para tomar desiciones sobre el uso y aprovechamiento de su riqueza cultural, pues algunos poblados ya se han consolidado como destinos turísticos por excelencia y al no ser estática la cultura, está actividad  tendrá un efecto transformador en aquellas comunidades que decidan continuar con él modelo turístico como actividad principal.

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Notas:

[1] Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos generales para la incorporación y permanencia al Programa Pueblos Mágicos publicado en el diario oficial de la federación el 26 de septiembre del 2014 consultado en https://bit.ly/1qDmNvd 

[2] Talledos Sánchez Edgar,  Megaproyectos turísticos en México El caso de los centros integralmente planeados en Megaproyectos en México: Una lectura crítica, p. 94.

[3] Consultado en https://bit.ly/293Kgcy

[4] Barroso Alarcón en MADRID Flores Francisco (coord.) Pueblos mágicos, aciertos  y retos de una iniciativa de política pública en turismo. Limusa, México, 2016,p 24.

[5] Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. Artículo 4 constitucional consultado en https://bit.ly/2MDSvjw

[6] Cottom Bolfy, Legislación cultural temas y tendencias, MAPorrua, México, 2015, 24 p.

[7] Gonzales Castellanos V. , Patrimonio cultural integración y desarrollo en América Latina.p 27.

[8] Suárez Monsalve Ana María, Políticas de recuperación de ciudad, una mirada crítica a las estrategias de comunicación e imagen turística de Medellín y Río de Janeiro en Turismo y cultura 46 p.

[9] Carvalho  Aline, Políticas públicas del turismo en el litoral Norte de São Paulo (Brasil):turismo de naturaleza versus turismo cultural en Turismo y cultura: retos y perspectivas en América Latina,.  129 p.

[10] Esteban Krotz, Antropología jurídica: perspectivas socioculturales  en el estudio del derecho p. 17.

[11] Vélez Rivas,Marta Lucia. Las alteridades en los viajes y el turismo: propuesta de un horizonte de investigación, 316 p.

[12] Declaración de Friburgo consultada en https://bit.ly/V0ShmD

[13] Edna Rozo, El lugar y las dinámicas del turismo, 176 p.

[14] Suárez Monsalve Ana María, Políticas de recuperación de ciudad, una mirada crítica a las estrategias de comunicación e imagen turística de Medellín y Río de Janeiro en Turismo y cultura: retos y perspectivas en América Latina, 58 p.

[15] Ídem 49 p.

[16] Allen Cordero Ulate, Nuevos ejes de acumulación y naturaleza el caso del turismo, p 124.

[17] Edna Rozo, El lugar y las dinámicas del turismo, 176 p.

[18] Dean MacCannell , El turista, p 20.

[19] García Canclini Néstor, La sociedad sin relato Antropología y estética de la inminencia, 81 p.

[20] Renato Ortiz, Otro Territorio, convenio Andrés bello, p 75-76.

[21] Nombre que se le da a los habitantes originarios de San Cristobal de las casa.que remiten su historia a la fundación de la ciudad.

[22] Se ofertan tour por comunidades de pueblos originarios cercanas a San Cristobal De Las Casas, siendo estos de gran aceptación por los turistas.

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Bibliografía

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LOPEZ Levi Liliana, Valverde Valverde Carmen, Fernández Poncela Anna María  y Figueroa Díaz María Elena (coords). Pueblos mágicos una visión interdisciplinaria I. UAM Xochimilco, UNAM, México, 2015, 462 pp.

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Hemerografía

Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía. Trapecio amazónico: turismo e imaginarios sociales sobre un territorio exotizado. Volumen 26, Número 2, p. 113-131, 2017. Martha Lucía Vélez Rivas. [https://doi.org/10.15446/rcdg.v26n2.59229]

Legisgrafía

• Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos
• Declaración de Friburgo
• Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos

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Sobre el autor: (Ciudad de México – 1988) Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, con especialidad de Políticas Culturales y Gestión Cultural de la UAM Iztapalapa, actualmente se encuentra terminando la maestría en Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM, cuenta con cursos de actualización en materia de legislación del patrimonio cultural, derechos de autor, pluralismo jurídico y gestión cultural. Es coordinador del Seminario Derechos Culturales Un Reconocimiento Impostergable en la UACM, plantel Cuautepec. Como consultor independiente en materia de derechos de autor, ha colaborando con empresas, asociaciones civiles, en proyectos culturales y con artesanos de diversas comunidades de pueblos originarios. En el área laboral se ha desempeñado como docente y tallerista en diversas instituciones, entre las que destaca su participación como profesor de asignatura en la materia de Legislación del patrimonio cultural y artístico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, plantel San Lorenzo Tezonco, y colaborador en el Grupo de Investigación sobre Derechos Colectivos y Ambientales en la Universidad Nacional De Colombia sede Bogotá./

Contacto: abogadoculturalvictor@gmail.com

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DE LA CASA #102: DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS EN IZTAPALAPA / ARK.

Por Juan Reynol Bibiano Tonchez

Con motivo del Día Internacional de los Museos, y a invitación de nuestra querida amiga Maxlinder Ramirez, el pasado miércoles 18 de mayo sostuvimos una charla – taller llamada “Los ‘Paisajes Museorales’ de la Ciudad de México”, donde exploramos las posibilidades de la Cartografía Participativa aplicada al análisis de los fenómenos de apropiación territorial del Patrimonio Cultural, por lo que, más que una conferencia, decidimos darle la vuelta a la forma tradicional de llevar a cabo este tipo de eventos, con un taller de activación comunitaria en el que prentedíamos generar procesos de identificación y memoria sobre los espacios urbanos compartidos por los asistentes. La respuesta fue mucho mejor de lo que esperábamos, por lo que no nos queda más que agradecer a todos los vecinos de Iztapalapa en la Ciudad de México que participaron con extraordinario entusiasmo y a nuestros compañeros Gracia Carbajal y Juan Tonchez por su tiempo y conocimiento para el éxito de esta increíble experiencia.// Pronto tendremos más noticias de lo que puede surgir de este trabajo.// ¡Estén al pendiente!

¡Nos vemos la próxima! #ArKeopatías #ICOM #DelegaciónIztapalapa.// Acá les compartimos algunas fotos del evento, el álbum completo lo pueden ver en nuestra página de Facebook aquí.//

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DE LA CASA #87: NEZAHUALCÓYOTL. PATRIMONIO DE PATRIMONIOS / DT.

Por Daniela Tovar

Quisiera iniciar platicando un poco los antecedentes de cómo surge mi interés por participar en un evento como este, desde hace más de un par de años tenía la inquietud de poder escribir algo sobre Neza, como yo la suelo llamar, sin embargo, no había encontrado el espacio idóneo para compartirles mi experiencia como habitante de una ciudad perdida en la periferia de la “GRAN CIUDAD”.

Mi primer acercamiento con el patrimonio del municipio que por ahora habito, se debe a mi familia materna, a quienes les agradezco compartir su historia, la historia del municipio conmigo, ya que, desde que llegaron al joven municipio de Nezahualcóyotl en 1963, como el resto de los migrantes que después de la década de los cuarenta salieron de sus terruños a buscar mejores oportunidades de vida, construyeron un patrimonio basado en su día a día.

UN POCO DE NÚMEROS:

El Estado de México cuenta con una extensión territorial de 22,351 kilómetros cuadrados, lo que representa el 1.1 % del territorio nacional, y de acuerdo con el INEGI, en el residen  15 175 862 habitantes que se distribuyen en 125 municipios. En lo que respecta a Nezahualcoyotl, el municipio fue erigido el 23 de abril de 1963 por el entonces gobernador del Estado de México, Gustavo Baz Prada, que aceptó la necesidad de crear un municipio en los asentamiento que hasta ese momento eran conocidos como Colonias del Vaso de Texcoco, así se fundó el municipio.

LOS PATRIMONIOS INVENTADOS

Entrando en materia del título Nezahualcóyotl: Patrimonio de Patrimonios, la definición elaborada por la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre el Patrimonio Cultural, celebrada en México en el año 1982, describe que

“El Patrimonio Cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas, surgidas del alma popular, y el conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir, las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo; la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas.»

Y aunque Neza cuenta con más de una de estas obras, ninguna es considerada patrimonio cultural. Excepto la espantosa obra titulada Cabeza de Coyote, del “artista” Sebastián inaugurada en 2008 con motivo del 45 aniversario del municipio, que busca plasmar entre su ciudadanía una identidad gráfica que difícilmente los atrae, siendo las 298 toneladas que pesa lo que intenta transforma de la memoria de los primeros pobladores un espacio tan significativo como es el cruce de las avenidas Pantitlán y López Mateos.

Digo “que intenta” porque al menos la primera y segunda generación de los primeros pobladores de Neza, saben que en ese cruce se construyeron varias historias del andar cotidiano. Mismas que difícilmente se desdibujarán.

En este cruce, en los años sesentas se ubico un tanque de agua que abastecía a los primeros pobladores; amas de casa que mandaban a sus hijos a acarrear agua, posteriormente en 1981 Humberto Peraza crea la obra de Nezahualcóyotl, como el emblema que da la bienvenida al municipio. Cabe destacar que este cruce es conocido por quienes visitan Neza como la avenida principal, esto debido a varias razones; allí se ubicó el primer cine del municipio, además que fue la terminal de camiones que permitían a las personas trasladarse a la ciudad.

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El tanque de agua que estuvo en la glorieta de Pantitlán y López Mateos, Cd Neza, años sesenta / (c) Twitter @CdMéx en el Tiempo.

Aunque Cabeza de Coyote, que desde mi perspectiva es estéticamente espantosa, ha intentado desde hace ocho años a través de una política pública mal desarrollada posicionarse como “el patrimonio monumental del municipio” no lo ha logrado y esto se debe a varias cosas, las cuales enunciaré:

Desde la política cultural nacional que define los bienes considerados patrimonios, nuestra Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, establece la diferencia entre los bienes arqueológicos, históricos y artísticos y faculta a las instituciones nacionales de la siguiente manera: la custodia protección y conservación de los bienes arqueológicos e históricos es competencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia, definiéndolos a los primeros como “los bienes muebles e inmuebles, producto de culturas anteriores al establecimiento de la hispánica en el territorio nacional, así como los restos humanos, de la flora y de la fauna, relacionados con esas culturas.” Mientras que  los bienes históricos “son los vinculados con la historia de la nación, a partir del establecimiento de la cultura hispánica en el país”. Así mismo, nuestra legislación instituye que es competencia del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura la protección de los bienes artísticos, los cuales someramente la ley define como: los bienes muebles e inmuebles que revisten valor estético relevante y que son significativos del siglo XX.

La política pública en la que se desarrolla el municipio difícilmente ha logrado construir una identidad municipal, prueba de ello es la carencia de un gentilicio único para quienes conformamos la ciudadanía, nos ha lo tocado pasar de ser necences a neceños y allí a nezahualcoyenses, de tal forma que esta falta de identidad política, tan necesaria, ha impedido que nos identifiquemos con los “patrimonios” que el municipio pretende construir para los habitantes de Nezahualcóyotl y ha hecho que nos reconozcamos entre nosotros y con la otredad con varios sobrenombres que entre la urbe se han popularizado: eres de Nezayork, vivo en Nezahualodo, son de Nezahualpolvo, estoy en MiNezota y nos identifican con los otros.

El espacio público, que desde lo político ha intentado consolidarse como un patrimonio cultural moderno entre la sociedad, sin conseguirlo. Dado que la apropiación del espacio no ha sido posible, debido al vandalismo y la drogadicción que impera en los alrededores, además que su estrategia gracias a los acelerados procesos de globalización ha desintegrado la unión que prevalecía en los alrededores del extinto Cine Lago.

El patrimonio de la gente que vivimos en Neza se construye a través de historias, pláticas, anécdotas  y nuestro caminar; por naturaleza somos necios y al menos en los 8 años que lleva la “gran escultura”  son pocos los que lo viven o asimilan como su patrimonio.

¿QUÉ ES EL PATRIMONIO DE NEZA DE 1963?

La anécdota que cuentan muchos de los primeros habitantes del municipio es la siguiente:

En Neza no había luz eléctrica y por ende no se tenía acceso a los medios de comunicación, los niños entre tanta polvacera tenían mucho lugar donde correr y jugar por lo cual se hacía comunidad ante la pobreza generalizada. Así se construyeron muchas formas de convivir: Los niños lo hacían a través de juegos: las escondidillas, al bote, encantados y la cascarita o bien corrían hacia los restos del Lago de Texcoco a recoger chichicuilotes. Por su parte los adultos hacían comunidad de otra forma, los que tenían mayor ingreso económico compraban radios de pila que compartían con sus vecinos y pasadas las siete de la noche sacaban sus sillas, botes o apilaban tabiques para escuchar las radio novelas de ese entonces “Chucho el Roto”, “Porfirio Cadena”, “El Ojo de Vidrio” o Kalimán y una vez que terminaba la radio novela se quedaban a platicar un rato.

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«Ciudad Neza» / (c) Centro de Investigación Documental de Neza

Así vivían en casas de cartón, con pisos a flor de tierra, entre lodo, polvera y escasez de agua, siendo estas condiciones de carencia de servicios públicos lo que hizo que la población comenzara a organizarse y a empoderarse para solicitar lo que se merecían, escuelas, iglesias, hospitales, energía eléctrica, drenaje y suministro de agua. Hasta que lo lograron gracias a capacidad propia de hacer comunidad.

De tal forma que si hoy preguntan ¿Cuál es el patrimonio de Neza? Yo enunciaría con certeza lo siguiente:

El sentido de comunidad que se ha generado en cada colonia. Alrededor de los mercados y de las iglesias, en las CONASUPOS y en las esquinas, donde las señoras platican acerca de la novela, el precio del huevo y el azúcar. Pero también expresan su apoyo cuando alguien tiene alguna mortificación.

La fiesta del barrio y su «sonidero»: en los años noventas era muy común que los jóvenes salieran a buscar una “tocada”, no importa si conocías a la quinceañera o a los novios, lo importante era un rato de buen baile y así el típico enlonado amarillo y las bocinas a todo lo que dan se convirtió en algo propio de Neza imitando lo vivido en las colonias populares del DF: La Guerrero, Tepito, La Morelos y el Peñón de los Baños. Hoy en día prevalece esta costumbre, aunque no con tanta frecuencia, pero por ejemplo en el caso de la Colonia Virgencitas, cada 12 de diciembre, fecha que se celebrar el santo patrono llegan dos «sonideros»; uno de guaracha y uno de rock urbano que reúnen a más de 300 personas entre el tibiri y la rocanroleada.

Los tianguis: Todos vamos a los tianguis; el del Sol, el de Madrugada, el de San Juan, el de Palacio y el de la Neza, pareciera que se ha convertido en una tradición visitar los tianguis, chacharear o ir a comprar el mandado. Todo lo encuentras en los tianguis y se repite de sobre manera la función que en la época prehispánica tuvieron.

Los fines de semana en Palacio: Aunque en Neza se ha construido uno de los complejos económicos más importantes del oriente del Estado de México, quien no visita el Palacio Municipal, no es de Neza. Si recordamos que la mayoría de las personas que habitamos el municipio provenimos de familias que venían de otros estados de la República, nos explicaremos porque nos gusta tanto ir a lugares que se asemejen a los espacios que con añoranza recuerdan nuestros abuelos o tíos. Visitar Palacio es como si fueras a la cabecera municipal de cualquier otro estado de la República (juegos mecánicos, comida, paletas de hielo y ruedas de payaso), se vuelve la visita obligada de todos los padres jóvenes, ya que llevar a sus hijos a jugar es menos costoso que visitar el gran complejo comercial de Ciudad Jardín, pero sobretodo más real.

La cascarita y el futbol de liga: es común ver en las calles unos tabiques que delimitan las canchas y como se arma la reta, que te cedan el paso mientras caminas por la cancha improvisada y que el que gane invite las cervezas o los «frutsis» y los camellones llenos de canchas de «Fut» Rápido y ligas de «fut» que organizan torneos, así el «fut» se ha convertido en una forma más de vivir en Neza.

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Panorámica de «Ciudad Neza» / (c) National Geographic. Foto: Rodrigo Cruz

Así estas y muchas otras prácticas que se realizan en el día a día del municipio conforman el patrimonio, un patrimonio vivo y dinámico que si bien no descansa en ninguna de las definiciones y clasificaciones del patrimonio institucionalizado es constructo de identidad para los necios de Neza, logra crear comunidad y permiten que nos identifiquemos con lo que vivimos, contrario a los monumentales patrimonios que al ser reconocidos como un PATRIMONIO NACIONAL generan una espacie de controversia sobre que se protege y para quién.

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Sobre la autora: (Nezahualcóyotl, Edo. de México / 1991) Licenciada en Desarrollo y Gestión Interculturales, ha participado con diferentes proyectos culturales, destacando su participación en el Colegio de Jalisco en 2012 y en la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia en 2014, es co-organizadora del evento de difusión del patrimonio arqueológico Simposio Román Piña Chán, evento a que se realiza en el marco de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Se desempeña como responsable del laboratorio de gestión de la Dirección de Operación de Sitios, además de ser adjunta del curso Aprovechamiento del Patrimonio Arquitectónico y forma parte del Seminario de Construcciones, Preservación y Salvaguarda del Patrimonio Cultural en Contextos Urbanos de la UNAM.

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DE LA CASA #78: LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL INAH: DE LA CONCESIÓN AL DERECHO / JDR.

Por Jaime Delgado Rubio

Yo participo, el participa, nosotros participamos, ellos deciden… Anónimo

Resumen: en este ensayo discutimos el concepto de participación social en torno al patrimonio arqueológico a través de dos etapas en la historia de México; la época nacionalista, donde a la historia se le cargo de un sentido político y teleológico y la del neoliberalismo, dominado por formas de participación social valoradas con criterios de eficacia gerencial. Estudio que puede resultar útil para transitar hacia auténticas formas de participación social.

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La palabra participación alude a la acción de tomar parte, ser parte o simplemente compartir acciones y objetivos comunes (Diccionario de la Real Academia, 2012). No obstante, su significado se torna complejo cuando adquiere una connotación política, es decir, cuando se refiere a la relación entre el gobierno y la sociedad. Bajo esta perspectiva entendemos a la participación como la intervención organizada de ciudadanos individuales u organizaciones civiles en los asuntos públicos, lo cual implica una posibilidad real y/o un acto concreto de concurrir en una decisión de política pública de gestión gubernamental (Tejera Gaona 2002:34).

Con esta breve definición debemos subrayar que con o sin adjetivo, la participación social resulta un concepto toral ubicado en el punto de intersección entre las políticas de protección del patrimonio arqueológico en México y los derechos a participar de las políticas publicas como ejercicios ciudadanos.

No obstante, para aproximarnos al tema, debemos señalar que en diferentes instancias del gobierno federal, como por ejemplo en la Secretaría de Marina y Recursos Naturales (SEMARNAT), se han implementado algunos ejercicios de participación con las comunidades locales en el marco de la Ley Federal de Protección del Medio Ambiente. A decir de Elvira Quezada y José Sarukhán Kermez (2010), el involucramiento de estas comunidades en el diseño y ejecución del plan de manejo de las reservas naturales ha sido exitoso en buena medida gracias a que los conflictos surgidos durante este proceso se han resuelto por instancias de intermediación.

Otro ejemplo de participación en el país han sido los comités vecinales instaurados en la Delegación Tlalpan del Distrito Federal, que hasta los años 2002 y 2003 contaban con un presupuesto participativo aplicado a la construcción de módulos de atención ciudadana, reuniones vecinales y ventanillas únicas ubicadas en las colonias de la demarcación, lo que trajo consigo un incremento en el número de asambleas vecinales, no obstante que tal iniciativa terminó luego del arribo de un gobierno de derecha a la delegación (Bolos Silvia 2004).

En el ámbito internacional, en la ciudad de Porto Alegre, Brasil, se puso en marcha el llamado presupuesto participativo, que hasta donde está documentado por Adriana Rofman (2007: 11) ha resultado muy exitoso en términos del aumento de la confianza de la ciudadanía en el manejo de las finanzas del municipio. La autora describe que antes de la creación de esta iniciativa, la ciudad de Porto Alegre, con una población de 1.5 millones de habitantes, presentaba serios problemas de exclusión urbana y favelización, en la cual el 98% del presupuesto municipal estaba destinado al pago de salarios de los funcionarios y solo el 2% se aplicaba a servicios urbanos. Fue así que en el año 2007 el alcalde Olivio Dutra, del triunfante partido laborista, decidió preguntar directamente a la comunidad en qué deseaban invertir el 30% de los fondos municipales a través de un proceso de elección de los delegados vecinales, con temáticas bien definidas, entre las que se encontraban salud, educación, movilidad, desarrollo económico y desarrollo urbano.

A reserva de analizarlo con mayor detalle, debemos señalar que con esta iniciativa la infraestructura de la ciudad aumentó considerablemente. Por ejemplo, el suministro de agua pasó del 75% al 98%, mientras que el sistema de alcantarillado presentó un aumento del 46% al 74% y la recaudación de impuestos del 13% al 35%. También se cuadruplicó el número de escuelas aunado al interés ciudadano por discutir los contenidos del plan de estudios. En la actualidad, esta interesante fórmula sigue incrementando el número de participantes día con día (ídem).

En el caso de España, la Constitución de este país ha incluido desde 1985 la posibilidad de una “ampliación” en la utilidad pública en materia de patrimonio cultural, sin que ésta fuera afectada en su condición jurídica, mediante las llamadas asociaciones sociales de utilidad pública, que funcionan como organismos vecinales interesados en identificar y atender sus problemáticas locales ligando las competencias de diferentes órdenes de gobierno. Por la información disponible, sabemos que las organizaciones sociales tienen que registrarse obligatoriamente en tribunales gubernamentales especificando cómo y de qué forma incidirían en la política pública. Artículo 3o de la Ley Española 1/2002.

Con estos antecedentes a continuación realizaremos un breve mapa de ruta sobre las fases por las que han transitado las políticas de participación social en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, organismo encargado por ley de la investigación, difusión, conservación y salvaguarda del patrimonio arqueológico nacional, a través de un enfoque histórico comparativo.

La participación social en el INAH

Para comenzar este recorrido hemos decidido dividir este tema en dos grandes etapas: la primera en el contexto de la ideología nacional comprendida desde finales del siglo XIX y hasta el sexenio de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976), caracterizada por vincular a estos vestigios con el estado nacional, adjudicándoles una carga política, y la segunda corresponde a la participación dentro del modelo neoliberal, en la cual la presencia de las comunidades en los planes y proyectos del INAH se conciben desde una lógica de eficacia gerencial.

La participación social en la época del Estado Nacional

Como sabemos, los orígenes tempranos de la ideología nacional se remontan a los años posteriores a la Independencia de México, en donde una vez decretada la expulsión de los peninsulares en 1828, cundía un sentimiento antiespañol y prevalecía la idea de que la «nación» no era algo que tenía que ser construido, sino, retomado del pasado prehispánico (Cottom 2008).

Bajo esta ideología las antigüedades prehispánicas empezaron a figurar como temas propios de la instrucción pública y la educación. Prueba de ello es que en el año de 1830 Lucas Alamán, eminente político, historiador y escritor mexicano, estuvo a cargo de elaborar el primer Plan Educativo Nacional, en el cual exigió integrar el conocimiento existente sobre las culturas prehispánicas en los planes de estudio de todo el país (ídem).

Recordemos que México, tras una serie de batallas, invasiones y calamidades vividas durante la segunda mitad del siglo XIX, entró en sincronía con el surgimiento de diferentes nacionalismos en el mundo. Teniendo como trasfondo este contexto, durante el Porfiriato en México la ideología nacional se consolidó mediante un relato histórico que incluía imágenes y monumentos asociadas a una idea de civilizaciones prehispánicas pobladas por grandes matemáticos, astrónomos, ingenieros, arquitectos y sacerdotes sumergidos en una vida profundamente ritualizada, por lo que no es exagerado afirmar que durante este momento se empezaron a arraigar dogmas y fundamentos del pasado prehispánico en la población en general.[2]

Esta cultura nacional se apuntaló además con una literatura nacional, una poética nacional, incluso una medicina nacional, en una ideología que estaba a coro con el trabajo de políticos, artistas, escritores e intelectuales que construyeron discursos, litografías, pinturas, canciones, celebraciones cívicas, poesía y proclamas públicas tendientes a abonar a la construcción de un sentimiento de unidad nacional.

De acuerdo con autores como Alfredo Ávila, Juan Ortiz Escamilla y José Antonio Serrano Ortega (2010:89), durante el año 1900, aun con una población mexicana heterogénea y desigual, no se dudaba de la legitimidad de este relato histórico oficial, mismo que continuó en la época revolucionaría pero bajo nuevos paradigmas, tales como la justicia social, la educación y la reforma agraria, y en donde se incluían poemas que describían los sufrimientos de la gente del campo y los lamentos de la clase explotada.

En este momento adquiere especial relevancia la corriente de muralistas mexicanos encabezados por Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, quienes pintaron imágenes de momentos cruciales de la historia de México exaltación del indígena y el mestizo de profundas raíces prehispánicas.

Es en este contexto el Presidente Lázaro Cárdenas del Río crea en 1934 el Instituto Nacional de Antropología e Historia como una institución encargada de proveer y salvaguardar estos símbolos, imágenes, sentidos y significados prehispánicos para continuar nutriendo el relato nacional, mismo que sería trasmitido a miles de niños mediante el sistema escolar oficial[3].

A estas alturas del siglo, es decir durante el comprendido de 1919 y hasta mediados de los años setentas, los perfiles de los funcionarios públicos corresponden también al de arqueólogos con amplios conocimientos de las problemáticas de la historia cultural en distintas regiones del país, además de tener claridad sobre el papel que el INAH mantenía en la política de Estado. Entre estos funcionarios/especialistas, podemos mencionar a Manuel Gamio, Lucio Mendieta, Alfonso Caso, Ignacio Bernal, Jaime Torres Bodet, incluso contra hegemónicos, como Guillermo Bonfil Batalla y Leonel Durán por citar algunos.

No obstante, la riqueza de sus investigaciones contrastó notablemente con la indiferencia hacia temas de participación social. Eran los tiempos donde la misión del Estado Benefactor paternalista asignaba sentidos fijos al pasado prehispánico, por lo que se asumía que su conservación debería ser independiente de los reclamos sociales sobre su uso y acceso, lo cual se vio reflejado en el marco normativo.

Sobre el particular debemos mencionar que en la discusión de la Ley sobre Protección y Conservación de Monumentos y Bellezas Naturales de 1930, presentado por Manuel Gamio y Lucio Mendieta y Núñez[4], la visión de Gamio de la población mexicana era la de «un pueblo vencido, falto de preparación, pesimista ante el progreso, a la que se le debía hacer justicia con la Revolución Mexicana» (Gamio 1916: 21).

En este contexto Gamio le imprimió una fuerte carga negativa respecto a la posibilidad de que la población mexicana participara de la política pública entorno a los monumentos arqueológicos localizados en su territorio, tal y como se menciona en la siguiente cita:

«La protección y participación social se lograrían mediante una buena ley, pero sobre todo con una estricta vigilancia hacia los grupos sociales participantes; además agrega: la acción del individuo necesita de claros límites legales» (Cottom 2008)

Años más tarde y en contexto de la creación de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos en 1972, el licenciado Jorge Williams García y el diputado Guillermo Ruiz Vázquez elaboraron un documento intitulado «Consideraciones a la iniciativa de Ley sobre Monumentos Arqueológicos, Históricos y Zonas Monumentales», donde advierten la necesidad de considerar a los gobernadores, las autoridades municipales y a los inspectores escolares como coadyuvantes en la vigilancia de los sitios arqueológicos, poniendo en conocimiento de la autoridad competente los saqueos, la destrucción y los daños ocasionados a los monumentos.

En este sentido, también resulta interesante su propuesta de otorgar a todos los comisarios ejidales del país cierta responsabilidad en el asunto, como por ejemplo en la vigilancia y la protección de los sitios arqueológicos ubicados dentro de sus ejidos (Cottom 2008). Estas observaciones fueron aceptadas en lo general por la Cámara de Diputados, quedando asentadas en Ley Federal de Zonas y Monumentos de 1972 de la siguiente forma:

«…el INAH puede autorizar a asociaciones civiles, juntas vecinales o a uniones de campesinos para que lo auxilien en el cuidado y preservación de una zona o monumento determinado y promover la visita pública (Artículo 2 de la Ley Orgánica del INAH y Artículos 1,2,6,7 y 8 de su reglamento).

«acreditar ante el instituto competente que sus miembros gozan de buena reputación y que no han sido sentenciados por la comisión de delitos internacionales; estas organizaciones solo requieren de un mínimo de 10 miembros y pueden recibir permisos con duración de hasta 25 años, prorrogables por una sola vez por igual termino 50 años, para instalar estaciones de servicios para visitantes dentro de zonas de monumentos determinados» (Artículo 2, Fracción IV de la Ley Orgánica del INAH).

Esta situación también quedó reflejada en el Reglamento de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos de México de 1975:

Artículo 1.- El Instituto competente organizará o autorizará asociaciones civiles, juntas vecinales o uniones de campesinos, que tendrán por objeto:

I.- Auxiliar a las autoridades federales en el cuidado o preservación de zona o monumento determinado;

II.- Efectuar una labor educativa entre los miembros de la comunidad, sobre la importancia de la conservación y acrecentamiento del patrimonio cultural de la Nación;

III.- Proveer la visita del público a la correspondiente zona o monumento;

IV.- Hacer del conocimiento de las autoridades cualquier exploración, obra o actividad que no esté autorizada por el Instituto respectivo; y

V.- Realizar las actividades afines a las anteriores que autorice el Instituto competente.

Con estas consideraciones queda claro que estas cláusulas fueron un avance en el reconocimiento y ampliación de la participación social en torno al patrimonio arqueológico, no obstante también se advierte que esta participación se redujo a una serie de «formas de coadyuvancia», al transferirles a los grupos sociales parte de las obligaciones del INAH y del Estado en la protección, difusión y restauración de los bienes arqueológicos, sin explorar la posibilidad legal o política de que los participantes pudieran incidir en la toma de decisiones sobre las políticas de protección o en el diseño de los planes de manejo para sus localidades.

Con lo expuesto hasta aquí es pertinente aclarar que el INAH no ha sido una entidad monolítica compuesta exclusivamente de los rasgos y factores propios de las elites dominantes, sino que en su seno se han registrado aspiraciones y críticas a su actuación. Como ejemplo citamos los señalamientos de Guillermo Bonfil y Leonel Durán (1900), quienes desde entonces advertían que la ideología nacional era políticamente útil para el sistema, ya que era utilizada como un velo que ocultaba las profundas contradicciones del sistema político, los conflictos entre clases y las desigualdades económicas existentes.

Pese a ello existe cierto consenso entre los especialistas respecto a que en muchos ámbitos de la vida nacional de esta época, el Estado, el INAH y diversos sectores sociales eran entidades políticas que se mantenían unidas discursivamente con la argamasa ideológica del nacionalismo.

El INAH y el neoliberalismo

Un segundo momento en la historia de la participación social en el INAH se dio bajo la concurrencia de tres hechos históricos fundamentales: el primero fue la disolución de la ideología nacional dominante y su sustitución por un modelo económico de libre mercado; el segundo fue la adscripción de las instituciones culturales del país hacia los principios generados por los organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), y el tercero ha sido la introducción de nuevas tecnologías y con ello la atomización de las identidades individuales y colectivas.

Y es que en la década de 1970 el sistema autoritario nacionalista empezó a fracturarse debido principalmente a las recurrentes crisis económicas y políticas sexenales, como por ejemplo la inflación se disparó del 4.5% en 1971 a 22.2% en 1976, el déficit público creció de 11.082 pesos a 102 710 pesos en 1976; la deuda externa paso de 4 millones de dólares en 1971 a 102 millones en 1976. En agosto de 1976 el gobierno tuvo que devaluar la moneda en casi un 100%, lo que puso fin a más de veinte años de paridad con el dólar (Ponte 2004), lo cual generó un proceso de liberación de la economía.

De allí que autores como Durand Ponte (ídem) afirman que el abuso del uso de los símbolos y rituales prehispánicos que caracterizó la época nacional, fuera ahora contraproducente en la medida que se asociaron a la corrupción del antiguo régimen monopartidista.

Derivado de este cambio de modelo económico, el aparato estatal experimentó un repliegue de las elites de gobierno respecto a lo social, proceso que el sociólogo Christopher Lasch (1986:67) ha denominado como «la rebelión de las elites», proceso en el que los principales actores económicos y políticos se liberan de la suerte de las mayorías, dando por concluido el compromiso social que caracterizó discursivamente al Estado nacional.

En el ámbito de las instituciones culturales del país también se observa una adscripción a los postulados dictaminados por organismos internacionales como la UNESCO, adoptando premisas «universales» tales como la democracia y la participación social como condición para considerar a un país democrático y en plena vía de desarrollo, pasando por alto el hecho de que son precisamente las condiciones del gran capital la causa y el efecto de las enormes desigualdades económicas, políticas y sociales existentes en un país multicultural y diverso como el nuestro (Rodríguez 2010). Para ilustrar esta perspectiva citamos el documento de la UNESCO:

Situar la cultura en el núcleo del desarrollo constituye una inversión esencial en el porvenir del mundo y la condición del éxito de una globalización bien entendida que tome en consideración los principios de la diversidad cultural: la UNESCO tiene por misión recordar este reto capital a las naciones […]. Se trata de anclar la cultura en todas las políticas de desarrollo, ya conciernan a la educación, las ciencias, la comunicación, la salud, el medio ambiente o el turismo, y de sostener el desarrollo del sector cultural mediante industrias creativas: a la vez que contribuye a la reducción de la pobreza, la cultura constituye un instrumento de cohesión social (Pérez de Cuellar, 1996: 23)

Para cumplir con este propósito la UNESCO se ha dio a la tarea de emitir «listas de sitios de patrimonio mundial» mismos que son incluidos en listas internacionales de financiamiento económico. Bajo estos lineamientos «los nuevos funcionarios» mexicanos se apresurarían a construir planes de manejo que a la usanza de Estados Unidos y Europa asimilarían a algunos sectores de la sociedad bajo criterios gerenciales y operativos, con el objetivo de cumplir con los requisitos y los términos que establecen dichos protocolos.

El organigrama del INAH también sufrió transformaciones, ya que en 1988 se le sujetó administrativamente a una nueva cabeza de sector, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), un organismo administrativo desconcentrado de la Secretaria de Educación Pública (SEP) que a la postre absorbió buena parte del recurso destinado a la cultura, incrementando el aparato burocrático cultural, lo cual derivo a su vez en la división y súper especialización los departamentos y coordinaciones al interior del INAH.

Este conjunto de acontecimientos dio como resultado que el patrimonio arqueológico se visualizara como un recurso para generar desarrollo económico. Esto quedo demostrado con los más de 14 actos legislativos, entre los que se cuentan acuerdos de ley, puntos de acuerdos y legislaciones que intentan cambiar el marco jurídico para facilitar los cambios en las instituciones y con ello el tratamiento comercial de ese patrimonio (Cottom 2000). Sobre este en particular vale la pena señalar la que se establece en el Plan Nacional de Cultura en México 2007-2012:

México está inserto en una dinámica globalizadora que obliga a enfrentar importantes retos culturales propios del siglo XXI. Para ello necesita replantearse sus estrategias y mecanismos que coadyuven a la protección, promisión y difusión de la cultura mexicana tanto a nivel nacional como internacional en este sentido las políticas culturales deben ser generadoras de desarrollo social y económico y deben ocupar un lugar prioritario dentro de las políticas gubernamentales. (Vela 2006)

Con estas directrices la SEP-CONACULTA-INAH desde la década de 1990 promovieron un plan de ciudadanización y descentralización tendiente a activar las corresponsabilidades de los tres niveles de gobierno en cada entidad federativa, multiplicando los «convenios» con la participación de la sociedad civil en materia de preservación del patrimonio cultural.

Para dar ejemplos concretos que sirvan para ilustrar el estado de la cuestión analizamos los tipos de participación social contemplada en los Institutos de Cultura, Los Convenios Marco de Colaboración, los Organismos Sociales Coadyuvantes del INAH y los Consejos Consultivos Estatales.

La participación social en los Institutos de Cultura

Los Institutos de Cultura en el país se crearon con propósitos descentralizadores y coadyuvantes en las tareas de protección del INAH, INBA y CONACULTA en cada entidad de la Federación. Actualmente existen 26 de éstos en diferentes estados de la República (Olivé y Cottom 2000). No obstante al analizar sus actas fundacionales se advierte que la estructura orgánica refleja la estructura organizacional del INAH y la Federación, ya que en todos los casos, sus consejos consultivos están encabezados por el gobernador de la entidad y los cargos suplementarios son ocupados por los subsecretarios, desactivando a priori la posibilidad de mantener algún nivel de autonomía en la toma de decisiones.

Otra característica de estos espacios es que operan con formas de participación social delimitadas en la propia Ley de 1972, por lo que pueden ser considerados como continuadoras de ésta, además de que, administrativamente su operación depende de los recursos económicos del Ejecutivo y del Congreso local. Por otra parte cuando, revisamos detalladamente sus clausulados, nos percatamos que de los 26 estados analizados, 7 omiten la participación social y los restantes 19 la conciben pragmáticamente, es decir entienden por «participar» a la conformación de patronatos de apoyo económico, difusión de valores culturales o promotores de actividades artísticas culturales, asociadas a las actividades políticas de sus directivos.

Conceptualmente, llama la atención que en todas las actas constitutivas se haga alusión al patrimonio cultural con sentidos fijos, equiparándolo con el de «identidad local» o en otros casos con conceptos como el de»idiosincrasia del estado». Luego entonces se llama a los grupos sociales de sus entidades a «proteger» dicha idiosincrasia, desatancando en este sentido los casos de Baja California Norte, Campeche, Colima y Nayarit.

En contraparte los estados de Nayarit y Jalisco reflejan un clausulado más profundo de los conceptos de cultura y patrimonio, y hasta sugieren apoyar financieramente la participación social.

Con estas excepciones podemos afirmar que debido a las inocuas representaciones de participación ciudadana en los Institutos de Cultura puede afirmarse que estos espacios fungen como representaciones corporativas vinculadas a diferentes instancias de gobierno.

La participación social en los Convenios Marco de Colaboración

Los Convenios Marco de Colaboración surgieron como iniciativa de los propósitos de ciudadanización de CONACULTA (La Cultura en tus Manos 2001-2006) para fortalecer la cuadyuvancia entre el INAH y diversos grupos de la sociedad civil en torno al manejo de los sitios arqueológicos. Hasta el momento se han publicado de manera oficial 10 Convenios Marco de Colaboración: uno en Nayarit, uno en Yucatán, dos en Querétaro, uno en Coahuila, cuatro en Colima, y uno en Guerrero (ídem).

Al igual que los Institutos de Cultura, la participación social se ha ceñido a las disposiciones establecidas en la Ley Federal de 1972, por lo cual en ninguna de sus cláusulas se especifican las funciones y beneficios educativos y materiales para las comunidades participantes, así como las posibilidades de intervenir en el diseño y puesta en marcha de los planes de manejo de los sitio arqueológicos de sus localidades.

Otra constante es que los recursos económicos para los convenios provienen de fórmulas mixtas entre el INAH, los estados y la Federación, por lo que se advierte a priori una sujeción administrativa para las comunidades participantes, de allí que el sentido del Convenio Marco de Colaboración, a pesar de concebirse como una opción interesante, termina generando un proceso de asimilación de grupos comunitarios a las dinámicas gubernamentales.

Hasta ahora, los Convenios Marco de Colaboración no han cambiado las bases reales de la participación comunitaria; por el contrario, están en vías de convertirse en instancias de formalización y legitimación de las decisiones tomadas por agentes estatales. Los grupos sociales involucrados no tienen capacidad real para debatir e incidir en dichos convenios marco, si no como elementos meramente complementarios de la ejecución de una política pública decidida desde el centro.

La participación social en los Organismos sociales cuadyuvantes con el INAH

Según la informacion proporcionada por la Dirección de Operación de sitios del INAH, en el país se tiene un registro de 290 organizaciones sociales coadyuvantes con el INAH en labores de protección y salvaguarda del patrimonio cultural, destacando los casos del Estado de México, Distrito Federal, Oaxaca y Puebla.

Del total de 290 0rganizaciones, 174 estan enfocadas a la restauración de templos o conventos, 21 en museos regionales, 19 en defensa del patrimonio intangible, 3 en la protección de archivos documentales, 3 a la imagen urbana de poblaciones tradicionales y solo 43 están orientados a la protección y difusión del patrimonio arqueológicos, mismos que se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 7 en Guerrero, 4 en Puebla, 2 en Nayarit, dos en Veracruz y dos en Oaxaca entre otros (Delgado 2012).

De éstas, el 99% fueron «constituidas» en los últimos 10 años , siendo las más antigua la Junta Vecinal ubicada en Queretaro en septiembre del año 2000 (ídem), creada a partir del programa gubernamental foxista que anunciaba una política de cuidadanización y fortalecimiento del federalismo.

Un dato relevante es que los objetos sociales que llevaron a estos grupos a constituirse en cuadyuvancia con el INAH, están en lógica con el discurso nacionalista, construido históricamente por el Estado, en slogans tales como: nuestras raíces, identidad mexicana, tradiciones, pasado glorioso, sin asomo de algún discurso contrahegemónico en este sentido.

Estos organismos han surgido como espacios institucionalizados de participación carentes de una verdadera respresentatividad comunitaria, desprovistos de facultades para tomar decisiones o para incidir en las acciones de gobierno y por lo tanto, solo funcionan como órganos corporativos y clientelares vinculados a gremios o sectores políticos o religiosos (Cottom 2008).

Los Consejos Consultivos Estatales

Finalmente la creación de los Consejos Consultivos Estatales se visualiza como el canal propicio para la participación social en torno al patrimonio arqueológico en la resolución de algunas de las problemáticas locales. La creación de estos Consejos quedó establecida en el Artículo segundo de Ley Orgánica del INAH:

Impulsar, previo acuerdo del Secretario de Educación Pública, la formación de Consejos consultivos estatales para la protección y conservación del patrimonio arqueológico, histórico y paleontológico, conformados por instancias estatales y municipales, así como por representantes de organizaciones sociales, académicas y culturales que se interesen en la defensa de este patrimonio. (Artículo 2 de la Ley Orgánica del INAH, 2002)

Con este mandato de ley se pretende formular planes, programas y proyectos de protección y conservación del patrimonio cultural y paleontológico a través de la participación de instancias estatales y municipales, así como por representantes de organizaciones sociales, académicas y culturales que se interesen en la defensa de este patrimonio, dicho lo cual se visualiza como el canal adecuado para que este Consejo llegue a la institución y entonces las políticas respondan a las necesidades locales.

No obstante, desde su decreto hasta la fecha no ha impulsado la creación de un sólo Consejo Estatal. Las razones de esta omisión quizá obedezcan a un desdén histórico hacia los grupos de la sociedad civil, la reticencia para otorgar espacios políticos que impliquen la pérdida de control institucional, o simplemente a la incapacidad para operarlos políticamente. En este particular podemos citar el caso de Oaxaca, cuando en un intento reciente por crear dicho Consejo, éstos fueron objeto de un forcejeo político al querer ser controlados directamente por el gobernador de estado versus los personajes que se hacen llamar «líderes de las comunidades» para satisfacer necesidades locales o de grupo (Cottom, información personal 2011).

Cualquiera que sea el caso, queda claro que la creación de estos espacios implican la realización de estudios antropológicos integrales previos que partan de las condiciones socioeconómicas, culturales y sociales de las comunidades con las que se pretende trabajar, por ejemplo en sus estructuras de organización, su especificidad en los contextos históricos y socioeconómicos, así como los mecanismos de ley para ligar ámbitos de competencia en los tres niveles de gobierno, lo cual generaría las condiciones estructurales para hacer efectiva la participación social.

Ante el trabajo que se advierte, los funcionarios de las instituciones culturales han optado por ignorar este mandato, y en su lugar realizan «operaciones políticas discrecionales», negociando acuerdos con grupos comunitarios o particulares, muchas veces contradictorios a los propios mandatos de ley.

Conclusiones a la participación social

Con esta breve historiografía podemos establecer que la participación social ha transitado por dos grandes etapas: la primera, caracterizada por la construcción patrimonial vinculada a su utilización como recurso de unificación de la nación con sentidos fijos y «sacralizados» para los vestigios arqueológicos, en la cual la participación de los grupos sociales estuvo delimitada en los términos y acciones que el Estado central estableció y reconoció.

La segunda supone la superposición de una nueva ideología vinculada a los procesos de globalización y libre mercado, en la que se hace patente la adscripción a protocolos dictados por organismos internacionales como la UNESCO y el FMI y donde la participación se transforma en ejercicios de control corporativo con criterios de eficacia gerencial.

Luego entonces podemos afirmar que la ecuación patrimonio-identidad nacional fue desplazada por la de patrimonio-venta-turismo, dirigida por una nueva lógica de mercado.

Sin embargo, a pesar de esta diferencia, en términos sociales el resultado fue similar en ambas etapas: la participación social en temas de patrimonio arqueológico en México ha estado ceñida a formas de control corporativo y clientelares definidas por simples formas de coadyuvancia, lo cual no representa un problema en sí mismo ya que al tratarse de un bien público es lógico suponer que no se puede considerar usos distintos a los conferidos por la ley; los problemas comienzan cuando no se explora la posibilidad de que los participantes puedan agendar y resolver problemáticas locales en el ámbito de dicha utilidad pública, ligando así las competencias de otras instituciones coadyuvantes con el INAH.

Por ello afirmamos que la utilidad pública consagrada en la Constitución y los problemas comunitarios locales no son asuntos incompatibles, ya que se trata del adverso y reverso de una realidad: la falta de una participación social efectiva como un acto concreto y la falta de aplicación de mecanismo de ley creados para este fin, tal y como se ordena en los Consejos Consultivos Estatales y el Acuerdo 169 de la Organización Mundial del Trabajo (OIT).

Así, tanto el nacionalismo como el neoliberalismo han sido procesos que más que fomentar acciones conjuntas entre las distintas comunidades y las instancias gubernamentales del país, han reforzado un sentimiento de «lo local», propiciando que dichas comunidades construyan estrategias para lograr accesos factuales al patrimonio arqueológico, la mayor parte de las veces en detrimento de la utilidad pública y a contrapelo de las políticas de protección de la institución, fenómeno al que hemos denominado como movilidad comunitaria (Delgado 2012).

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Notas:

[2] Como ejemplo de ello citamos las obras La Tortura de Cuauhtémoc, de Leandro Izaguirre, El Abrazo, de Jorge González Camarena, así como Tlatelolco, de David Alfaro Siqueiros. El sentimiento antiespañol representó una pieza clave en la conformación de la identidad nacional durante este periodo.

[3] En este sentido, Carlos Monsiváis (1985) afirma que las escuelas primarias y secundarias del país fungirían desde entonces como auténticas fábricas de la identidad nacional.

[4] Proyecto de Ley sobre monumentos y objetos arqueológicos, Secretaria de Agricultura y Fomento, 29 de diciembre de 1922.

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Sobre el autor: Doctor en Arqueología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM e investigador de la Zona Arqueológica de Teotihuacán.

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DE LA CASA #60: CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL VALLE DE SAN LORENZO / NF.

Somos un grupo de artistas trabajando de forma independiente en nuestra comunidad, participando desde hace 10 años en el proyecto “Conservación del Patrimonio Cultural del Valle de San Lorenzo”, con la visión de promover, fomentar la recuperación, preservación de técnicas y diseños tradicionales de la alfarería, así como la construcción de un Museo de Sitio como una labor de promoción de eventos que contribuyen a enriquecer la manifestación cultural de nuestras comunidades.

Todas estas experiencias forman un proyecto cultural comunitario que inicio de la recuperación de artesanías con material natural en un ejido cercano a nuestra comunidad con el propósito de recuperar algunos diseños prehispánicos.

Es posible gracias a los jóvenes  que participan en nuestras actividades, porque son ellos mismos quienes, con el empeño que le dan a su actividad y los productos que generan, nos han brindado el espacio  en diferentes exposiciones, por ejemplo:

· Encuentro Yoreme en el 2014 y 2015
· La Expo Agro en 2011 y 2015
· Exposición CROC, Jalisco 2014
· Certamen Nacional de Cerámica 2014, Tlaquepaque, Jalisco.

El Proyecto Inicio en 2009 con la Rehabilitación de la Casa Ejidal de San Joaquín y la creación de un huerto comunitario para sembrar materias primas necesarias en a producción de artesanías. Así sucesivamente la idea original fue transformándose hasta llegar a la búsqueda de material de arcilla cerca de ríos, lagunas, el mar y en algunas partes de la sierra, encontrando diferentes tipos de materiales plásticos.

Investigamos y experimentamos con arcillas locales recuperadas en colectivo por niños y jóvenes, creando piezas cocidas a leña sobre horno desmontable de ladrillos. Mediante esta actividad en la comunidades, nos proponemos rescatar tanto las técnicas ancestrales de reproducción de piezas de barro, así como la utilización de herramientas prehispánicas y estimular la producción artística en el ramo artesanal con materiales naturales. Continuando con la búsqueda de colorantes naturales para la decoración final.

Con el paso del tiempo todas y cada una de estas experiencias que fueron perfeccionándose, así como cada parte del proceso, desde la elaboración de piezas de arcilla, la extracción, limpieza, deshidratación, amasado y la quema tradicional a leña, se han documentado por medio de fotografías y videos como las que se muestran en esta entrada.

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