La siguientes líneas van cargadas de un significado especial por ser la primera entrega del año, y a propósito de la nostalgia que conlleva el cierre de un ciclo, así como también el 5° aniversario de la revista ArkEopatías, para la cual me siento extremadamente honrada de colaborar.
En un principio este texto iba dedicado a una mujer que me ha inspirado desde que decidí enfilarme hacia la arquitectura; brilló en un tiempo en el que la profesión de arquitecto se consideraba exclusiva para hombres, dejó en su camino una estela de logros, los que van desde verdaderos hitos urbanos en su adoptada ciudad São Paulo hasta incursiones en las artes plásticas; ella es un verdadero ejemplo de la fortaleza alrededor de la mujer y una vida dedicada al arte, la cultura y el pueblo: Lina Bo Bardi.
Por situaciones lamentables, aquel borrador quedó en otras manos, y por alguna razón, ya no pude retomarlo. Prefiero entonces, presentar algo que no estuviera bajo la sombra de un trago amargo. Hice un breve viaje a mi natal Guanajuato, es curioso, cada vez voy menos y cuando lo hago, noto cambios significativos en su estructura, además que mis ojos van evolucionando y lo que antes me parecía una locación vacacional (aburrida y monótona) ahora me parece una válvula de escape para encontrarme cuando estoy perdida o reflexionar cuando necesito aplacarme. Durante el camino, observaba los suburbios de algunas ciudades como Salamanca, Irapuato, Celaya y Silao; lo que vi, es responsable del tema que a continuación les presento, ojalá les produzca la misma inquietud que a mí.
La pregunta inicial es: ¿Estamos generando patrimonio para las futuras generaciones?
El común denominador entre todas las ciudades enunciadas con anterioridad, es la vivienda en serie, ese ready made se caracteriza por ser desarrollos de gran extensión territorial, escasas áreas verdes, espacios angustiosos con minúsculos 45 m² y una cuantiosa dotación de mediocre diseño arquitectónico, estructural, paisajístico y reparo en el impacto ambiental.
No pretendo ahondar mucho en éste esquema, quizás con suerte, en otra ocasión será; pero dejaré unos datos que me encontré sobre un fraccionamiento de la desarrolladora GEO, ubicado en Celaya, Guanajuato: “Villas de Elguera”, ofrece viviendas de 67.5 m² de terreno con 49.4 m² de construcción, a dos niveles. Cuenta con 2 recámaras, 1 cajón de estacionamiento, 1 baño completo y patio de tendido; se entrega en obra blanca con loseta vinílica en áreas comunes y azulejo en zona húmeda, muebles de baño, tarja y calentador automático para un servicio. Lo anterior por $311,000.00 pesos, lo cual nos lleva a un resultado de $4,607.00 el m² de venta, si lo comparamos con los $60,000.00 el m² promedio de venta en Polanco, hay una diferencia escalofriante, que marca una desigualdad en lo que debería ser un derecho digno de todos los ciudadanos.
Me llamó mucho la atención estos casos particulares, pues la vivienda de interés social es la que ocupa un mayor porcentaje en el país y es preocupante; no sólo por las condiciones de vida que le estamos entregando a los usuarios, también lo es en el sentido patrimonial ¿Estas son las edificaciones que estamos legando a las futuras generaciones?
Es aterrador pensar: estamos generando más basura arquitectónica que obras significativas de una época, todo aspirante a arquitecto, sueña y anhela con dejar un objeto que sea lo suficientemente bueno para aparecer en los libros de historia y como fuente de inspiración para el estudio de su composición, solución estructural, materiales novedosos y sistemas constructivos envidiables, sin embargo la realidad es que pocos son los que van a poder lograrlo, eso no significa que el resto debamos fabricar verdaderos monumentos a la incompetencia, corrupción, autoritarismo y falta de sensibilidad (sensibilidad la cual se presume nos enseñan a desarrollar en la escuela y pulimos a lo largo de la vida profesional).
La arquitectura cual espejo, refleja la realidad de una sociedad, un tiempo específico, la tecnología disponible y un lugar determinado. No es lo mismo construir vivienda en Puerto Rico en una zona de clase media a en Ámsterdam. Lo que nos lleva a pensar, ¿Qué dice la arquitectura de los mexicanos como sociedad? Lo que viene a mi mente es: fragmentación y ruptura, somos una sociedad a pedazos y es lógico que nuestra arquitectura sea así también; suelo hacer énfasis en la reflexión y el compromiso al momento de involucrarse en un proyecto arquitectónico, todo lo que colocamos hace ciudad, no sólo las casas o los edificios, por tanto ¿hasta dónde estamos realmente comprometidos para erigir una ciudad digna de formar parte del patrimonio histórico?
Otro ejemplo que me salta a la mente es la nueva escultura de Sebastián, El Guerrero Chimalli con 60 m. de altura, se impone sobre el contexto de Chimalhuacán, Estado de México, y es a mi gusto una oda a lo ridículo y excéntrico de la peor manera posible. No sólo aturde su monumentalidad, puesto que, a palabras de Sebastián, evoca al sentido de los dólmenes o menhires, lamentablemente sin discutir la plástica y composición de lo que parece un muñeco de acción para niños, las proporciones son el primer fallo del objeto, ubicado en un contexto árido y gris, con viviendas y comercios no mayores a tres niveles, ese monigote color rojo encendido parece en fotografía una parodia gráfica realizada en Photoshop. Muestra de la caprichosa y desenfadada elección de un objeto aislado sin el menos índice de identidad y una pésima ubicación, costó 35 millones de pesos (pareciera que vivimos en el primer mundo y podemos darnos el lujo de derrochar tremenda suma de dinero). Sabemos que Sebastián es de los consentidos, no existe ningún otro artista que presuma de tener más obra en espacios públicos como él (para nada sospechoso, no seamos mal pensados).
Basta con dar un recorrido por la ciudad para notar la falta de cohesión, el pobre lenguaje y las carencias con las que cuenta. Quizás valdría la pena replantear cuál es la finalidad de hacer arquitectura. Ya sea porque es un lucrativo negocio, un buen camuflaje para el desvío de fondos o corrupción, funge como objeto de poder (aquella nada humilde casa blanca, de la que tanto se habló hace unas semanas) o simplemente es un camino directo a la “fama” y la farándula bananera de la sociedad mexicana; nada de lo anterior es material para constituir un patrimonio arquitectónico sólido, son un montón de banalidades efímeras y volátiles.
Entonces, ¿Cuáles son nuestras posibilidades reales de edificar el patrimonio arquitectónico futuro? ¿Qué necesitaríamos para llegar a ello? ¿Nuevamente vamos a dejarle la mayor responsabilidad a las escuelas de arquitectura ante la carencia de un patrimonio planeado y sólido?
Convendría reflexionar, me imagino y aclaro que estoy especulando de una manera romántica e idílica, cuando la Ciudad Universitaria estaba aún en papel, ¿Pensarían que se convertiría en un ícono de la arquitectura mexicana? ¿Habría concebido Juan O’Gorman las casas de Frida y Diego como un patrimonio a futuro, dado su valor y aporte plástico? Creo que no, simplemente eran profesionales entregados con amor y pasión en su labor. Bajo ésta premisa puedo concluir que: es imposible vaticinar qué objeto va a ser o no patrimonial, por tanto lo que nos corresponde es reivindicar el quehacer arquitectónico y urbano, para producir obra de calidad y con conocimiento y respeto; entonces sí, que las generaciones futuras juzguen y valoren cual será merecedor a preservarse.
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Sobre el rancho El Molino se construye uno de los compromisos “cumplidos” de Enrique Peña Nieto. El predio, ubicado en Chimalhuacán, alberga una construcción catalogada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia como monumento histórico y área natural. Los trabajos iniciados este año por el gobierno municipal revelaron que bajo la tierra yacen estructuras y objetos prehispánicos. No obstante las denuncias de los vecinos, la obra avanza con la anuencia de los funcionarios del INAH
En los lotes baldíos de Chimalhuacán los niños sacan de entre la tierra suelta, el cascajo y la basura, trozos de vasijas, platos decorados, fósiles, cerámica, sellos, figurillas, colgantes, orejeras y cuentas talladas en piedra. Ávidos, las muestran en cajas de cartón a quienes se lo solicitan, desde vecinos, hasta arqueólogos, estudiosos, reporteros o compradores furtivos.
Matías y Tino encontraron los primeros objetos. Cursan los últimos años de la escuela básica. Pasan las horas reventando pájaros muertos con cohetes y escarbando la tierra que llevaron los trabajadores de El Molino. Los presuntos restos de un jaguar forman parte de su colección que se acrecienta día con día.
Los menores no son los únicos con colecciones propias. La noticia se extendió rápidamente entre los residentes de los ocho barrios de Chimalhuacán, que aunque con miedo de ser acusados de saqueo, buscan las piezas en los llanos para “rescatar su historia que se va a la basura”, dicen.
Los hechos han sido negados por las autoridades locales: el ayuntamiento de Chimalhuacán; y por el órgano encargado de resguardar el patrimonio nacional: el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
“[…] De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, tampoco existen en el Rancho El Molino vestigios arqueológicos. Si éstos existieran, los habría sobre todo en las casas y predios vecinos a Los Pochotes”, se lee en una publicación que exalta los compromisos “cumplidos” del exgobernador Enrique Peña Nieto.
El megaproyecto
Desde febrero, el gobierno municipal inició la construcción de un megaproyecto en el rancho El Molino. Con 28 mil 90 metros cuadrados, el rancho alberga una construcción reconocida como histórica por el gobierno del Estado de México y por el Instituto Nacional de Antropología e Historia; y un área natural de fresnos y ahuehuetes de por lo menos 700 años de antigüedad.
El predio, se ubica a escasos 80 metros de Los Pochotes, la zona arqueológica local llamada así en alusión a los arbustos que sólo crecen en el lugar. El área de 9 mil 500 metros cuadrados resguardada desde 1964 por el INAH se recorre en cinco minutos. De la extensa metrópoli de Chimalhuacán –fundada hacia el año 1200 después de Cristo y que formó parte de la confederación de las ciudades estado acolhuas– únicamente se conserva el Tecpan, residencia del tlatoani, su familia y espacio para actividades administrativas y de decisión política. El resto, fue consumido por la urbanización desmedida en las últimas tres décadas.
El rancho El Molino significaba uno de los últimos relictos que sobrevivió a la mancha urbana y al olvido, la memoria oral aún cuenta leyendas y mitos del lugar. Además, su proximidad a Los Pochotes le otorgaba un valor adicional: posiblemente formaría parte del área arqueológica no descubierta ni investigada.
Para el historiador Felipe Echenique March, por la cercanía de la obra con la zona arqueológica, la presunción de la existencia de vestigios arqueológicos era innegable: “se tiene a menos de 1 mil metros la zona. Tuvo que haberse hecho un trabajo más profesional”.
En entrevista con Contralínea, explica que los funcionarios tuvieron que haber mandado a hacer trabajos arqueológicos, trabajos de reconocimiento, hacer sondeos, sin embargo “cuando el Instituto [Nacional de Antropología e Historia] interviene, ya lo hace tarde y por denuncias de la propia ciudadanía, con lo cual deja ver que los funcionarios encargados de la dependencia no hicieron su trabajo y que hay negligencia”.
Expropiación injustificable
El 25 de octubre de 2010, el gobierno del Estado de México publicó en la Gaceta oficial el decreto de expropiación de El Molino, ubicado en la cabecera municipal de Chimalhuacán.
El documento, firmado por Enrique Peña Nieto, señala como causa de utilidad pública “la ampliación, alineación y mejoramiento de la calle El Molino, así como la construcción de un parque urbano, museo local, biblioteca y auditorio municipal, con el objeto de embellecer, ampliar y sanear ese municipio con instalaciones culturales y cívicas para la convivencia social de los chimalhuaquenses”.
La supuesta causa de utilidad pública también se menciona en el periódico informativo de la campaña electoral de Enrique Peña Nieto, con edición especial de los “compromisos cumplidos” en Chimalhuacán: “el rancho El Molino fue expropiado […] por causa de utilidad pública, es decir, sólo para servicios que le beneficien al pueblo”.
Entre los beneficios –declaró el exedil, líder estatal del antorchismo y ahora diputado federal electo por mayoría, Jesús Tolentino Román Bojórquez, al colocar la primera piedra de la obra que tendrá un costo de 200 millones de pesos– está la construcción del primer teatro que se hace en Chimalhuacán. El recinto, dijo, estará a la altura del Auditorio Nacional o el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario de Texcoco.
Sobre el monumento histórico, según un volante que las autoridades municipales repartieron en la comunidad, se habrá de construir el Teatro Municipal con capacidad para 1 mil 700 espectadores, un parque infantil y la plaza Estado de México que consta de una fuente saltarina, quiosco, paseo escultórico y un reloj floral.
Monumento histórico sin valor
Tal como consta en el “Plan municipal de desarrollo urbano de Chimalhuacán”, publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México el 28 de octubre de 2003, Chimalhuacán cuenta con un Decreto de Gobierno Estatal, de 1980, que la declara “zona cultural artística o de especial estilo arquitectónico general inmodificable. Así como Patrimonio Cultural, Artístico y Arquitectónico del Estado [como] todas las construcciones subsistentes que daten de los siglos XVI, XVII y XVIII o las que contengan características propias de esa época misma que serán inmodificables […] en donde queda estrictamente prohibido […] llevar a cabo demoliciones parciales o totales de construcciones, sin permiso especial previo […] y sólo podrán autorizarse si se respetan las fachadas típicas o bien se llevan a cabo reconstrucciones y obras de conservación, mejoramiento o ampliación”.
Con base en estos argumentos, el Plan define al primer cuadro del municipio como Centro Histórico. La zona de Valor Histórico y Cultural comprende a El Molino.
El órgano informativo del Estado de México también incluye al Catálogo Nacional de Bienes Inmuebles mexiquense del Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como al Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas del mismo Instituto.
Este municipio, refiere el impreso, cuenta con “siete monumentos inmuebles catalogados, de los cuales dos se localizan en la cabecera […] cuatro inmuebles con uso religioso, uno habitacional, una exhacienda y uno sin uso actual”. Y prosigue: “la exhacienda El Molino, única en el municipio, fue construida durante el siglo XVIII. Actualmente se usa como casa habitación”.
Pese a ello, el 13 de abril de 2010, Rosa María Morales Pérez, secretaria del ayuntamiento de Chimalhuacán, mediante certificación, hizo constar que El Molino “no está destinado a la prestación de un servicio público y que carece de valor histórico, artístico y/o cultural”. El dictamen –del que Contralínea posee copia– fue incluido en el decreto de expropiación como uno de los principales pilares que lo avalan.
Al respecto, Echenique March, también secretario General del Sindicato de Investigadores del INAH, refiere que los funcionarios del Instituto estaban obligados a intervenir desde que supieron del decreto expropiatorio, toda vez que el sitio alberga un monumento histórico:
“El INAH estatal tuvo que haber interpuesto un recurso en el gobierno [del Estado de México] para hacer valer la Ley Federal, suponiendo que lo que le debería de interesar era la preservación del monumento histórico reconocido. A partir de ahí se debió de haber puesto como tercer interesado y con ello debió de conocer el proyecto.”
Las denuncias
De acuerdo con información de los residentes, los camiones con tierra de El Molino, producto de las excavaciones, llegaron aproximadamente a ocho predios de Chimalhuacán. Ahí, es donde han encontrado los vestigios que celosamente conservan.
La comunidad dio aviso de los hallazgos al INAH Estado de México desde el 15 de marzo pasado. En respuesta a la denuncia, el Instituto envió el oficio 401.B(10)47.2012/ 0321, fechado el mismo día en el que el entonces titular, Luis Alberto González Batani, solicitó a Rosalba Pineda, presidenta municipal, “suspender cualquier tipo de trabajo” en el predio, hasta que al lugar arribara personal adscrito al Instituto, con la intensión de proteger y evitar afectaciones al patrimonio cultural.
Para hacer la inspección arqueológica, González Batani comisionó a Raúl García Chávez y a las arqueólogas Martha Patricia Hernández y Beatriz Zúñiga Bárcenas.
Gobierno Municipal omiso
De acuerdo con versiones de los pobladores, el martes 27 de marzo la autoridad municipal, “como un acto de intimidación e intolerancia”, organizó una marcha para comunicar que de acuerdo con el INAH no hay vestigios arqueológicos en el predio. No obstante, dos días después, el Instituto reiteró a la edil la orden de suspender la obra. Rosalba Pineda desestimó el mandato, pues el 13 de abril personal del INAH tuvo que colocar sellos para impedir que los trabajos de construcción continuaran sin la intervención antropológica correspondiente.
Los sellos fueron retirados inmediatamente por policías municipales bajo el argumento de que eran órdenes de la presidenta municipal. Los hechos, como se lee en el expediente SO-000043/2012 del Órgano Interno de Control del INAH, generaron que la Unidad Jurídica presentara, el 18 de abril, ante la Procuraduría General de la República una denuncia penal por quebrantamiento de sellos y desacato a un mandato de autoridad competente y en ejercicio de sus funciones en contra de quien o quienes resulten responsables.
El 12 de junio, los vecinos hicieron una nueva denuncia ante el Instituto. En el documento ZARM/02/06/12, firmado por el Frente Ciudadano en Defensa del Agua Potable y Patrimonio de Chimalhuacán, la agrupación solicitaba copia de los documentos y estudios que acreditaran que el predio carecía de valor y que no existían vestigios en el sitio; que la Policía Federal reguardara la zona; que el INAH federal –y ya no el local– realizara el salvamento arqueológico, y que se le permitiera a la ciudadanía presenciar los trabajos en El Molino.
Opacidad
Sobre la falta de transparencia, Echenique March asegura que al no haber un trabajo institucional serio, responsable, conforme a la ley, se permite la especulación: “el no permitir que la gente entre y vea el trabajo que hacen los arqueólogos abona a la opacidad y levanta sospechas. Si hay gente que está interesada, que quiere conocer, que se le dé una visita. Finalmente son bienes nacionales, de todos los mexicanos. El trabajo arqueológico es público, es de interés público”.
La comunidad relata incluso versiones en las que los trabajadores atestiguaban hallazgos de piezas de grandes dimensiones que, dicen, fueron encostaladas y sacadas del sitio por helicópteros. Aunque no guardan registro de ello, lograron obtener fotografías de estructuras piramidales que quedaron en el centro de la obra y que ya no es posible apreciar.
Las fotografías, dice Echenique, demuestran la presunción de que había un material arqueológico importante que debió de trabajarse científicamente y que por desgracia no se hizo.
En un comunicado –que retoma el diario Reforma en su edición del 19 de julio de 2012– la presidenta municipal, Rosalba Pineda, expuso: “la valoración que el INAH realizó demostró que no existe alguna zona arqueológica importante en el rancho El Molino, por lo que el Instituto liberó el predio para la continuación de la obra”.
Ante ello, Echenique asegura que al decir que no había zona arqueológica importante se confirmaba la existencia de una zona con valor arqueológico: “que no les pareció importante es otra cosa, pero la arqueología en México no trabaja a partir de calificar qué es importante y qué no. Los vestigios arqueológicos son monumentos nacionales que deben ser conservados, estudiados por el Instituto. Es el mandato de ley que tiene”.
La denuncia de la comunidad finalmente obtuvo respuesta el 3 de julio: Constantino Acosta Dávila, delegado del centro INAH Estado de México escribió a los peticionarios en el oficio 401. B(4)47.2012/793: “actualmente el INAH está realizando en el predio denominado El Molino las investigaciones arqueológicas correspondientes y una vez que se concluyan, se determinará lo procedente”.
Del resultado de las investigaciones, los vecinos no tienen conocimiento, tampoco los investigadores y académicos del INAH. Cuando Felipe Echenique le solicitó al Consejo de Arqueología del INAH el informe de Raúl García Chávez le fue negado. Los funcionarios, dice, apelaron a la normatividad interna para evitar que alguien se robe la información y la quiera publicar.
El arqueólogo Jesús Evaristo Sánchez explica que en esa lógica la información será abierta hasta 2014. Sin embargo, dice, no se pretende plagiar la información, pues se trata de aclarar un problema jurídico: “aclarar si hay o no vestigios o si procede o no la autorización de la construcción de la obra. El Consejo se negó a entregarnos cualquier documento para tener elementos y poder evaluar la situación del lugar”.
La obra continúa
Pese a las constantes denuncias de los vecinos, investigadores, académicos del Instituto y la evidencia, el INAH no ordenó al ayuntamiento a detener la obra, aunque está obligado por ley si es que hay presunción de la existencia de vestigios.
El Instituto, refiere Echenique, “tendría que haber dicho que hay destrucción de vestigios arqueológicos, haber mandado a los arqueólogos adonde se llevaban la tierra, donde se encontraban la pedacería y ante esa evidencia, parar la obra por destrucción”.
Al no detenerse, señala, la responsabilidad es para los funcionarios del INAH y del ayuntamiento a quienes se les podría demandar. El Ministerio Público de Chimalhuacán tendría que tomar el caso de oficio por tratarse de la destrucción de bienes nacionales.
INAH sin interés por rescatar
Ante la ausencia del Instituto, los chimalhuacanos han convocado a expertos para la catalogación de sus piezas. A invitación de la comunidad, una etnohistoriadora inició el registro de lo hallado por los vecinos con fotografías y una breve explicación de cada objeto. Aunque renuentes, con el paso de los días, se suman más vecinos a la iniciativa. Los habitantes aseguran a Contralínea que no buscan vender las piezas; por el contrario, están dispuestos a entregarle al INAH todo lo que han hallado. Sin embargo, hasta el cierre de edición ninguna autoridad se había acercado para hacer el rescate.
Frente a la pregunta de por qué el Instituto no ha hecho la recolección en los lotes baldíos, el arqueólogo Jesús Sánchez, en entrevista con Contralínea, responde que el problema de las piezas arqueológicas es que son importantes en tanto están insertas en contextos arqueológicos:
“Las piezas fuera de su contexto pierden la posibilidad de interpretar los sucesos históricos en los que participaron. Se pierde totalmente la información. Queda el objeto histórico, pero lo único que se puede hacer con estas piezas es analizarlas, ver su estudio iconográfico y ponerla en un museo. Pero no hay manera de saber qué papel jugaba el objeto en la historia de la localidad.”
—Sin embargo, las piezas continúan siendo propiedad federal.
—Y bienes nacionales. El INAH tendría que ir a recoger esos vestigios para saber de qué se trata; al no hacerlo incurre en delito porque está dejando monumentos arqueológicos expuestos y eso incentiva una política de saqueo, de robo y demás. La policía se puede llevar a la cárcel a quien tenga en su propiedad muebles arqueológicos o históricos. Es un delito federal. Ahí hay un incumplimiento y una negligencia de las autoridades por atender ese asunto.
Daño ambiental
Con motivo de los preparativos para la expropiación de El Molino, Daniel Gómez Pedraza, titular de la Dirección General Jurídica y Consultiva del ayuntamiento, pidió a la Dirección General de Ordenamiento e Impacto Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente que evaluara el impacto ambiental que tendría la expropiación de dicho predio.
En respuesta, Carlos Sánchez Gasca, el titular de dicha Dirección, emitió el oficio 212130000/DGOIA/OF1321/10, el 22 de junio de 2010, en el que señala que la expropiación de El Molino a favor del gobierno municipal no genera mayores impactos ambientales, ya que el predio se encuentra inmerso en una zona urbana totalmente consolidada, por lo que se infiere que se han llevado a cabo con anticipación los impactos ambientales negativos inherentes a un cambio de uso de suelo de natural a urbano.
Sin embargo, concluye el documento oficial, el trámite de expropiación no exime a la autoridad municipal a obtener el Dictamen de Impacto Ambiental, por lo que deberá presentar como mínimo un informe previo al respecto.
Aunque los vecinos han solicitado en reiteradas ocasiones a la Secretaría del Medio Ambiente, a través del Sistema de Información Pública del Estado de México, copia de los estudios de impacto ambiental y los criterios que dieron lugar a argumentar que la expropiación “no genera mayores impactos ambientales”, la dependencia responde, tajante: “no se localizó en los archivos de la la Dirección algún documento que contenga información en los términos referidos”.
No obstante la ausencia de documentos, el argumento es base dentro del decreto de expropiación.
A favor de la preservación
La comunidad en defensa del patrimonio, muchos de ellos nativos de Chimalhuacán, dicen a Contralínea que no están en contra del Proyecto que se plantea en el rancho El Molino, pero sí de la destrucción de los valores que se ven representados en este lugar como parte de su pasado prehispánico y colonial, como un lugar de enorme valor ecológico por sus árboles centenarios, lugar de manantiales y ojos de agua, que en este momento es un vaso regulador para la recarga de los mantos acuíferos y porque para la población originaria y nativa de la localidad, El Molino es cuna de sus más entrañables leyendas, las cuales han persistido en su memoria y forman parte del patrimonio intangible que las autoridades del INAH y del ayuntamiento tienen la capacidad y obligación de defender.
Para la realización de este trabajo, Contralínea solicitó entrevista con el Instituto Nacional de Antropología e Historia y con el Centro INAH Estado de México. Yoselín Díaz, del INAH estatal, dijo vía telefónica que en las oficinas centrales del Instituto se llevó a cabo una reunión el martes 23 de julio para evaluar la solicitud de entrevista de este semanario. Esta información fue confirmada por Cecil Silva, asistente de atención a medios del INAH; pero no se comunicó el resultado de dicha reunión.
Contralínea acudió al sitio para hablar con los arqueólogos a cargo. Los policías municipales que resguardaban la zona aseguraron que no se encontraban en el lugar porque “casi no vienen para acá”. También se solicitó la versión de la presidencia municipal de Chimalhuacán. Mirella Jiménez, de atención a medios, se mostró preocupada porque “en los medios ya los habían golpeado y debían tener cuidado de que no les ocurriera nuevamente”. Al cierre de edición, no se obtuvo respuesta.
A decir de Felipe Echenique, Luis Alberto González Batani fue cesado de su cargo de director del Centro INAH Estado de México. Desde marzo, funge como visitador general en la Coordinación Nacional de Centros INAH. Y aunque en reunión los funcionarios le aseguraron que fue despedido, para Echenique March “lo que están haciendo es cubrirlo para que no tenga ninguna responsabilidad. Evidentemente debe tenerla. No hizo su trabajo”, concluye el también investigador.
La construcción de un presunto Centro Cultural Municipal ubicado entre las calles José María Morelos, Vicente Guerrero, Ignacio Zaragoza y El Molino, en Cabecera Municipal, Municipio de Chimalhuacán, Estado de México, es un caso que interesa no sólo al pueblo de Chimalhuacán, sino al patrimonio nacional, los bienes de interés público y a la comunidad académica.
Las razones son históricas, y es que el centro cívico-ceremonial prehispánico de Chimalhuacán a decir de los especialistas representa un caso único en su género, ya que sus estructuras piramidales corresponden fielmente con dos pictografías del Códice Mendoza y del Mapa Quinatzin del siglo XVI, así como la descripción del historiador Juan Bautista Pomar (del siglo XVII), lo que ha dado lugar a la afirmación de que su distribución arquitectónica corresponde al antiguo Tecpan de los gobernantes de Acolhuacan. Esta hipótesis ha sido corroborada por el arqueólogo norteamericano Jefrey Parsons quien en 1943 no solo verificó la sorprendente correspondencia mencionada, sino que estableció que el tecpan fue apenas el centro de un señorío que se extendió hasta 260 hectáreas a la redonda, lo que da idea de la magnitud del emplazamiento prehispánico.
No obstante debido a la ignorancia, se emitió un decreto de expropiación de este predio declarando que carece de valor histórico y cultural, a pesar de que se ubica a escasos 80 metros del Tecpan referido, o sitio conocido como “Los Pochotes”.
Luego entonces, nuestras peores sospechas empezaron a confirmarse, ya que las máquinas retroexcavadoras sacaron a luz numerosos vestigios prehispánicos del Tecpan tales como restos óseos humanos, restos óseos de otra especie, herramientas prehispánicas, cerámica de uso doméstico y ceremonial, restos de esculturas que evocan a deidades como el dios del fuego (Huehueteotl) metates y artefactos de molienda, así como innumerables artefactos de obsidiana, alabastro y piedra verde, todo lo cual es posible encontrarlo en los montones de tierra que depositan cotidianamente en diferentes predios que se encuentran en el municipio de Chimalhuacán, y que hoy son objeto de recolección por parte de niños y adultos de nuestra comunidad con la finalidad de dar constancia de lo que se ha enterado al INAH.
Para tener certeza de la antigüedad de estos vestigios, se han llamado a arqueólogos que de manera informal han dado fe de esta situación, comprometiéndose a actuar de manera institucional para llamar a tomar medidas urgentes.
Sin embargo, hasta el día de hoy, ni el INAH, ni el sindicato de investigadores, ni el municipio han respondido al llamado que por vías institucionales hemos hecho para DETENER LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DE MANERA INMEDIATA Y HACER EL ESTUDIO DE SALVAMENTO ARQUEOLOGICO QUE CORRESPONDA, determinado si es factible la construcción en ciernes o debe modificarse parcial o totalmente, de acuerdo a los vestigios referidos, tal y como está mandatado por la Ley Federal de Zonas y Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 1972.
Lo paradójico del caso es que parece que nosotros representamos los intereses de una institución a la que no le importa cumplir con los mandatos de ley que le corresponden, aun así reiteramos nuestra voluntad de hacernos escuchar y lograr que se salvaguarden estos vestigios por su utilidad pública y educativa que representan.
Por esta razón, vecinos de Chimalhuacán decidieron manifestarse frente al predio desde el pasado 22 de marzo desplegando algunas mantas que justifican jurídicamente la necesidad de realizar estas exploraciones arqueológicas, analizando también la posibilidad de tomar medidas más radicales, sin más interés de que se HAGAN BIEN LAS COSAS EN UN PAIS COMO EL NUESTRO; no obstante, esto duró hasta el 27 de marzo, día en el que las organizaciones que conforman el “Proyecto Nuevo Chimalhuacán” tomaron el predio permitiendo que se siga dañando el predio con la maquinaria pesada que no ha dejado de trabajar.
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