Por Gustavo A. Ramírez Castilla
El pasado 8 de septiembre, el Ejecutivo federal envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para transformar al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) en una secretaría de Estado con las instituciones del subsector cultura de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Con ello, se pretende evitar —según lo expresó su titular, Aurelio Nuño— la trampa burocrática que le impide a la SEP atender adecuadamente a este amplio sector, y al Conaculta impulsar el desarrollo de las artes y la cultura con toda su fuerza.
Si bien su creación puede justificarse para mejorar la atención a la creación artística y a las diversas expresiones culturales del país, la manera en que la iniciativa plantea la administración de los monumentos arqueológicos, artísticos, históricos y paleontológicos es errónea porque retira autonomía técnica y administrativa al INAH y al INBA para ejercer las funciones que les confiere la Ley Federal de Monumentos, y pone en riesgo su integridad, sentando además las bases para su futura concesión a empresas privadas.
En el mismo tenor se encuentra la infraestructura pública cultural (museos, galerías, centros culturales, etc.) que, en conjunto, representa un vasto patrimonio con un atractivo potencial económico.
La iniciativa menciona que los ingresos por consumo de bienes y servicios culturales equivalen a 2.7% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y el nuevo informe sobre las industrias culturales y creativas Tiempos de Cultura, presentado el pasado 3 de diciembre por la Unesco, revela el interés de los gobiernos en el potencial económico de este sector, que recaba 3% del PIB mundial, por encima del total de la industria automotriz, y da empleo a 29.5 millones de personas.
Así, la tendencia de crear secretarías o ministerios de Cultura obedece a políticas económicas globalizadoras que buscan incrementar la producción y consumo de productos culturales, y no a la valorización de la riqueza y diversidad cultural de los pueblos a través de la educación.
Los políticos que han dictaminado la iniciativa ignoran el concepto antropológico de cultura, lo confunden con el de entretenimiento; a sus creaciones y productos, con obras artísticas, literarias y musicales, videojuegos, programas televisivos, etc., sin diferenciar sus cualidades, calidades y valores.
Para ellos, el valor es igual al precio, por lo que las creaciones culturales son tratadas como mercancías destinadas al consumo y generación de ganancias, y los creadores son confundidos con “empresarios” como Gutenberg o Leonardo Da Vinci, que fue un “contratista”, según afirmó Jorge Álvarez Maynez, un avezado diputado del partido Movimiento Ciudadano, el día que se votó el dictamen de la iniciativa en la Cámara baja. De acuerdo a este criterio, corresponde a los empresarios hacer cultura.
La investigación, conservación y restauración de monumentos y zonas de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos son actividades científicas. En nuestro país, están reguladas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBA).
Los monumentos son creaciones de culturas antiguas, pero no tienen precio. Su valor es científico e histórico, siendo sus características más importantes su antigüedad y autenticidad, esencia que es alterada o destruida cuando su conservación o restauración son hechas por personas no calificadas. Un claro ejemplo es el de “El Caballito”, bronce cuyos valores históricos y estéticos fueron dañados irreversiblemente por quien confundió la pátina de su antigüedad con mugre.
La Secretaría de Cultura representa un riesgo para los monumentos arqueológicos e históricos en ese sentido, porque la iniciativa eliminó el control del INAH sobre éstos, dejando en libertad al futuro secretario para decidir, discrecionalmente, sobre los mismos.
También porque pretende impulsar el turismo cultural, y las zonas arqueológicas están en la mira de este nocivo negocio. La gran inversión del gobierno en megaproyectos para reconstruir con fines turísticos zonas arqueológicas como Monte Albán, Palenque, Chichen Itzá o Uxmal, alteró sus valores históricos. Su uso como escenografía para conciertos desvirtúa su vocación, su uso público, su función como museos y espacios educativos al aire libre y como testimonios históricos.
Casos lamentables también se observan en los llamados Pueblos Mágicos, en donde la reconstrucción e invención de fachadas, andadores y hasta tradiciones acabaron por alterar el entorno urbano auténtico y los vínculos sociales de muchos de ellos. Les robaron la magia que los hacía entrañables, convirtiéndolos en falsas escenografías que defraudan al turista ingenuo.
De ser aprobado sin cambios el dictamen de creación de la Secretaría de Cultura por la Cámara de Senadores, veremos florecer —para vergüenza de quienes la apoyaron— los espectáculos de luz y sonido y conciertos en zonas arqueológicas, el alquiler de museos y monumentos para bodas o negocios y la construcción de parques de diversiones sobre zonas protegidas, como en Cholula.
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Sobre el autor: Gustavo A. Ramírez Castilla es arqueólogo e investigador del INAH en Tamaulipas, especialista en conservación y restauración de bienes culturales inmuebles y director de la Red Mexicana de Arqueología.
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Fuente: CNN México http://mexico.cnn.com/opinion/2015/12/15/opinion-por-que-la-secretaria-de-cultura-es-un-riesgo-al-patrimonio
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