CHARLAS DE CAFÉ: TEMPORADA 1

Esta tarde queremos invitarlos a que se den una vuelta por nuestro canal de YouTube, donde subimos hace algún tiempo nuestras #CharlasDeCafé de #LaFondark, una sección de nuestro menú ARKeopático, que consistió -en el espíritu del encuentro-, en una serie de #videocharlas con profesionales del estudio del patrimonio cultural, desde una visión crítica y propositiva.

Hablamos con colegas de Zacatecas, Lima, Puebla, Bogotá, San Juan del Lurigancho y San Luis Potosí, así que ahora, aprovechamos para anunciar que la siguiente semana retomaremos este enriquecedor ejercicio con una nueva temporada de entrevistas.

Los invitamos a escucharnos y debatir con nosotros sobre la ciudad y el patrimonio desde todos los puntos de vista… //////// ‪#patrimoniosomostodos #MiércolesDeDebate // #ArKeoteca en #LaFondark.

CharlasDeCafé

Acá abajo todos los videos:

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CHARLAS DE CAFÉ 1: GESTIÓN DE CENTROS HISTÓRICOS PATRIMONIO MUNDIAL // Lidia Zuñiga Loera.

En esta ocasión les presentamos con enorme placer una nueva sección de nuestro menú ARKeopático. Empezamos con saborcito norteño y les traemos una interesante charla que tuvimos con la Maestra Lidia Zuñiga Loera, especialista en Planeación y Políticas Públicas Metropolitanas, apropósito del proyecto de remodelación de la Plaza de Armas en la ciudad de Zacatecas, México, así como de las consecuencias sociales y patrimoniales de este tipo de iniciativas unilaterales.
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Esta noche reflexionamos con ella sobre: Gestión de Centros Históricos Patrimonio Mundial; especulación mercantil; identidad ciudadana y espacio público; el INAH, la Junta de Monumentos Históricos y el Municipio; Modelo de Gestión del Centro Histórico de Zacatecas; Gentrificación.

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CHARLAS DE CAFÉ 2: REPRESENTACIONES DE LA CIUDAD HISTÓRICA // Reinhard Augustin Burneo.

Hoy tenemos un antojo de ceviche peruano, que sólo se calma con la segunda entrega de nuestra ArKeoteca. Este nuevo platillo de La Fondark viene acompañado de una interesante charla que tuvimos con el arquitecto Reinhard Augustin Burneo, quien nos platicó hace algunas semanas de su trabajo y la opinión que le merecen las iniciativas de intervención urbana en el patrimonio arquitectónico en la ciudad de Lima, principalmente por parte del gobierno local.
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Esta noche reflexionamos con ella sobre: La ciudad y sus representaciones (imágenes) a través del tiempo; grafitis urbanos y las estéticas alternativas en la ciudad; cambios de uso de suelo y especulación inmobiliaria; la ley de “desmonumentalización” de inmuebles históricos; puesta en valor; dialéctica uso – conservación; planes de desarrollo y futuros posibles.

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CHARLAS DE CAFÉ 3: MEMORIA COMUNITARIA EN EL PATRIMONIO CONSTRUIDO // Alejandra Ramírez Zambrano.

Con el pretexto del choque de un conductor ebrio contra el edificio de la antigua estación de trenes de Cuautitlán en el Estado de México, en la ArKeoteca de hoy platicamos con la historiadora Alejandra Ramírez Zambrano sobre los procesos de deterioro y abandono del patrimonio ferroviario construido en México, y cómo, a partir de las iniciativas ciudadanas puede traerse de vuelta mediante la recuperación de la memoria comunitaria, más allá de la restauración arquitectónica.
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Esta noche reflexionamos con ella sobre: procesos político – económicos de abandono y deterioro; efectos sociales y económicos de la pérdida del patrimonio ferroviario; proyecto académico ciudadano; apropiación comunitaria; rehabilitación del inmueble y nuevos usos posibles; voluntad política y falta de recursos; ejercicios de la memoria; alternativas de apropiación; migración y memoria; resignificación del espacio construido.

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CHARLAS DE CAFÉ 4: INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA // Diego Martínez Celis.

De vez en cuando, andando por las redes, uno se encuentras con gratas sorpresas, con personas y proyectos con los que se comparten no sólo ideas, sino también perspectivas de lo que la profesión puede ser en el futuro. Tal es el caso de nuestro amigo Diego Martínez Celis, quien desde Rupestreweb ha impulsado, desde hace varios años, la participación de las comunidades en el (re)conocimiento de su herencia patrimonial. Acá el video con esta interesante Charla de Café (¡colombiano por supuesto!)

Esta noche hablamos con él sobre: el arte rupestre; investigación arqueológica no monumental; apropiación y patrimonialización comunitaria; culturas indígenas; re-etnización; neo-indigenismo; identidad; interpretación arqueológica; inventarios participativos; investigación científica vs saberes comunitarios; arqueología pública; gestión; defensa del territorio; democratización del conocimiento.

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CHARLAS DE CAFÉ 5: FORMAS DE PATRIMONIALIZACIÓN DE LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS // Wilmer Mejía Carrión.

Esta mañana amanecimos con mucho antojo de cevichito peruano (otra vez), con su canchita serrana y una cusqueña para acompañar y rematar el gusto. Pero también amanecimos con ganas de charlar con nuestro querido amigo Wilmer Mejía Carrión hasta Lima, Perú, sobre un tema que desde hace un tiempo hemos debatido por otros medios y hoy queremos extender a todos nuestros seguidores, la relación existente entre los sitios arqueológicos y los entornos urbanos, desde una perspectiva antropológica y patrimonial.

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Esta ocasión hablamos de: patrimonialización de sitios arqueológicos; patrimonio cultural y antropología; identidades locales; migrantes urbanos; “puesta en valor” de los sitios arqueológicos; valor mercantil vs valor simbólico; bien cultural vs patrimonio cultural; usos del patrimonio cultural; socialización del patrimonio; enseñanza del patrimonio y utilidad cotidiana del legado cultural.

 

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ARKEOPATÍAS es un proyecto encaminado a propiciar espacios de reflexión, análisis y discusión sobre el Patrimonio Cultural. Utilizamos las herramientas de internet para generar investigación y debates con conocimiento, libertad y responsabilidad. Conservamos una postura crítica y sin censura porque estamos convencidos de que es el camino a la transformación de la realidad patrimonial de México y el mundo. Actualmente operamos bajo una licencia Creative Commons 4.0

DENUNCIAN CORRUPCIÓN EN EL INAH//

Gastos extra por al menos 375 millones de pesos ha realizado el INAH al arrendar equipos de cómputo, vehículos e inmuebles, de acuerdo con un análisis que sindicatos del Instituto entregarán a la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados para la elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019.

“El indiscriminado dispendio de dinero de los funcionarios del INAH por concepto de arrendamiento de computadoras, vehículos y su edificio sede en un lapso de cuatro años, que puede calcularse en 375 millones de pesos extra a los realmente necesarios para cubrir esas necesidades, implica, desde cualquier punto de vista, un acto de corrupción”, afirman.

En el documento, hecho público durante una conferencia de prensa en el Museo Nacional de Antropología, informan que la institución dirigida por el antropólogo Diego Prieto ha pagado más de 68 mil pesos por cada computadora rentada del 2015 al 2018, es decir, 17 mil por año.

Así, el costo total por arrendar 2 mil 697 computadoras en cuatro años supera los 198 millones 386 mil pesos, incluidos casi 15 millones pagados por servicios de informática.

El precio promedio al menudeo de cada computadora es de 12 mil 500 pesos, contrastan.

“Si se compraran, la erogación total por 2 mil 697 equipos sería solamente de 33 millones 712 mil pesos, que implica un ahorro de casi 150 millones de pesos”, detallan.

Tal monto, exponen, podría ser invertido en la creación de 500 plazas de investigadores.

De igual modo informaron que en el reciente cuatrienio se arrendaron vehículos por 224 millones 900 mil pesos —desconocen el número de autos— “cantidad suficiente para adquirir al menos 450 vehículos con un precio al menudeo de 50 mil pesos cada uno, y cuya vida útil puede ser de hasta 10 años”.

Según las cifras de los trabajadores del INAH, la dependencia pudo haber ahorrado unos 750 millones en una década si compraran los vehículos en lugar de arrendarlos; el dinero podría haberse invertido en la creación de 2 mil 500 plazas de investigación

Calculan que el parque vehicular para la óptima operación del Instituto es de 300, cuyo costo conjunto sería de 150 millones de pesos, un ahorro de 75 millones de pesos por año.

Durante la conferencia, en la que expresaron también su demanda de renovar instancias como el Consejo de Arqueología, cuestionaron que el organismo dispendie recursos mientras mantiene en condiciones precarias a trabajadores eventuales que desempeñan tareas sustantivas.

También criticaron que el INAH destine 410 millones de pesos para salarios del aparato burocrático administrativo y 320.5 millones de pesos para la remuneración de los investigadores, dedicados a tareas sustantivas.

“La principal preocupación de los funcionarios del INAH debiera ser la de propiciar las mejores condiciones materiales, laborales y administrativas para el óptimo desarrollo de la investigación científica. Si embargo, lejos de eso, se ha relegado esta actividad a la más mínima y frágil subsistencia”, acusan.

Indican que el Instituto erogó en el cuatrienio referido 203 millones 753 mil 207 pesos por el arrendamiento del Edificio Aristos, en la Hipódromo Condesa, que ocupó como sede hasta septiembre pasado, con lo que pudo haberse construido un inmueble propio que permitiera ahorrar 50 millones de pesos anuales, suficientes para crear unas 160 plazas de investigación.

Refutan que el Instituto deba arrendar por instrucciones de la Secretaría de Hacienda, pues, en su carácter de organismo descentralizado, puede adquirir bienes.

INAH

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Fuente: http://www.zocalo.com.mx/reforma/detail/denuncian-corrupcion-en-el-inah / Fotografía: Paulina Pezzat.

EL ENGROSAMIENTO DEL APARATO BUROCRÁTICO – ADMINISTRATIVO Y EL DECREMENTO DE LA INVESTIGACIÓN EN EL INAH//

Documento “El engrosamiento del aparato Burocrático-Administrativo y el decremento de la Investigación en el INAH”, presentado durante la Rueda de Prensa del 22 de agosto del 2018, que reproducimos aquí con la intención de abonar a los elementos del debate sobre la situación actual del INAH y sus trabajadores contratados.

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INAHLa Estructura Orgánica del INAH, según se mostraba en la página web de la Institución hasta mayo del presente año, se conforma por un total de 525 mandos medios (es decir, coordinadores nacionales, directores, subdirectores y jefes de departamento), que implican una erogación anual, únicamente por concepto de salarios (es decir, sin considerar aguinaldo ni otras prestaciones), de 167 millones de pesos.

La planta de investigadores de tiempo completo, es aproximadamente de 890, lo cual significa que por cada 5 investigadores, existen 3 mandos medios. Asimismo, esos mandos medios son auxiliados por una plantilla de aproximadamente 1,500 personas “eventuales” dedicadas a actividades administrativas, cuyos salarios oscilan entre 17 mil y 10 mil pesos mensuales, que anualmente implican un gasto de 243 millones de pesos, de tal manera que el costo anual del aparato burocrático – administrativo del INAH, tiene un costo aproximado de 410 millones de pesos, sólo en lo que a salarios se refiere, en tanto que el costo anual de salarios de 890 investigadores, es aproximadamente de 320.5 millones de pesos. Así, el costo del aparato burocrático es 22% mayor al de la actividad sustantiva básica, que es la investigación, pues es la que genera los elementos fundamentales que dan vida y sostienen a la Institución.

Al contrastar esta desproporcionada relación del aparato administrativo respecto a la actividad sustantiva de la investigación, emergen las mentiras y tergiversaciones emitidas por Diego Prieto en su “Balance de actividades 2017 – 2018″(sic), que se detallan a continuación:

1. Lo que en realidad debe cuestionarse, son las modalidades de contratación de los mandos medios; tales puestos corresponden a la figura de “personal de confianza”, y muchos son ocupados por investigadores; sin embargo, emerge una falta de apego a la normatividad vigente, que se traduce en formas de contratación irregulares, porque cuando esos puestos son ocupados por investigadores, perciben los salarios íntegros como tales, además de los llamados “sobresueldos” o “compensaciones” por la “carga administrativa”, que resultan ilegales, si nos atenemos a las Condiciones Generales de Trabajo, que son la norma interna en tales aspectos; ocurre en otros casos, que cuando esos investigadores que ocupan los puestos de confianza, no se les cubren sus salarios como personal de base, sino los correspondientes a personal de confianza. En ambos casos, cabe preguntarse en dónde queda y qué se hace con el dinero que no se ocupa cuando se aplica una o otra modalidad de contratación. Estrictamente hablando, si sobrevive una irregularidad grave en la forma de contratación, como afirma Diego Prieto, es en la estructura burocrática – administrativa, con mayor costo económico que en el área sustantiva de la investigación.

2. Por otra parte, el Artículo 2 de la Ley Orgánica del INAH establece que es una institución cuyos objetivos generales son:

“… la investigación científica sobre Antropología e Historia relacionada principalmente con la población del país y con la conservación y restauración del patrimonio cultural arqueológico e histórico, así como con el paleontológico; la protección, conservación, restauración y recuperación de ese patrimonio y la promoción y difusión de las materias y actividades que son de la competencia del Instituto.”

Son esas sus actividades sustantivas, de las cuales, como se dijo renglones antes, la de mayor relevancia es la investigación científica, pues es sólo mediante su desarrollo que se obtienen los elementos e información que aporta la materia de trabajo para las otras. En ese sentido, la principal preocupación de los funcionarios del INAH debiera ser la de propiciar las mejores condiciones materiales, laborales y administrativas para el óptimo desarrollo de la investigación científica. Sin embargo, lejos de eso, se ha relegado esta actividad a la más mínima y frágil subsistencia.

La investigación científica en el INAH, como en toda institución de igual responsabilidad, se estructura y planifica en función de proyectos específicos, acordes a la disciplina antropológica que los diseña y genera, en términos del problema de investigación, las bases teórico – metodológicas, los objetivos generales y particulares, los requerimientos humanos, materiales y financieros para su desarrollo y los resultados esperados, que necesariamente deben ser publicados y difundidos. De este modo, los recursos presupuestales implicados, se integran en el Capítulo 1000, en concordancia con lo establecido por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y a nivel interno se concentran en el llamado Sistema Institucional de Proyectos, el SIP.

Cuando Diego Prieto afirma la inexistencia “de un Capítulo 1000 de proyectos, que no existe en ninguna pública”, contradice los preceptos esenciales con los que el INAH, desde su creación, ha desarrollado la investigación científica. Tan así es, que, por ejemplo, existen las Disposiciones reglamentarias para la investigación arqueológica en México, en donde se establece que toda investigación en esta disciplina, debe estructurarse y administrarse en función del Capítulo 1000, como ha ocurrido siempre.

3. Si fuera cierta la afirmación de Diego Prieto, en cuanto a su preocupación de “rescatar” y mantener a salvo al INAH, su gestión debería enfocarse en la revitalización del área sustantiva de investigación, mediante la regularización laboral de su indispensable planta de investigadores contratados y migrar a los auxiliares administrativos al Capítulo 3000.

Con esto queremos decir que, lejos de vitorear la desaparición del Capítulo 1000 para los proyectos de investigación, este debería reestructurarse para recuperar a los investigadores contratados, y que esa desproporcionada cantidad de empleados administrativos, cuya presencia es útil, pero no indispensable, sea trasladada al Capítulo 3000; es decir, dada la actividad que desarrollan esos auxiliares administrativos, que no tiene las implicaciones ni exigencias determinadas en las leyes que establecen y dan razón de ser al INAH, son los que deberían ser contratados como prestadores de servicios, servicios que no requieren mayor preparación escolar; y prueba de ellos es que buena parte de esos auxiliares administrativos carecen de una formación universitaria.

En cambio, las áreas sustantivas, muy principalmente la investigación científica, implica que sus especialistas deben ser formados en las diversas disciplinas antropológicas y otras ciencias complementarias, mediante la transmisión de conocimiento en las escuelas del INAHy otras instituciones universitarias y no solamente en el grado académico de licenciaturas, sino cada vez más en maestrías y doctorados. Sin esa formación académica, la investigación científica resultaría inexistente en el INAH, pues se trata de la sustancia misma de la Institución.

4. Que Diego Prieto  incurre en la mentira y tergiversación de  los hechos, y en una clara falta de valor civil, se demuestra también por el hecho de que, desde enero de 2017, cuando estableció la expulsión de los investigadores contratados y los condenó a la humillante condición de “prestadores de servicios”, argumentó ante toda la comunidad de trabajadores del INAH, que la medida fue impuesta por la Secretaría de Hacienda; sin embargo, y contrario a ese discurso insistente, en su “balance” afirmó que esas medidas fueron establecidas en común acuerdo con la Secretaría de Hacienda. Es decir, que como siempre hemos insistido, esa fue decisión única de Diego Prieto, decisión que pregona como uno de los grandes logros de su gestión.

5. En conclusión, observamos con claridad y profunda preocupación, la estrategia de aniquilación de la actividad sustantiva de la investigación científica por Parte de Diego Prieto, y el reforzamiento a ultranza del aparato burocrático – administrativo en nuestra Institución. De ello se colige el discurso mentiroso y tergiversador de la real gestión de Diego Prieto y toda su plantilla de funcionarios, con la que se pone en grave peligro la propia existencia del INAH.

Los responsables directos de estos actos ilegales y de esta mentira con que se intenta ocultar la realidad, son, en primera instancia, aunque no nada más:

Diego Prieto, Director General; Aida Castilleja González, Secretaria Técnica; Maribel Nuñez Mora Fernández, Secretaria Administrativa; Emanuel Téllez Gaona, Coordinador Nacional de Recursos Materiales; David Honorio García Ávila, Coordinador Nacional de Recursos Financieros; Ma. Del Perpetuo Socorro Villarreal Escárcega, Coordinadora Nacional de Asuntos Jurídicos; Silvestre M. López Portillo Castillo, Coordinador Nacional de Obras y Proyectos; Eduardo Fernández Aspiri, Coordinador Nacional de Recursos Humanos.

CARTA DEL MOVIMIENTO 26 DE JULIO A ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR//

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Carta del “Movimiento 26 de Julio” de Profesores de Investigación Científica y Docencia Contratados del INAH, a la Opinión Pública. Documento entregado en la Casa de Transición de Andrés Manuel López Obrador por parte de los Investigadores del INAH @inah_academicos”.//

#INAHM26 #indocumentados #invisibles #contratados #INAH

Carta M26J 1Carta M26J 2

MANIFIESTO DEL MOVIMIENTO 26 DE JULIO DE LOS PROFESORES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DOCENCIA CONTRATADOS DEL INAH//

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1. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, sus responsabilidades nacionales y el personal de investigación, hoy.

Desde su fundación en el año 1939, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ha requerido, inevitablemente, de la contratación de personal de investigación científica y docencia para complementar el cuerpo de investigadores de base de tiempo completo dedicado al desarrollo de la actividad sustantiva fundamental, que es la investigación científica, que es la razón de ser de la Institución, en consonancia con lo establecido en el Artículo 2º de la Ley Orgánica del INAH, que la instaura como la entidad estatal que tiene como responsabilidad la investigación, conservación y difusión del patrimonio arqueológico e histórico y del proceso de desarrollo histórico-social de la nación, todo lo cual debe ser atendido a través de las especialidades en arqueología, antropología social, antropología física, etnología, etnohistoria, lingüística e historia.

Para cumplir con el cometido que la ley le impone, el INAH debe recurrir necesariamente a la contratación de investigadores, pues la planta de investigadores de base es y ha sido insuficiente.

Es así que, en el ámbito de la arqueología, el INAH cuenta con 350 investigadores de base, cantidad insuficiente frente a las más de 45 mil zonas arqueológicas que hasta el momento se han registrado en todo el territorio nacional, y requieren ser atendidas no sólo en términos de su investigación científica, sino también de la restauración, conservación, protección y divulgación de dichos bienes nacionales.

Por su parte, la investigación sobre el proceso del desarrollo histórico y social de la población indígena del país, conformada por 56 diferentes grupos étnico-lingüísticos (Pueblos Indios), que componen aproximadamente el 20% de la población nacional, se convierte en una problemática que rebasa de manera inconmensurable a los 300 antropólogos, etnólogos, etnohistoriadores y lingüistas de tiempo completo con base en el INAH.

En cuanto a la investigación de la Historia Nacional, el INAH cuenta apenas con cerca de 174 investigadores de base, con lo que es imposible atender y avanzar sustancialmente en tan vital tarea, a lo cual deben sumarse los más de 100 mil monumentos históricos involucrados en nuestro devenir como nación; y qué decir del análisis, catalogación, conservación y divulgación de la infinita cantidad de documentos históricos que poseen la información esencial que requieren ser procesados para develar los pormenores de la historia de México.

De este modo, para cumplir las obligaciones que al INAH le confieren las leyes en la materia, los más de 800 investigadores de base con que cuenta el INAH, se traducen en una cantidad a todas luces insuficiente, razón por la cual, la integración de investigadores contratados en los diversos proyectos de investigación científica, ha sido siempre una necesidad ineludible. Si bien es cierto que este desequilibrio entre las tareas que deben atenderse y la cantidad de investigadores que las desarrollan, se debe al escaso presupuesto que se le otorga anualmente al INAH, también es cierto que los funcionarios del INAH no han sido capaces de lograr el incremento anual, que permita contar paulatinamente con un número mayor de plazas de investigación científica de tiempo completo y con ello, mejorar la capacidad de respuesta del INAH, sobre el proceso de desarrollo histórico y los problemas económicos políticos y sociales que le son inherentes, y a los que el INAH debe ofrecer eventuales soluciones.

Ante la magnitud de esa tarea, los más de 800 investigadores de base con que cuenta el INAH, sólo pueden atenderla en un mínimo porcentaje. Así, el INAH debe acudir anualmente a la contratación eventual de más de 1200 investigadores que se integran a casi 400 proyectos de investigación en todos los campos de la antropología y la historia.

2. Caracterización del personal de investigación científica y docencia contratado del INAH.

Los 1200 investigadores que actualmente somos contratados por el INAH, desarrollamos nuestras actividades en condiciones de terrible precariedad laboral, económica, académica, y de seguridad física, debido a las siguientes razones:

a) Por el desarrollo de nuestras labores, sólo percibimos un salario que no siempre y no en todos los casos, corresponde al de nuestra capacidad académica y conocimientos especializados; es común que se nos contrate sin considerar la categoría académica que nos corresponde y se establece en las Condiciones Generales de Trabajo del INAH; ha ocurrido la contratación en calidad de “peones”, a varios compañeros arqueólogos.

b) El pago de nuestros salarios ocurre siempre con retrasos hasta de seis meses y en ocasiones con arbitrariedades como:
– No se paga en las cantidades estipuladas en nuestros contratos
– No se cubren todos los meses laborados
– Los horarios exceden las ocho horas diarias
– Cuando en nuestro periodo de contratación elaboramos dictámenes periciales, estamos obligados a continuar todo el proceso legal hasta su conclusión, lo cual ocurre mucho tiempo después del término de nuestro contrato, de manera que seguimos laborando sin percibir remuneración alguna, y realizando actos de autoridad.

c) Carecemos de toda prestación socioeconómica, excepto de la compensación anual o aguinaldo, y no siempre en la proporción que mandata la ley.

d) Carecemos de cualquier clase de seguridad, social, médica, de vida o accidentes, a los que estamos propensos en la medida que constantemente desarrollamos las actividades en zonas rurales, en ecosistemas poco favorables, y muchas veces en situaciones de alto riesgo debido a las actividades del crimen organizado.

e) Cuando debemos realizar las labores para las que somos contratados en lugares fuera de los centros de trabajo, es decir, “en el campo”, es común que no se nos otorguen viáticos, y a veces se nos obliga a cubrir nuestros propios gastos de sobrevivencia; y peor aún, a adquirir por cuenta propia las herramientas e instrumentos necesarios para el desarrollo de la investigación.

f) Debido a la condición de investigadores contratados, los mandos medios y administradores del INAH a menudo establecen con nosotros una relación laboral de maltrato, de burla, humillación e indiferencia, siempre con el visto bueno de los funcionarios de alto rango en el INAH. Ha ocurrido que algunas investigadoras contratadas se han visto expuestas a un aborrecible acoso sexual por parte de los titulares de algunos centros de trabajo.

A pesar de estas condiciones laborales, a la inmensa mayoría de los investigadores contratados se nos reconoce por poseer conocimiento especializado, capacidad y entereza para el desarrollo de nuestras actividades, por la lealtad y honestidad para con los titulares de los proyectos y para la institución misma. Un gran porcentaje de nosotros cuenta con artículos y libros publicados, impartimos cátedras en las diversas escuelas del INAH donde se forman los especialistas en todas las áreas de la antropología y la historia, así como en la conservación y restauración del patrimonio arqueológico e histórico. Es decir, que los investigadores contratados asumimos con toda responsabilidad y profesionalismo, gran parte de las labores en las áreas sustantivas del INAH; y en ese sentido, es preciso reconocer que muchos de nosotros realizamos nuestras tareas de manera más satisfactoria que como lo hacen muchos investigadores de base, y es común que nos desempeñemos como los responsables y coordinadores de proyectos de investigación.

La única posibilidad que tenemos de acceder a una plaza definitiva de tiempo completo, es la de esperar a que las plazas existentes se desocupen, ya sea por defunción o jubilación de los investigadores activos, y mediante concurso de oposición abierto. Esto significa que, para que los 1200 investigadores contratados podamos optar por una plaza, es esperar a que fallezcan o se jubilen los 800 investigadores activos, y aún así, tales plazas no serán suficientes, de manera que en el actual esquema presupuestal del INAH, muchos profesionales de la antropología y la historia, estamos condenados a jamás poder acceder a una plaza en el INAH.

3. …Y todavía, un mayor deterioro de la situación laboral.

En términos de la estructura administrativa del INAH, hasta el año 2016, los investigadores contratados estábamos incorporados a los proyectos de investigación mediante el denominado Capítulo 1000, es decir, como “Personal de carácter transitorio” y en la Partida 12201, que corresponde a los “Sueldos base al personal eventual”. Aunque bajo este régimen carecíamos de cualquier prestación socioeconómica y seguridad física y laboral, legalmente adquiríamos el carácter de personal del INAH, y manteníamos así vigente la condición legal para el desarrollo de las actividades de investigación científica, de acuerdo a como las establecen y exigen las leyes en la materia, entre ellas, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos (LFMZAAH), en sus Artículos 18, 30 y 32; la Ley General de Bienes Nacionales, en sus Artículos 4, 5, 6, 9, 11, 30 y 84.

Sin embargo, a partir del año 2017, el actual director general del INAH, Diego Prieto Hernández, en un acto incomprensible e injustificado, erradicó a los investigadores contratados del régimen de Personal de carácter transitorio (Capítulo 1000), y confinarnos en el Capítulo 3000, que corresponde a los “Prestadores de servicios”, Partida 33901 “Subcontratación de servicios con terceros”.

En términos estrictamente legales, este hecho constituye una flagrante violación al Artículo 30 de la LFMZAAH, según la cual, las labores de investigación científica, que en muchos casos constituyen actos de autoridad, sólo pueden ser realizadas por personal del INAH, de manera que la investigación, conservación y difusión del patrimonio arqueológico e histórico, que ahora realizamos, se torna en un potencial acto ilegal, por ser considerados “prestadores de servicios”, acto ilegal promovido por Diego Prieto y sus colaboradores.

Erradicar del Capítulo 1000 a los investigadores contratados, equivale, en términos jurídicos, a un despido injustificado e ilegal, puesto que fuimos borrados de la estructura académica y administrativa de la Institución, a pesar de que, al ubicarnos en el Capítulo 3000 para continuar realizando investigación científica, se evidencia que la materia de trabajo no sólo persiste, sino que es la razón, claramente imperiosa, de la necesidad de nuestra integración en las labores sustantivas del INAH. En sentido estricto, los investigadores contratados fuimos artera e ilegalmente despedidos por los actuales funcionarios del INAH.

Al ubicar a los investigadores contratados en el régimen de “prestadores de servicios”, se nos obliga a incorporarnos a regímenes fiscales que implican elevadas tributaciones que minan gravemente nuestra ya de por sí precaria percepción salarial. Adicionalmente, la retribución por el desempeño de nuestras labores es ahora más humillante, debido a que:

a) Los pagos se realizan con varios meses de retraso, e incluso al día de hoy (julio de 2018), buena cantidad de investigadores contratados no hemos recibido los pagos por las labores que hemos desarrollado desde el mes de enero. Por esta situación, varios de ellos optaron por la búsqueda de otros empleos, lo que significa que jamás percibirán los salarios devengados. Asimismo, los proyectos de investigación en los que participaban se han visto gravemente afectados, pues los investigadores de base, titulares de esos proyectos, no cuentan ahora con el suficiente personal para continuar las investigaciones programadas.

b) La irregularidad administrativa propiciada por Diego Prieto y los funcionarios del INAH, ha provocado muy diversas formas y esquemas de contratación o subcontratación; en algunos casos se nos obliga a firmar contratos pletóricos de obligaciones y carentes de cualquier derecho laboral y académico; muchos investigadores laboramos sin haber firmado contrato alguno, situación que nos coloca en la inminencia de la cancelación de nuestra participación en los proyectos en que nos desempeñamos. Cuando llegamos a firmar el contrato, jamás se nos entrega copia del mismo.

c) A veces, cuando los rescates y salvamentos arqueológicos se realizan mediante convenios con terceros, el INAH cede a las empresas responsables de la afectación de los predios, la contratación de los arqueólogos que realizarán la investigación, lo cual contradice la normatividad vigente en la materia, porque siendo una actividad sustantiva del INAH, la investigación arqueológica sólo puede realizarse por trabajadores del INAH, no por personal de las entidades privadas.

d) Inexplicablemente, a una gran cantidad de investigadores contratados, ya sea en el régimen de Capítulo 3000 o de “eventuales”, se nos obliga a firmar, junto con el contrato respectivo, una “carta de renuncia voluntaria”, que no sólo es ilegal, sino humillante.

e) Un amplio porcentaje de investigadores confinados en el Capítulo 3000, somos obligados, como condición para ser “subcontratados”, a presentar una fianza, y dos “cotizaciones” extras, de otros potenciales investigadores, para demostrar que nuestra propuesta es económicamente más asequible al “patrón”, es decir, al INAH. Ante esta inaceptable situación, los funcionarios del INAH argumentan que el procedimiento está “apegado a derecho” y a la normatividad emitida por la Secretaría de Hacienda. Quizás sea cierto, pero eso no implica que el acto se legítimo, porque en realidad los funcionarios del INAH son los causantes y promotores de esta terrible transformación de las relaciones de contratación de los investigadores.

Ante esta situación, los investigadores contratados del INAH, que constituimos el Movimiento 26 de Julio, junto con el Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del INAH emitimos la siguiente:

DECLARACIÓN

1. Los profesores de investigación científica y docencia contratados del INAH son un elemento sustantivo de la Institución y no meros “prestadores de servicios”, condición a la que les ha confinado en el esquema actual de precarización laboral, el cual se está imponiendo mecánicamente desde una visión basada en una profunda ignorancia respecto a la relevancia y la responsabilidad del INAH frente a la realidad nacional, que, además, le ha sido conferida por las leyes en la materia desde su fundación.

2. Por años, los profesores de investigación científica y docencia contratados del INAH, se han integrado a proyectos y equipos de trabajo en un proceso formativo esencial también para el INAH mismo, generador de saberes y acervos relevantes para la Institución. Sin embargo, ya por años también, en una inexcusable falta de ética, el INAH ha faltado a sus responsabilidades básicas como patrón, imponiendo a los profesores de investigación científica y docencia contratados, esquemas que eluden el acceso a la seguridad social y a otras prestaciones básicas de ley, pagando de manera irregular y tardía y además salarios sin incremento a lo largo de los años.

3. Este maltrato inobjetable mina el proceso formativo y la identificación con la Institución, pero además, opera contra la formación de equipos de trabajo, orillando a los profesionales formados por el mismo INAH, comprensiblemente, a abandonarlo. Se trata de cientos de investigadores jóvenes que a menudo demuestran en su desempeño, a pesar de dichas circunstancias, su compromiso y su capacidad. De ahí que se trate de una grave irresponsabilidad institucional el permitir e instrumentar su precarización laboral, validando sin cuestionar esquemas administrativos y recortes impuestos por otras dependencias federales, atentando así contra la misma Institución.

4. Estos esquemas actuales de “prestación de servicios”, mercantilizan y cosifican a la investigación, maltratando no sólo a los profesores de investigación científica y docencia contratados, sino al INAH mismo, al enajenar su materia de trabajo, delegándola a terceros, despatrimonializando a nuestra Institución y colocándola en una situación de dependencia.

5. Lo que se encuentra detrás de esta situación no remite solamente a meros mecanismos administrativos, como se ha querido plantear por parte de los funcionarios, sino a una pérdida de sentido respecto a la identidad, la trascendencia y el cometido institucional del INAH.

6. El confinamiento de los profesores de investigación científica y docencia contratados del INAH, al Capítulo 3000 equivale a un despido masivo, injustificado e ilegal, que viola, además, todas las leyes federales en materia de patrimonio arqueológico e histórico, y de la existencia misma del INAH.

7. El Movimiento 26 de Julio de los profesores de investigación científica y docencia contratados del INAH, al unísono con el Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del INAH, declaran su compromiso firme e inobjetable, de actuar por todos los medios y vías jurídicas, legales, políticas y civiles, siempre pacíficas, para lograr la completa transformación de su situación laboral y académica, en pro de los siguientes objetivos:

a) Erradicar inmediata y definitivamente el régimen de contratación por “Capítulo 3000” impuesto por los funcionarios del INAH.

b) Retornar al régimen de contratación en el Capítulo 1000, es decir, de “Personal de carácter transitorio” con el sueldo base al personal eventual.

c) Que el régimen de contratación de los profesores de investigación científica y docencia contratados, incluya todas las prestaciones socioeconómicas que se otorgan al personal de investigación científica y docencia de base en el INAH, y que estarán aplicándose mientras permanezca el tiempo de contratación establecido en los proyectos en que participan.

d) Trabajar de manera conjunta, para lograr que las instancias federales competentes otorguen al INAH el presupuesto necesario para incrementar paulatina, pero sustancialmente, la cantidad de plazas de tiempo completo de investigación científica y docencia, a modo que se dé la apertura para que en lo inmediato, se inicie la regularización laboral de los profesores de investigación científica y docencia contratados del INAH.

Estamos convencidos que la razón nos asiste.