#LasPrestadas: Los vicios del INAH

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Por Anónimo

Carta a Alejandra Frausto Guerrero,

Licenciada Alejandra, el que su nombre se haya manejado desde diciembre pasado debió ser motivo de gran alegría por el reconocimiento de sus capacidades y de su trayectoria profesional, pero sin duda encara una gran responsabilidad.

El domingo 15 de julio al consultar los medios de comunicación observé con gran asombro el nombre de los próximos posibles nombramientos de la Secretaria de Cultura, destacando entre ellos el de Diego Prieto para el INAH.

Para la ratificación del puesto de Prieto, seguramente se valió de la evaluación del actual desempeño.

Un servidor desde hace más de 7 años laboro en el INAH, mediante un régimen de Servicio Profesional de Carrera, procedimiento de contratación que fue un intento de democratizar y profesionalizar la Administración Pública Federal.

Sin embargo, el ánimo teórico se topó con los métodos arcaicos del INAH, por lo que un servidor tiene un diagnóstico de esta Institución, que aunque ha sido noble y generosa con parte de su personal, le debe mucho a la sociedad y está en deuda con las funciones rectoras.

Más allá del debilitamiento institucional por los embates neoliberales es indispensable mencionar la crisis interna que se vive en el INAH:

En una situación no convencional, en el Instituto se cuenta con personal de primera, segunda y tercera categoría; los de base sindicalizada, los mandos medios o confianza, y los compactados y de proyecto (muy abajo y dispar en cuanto prestaciones y estabilidad laboral) respectivamente. Y que sin duda, estos desequilibrios se traducen en deficiente operación institucional.

Alejandra, ¿sabía usted de los jugosos negocios de los boleteros y de las agencias turísticas? Así es, es un lucro recurrente y descarado con los acceso a zonas arqueológicas y museos. De esto constan denuncias de las que en esta y anteriores administraciones no ha pasado nada.

¿Sabía Usted de que sindicalizar la seguridad es un impedimento para la protección del patrimonio cultural? Así es, la falta de personal y las condiciones laborales cada vez merman la función.

¿Sabía Usted que miembros de la base ATM (administrativos, técnicos y manuales, hoy llamados Sindicato Nacional Democrático de los Trabajadores de la Secretaría de Cultura) han sido denunciados penal y administrativamente por los abusos y excesos para con el visitantes) Así es y esta y las anteriores administraciones han optado por reubicarlos sin sancionarlos o de plano ser omisos ante las faltas.

¿Sabía Usted de los reiterados malos tratos de servidores públicos sindicalizados hacia los visitantes de los espacios que resguarda el INAH, y que son la cara de la Institución? Así es, sin que haya Órgano Interno de Control o Función Pública que se atreva a tocarlos.

¿Sabía Usted de la falta de personal profesionista en las ramas de arquitectura y restauración para la atención de los miles de monumentos históricos del país? Así es, sin que esta o las anteriores administraciones hayan generado una plantilla laboral que afrente (sic) la urgencia.

¿Sabía Usted que hay un muy buen número de Profesores Investigadores que no asisten a laborar y que en años no han producido nada?

¿Sabía Usted del apoderamiento por parte de algunos arqueólogos de las Zonas Arqueológicas, donde se han posicionado como amos y señores de todos los recursos y que por cierto son ejercidos discrecionalmente?

¿Sabía Usted del uso totalmente discrecional del recurso público que ejercen las comisiones y órganos sindicales?

¿Sabía Usted del tráfico de influencias y el nepotismo en la contratación de personal de base?

¿Sabía Usted, y en contraste con lo anterior, que hay compañeros profesionistas que han durado hasta 6 meses o más para recibir su sueldo? ¿Sabía también de las condiciones laborales del personal compactado y de proyecto (hoy eventuales) y de las abismales diferencias en los esquemas de contratación?

Quizás sí sabia o conocía acerca de la respuesta de los anteriores cuestionamientos, ahora ¿cree Usted que Diego Prieto ahora sí podrá?

Por cierto, sabía Usted que Diego Prieto es juez y parte en cuanto a la dirección del personal y el otorgamiento de prestaciones y concesiones a los sindicatos. Así es, Diego Prieto es sindicalizado y hasta hoy pareciera que ha velado por sus intereses particulares en la Institución.

El primero de julio la ciudadanía fue tajante: ¡Cambio de Gobierno!

Andrés Manuel López Obrador dispuso: ¡No más Corrupción!

Entonces, y a sabiendas de todo lo anterior, por qué no fortalecer la Institución pilar de la Identidad Nacional.

Usted es inteligente y tendrá sus particulares razones para sus propuestas de nombramientos; sólo considere la oportunidad histórica de que ahora sí se hagan las cosas bien en el INAH.

¡Deseándole lo mejor para su gestión!

Un empleado consiente y preocupado por nuestra Institución, nuestro País y nuestro porvenir.

WORKSHOP: URBANISMO Y ARQUEOLOGÍA / ARK.

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Prácticamente tenemos listo nuestro próximo número de ARK MAGAZINE, dedicado como saben, a la (tensa) relación entre el urbanismo y la arqueología, particularmente en lo que se refiere a las zonas y sitios arqueológicos en interacción con los entornos urbanos a cualquier escala.

Pues bueno, como parte de este mismo impulso reflexivo, les anunciamos con enorme placer, que tendremos como actividad paralela a la presentación de la revista, nuestro primer WORKSHOP de ARK. Muy pronto les diremos los detalles para participar en esta dinámica, pero si son muy curiosos y no pueden esperar, escriban al correo que aparece en el cartel y serán seguramente los primeros en enterarse.//

#workshopbyark #arkmagazine

EL ENGROSAMIENTO DEL APARATO BUROCRÁTICO – ADMINISTRATIVO Y EL DECREMENTO DE LA INVESTIGACIÓN EN EL INAH//

Documento “El engrosamiento del aparato Burocrático-Administrativo y el decremento de la Investigación en el INAH”, presentado durante la Rueda de Prensa del 22 de agosto del 2018, que reproducimos aquí con la intención de abonar a los elementos del debate sobre la situación actual del INAH y sus trabajadores contratados.

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INAHLa Estructura Orgánica del INAH, según se mostraba en la página web de la Institución hasta mayo del presente año, se conforma por un total de 525 mandos medios (es decir, coordinadores nacionales, directores, subdirectores y jefes de departamento), que implican una erogación anual, únicamente por concepto de salarios (es decir, sin considerar aguinaldo ni otras prestaciones), de 167 millones de pesos.

La planta de investigadores de tiempo completo, es aproximadamente de 890, lo cual significa que por cada 5 investigadores, existen 3 mandos medios. Asimismo, esos mandos medios son auxiliados por una plantilla de aproximadamente 1,500 personas “eventuales” dedicadas a actividades administrativas, cuyos salarios oscilan entre 17 mil y 10 mil pesos mensuales, que anualmente implican un gasto de 243 millones de pesos, de tal manera que el costo anual del aparato burocrático – administrativo del INAH, tiene un costo aproximado de 410 millones de pesos, sólo en lo que a salarios se refiere, en tanto que el costo anual de salarios de 890 investigadores, es aproximadamente de 320.5 millones de pesos. Así, el costo del aparato burocrático es 22% mayor al de la actividad sustantiva básica, que es la investigación, pues es la que genera los elementos fundamentales que dan vida y sostienen a la Institución.

Al contrastar esta desproporcionada relación del aparato administrativo respecto a la actividad sustantiva de la investigación, emergen las mentiras y tergiversaciones emitidas por Diego Prieto en su “Balance de actividades 2017 – 2018″(sic), que se detallan a continuación:

1. Lo que en realidad debe cuestionarse, son las modalidades de contratación de los mandos medios; tales puestos corresponden a la figura de “personal de confianza”, y muchos son ocupados por investigadores; sin embargo, emerge una falta de apego a la normatividad vigente, que se traduce en formas de contratación irregulares, porque cuando esos puestos son ocupados por investigadores, perciben los salarios íntegros como tales, además de los llamados “sobresueldos” o “compensaciones” por la “carga administrativa”, que resultan ilegales, si nos atenemos a las Condiciones Generales de Trabajo, que son la norma interna en tales aspectos; ocurre en otros casos, que cuando esos investigadores que ocupan los puestos de confianza, no se les cubren sus salarios como personal de base, sino los correspondientes a personal de confianza. En ambos casos, cabe preguntarse en dónde queda y qué se hace con el dinero que no se ocupa cuando se aplica una o otra modalidad de contratación. Estrictamente hablando, si sobrevive una irregularidad grave en la forma de contratación, como afirma Diego Prieto, es en la estructura burocrática – administrativa, con mayor costo económico que en el área sustantiva de la investigación.

2. Por otra parte, el Artículo 2 de la Ley Orgánica del INAH establece que es una institución cuyos objetivos generales son:

“… la investigación científica sobre Antropología e Historia relacionada principalmente con la población del país y con la conservación y restauración del patrimonio cultural arqueológico e histórico, así como con el paleontológico; la protección, conservación, restauración y recuperación de ese patrimonio y la promoción y difusión de las materias y actividades que son de la competencia del Instituto.”

Son esas sus actividades sustantivas, de las cuales, como se dijo renglones antes, la de mayor relevancia es la investigación científica, pues es sólo mediante su desarrollo que se obtienen los elementos e información que aporta la materia de trabajo para las otras. En ese sentido, la principal preocupación de los funcionarios del INAH debiera ser la de propiciar las mejores condiciones materiales, laborales y administrativas para el óptimo desarrollo de la investigación científica. Sin embargo, lejos de eso, se ha relegado esta actividad a la más mínima y frágil subsistencia.

La investigación científica en el INAH, como en toda institución de igual responsabilidad, se estructura y planifica en función de proyectos específicos, acordes a la disciplina antropológica que los diseña y genera, en términos del problema de investigación, las bases teórico – metodológicas, los objetivos generales y particulares, los requerimientos humanos, materiales y financieros para su desarrollo y los resultados esperados, que necesariamente deben ser publicados y difundidos. De este modo, los recursos presupuestales implicados, se integran en el Capítulo 1000, en concordancia con lo establecido por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y a nivel interno se concentran en el llamado Sistema Institucional de Proyectos, el SIP.

Cuando Diego Prieto afirma la inexistencia “de un Capítulo 1000 de proyectos, que no existe en ninguna pública”, contradice los preceptos esenciales con los que el INAH, desde su creación, ha desarrollado la investigación científica. Tan así es, que, por ejemplo, existen las Disposiciones reglamentarias para la investigación arqueológica en México, en donde se establece que toda investigación en esta disciplina, debe estructurarse y administrarse en función del Capítulo 1000, como ha ocurrido siempre.

3. Si fuera cierta la afirmación de Diego Prieto, en cuanto a su preocupación de “rescatar” y mantener a salvo al INAH, su gestión debería enfocarse en la revitalización del área sustantiva de investigación, mediante la regularización laboral de su indispensable planta de investigadores contratados y migrar a los auxiliares administrativos al Capítulo 3000.

Con esto queremos decir que, lejos de vitorear la desaparición del Capítulo 1000 para los proyectos de investigación, este debería reestructurarse para recuperar a los investigadores contratados, y que esa desproporcionada cantidad de empleados administrativos, cuya presencia es útil, pero no indispensable, sea trasladada al Capítulo 3000; es decir, dada la actividad que desarrollan esos auxiliares administrativos, que no tiene las implicaciones ni exigencias determinadas en las leyes que establecen y dan razón de ser al INAH, son los que deberían ser contratados como prestadores de servicios, servicios que no requieren mayor preparación escolar; y prueba de ellos es que buena parte de esos auxiliares administrativos carecen de una formación universitaria.

En cambio, las áreas sustantivas, muy principalmente la investigación científica, implica que sus especialistas deben ser formados en las diversas disciplinas antropológicas y otras ciencias complementarias, mediante la transmisión de conocimiento en las escuelas del INAHy otras instituciones universitarias y no solamente en el grado académico de licenciaturas, sino cada vez más en maestrías y doctorados. Sin esa formación académica, la investigación científica resultaría inexistente en el INAH, pues se trata de la sustancia misma de la Institución.

4. Que Diego Prieto  incurre en la mentira y tergiversación de  los hechos, y en una clara falta de valor civil, se demuestra también por el hecho de que, desde enero de 2017, cuando estableció la expulsión de los investigadores contratados y los condenó a la humillante condición de “prestadores de servicios”, argumentó ante toda la comunidad de trabajadores del INAH, que la medida fue impuesta por la Secretaría de Hacienda; sin embargo, y contrario a ese discurso insistente, en su “balance” afirmó que esas medidas fueron establecidas en común acuerdo con la Secretaría de Hacienda. Es decir, que como siempre hemos insistido, esa fue decisión única de Diego Prieto, decisión que pregona como uno de los grandes logros de su gestión.

5. En conclusión, observamos con claridad y profunda preocupación, la estrategia de aniquilación de la actividad sustantiva de la investigación científica por Parte de Diego Prieto, y el reforzamiento a ultranza del aparato burocrático – administrativo en nuestra Institución. De ello se colige el discurso mentiroso y tergiversador de la real gestión de Diego Prieto y toda su plantilla de funcionarios, con la que se pone en grave peligro la propia existencia del INAH.

Los responsables directos de estos actos ilegales y de esta mentira con que se intenta ocultar la realidad, son, en primera instancia, aunque no nada más:

Diego Prieto, Director General; Aida Castilleja González, Secretaria Técnica; Maribel Nuñez Mora Fernández, Secretaria Administrativa; Emanuel Téllez Gaona, Coordinador Nacional de Recursos Materiales; David Honorio García Ávila, Coordinador Nacional de Recursos Financieros; Ma. Del Perpetuo Socorro Villarreal Escárcega, Coordinadora Nacional de Asuntos Jurídicos; Silvestre M. López Portillo Castillo, Coordinador Nacional de Obras y Proyectos; Eduardo Fernández Aspiri, Coordinador Nacional de Recursos Humanos.

#LasPrestadas: Leer la ciudad

Por Selene Velázquez

Es hora de ser conscientes de todo el patrimonio perdido en la ciudad de Monterrey, pero no quedarnos sólo en eso. Hay que observar, conservar, proteger y, sobre todo, usar la arquitectura que ya estaba aquí antes que nosotros.

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Foto: Hugo Rodríguez

Érase una vez una ciudad llena de montañas, con un río que la cruzaba, arroyos y ojos de agua; una ciudad llena de árboles, de construcciones de tierra con tiros de chimeneas y patios con naranjos, nogales y granadas.

Quien lea lo anterior podría imaginar esa descripción para lugares fantásticos del centro y sur del país, porque, suena a ensueño, ¿no? Pero la ciudad que describo está justo en el noreste agreste de México: Monterrey. Conste que no me lo invento: en los archivos históricos están las crónicas antiguas de la ciudad, hay todavía registros fotográficos de lo dicho y basta con preguntarles a nuestros padres o abuelos y nos contarán de una ciudad perdida, que ahora se encuentra ahogada prácticamente en cemento.

Con todo y que la modernidad, que a todos nos alcanza, ha cambiado drásticamente la cara de la ciudad, existen varias maneras de conocer y reconocer el Monterrey que existía antes de nosotros, (y no precisamente con el DeLorean). Llegamos entonces, al punto del que les vengo a platicar: el patrimonio arquitectónico de mi pueblo.

“¿Qué?”, me dirán ustedes. “¿Patrimonio arquitectónico en Monterrey?”

Y la respuesta es: ansina mero. Y no, no hablaré por millonésima vez del Obispado o de la Catedral, porque la ciudad está repleta de inmuebles con un alto valor histórico (o artístico, si queremos apegarnos a la Ley de Monumentos) de los que vale la pena hablar.

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Demolición en la calle Diego de Montemayor en el Centro de Monterrey / Foto: Cortesía

Pero entremos en materia. El pasado día 21 de marzo fueron demolidas dos propiedades contiguas en el centro de la ciudad (En la calle Diego de Montemayor entre Ruperto Martínez y Aramberri). Una de ellas, muy probablemente del siglo XIX, por sus características estilísticas ligadas a la arquitectura norestense: muros de sillares de caliche, cubiertas de terrado, dominando en la forma el macizo sobre el vano. La otra de mediados de la década de los cuarentas del siglo pasado, con formas orgánicas y rasgos de un Art Nouveau tardío. La construcción estaba elaborada con ladrillos de milpa (arcillas cocidas), con un domo de cristales de colores y ventanales completos. Las casas estaban íntegras.

Semanas atrás se había “corrido el rumor” que tirarían las construcciones (abandonadas por años), para hacer una clínica. En diferentes grupos de Facebook se pedía ayuda para detener lo que parecía inminente, pero poco se podía hacer siendo propiedad privada. Quien les escribe por acá incluso hizo un video con motivo de la quinta edición del Día del Patrimonio de Nuevo León para subirlo al Facebook de Restāurika, empresa en la que trabajo en la conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural, sobre todo, del noreste.

El miércoles 21 de marzo, por la mañana, el ruido de la retroexcavadora sonó fuerte. La demolición había comenzado.

Cerca de las cuatro de la tarde, después de una denuncia ciudadana, el personal que labora en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, delegación Nuevo León, se enteró de las demoliciones y fueron a parar las obras. El daño estaba hecho. Cerca del 60 por ciento de la construcción del siglo XX estaba desecha, y habían demolido un 40 por ciento del inmueble de tierra del siglo XIX. A la par de los trabajadores del INAH llegó prensa a cubrir el hecho. Habían demolido pero paraban las obras.

Día 22 de marzo. Sellos de clausura por parte del Instituto, construcciones hechas polvo y una nota en el periódico El Norte: “Detienen demolición de casonas antiguas”. En el artículo hay más de 50 comentarios, algo realmente impresionante para una nota del ámbito cultural en Monterrey, y en Facebook, llegamos a contar más de mil reacciones en distintos foros: algunas personas pedían que se demoliera todo lo viejo y abandonado y se diera paso a la modernidad (“Eso es patrimonio, pero de los dueños, que ya las tiren, eran un peligro”. “Estaban todas abandonadas y sucias”. “¿Históricos unos ladrillos? Que tiren todo”.) Por suerte eran los menos. Muchos más se sentían desolados ya que una de las construcciones, la de los años cuarenta, era la casa de sus sueños: “Solía pasar ahí a diario solo para verla”. “Siempre imaginé que ahí vivían duendes, desde niña”. “Soñaba con un día comprarla y vivir ahí”. “Era la casa de mis sueños y ahora, esos sueños son polvo”. “Pero si tenía un gran potencial, ¿cómo la tiraron?”. Son algunos de los cientos de comentarios lamentando la destrucción.

Cuando el INAH llegó a parar la obra, (que por cierto, no contaba con autorizaciones del Instituto para alguna demolición) los trabajadores tenían una hoja de Protección Civil en donde “recomendaban” la demolición inmediata de las casonas por estar en mal estado. Sin embargo, algunos ciudadanos subieron fotografías recientes del interior y exterior de las propiedades a las redes sociales: las construcciones no tenían un solo rastro de posible colapso, estaban en perfectas condiciones; sucias, sí, pero incluso con mobiliario de la década de los cincuenta en su interior. Nadie corría riesgo alguno.

¿Qué pasó entonces? ¿Por qué Protección Civil dio una carta “autorizando” demoliciones sin un dictamen preliminar avalado por arquitectos restauradores o estructuristas que conozcan de los sistemas tradicionales? ¿Quién autorizó qué? ¿Cuáles son los nombres de los dueños? ¿En dónde estaba el municipio de Monterrey y por qué no fue a parar la obra? ¿Después de la demolición existirá un castigo ejemplar por parte de la federación para quien demolió?

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Demolición en la calle Diego de Montemayor en el Centro de Monterrey / Foto: Selene Velázquez

No tenemos respuestas aún para ninguna de las preguntas que desde aquí formulamos. Sin embargo, hay algo muy rescatable en esta crónica de demoliciones: la acción y movilización ciudadana. Años atrás, la demolición de bienes inmuebles de estas características no hubiera sido motivo de discusión o asombro. Hoy, con todo y que se ha perdido muchísimo del patrimonio arquitectónico, en este caso de los regiomontanos, ellos mismos son los que dicen: ya basta. Cabe recordar otro caso muy movido en las redes sociales, en donde también por una denuncia ciudadana, el INAH se enteró que estaban demoliendo una casona de su catálogo.

Es hora de ser conscientes de todo el patrimonio perdido, pero es también hora de no quedarnos ahí, de observar, conservar proteger y, sobre todo, usar la arquitectura que ya estaba aquí.

Bien valdría la pena reconfigurar la protección de inmuebles patrimoniales, como en la ciudad de Monterrey, en donde existen muchos ejemplos de arquitectura de tierra (léase sillar de caliche o adobes, o de ladrillo de milpa con cubiertas como el terrado, de vigas y láminas) y dejar de hablar de fechas, que si corresponde al INAH, que si corresponde al INBA. Debemos de hablar de la permanencia de los sistemas constructivos tradicionales de una región, y sobre todo entenderlos, ya que nos hablan de nuestros antepasados, de quienes estuvieron aquí antes que nosotros, de quienes supieron entender un contexto complicado y aun así, le sacaron todo el provecho posible. Esta arquitectura nos habla de una forma de vivir más amigable con el medio ambiente y nos habla también de un pasado que se nos está yendo como agua. Los inmuebles son documentos, que si sabemos leerlos, nos contarán la maravillosa historia de la ciudad que habitamos.

Posdata: Mientras termino de escribir, sucedió algo histórico en Nuevo León. Se ha aprobado la propuesta de un fideicomiso para la conservación del Patrimonio Cultural del estado, gracias a Carmen Junco, quien fuera presidenta del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (Conarte), una de las personas más comprometidas en el ámbito de la conservación y rescate del patrimonio norestense. Acá la liga de Milenio Monterrey.

Fuente: “La zona sucia” http://www.lazonasucia.com/2018/03/26/leer-la-ciudad/

#LasPrestadas: El Albarradón Prehispánico de Ecatepec, en defensa por la sociedad civil y su destrucción por el Gobierno y los empresarios privados.

Por José Manuel Marmolejo Delgado

Como todos sabemos la Ciudad de México Tenochtitlán fue edificada en un islote en medio del enorme Lago de Texcoco, cuya cuenca abarcaba desde Tlahuac-Xochimilco, hasta Xaltocan-Zumpango y desde Texcoco, hasta las laderas poniente del actual Valle de México.

Nuestros antepasados precuauhtémicos, evitaron las inundaciones de la Ciudad de México Tenochtitlán y de otras poblaciones ribereñas, por medio de un sistema de diques en la región lacustre.

Esta ingeniería hidrológica de avanzadísima tecnología, permitió el florecimiento de la cultura y de la vida humana en el Anáhuac y en lo que hoy conocemos como la Cuenca del Valle de México. Se componía de veintiséis albarradas aproximadamente, de las cuales, México hasta la fecha, cuenta con un último vestigio, el cual es de la mayor importancia: el Albarradón de Acalhuacan Ecatepec, mismo que debe ser elevado al rango de Patrimonio de la Humanidad, tal como recientemente se logró con el Acueducto del Padre Tembleque.

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El día 7 de marzo de 2001, fue emitido el Decreto Presidencial que declaró al Albarradón de San Cristóbal como Zona de Monumentos Históricos, documento publicado en el Diario Oficial de la Federación a los dos días de su proclama, con lo cual el Albarradón quedó protegido por la Ley Federal de Monumentos Históricos.

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El Albarradón de Ecatepec, es un monumento histórico nacional, debido a que, de acuerdo a la Ley en la materia, es de origen colonial. Esta Ley establece que las construcciones hechas de 1521 a 1900, son monumentos coloniales y las anteriores a la Conquista, son monumentos arqueológicos. Sin embargo existen registros del origen prehispánico del Albarradón de Ecatepec, que es representado en el Códice Xólotl, del Siglo XII, como una canoa que cruza el Lago de Texcoco del cerro del Ehécatl al de Chiconautlan, imagen que contiene la marca de unos pies descalzos, cuyo significado es que se trata de un camino.

Diversos arqueólogos sostienen que este monumento es pre americano (sic), existiendo una fuerte polémica entre los especialistas, ya que algunos de ellos, -más cercanos al oficialismo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)- son opuestos a la tesis del origen precuauhtémico y otros afirman, incluso que se trata del Albarradón de Nezahualcóyotl.

Para nosotros, que somos la sociedad ecatepeca, no hay duda del origen indígena del Albarradón y de que los españoles dieron continuidad a las técnicas indígenas en la edificación colonial del dique. Toda la concepción constructiva del Albarradón, es precortesiana y se empleó en su edificación, mano de obra indígena en un cien por ciento. La reconstrucción colonial se basó en la explotación del trabajo autóctono, ocasionando el derramamiento de sangre, el sufrimiento e incluso la muerte de muchos obreros de la construcción, tal como lo narra con toda certeza el oidor Alonso de Zorita.

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El Monumento Histórico Albarradón de Ecatepec -que debería haber sido preservado por los mexicanos, tal como los romanos protegen la Vía Apia y los chinos su Muralla- ha sobrevivido en el más irresponsable de los descuidos, no sólo por parte de la sociedad, que no lo ha sabido apreciar, sino también por los gobiernos que han evadido su obligación legal de protegerlo, así como de los empresarios y políticos que han adquirido lotes anexos al Monumento y con su actividad lo han ido destruyendo.

(Memorial de agravios)

El Albarradón de Ecatepec, con la complicidad de los diferentes ámbitos de gobierno, tanto municipales, como estatales y el federal, ha sufrido enormes daños, de los que hacemos breve reseña:

A nuestro dique le fue derrumbada parte de su estructura con la construcción de la Autopista a Pachuca en los años sesenta del siglo pasado y más recientemente el Gobierno Federal destruyó sus contrafuertes, con la ampliación de esta vialidad a la altura de la Av. Revolución en Ecatepec.

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En el año 2005, el INAH, en reunión con la sociedad ecatepense en la Casa de Morelos, aseguró que no cedería un sólo centímetro del dique al Circuito Exterior Mexiquense, pero contraviniendo este compromiso, dicho Instituto autorizó el derribo de 200 metros de la barda colonial del Albarradón, para construir los accesos a la caseta de cobro de dicha autopista, que es de propiedad española. Con motivo de esa misma obra, el nuevo extremo cercenado del Albarradón fue encapsulado inexplicable y brutalmente con cemento.

Cuando los integrantes de Amigos del Albarradón A. C., exigimos al Centro INAH, Estado de México, que detuviera este atentado, su Delegada, la Arqueóloga Teresa García García, respondió por escrito que nuestra Asociación no tenía por qué cuestionar al INAH, ni dicho Instituto por qué respondernos. Aseguró que ese tramo del Albarradón era un agregado de los años sesenta del siglo pasado. Le exigimos a Teresa García que nos demostrara su dicho, respuesta que nunca nos dio, pues evidentemente es falsa.

Esa actitud de la Arqueóloga Teresa García García, pone evidencia que para la burocracia del INAH, el pueblo es estúpido, ignorante y crédulo. Qué equivocados están. El INAH, para desgracia de todos los mexicanos, se ha convertido en el enemigo público número uno de los monumentos históricos del país y del Patrimonio Cultural de México, pues su burocracia, -integrada por arqueólogos, antropólogos, abogados y arquitectos- se ha dedicado a corromperse, otorgando licencias a particulares, para que hagan construcciones encima del Patrimonio Histórico del país, aprovechando la laxitud de la Ley, que autoriza a esa institución -que debería ser garante de la riqueza cultural de la nación- a dar dichos permisos, a cambio ¿de qué? Tales son los casos de los arqueólogos Ricardo Jaramillo Luque, Delegado del INAH en el Estado de México y Raúl García Chávez, responsable de proteger el Albarradón de Ecatepec.

Ambos otorgaron la licencia para que se construyera el Mexibús dentro de la zona protegida por la Ley, como Zona de Monumentos Históricos y de hacerlo correr a metro y medio del Albarradón, además de que permitieron que se construyera una barda de concreto armado que corre paralelamente al Albarradón, impidiendo su visibilidad en un noventa por ciento, creando un hueco entre el Monumento y la nueva muralla, que no sólo se convertirá en basurero y represa para que ahí se acumule en agua de lluvia, que dañará al Albarradón, sino que también imposibilitará la investigación arqueológica futura en torno a nuestro Monumento.

¿Por qué se obstinaron en pegar el Mexibús al Albarradón, si lo pueden hacer circular por el Par Vial, o pegado a la barda de los Héroes, a treinta metros de distancia?

Pudo más, en Jaramillo y en García Chávez, la presión de la empresa privada constructora del Mexibús, que el complimietno de su obligación, como arqueólogos y como funcionarios públicos del INAH, de proteger el Patrimonio Cultural de México.

Nuestras asociaciones, Centro de Estudios Mesoamericanos y Amigos del Albarradón, con toda oportunidad y de acuerdo a los mecanismos legales, en repetidas ocasiones solicitamos al INAH, al Gobierno del Estado de México y al Gobierno Federal, la modificación de la ruta del Mexibús, para no lesionar el Monumento, pero las autoridades han puesto oídos sordos. La realidad es que con el tiempo tienen planeado construir una nueva vialidad entre el Mexibús y el actual trotadero y ciclopista, que dé servicio a los nuevos fraccionamientos, con los que se está destruyendo toda la zona agrícola y ecológica entre Ecatepec y Pachuca.

Puede más el poder de los fraccionadores, que la defensa del Patrimonio Cultural de México.

La ICA, empresa contratista del Circuito Exterior Mexiquense, a mediados de la década pasada, destruyó todo el piso original colonial del Camino Real a San Cristóbal, detrás de la Casa de Morelos -calzada que forma parte del Albarradón de Ecatepec- al pasar sus camiones pesados encima del Monumento y sobre el Puente Compuerta de San Cristóbal. En esa época los transportes de esa empresa privada entraban a la Casa de Morelos -museo que está a cargo del INAH- a dejar material de construcción y pasto en rollo, a cambio ¿de qué? Pues, evidentemente a cambio de mordidas y de vender el Patrimonio Histórico de México. Se llegó al extremo de que los albañiles de esa empresa abrieran un boquete en la pared del Albarradón, para poder pasar a efectuar compras en la tienda ubicada del otro lado de donde estos individuos estaban laborando. El INAH, nunca hizo nada para detener esta destrucción.

En ese mismo sitio, dentro de la Zona de Monumentos Históricos de Ecatepec la empresa española, dueña del Circuito Exterior Mexiquense, ubicó su estacionamiento de camiones y equipo pesado de trabajo, ocasionando daños irreversibles al lugar.

Entre el Puente Compuerta de San Cristóbal, la Capilla Colonial de San Juan, la Casa de Morelos y el Puente de Fierro, estuvo instalada una bodega de desechos industriales, que además de dar muy mal aspecto a la Zona de Monumentos, constantemente tiraba la barda del Albarradón, con sus grúas y montacargas. Además esos desechos se incendian con frecuencia.

El legendario Puente Compuerta de San Cristóbal, otro orgullo del municipio -y que podemos admirar en múltiples fotografías antiguas y en la película El Rayo del Sur, filmada en el año 1946-, es un basurero, en el cual crece la hierba silvestre y estuvo invadido por una familia como su irregular asentamiento.

El INAH, dio ilegalmente licencia para que la empresa española concesionaria del Circuito Exterior Mexiquense, instalara su caseta de cobro encima de los basamentos de viviendas, cementerios y de dos temazcales prehispánicos.

El Gobierno Municipal de Ecatepec, durante la administración 2000-2003, cuyo titular era el alcalde Agustín Hernández Pastrana, instaló el estacionamiento de camiones recolectores de basura, encima de la zona prehispánica de Acalhuacan, (lugar donde tienen sus canoas), destruyendo todos los vestigios existentes en el área, pues con sus trascabos extrajeron y aplanaron la tierra, llevándosela a tirar como relleno en otro lugar.

La empresa fraccionadora Grupo Sadasi, destruyó, con el aval del INAH, cerca de cien metros del Albarradón para abrir la Av. Primero de Mayo, que da entrada a las gigantescas secciones del desarrollo urbano, denominado Los Héroes de Ecatepec y de Tecamac, así como La Guadalupana.

El Puente Compuerta de San Juan, -ubicado junto al Puente de Fierro- fue derribado por un vehículo pesado y el INAH, en lugar de restaurarlo, sólo lo cubrió de cal. También, este monumento es ocupado como sitio de taxis y sus operadores suben sus automóviles al túnel colonial, afectándolo gravemente.

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El INAH ha permitido toda una serie de violaciones a la Ley de Monumentos Históricos y al decreto presidencial del 7 de marzo del 2001, al negarse a actuar en consecuencia por las afectaciones que varias empresas particulares han hecho al Albarradón de Ecatepec y a su Zona de Monumentos Históricos, tal como es el caso de la propiedad, -colindante al monumento-, perteneciente al ex diputado local por el PRI, Marco Antonio Gutiérrez, apodado “el Manotas”, que de manera ilegal ha hecho perforaciones en la zona y renta en comodato el terreno a diversas empresas, como fue el caso de la compañía vendedora de automóviles usados Rodríguez, que rellenó con cascajo la Zona de Monumentos y derribó la barda superior poniente del Albarradón, mezclando la piedra original con el cascajo, con el objetivo de abrir la vista hacia su sala de exhibición.

El INAH ha permitido la colocación, -prohibida por la Ley en las Zonas de Monumentos- de toda una serie de anuncios espectaculares, incluyendo tres electrónicos, colocados exactamente en la boca de la entrada del túnel de San Juan.

En el año 2001, el Gobierno Municipal de Ecatepec, dio inicio a los trabajos para la presunta ampliación de la Antigua Carretera a Pachuca, a la altura de la colonia Izcalli Jardines, dentro de la Zona de Monumentos Históricos Albarradón de Ecatepec. Con sus palas mecánicas y trascabos, dicho gobierno golpeó la piedra histórica del monumento, fracturándola y ocasionándole graves daños. Así mismo, trasladaron una gran cantidad de piedra del monumento a otro sitio.

El INAH permitió todo tipo de pintas publicitarias en las paredes del Albarradón y en las bardas de las propiedades colindantes, también prohibidas por la Ley de Monumentos Históricos.

A lo largo del todo el Albarradón de Ecatepec -erróneamente destinado a ser carretera de vehículos pesados en 1925, por gobiernos insensibles como el de Plutarco Elías Calles, fundador del PRI, basándose en el hecho de que fue camino peatonal precolombino y para carretas en la Nueva España- constantemente se han registrado colisiones de automotores contra los muros de piedra del monumento histórico, sin que el INAH se ocupara de efectuar las restauraciones que el más elemental respeto a la Ley y al pasado histórico del país determinarían.

No se ha respetado el Decreto Presidencial del 2001, que establece legalmente quince metros de protección al Albarradón de Ecatepec a partir del eje de la carretera, e incluso hasta de treinta y cinco metros a los largo del Acueducto México Chiconautlan. En el terreno que da inicio en la avenida Primero de Mayo y termina hasta el actual trotadero, en el kilómetro 24 de la antigua Carretera a Pachuca, se edificaron diversas construcciones que no respetan esa distancia marcada por el Decreto Presidencial y que son propiedad del político.

En los años sesenta del siglo XX, la ignorancia y desdén hacia el pasado glorioso de la Patria, sobre todo de la Patria indígena, se permitió el derribo del muro superior oriente del Albarradón y de sus contrafuertes para ampliar el espacio de circulación vehicular de la Carretera Federal de Pachuca, ¿Cómo fue posible éste acto de destrucción, si en esa época, igual que en la actual, existía suficiente espacio para liberar de la circulación al Albarradón de Ecatepec y sustituir el tramo Puente de Fierro Venta de Carpio, con un libramiento que corriera paralelamente a lo que actualmente son las autopistas a Pachuca y a las Pirámides? Con esa misma actitud de irrespeto al pasado prehispánico y colonial, en los años sesenta fue derribada la Capilla Puente Compuerta de San Bartolomé y taponeadas las entradas de sus tres túneles, mismos que fueron atravesados por tuberías metálicas.

A principios de la década pasada, el Gobierno del Estado de México amplió la carretera federal a Pachuca, en su tramo Palomas –Venta de Carpio, sobre la Zona de Monumentos Históricos Albarradón de Ecatepec, construyendo una guarnición de concreto y una rampa sobre la estructura del Monumento. Posteriormente abrió una nueva rampa sobre el monumento. El impacto de los vehículos pesados, al bajar del Albarradón hacia la nueva vialidad, provocó que la estructura de los edificios adyacentes quedara cuarteada.

En el año 2009, el INAH dio licencia para que sobre el Albarradón de Ecatepec, en el tramo que comprende del Puente Compuerta de San Bartolomé o Chiconautla a Venta de Carpio, sobre el Albarradón se construyeran los carriles del Mexibús que corre del Metro Ciudad Azteca a Tecámac, lo que ocasionó graves daños a la estructura colonial del Albarradón, como fue el colapso de la única pared que quedaba de dicho puente, la cual está sujetada con una estructura de metal para evitar su caída. Gracias a la denuncia de nuestras asociaciones, el INAH intervino suspendiendo temporalmente la obra, realizando algunos trabajos de excavación, para luego otorgar las licencias que permitieron usar el Albarradón como carril doble del Mexibús.

Albarradón 6

En el año 2012, el Gobierno del Estado de México inició la construcción del Par Vial, cuya finalidad era crear un camino alterno al Albarradón de Ecatepec, para disminuir los embotellamientos vehiculares ocasionados por el desarrollo urbano inmoderado en la zona. Para dar paso a esa obra, se amplió la avenida Primero de Mayo y a pesar de la experiencia anterior de que ahí se encontraba la estructura del Albarradón, los constructores ocasionaron nuevos derribos al golpearla con su maquinaria. El INAH, momentáneamente suspendió la obra e hizo algunos trabajos de investigación, pero finalmente otorgó la licencia correspondiente para su continuación.

(Situación actual)

A finales del año 2014, el Gobierno del Estado de México y una empresa privada, iniciaron la construcción de la línea del Mexibús Indios Verdes – Tecámac, sobre la Zona de Monumentos Históricos del Albarradón de Ecatepec, a metro y medio de distancia de la estructura del dique colonial, sin el permiso del INAH. Cuando nuestras asociaciones reportaron al INAH, que se efectuaban esos trabajos prohibidos por la Ley, dicho Instituto intervino, sin suspender la obra y solamente realizó estudios en el área, mediante diversas excavaciones y pozos de aproximación. En los trabajos de formación de los carriles del Mexibús, la empresa constructora empleó maquinaria pesada, con el consiguiente daño que esto origina a la estructura de los muros de la albarrada.

El Centro de Estudio Mesoamericanos y Amigos del Albarradón, hemos planteado al Gobierno Federal, al Gobierno del Estado de México y al propio INAH, diversas alternativas de ruta para esa línea del Mexibús, evitando que pase sobre la Zona de Monumentos Históricos y dañe al Albarradón.

La principal opción es que el Mexibús circule por la obra inconclusa denominada Par Vial, bajo las siguientes consideraciones:

A) No se afectaría el Patrimonio Histórico de la Nación.

B) El Par Vial, se encuentra – en su zona más alejada- a tan solo cuatrocientos metros del sitio en donde se pretende construir el paso del Mexibús y ya a la altura de la avenida Palomas, a sólo cuarenta metros, disminuyendo esa distancia hasta veinte metros en Venta de Carpio.

C) El nuevo derrotero del Mexibús, daría servicio a los habitantes de las colonias Ruiz Cortines, en el paradero Casa de Morelos y Puente de Fierro; Izcalli Jardines y la Veleta, en la parada de Las Palomas, pero su cobertura se ampliaría sustancialmente al cruzar sobre múltiples secciones habitacionales de las colonias denominadas Los Héroes, además de la colonia La Guadalupana. Estas pobladísimas comunidades no serían atendidas por el Mexibús, si se insiste en hacerlo circular por el Albarradón de Ecatepec.

D) Se concluiría la construcción del Par Vial -sin desviarlo hacia el Albarradón- hasta Venta de Carpio, donde el Mexibús procedente de Indios Verdes, entroncaría sobre el ramal ya existente que corre por la Carretera Federal a Pachuca.

En la actualidad el Par Vial es tierra de nadie y se ha convertido por su aislamiento en una zona de altísimo peligro para la seguridad de los ciudadanos, por lo que su empleo como carril del Mexibús, cambiaría diametralmente su actual condición.

La construcción del Mexibús a metro y medio de distancia del Albarradón, a lo largo de tres kilómetros, dañaría definitivamente este Monumento Histórico con el paso de camiones y con la construcción de sus estaciones. Parte de su estructura, como la colindante al Puente Compuerta de Cristo Rey, quedaría enterrada debajo de los carriles y estaciones del Mexibús.

La construcción del Mexibús en la Zona de Monumentos Históricos Albarradón de Ecatepec, acabaría para siempre con la posibilidad de realizar nuevas investigaciones en el área y con el objetivo final que debe ser el rescate pleno del Monumento, en toda su grandiosidad, su exhibición pública y turística, como muestra del alto desarrollo de la Ingeniería Hidráulica Prehispánica y su influencia determinante en la hidráulica colonial.

Con la construcción del Mexibús en ese espacio, se eliminaría en su totalidad la posibilidad de restaurar a plenitud el Monumento y la alternativa racional de elevarlo a Patrimonio de la Humanidad.

Lamentablemente esos actos brutales de arrasar con nuestros vestigios, no son producto de una visión corta del pasado. No. Esta actitud de irrespeto a nuestra historia se da en el presente, dentro del más abyecto esquema de desarrollismo neoliberal, que privilegia el frío negocio y el lucro multimillonario de los fraccionadores urbanos, verdaderos ecocidas y destructores de la historia.

Pero lo más grave es que estos hechos, producto de la incivilidad, son respaldados e impulsados por los diferentes gobiernos, que se han constituido en cómplices en las actividades criminales de las empresas constructoras.

Específicamente nos referimos al Gobierno del Estado de México, que actualmente es encabezado por Eruviel Ávila Villegas, que en estos momentos está destruyendo el Albarradón de Ecatepec, edificando sobre su estructura y sobre su Zona de Monumentos Históricos, protegida por la Ley y por el Decreto Presidencial de 7 de marzo del 2001 y, todo ello con la licencia del INAH.

El Mexibús, dará servicio a millones de habitantes de los nuevos asentamientos, que los desarrolladores urbanos y las grandes firmas comerciales extranjeras y mexicanas han construido en las áreas agrícolas que en gran parte pertenecen a la región lacustre de Xaltocan y que deberían ser preservadas ya, como zonas de reserva ecológica de los estados de México e Hidalgo.

En este país, al parecer no hemos entendido las lecciones ni del pasado ni del presente, que se han manifestado en trágicas hecatombes humanas por el daño a la naturaleza que el crecimiento demográfico y urbano ha ocasionado. Esas lecciones no entendidas, son las inundaciones, desgajamiento de cerros, desbordamiento del cauce de los ríos y canales de aguas negras, que están matando toda la vida.

La intención de contribuir a revertir el Calentamiento Global del Planeta y el Cambio Climático, sólo es mera palabrería del Gobierno mexicano y de gobiernos locales -en los cuales las decisiones las toman los fraccionadores- como es el del señor Eruviel Ávila. Por un lado, los gobernantes, asisten a los foros internacionales a lanzar discursos ecologistas, pero en los hechos, diariamente están asesinando a la naturaleza. Hemos llegado al grado de que en un sólo acto, los gobiernos, dominados plenamente por los empresarios, como es el caso del Gobierno de Peña Nieto, destruyen conjuntamente naturaleza e historia, tal como ocurre en el área del Albarradón.

El Centro de Estudios Mesoamericanos, A. C. y Amigos del Albarradón, A. C. siempre hemos propuesto que el tramo Puente de Fierro Venta de Carpio del Albarradón de Ecatepec, debe ser librado del tráfico vehicular, ya que como vialidad resulta obsoleta su estructura diseñada para paso de peatones, caballos y carretas.

Las opciones para suplir este trecho del antiguo Albarradón, como vialidad, son por los menos dos:

1) Recorrer las casetas de cobro de las autopistas México Pirámides y México Pachuca, fuera del área urbana, para que por estos caminos circule libremente el tráfico vehicular, que actualmente lo hace por el Albarradón de Ecatepec y …

2) Construir nuevas vialidades libres de dos o tres carriles, paralelamente a las autopistas México-Pirámides y México-Pachuca.

Estas dos alternativas resolverían definitivamente el problema de los congestionamientos viales en esta región del Estado de México, sin continuar dañando nuestro patrimonio cultural.

(Conclusiones)

Por último, queremos decirles a todos ustedes, queridas amigas y amigos, que contamos con las pruebas irrefutables de que el Albarradón de Ecatepec es de origen prehispánico, reconstruido en la época colonial.

Los arqueólogos del INAH, que actualmente realizan trabajos de investigación y restauración del Albarradón de Ecatepec, niegan ese origen prehispánico, porque si lo reconocieran, se les dificultaría el burlar a la opinión pública y a los expertos.

Negar el origen prehispánico del Albarradón, facilita a los mercenarios del INAH, como los arqueólogos García Chávez y Jaramillo, el otorgar las licencias para la destrucción del Albarradón de Ecatepec.

Finalmente, amigos de la izquierda, miembros de la prensa, público en general, les pedimos, de acuerdo a su conciencia, que se sumen a la lucha en defensa del Albarradón de Ecatepec y de su Zona de Monumentos Históricos, que hagan suyos nuestros planteamientos, porque la lucha de la izquierda no puede seguir siendo sólo por los servicios públicos, o por la obtención de un empleo y de un ingreso mediante la militancia partidista. No.

Debemos entender que la única forma de transformar a nuestro país y al mundo, es por medio de la cultura y el desarrollo de la ciencia.

El derecho a la cultura es un derecho humano establecido por las leyes mexicanas y el hecho de que el mal gobierno y los empresarios estén destruyendo el Albarradón, es un gravísimo atentado en contra del derecho a la cultura.

Los ricos, los poderosos, los políticos conservadores y de derecha, pretenden destruir el pasado glorioso de México, para demostrarnos que los mexicanos no podemos aspirar a vivir mejor y transformar nuestra sociedad, porque somos mediocres por naturaleza, pero están equivocados. Todo nuestro Patrimonio Cultural, las Pirámides de Teotihuacán, el Acueducto del Padre Tembleque, los vestigios prodigiosos de las culturas maya, olmeca, tolteca, mexica, otomí y de otras más, nos demuestran la Grandeza Mexicana.

Albarradón 7

Demuestran la inmensa capacidad, destreza, inteligencia y talento de los mexicanos, características nuestras con las que más temprano que tarde construiremos el México de los trabajadores, el México de la justicia social, el México que anhelamos, sin gobernantes corruptos e ignorantes, como los que hoy tienen a México de rodillas.

¡Un México sin los empresarios capitalistas que tanto daño hacen a nuestra economía nacional!

Parte de la lucha por un México mejor, es la defensa de nuestro Patrimonio Histórico Cultural, como lo es el Albarradón Prehispánico de Ecatepec, elemento más que claro de lo que podemos ser los mexicanos del presente y del futuro.

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Nota de los autores: Contamos con toda la documentación que sustenta nuestra lucha por la defensa del Albarradón de Ecatepec y las respuestas de las autoridades correspondientes. Agosto de 2016.

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Fuente: OMVRADIO.// Nota del editor del blog: Los títulos de las secciones (entre paréntesis) del artículo no forman parte del texto original, fue agregados con la intención de facilitar su lectura.