Por Daniel Salinas Córdova
El pasado miércoles 18 de septiembre se vendieron más de un centenar de piezas arqueológicas de América precolonial por un valor total de 1.2 millones de euros en una controversial subasta organizada por la casa Millon en París. El catalogo estaba conformado por piezas de la colección de Manichak y Jean Aurance y contaba con esculturas, cerámicas, máscaras y policromados producidos por pueblos mesoamericanos como los mexicas, mayas o teotihuacanos, además de vasijas y textiles del Perú precolonial, ornamentos de oro de Colombia precolonial y ciertas máscaras de madera de los siglos XIX y XX.
Pese a que el catálogo se hizo público a finales de agosto, en México la amplia cobertura y discusión respecto a dicha subasta realmente comenzó tras las declaraciones públicas del embajador de México en Francia Juan Manuel Gómez Robledo del 17 de septiembre, un día antes de la subasta. En dicho comunicado se reprobó la comercialización del patrimonio arqueológico mexicano, señalando la posible reciente manufactura de algunas de las piezas e informando respecto a una denuncia interpuesta por el INAH “contra los propietarios de dichas piezas para obtener su restitución” y de la solicitud de cooperación la fiscalía mexicana ante las autoridades judiciales galas.
La conferencia de prensa de Gómez Robledo desató una intensa discusión en medios y redes sociales, en donde se reprochó la subasta y abundaron las peticiones para detener la subasta parisina y repatriar las piezas arqueológicas a México.
Sin embargo, los reclamos tanto diplomáticos como públicos resultaron ineficaces y no lograron amedrentar a la casa Millon. La subasta se llevó a cabo como estaba planeado el 18 de septiembre por la mañana y las 95 piezas provenientes del “patrimonio cultural de México” fueron vendidas, continuando así en manos particulares y pasando a formar parte de nuevas colecciones privadas, las cuales muy seguramente se encuentran fuera de México.
No obstante, una de las piezas sí fue retirada del catálogo previo a la subasta: el espectacular fragmento central de la estela 9 del sitio maya de Piedras Negras, la cual fue reclamada públicamente por el gobierno de Guatemala el 27 de agosto. ¿Por qué el reclamo de Guatemala resultó fructífero mientras que el de México no?
Primero que nada, las autoridades guatemaltecas comenzaron a gestionar la recuperación de la pieza desde principios de agosto, más de un mes y medio antes de la subasta. Pero más importante aún, la pieza en cuestión contaba con una amplia documentación que la identifica sin lugar a dudas como un fragmento de la estela 9 de Piedras Negras, la cual fue excavada y registrada en 1899 por el arqueólogo alemán Teobert Maler. El fragmento de la estela que estaba en venta, un tocado de búho, fue sustraído ilegalmente en la década de 1960 y desapareció hasta aparecer en venta en el catálogo de la subasta de Millon. Como bien comentó en su momento la Dra. Donna Yates, “no había forma legal de que la estela abandonara Guatemala en la década de 1960 o después. La única posibilidad es que fue mutilada, saqueada, traficada y lavada en un mercado que no le importó y tal vez todavía no le importa.”
Ahora bien, muy seguramente un gran número de las piezas mexicanas subastadas también fueron sustraídas en circunstancias ilegales similares, ya que en México hay legislaciones que protege al patrimonio arqueológico nacional justo contra el robo y exportación desde al menos 1897. Sin embargo, la gran diferencia entre el exitoso retiro de la estela 9 de Piedras Negras de la subasta y el fallido intento respecto a las piezas mexicanas fue precisamente el infalible registro y documentación que la primera contaba y que las últimas carecían. Es decir, debido a la certera identificación del Lote 55 del catálogo de Millon como un fragmento de la estela 9 de Piedras Negras, el cual indudablemente fue saqueado y retirado ilegalmente de Guatemala en la década de 1960, es que la casa de subastas se vio forzada reconocer el reclamo de Guatemala y retirar la pieza de su catálogo. Al no contar con documentación tan irrefutable, el patrimonio mexicano no resultó tan afortunado.
Desgraciadamente las piezas mexicanas no cuentan con registros o documentación que las identifiquen y vinculen a un sitio, excavación o colección específica, determinando así si su exportación fue ilegal o no. Debido a la falta de rastros documentales, no hay realmente forma de saber de dónde son y cuándo fueron excavadas, así como cuándo, cómo y en qué circunstancias salieron de México. Un reclamo sobre bienes culturales como el interpuesto por México ante Francia y la casa de subastas Millon se debilita enormemente si no se cuenta con la procedencia de los bienes, esto es con una detallada y bien documentada cronología de la propiedad, custodia o ubicación de ellos a través de los años.
Además, la incógnita respecto a la procedencia de las piezas implica que se ha perdido gran parte de su contexto arqueológico, social y temporal, el cual nos podría brindar mayor información sobre la situación en la que fueron creadas y utilizadas así como la importancia que tuvieron en el pasado. Como acertadamente señaló María Villareal, coordinadora nacional de asuntos jurídicos del INAH, al carecer de contexto y ser comercializadas como mercancía, las piezas se han convertido en “objetos decorativos”, arte de gran belleza y antigüedad que simplemente engalana las casas de millonarios.
La venta al mejor postor de piezas arqueológicas del pasado precolonial mexicano del mes pasado es terrible, mas no es la primera vez que esto sucede y tristemente probablemente no sea la última. Desdichadamente, y pese a múltiples tratados y convenciones internacionales como la de la UNESCO de 1970 citada en el comunicado de la Embajada de México en Francia, sin contar con un registro y documentación claros e innegables, es muy fácil que la rampante mercantilización del patrimonio continúe, que casas de subastas como Millon continúen comercializando antigüedades sin restricción y que piezas como las vendidas hace dos semanas permanezcan en colecciones privadas fuera de México en donde no pueden ser disfrutadas por las personas que tienen una filiación cultural con ellas.
Las leyes y tratados internacionales en torno a la comercialización de antigüedades son complejas. Debido a que por lo general estos no son retroactivos y se consideran ‘leyes suaves’ (es decir, no legalmente vinculantes), a la hora de su aplicación en situaciones como la del mes pasado, es fácil que resulten inefectivas y que innumerables piezas arqueológicas de dudable e incierta procedencia se sigan comercializando. Afortunadamente la compraventa de antigüedades se ha vuelto cada vez más socialmente reprochable y, en conjunto con las recientes discusiones respecto a la repatriación de bienes culturales de las colecciones de museos foráneos a sus lugares de origen, cada vez hay más consciencia y demandas públicas respecto a estos asuntos. Puede que siga habiendo varias circunstancias en las que la comercialización de patrimonio arqueológico sea legal, pero eso no necesariamente significa que esto sea justo o moral.
El saqueo, tráfico y venta de bienes arqueológicos es un tema amplio, complicado y con una larga historia, sin embargo, como apunta mi colega Omar Espinosa, algunos primeros pasos para combatirlo son fortalecer el registro preciso de los bienes arqueológicos y hacerlos accesibles para que el público pueda involucrarse en conocerlos y protegerlos. Además es importante atender la raíz del problema: el saqueo de bienes patrimoniales florece debido a la existencia de un mercado ilícito de piezas arqueológicas y antigüedades precoloniales; el saqueo y comercio ilegal continúan con tanto vigor debido a que sigue habiendo demanda así como grandes sumas de dinero involucradas.
Independientemente de su legalidad, subastas cómo la organizada por la Casa Millon promueven la comercialización y privatización del patrimonio cultural al exaltar su valor económico, lo cual funge como un incentivo al saqueo, el tráfico ilícito y las falsificaciones de piezas arqueológicas. Es imperativo que continúen e incrementen los esfuerzos para detener la compraventa de bienes arqueológicos, ya sea por medios de educación y concientización, el fortalecimiento de las legislaciones nacionales e internacionales y su adecuada implementación, así como mejorando los sistemas de registro y documentación de dichos bienes. Sólo así se podrá detener a aquellos que inmoralmente sólo buscan lucrar con el pasado de otros pueblos y culturas.
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Sobre el autor: Daniel Salinas Córdova (Monterrey / 1991). Licenciado en historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y maestro en arqueología y patrimonio por la Facultad de Arqueología de la Universidad de Leiden, Países Bajos. Sus temas de investigación giran en torno a la relación entre patrimonio, identidad nacional y turismo.
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