#LasPrestadas: Violencia y narco obstaculizan el trabajo de arqueólogos.

Por Reyna Paz Avendaño

Reportaje. Crónica narra algunos de los casos de violencia que han provocado la disminución del trabajo arqueológico en los estados de Durango, Jalisco y Michoacán. No obstante, el trabajo de los investigadores continúa en diversas zonas de conflicto.

En el camino que diario tomaban para ir a su campamento de trabajo apareció un narcomensaje, la nota era una amenaza de muerte con firma de Los Zetas. Era el año de 2010. Fue entonces cuando el arqueólogo José Luis Punzo y su equipo de trabajo apresuraron las investigaciones en San Bernardino de Milpillas, Durango, para proteger un sitio prehispánico con barreras antifiltrantes y cortafuegos. Pero otras comunidades duranguenses con patrimonio arqueológico no tuvieron la misma suerte: el fuego cruzado destruyó la vida local, incluido el campamento de los arqueólogos.

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Una situación similar vivió el año pasado el arqueólogo Eduardo Ladrón de Guevara en Jalisco. Mientras un helicóptero del Ejército era derribado por el Cártel Jalisco Nueva Generación, el investigador tenía la tarea de registrar vestigios prehispánicos en una zona aledaña al incidente, la Sierra de Ameca; sin embargo, por su seguridad, lo transfirieron a otra zona, los Altos de Jalisco, pero ahí la violencia con cara de hombres armados también les impidió hacer su trabajo.

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Ésas son algunas historias que han vivido en los últimos años especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y son testimonios que evidencian cómo la violencia a causa del narcotráfico ha provocado la disminución del trabajo arqueológico en los estados de Durango, Jalisco y Michoacán.

Narcomensajes y pueblos quemados.

El arqueólogo José Luis Punzo llegó a la Sierra Madre Occidental de Durango en 1994 a excavar y registrar ciudades prehispánicas, pero llegó cuando el cultivo de amapola y la extracción de su savia para producir heroína ya era una práctica cotidiana.

“Llegué a la sierra, a la región Mesa de Tlahuitoles, en el invierno de 1994, en ese momento podíamos llegar a cualquier poblado después de las cortesías de rigor y explicar lo que hacíamos. Al ver que éramos unos locos inofensivos buscando cosas viejas se nos invitaba a pasar (a sus casas), a comer y a dormir, estableciéndonos con las familias. Así, pudimos hacer varias temporadas de trabajo al año”, señala el arqueólogo que trabajó en la zona hasta 2012.

De 1994 a 1999 el investigador del INAH comenta que en la sierra se podía vivir con bastante comodidad, hasta que inició la militarización de la región durante los sexenios de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa.

“La violencia en la zona aumentó en 2007, con la disputa de los cárteles de Sinaloa y Los Zetas, los propios cárteles comenzaron un proceso de militarización de sus integrantes, cambiando las estrategias, formando lo que se ha conocido popularmente en esa región como la mafia nueva. Eso en la sierra ocasionó una fuerte ruptura en el tejido social que funcionaba a través de las relaciones de parentesco a escala regional, eso se trastocó porque ahora la relación era con el cártel con el cual se trabajaba”, platica.

Tal panorama hizo que el equipo de José Luis Punzo implementara nuevas estrategias para el trabajo de campo porque ya no tenían claro con quién debían hablar para desarrollar las excavaciones sin riesgos ni malentendidos.

“En 2007 iniciamos un proyecto de investigación en las Casas en Acantilado de la Cueva del Maguey, zona indígena del estado de Durango, y para iniciar el trabajo fue muy importante contar con el consenso de la comunidad y las autoridades tradicionales ya que la cueva (a estudiar) se encontraba en una zona de cultivo muy fuerte de amapola y mariguana”, recuerda.

Los estudios arquitectónicos, la conservación de vestigios y el registro puntual de materiales en dicho sitio, indica Punzo, se lograron gracias a la fuerte vinculación que establecieron con las autoridades comunitarias de San Bernardino de Milpillas, sin embargo, la investigación terminó abruptamente en 2010.

“En verano de 2009 recibimos una amenaza directa por parte de los grupos de sicarios de la región, Los Zetas. Nos dejaron una nota por la brecha en que transitábamos, amenazándonos de muerte, afortunadamente la comunidad nos arropó, pudimos continuar el trabajo y declaramos junto con la comunidad indígena a San Bernardino de Milpillas Chico como un bosque de alto valor cultural”.

Los arqueólogos además de colocar una cédula institucional que reconoce el valor arqueológico del sitio, trazaron polígonos de protección, hicieron barreras antifiltrantes y barreras cortafuegos. “Pero al subir a la sierra durante la última temporada de trabajo, en el trayecto pudimos ver los primeros pueblos quemados por la guerra entre cárteles”.

En diciembre de 2010, narra el investigador, se quemaron pueblos, entre ellos San Manuel, comunidad donde habían trabajado, entonces “ya no pudimos subir. Tuvimos que suspender el proyecto y no sabemos si nuestro campamento fue saqueado o quemado, ya nunca más regresamos”.

Narcolaboratorios y sembradíos.

“Ante el panorama de violencia surge continuamente una pregunta: ¿cómo cumplir cabalmente y coherentemente el cometido de dar protección al patrimonio arqueológico disperso por la amplia geografía jalisciense?”, comenta la arqueóloga Martha López Mestas, directora del Centro INAH Jalisco y quien afirma que el incremento de violencia en la entidad la ha llevado a replantear medidas de trabajo para asegurar la integridad de los investigadores a su cargo.

“Esta situación ha hecho que nos demos cuenta de que ya no podemos salir tan sencillamente a campo. Muchas de las medidas que hemos implementado son de carácter paliativo, si no es que psicológicas, ya que ante los grupos armados poco se puede hacer y el riesgo de ser levantado o de encontrarse en un tiroteo es latente”, comenta.

Por eso López Mestas se pregunta si en los próximos años los arqueólogos deberán limitarse al trabajo de gabinete y estudio de colecciones, en espera de tiempos mejores.

Para ejemplificar, la responsable del Centro INAH Jalisco realiza un breve recuento de noticias que reportan los medios de comunicación: el Cártel Jalisco Nueva Generación, con el liderazgo de Abigail González Valencia, superó al Cártel de Sinaloa en ganancias netas por el trasiego internacional de narcóticos a Europa y Asia, siendo el cártel mejor conectado con el extranjero, el proveedor número uno de la cocaína para México procedente de Colombia, Ecuador y Perú. También son la principal organización de tráfico de metanfetaminas en Canadá y Europa, al igual que los más grandes traficantes de precursores químicos de Asia y Europa hacia México.

¿Cómo afecta eso a la investigación?, se cuestiona.  “Implica que gran parte de la zona serrana de Jalisco, Colima y parte de Tierra Caliente en Michoacán, se encuentren ocupados por la presencia de narcolaboratorios que procesan clandestinamente los precursores químicos”, responde.

En ese contexto, a mediados de 2012, indica, el proyecto de salvamento arqueológico Macrolibramiento Sur de Guadalajara, tuvo que suspender temporalmente la excavación de un sitio arqueológico en el municipio de Atlacomulco que se encontraba sobre el eje del trazo de la carretera, por encontrarse a escasos 100 metros de narcolaboratorios.

Lo mismo sucedió con los sitios La Boquilla y Las Ánimas en el municipio de Tala, en donde se desmantelaron narcolaboratorios, lo cual dio origen a levantones y asesinatos en los meses de marzo y junio de 2012.

Un caso específico, narra, le sucedió al arqueólogo Eduardo Ladrón de Guevara, quien tuvo que cambiar su zona de trabajo porque acababa de suceder el derribo del helicóptero del Ejército por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación.

“Sucedió el año pasado, cambié a Eduardo de lugar porque fue entonces cuando tiraron un helicóptero militar, le recomendé que se moviera porque estaba muy preocupada. Lo trasladamos a los Altos de Jalisco, pero tuvo una situación incómoda: se encontró con unos saqueadores que iban armados y que lo invitaron amablemente a que colaborara en el proceso de excavación”, platica la arqueóloga.

Otro problema ligado al narcotráfico es la siembra de amapola y marihuana, actividad común en la Sierra de Ameca que también afecta la conservación del patrimonio cultural.

“Los narcos suelen desmontar varias decenas de hectáreas (de bosque) ocasionando incendios forestales para (que ellos puedan) visualizar a los soldados y, en un momento dado, sembrar. Lo que sucede con esto es que todos los petrograbados ahí localizados se resquebrajan y deterioran”.

¿Cuánto bosque con patrimonio se ha quemado? 

—No lo sabemos, es un problema que están enfrentando las autoridades forestales porque se desmontan para el cultivo ilegal y lo que hemos notado es eso, que realmente el problema de afectación sobre los sitios arqueológicos es muy grande. Con el calor la piedra de los petrograbados se revienta y las áreas pequeñas como unidades habitacionales prehispánicas se arrasan para sembrar amapola o mariguana.

¿Cuántos proyectos arqueológicos se han detenido en Jalisco en los últimos dos años?

—Hemos hecho pocos. Por ejemplo, ahora tenemos el caso de una prospección arqueológica del Parque Eólico Palo Alto en el municipio de Ojuelos, pero nos recomendaron que los arqueólogos tendrían que ir cada día a campo con sus papeles de identificación porque estaba habiendo operativos militares, porque en las mesetas se estaban identificando campamentos de narcotraficantes, en teoría, relacionados con Los Zetas.

“El problema es que si los arqueólogos están en campo, cómo identificar que realmente son arqueólogos. Los estudios de campo se han vuelto riesgosos para ellos”, responde.

¿Ha buscado alguna protección o denuncia legal?

—Cuando hay afectaciones a sitios arqueológicos presentamos la denuncia con quien resulte responsable, pero la decisión de poner una denuncia en términos de violencia pensamos que debemos hacerla pero nos preguntamos si es lo indicado… como delegada tengo que estar consciente de la seguridad de los arqueólogos. Hemos tenidos casos de arqueólogos que han sido amenazados, entonces preferimos resguardar su seguridad.

Autodefensas michoacanas.

Después de que el arqueólogo José Luis Punzo terminó sus investigaciones en Durango, en 2012 le asignaron un proyecto en la cuenca del Río Balsas, región enclavada en la Tierra Caliente de Michoacán.

“Ahí el conflicto nos alcanzó porque con la llegada de Alfredo Castillo y del arresto y sustitución del gobernador, presidentes municipales y de altos funcionarios, surgieron las autodefensas. Nosotros tuvimos muy buena relación con las guardias comunitarias indígenas de Paramuén, donde pudimos hacer buen trabajo de campo con ellos, sin embargo, las autodefensas en la Huacana eran otra cosa, me gustaría aclarar que no todo es lo mismo”, platica.

En 2014 el investigador hizo salvamento arqueológico en el emplazamiento de una presa de riego en Chugüero, Huetamo, en la frontera con Guerrero y una de las zonas más conflictivas del país. “Implementamos las mismas relaciones que habíamos hecho y pudimos trabajar bajo el amparo de las autodefensas de Huetamo, con cortes y restricciones en cuanto a movilidad y horarios de trabajo”.

Fue un año tranquilo porque existía una violencia institucionalizada, es decir, los arqueólogos tenían con quien hablar y de esa forma pudieron trabajar.

“Pero la violencia apareció en la zona tras la disolución de las  autodefensas en 2015, muchas áreas quedaron bajo el control de cárteles locales y nosotros en medio. Gracias a las estrategias de comunidad, pudimos concluir los últimos seis meses del proyecto pero con intimidaciones directas a los arqueólogos. En esa zona registramos 59 sitios arqueológicos”, indica Punzo quien además comenta que a pesar de la violencia, el trabajo de investigación se continúa al igual que la vida de cientos de personas que habitan en localidades consideradas focos rojos de inseguridad.

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Fuente: Crónica.com.mx  [Consultado el 11 de noviembre del 2016] // Fotos: Juan Tonchez. Trabajos de Recorrido de Superficie en Zacatecas, México.

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