#LasPrestadas: Los saldos del patrimonio dañado

Por Judith Amador Tello

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No hay año en el que la actuación de las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en la protección del patrimonio cultural del país no sea tema de debates acalorados. En varias ocasiones ha quedado incluso en entredicho, cuando sus propios investigadores y trabajadores han exigido una explicación sobre la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

En 2015 varios asuntos confrontaron a los trabajadores y la sociedad con autoridades de diversos gobiernos, con el INAH de por medio. El caso de la Zona Arqueológica de Cholula, en cuyas inmediaciones el gobierno de Rafael Moreno Valle comenzó a construir un parque turístico, con anuencia de la Sección de Monumentos del INAH-Puebla, a cargo de Jorge Salgado Tlahuis desde 2014, fue uno de ellos.

La población asumió la defensa del emblemático sitio e hizo llegar su inconformidad hasta la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés), denunciando la destrucción de vestigios arqueológicos. Dos ciudadanos de Cholula fueron encarcelados por ello: el abogado Adán Xicale y su hijo Paul, quienes salieron de la cárcel en diciembre pasado, con la advertencia de la Procuraduría General de Justicia de Puebla de que “aún no gozan de libertad absoluta”.

Como testimonio de la destrucción y el autoritarismo con el que actuaron los gobiernos estatal de Puebla y municipal de San Andrés Cholula, el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC) de la Universidad Nacional Autónoma de México produjo el video Luz Bajo la tierra. La destrucción de Cholula, que puede verse aquí.

Contra toda ley

Otro caso muy polémico que involucró el activismo de los pintores Francisco Toledo y Sergio Hernández –que resultaron agredidos en una manifestación– fue el proyecto del gobernador Gabino Cué para construir el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca en el Cerro del Fortín.

Pese a la orden girada en dos ocasiones por el juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, para que se suspendieran las obras, el gobierno estatal pasó por encima de la oposición de las comunidades aledañas y grupos de ambientalistas que denunciaron la destrucción de áreas verdes del Cerro del Fortín, y continuó con las obras con el argumento de que además de ser “amigable” con el medio ambiente, dejaría una derrama económica.

Las obras continuaron. En agosto de 2015 el INAH emitió un breve comunicado para señalar que no autorizó el proyecto enviado por la Secretaría de Turismo del gobierno del estado, y esgrimió:

“Las obras no han sido suspendidas debido a que en este caso el INAH carece de competencia legal para emitir o negar una autorización, toda vez que los sondeos practicados en el terreno permitieron descartar la presencia de vestigios arqueológicos, aunado a que la construcción se ubica fuera de los perímetros de protección de las declaratorias federales de la Zona de Monumentos Históricos del Centro Histórico de la Ciudad de Oaxaca y del correspondiente a la Zona Arqueológica de Monte Albán.”

Finalmente, tras una consulta ciudadana que le costó más de siete millones de pesos, Cué decidió no cancelar, pero sí cambiar de sede el Centro Cultural y de Convenciones. Asimismo, continúa su proyecto de “modernización” del Auditorio Guelaguetza y la edificación de un estacionamiento para 600 vehículos tanto para el Auditorio como para la zona del centro de la ciudad.

Corresponsabilidad

Tras dos años de las afectaciones causadas a la escultura ecuestre de Carlos IV, conocida como El Caballito, el gobierno de la Ciudad de México, el entonces Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el INAH firmaron, el pasado 20 de octubre, un convenio de colaboración para su restauración, que a decir de Miguel Rupérez, director de Promoción y Difusión del Fideicomiso del Centro Histórico del gobierno de la ciudad, es “inaudito” y no es sólo “un acuerdo político, sino que contempla una investigación científica de primer mundo”.

El INAH también aclaró en su momento que no autorizó las obras que dañaron a El Caballito, e hizo el primer dictamen en el que se determinó que presenta un daño irreversible en al menos 50 por ciento de su superficie.

Sobre el tema, el arquitecto Sergio Zaldívar, quien en 1979 coordinó los trabajos para desplazar el monumento de su sede (en la avenida Bucareli y Paseo de la Reforma) a su lugar actual, en la Plaza Tolsá, ha señalado que las instituciones encargadas por ley del cuidado del patrimonio cultural, tanto el INAH como el Instituto Nacional de Bellas Artes, son corresponsables del daño por no haber intervenido en su momento y “dejar hacer” a quienes dañaron irremediablemente la escultura del artista valenciano Manuel Tolsá.

La lista de temas polémicos, de daños al patrimonio, de usos y abusos del mismo, es más larga, y de ello han dado cuenta espacios como Apro y Proceso. El 2015 cerró con la noticia de que tanto el INAH como el gobierno del Estado de México preparan una presentación de “luz y sonido” en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, pero insisten en que no se trata de un “espectáculo”, sino de una “experiencia”.

En su primera conferencia de prensa como secretario de Cultura, Rafael Tovar y de Teresa anunció que emprenderá acciones para crear conciencia entre la sociedad sobre el valor del patrimonio, para que sea ésta su principal defensora. Los trabajadores e investigadores del INAH han dicho por su parte que las principales afectaciones a los patrimonios cultural y natural de México provienen de quienes buscan lucrar económicamente con ellos.

Los pocos casos expuestos aquí fueron detenidos por la movilización de la sociedad civil.

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Fuente: Revista Proceso [http://www.proceso.com.mx/?p=425231]

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