Por Eduardo Cruz Vázquez
Si hay alguna reforma estructural que reviste suma complejidad es la del INAH y su andamiaje legal. No hay acervo de valor simbólico y a la vez de economía cultural que mueva más intereses y enconos que el patrimonio que es responsabilidad de la institución. Es equiparable a la cadena de valor que envuelve al petróleo y a la generación de energía. Meterse en esta reforma de la reforma es la parte más difícil de la creación de una Secretaría de Cultura (SEC), con aristas tan sensibles como las que encontramos en apartados de las reformas política, electoral, en telecomunicaciones, energética, laboral, financiera y hacendaria. Diré, sin exagerar, que es la madre de toda las batallas para lograr –de alguna manera- una reforma cultural.
Si en verdad se desea una SEC moderna, hay que animar la aspiración de una nueva consistencia orgánica al INAH. Hay políticas, entidades y modelos de administración que, dispersos en el Conaculta, deben transferirse al instituto. Este ajuste implica abrir la puerta a una plataforma para intentar discutir —sin la rabia habitual— el rol del Estado y de otros actores sociales en la viabilidad del patrimonio como activo del desarrollo, así como lo referente al Contrato Colectivo de Trabajo. Es decir, tanto como en otros componentes de una reforma cultural, poner a trabajar en serio al Poder Legislativo.
De esta manera, el instituto, además de ampliar su campo cronológico de intervención (cubrir del «cabo al rabo» el patrimonio, para dejar al INBAL sólo la promoción cultural), debe absorber la Dirección General Adjunta de Proyectos Históricos (isla de contrasentidos y privilegios por años), la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, la Coordinación Nacional de Patrimonio Cultural y Turismo, y el Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero. Las delegaciones del INAH requieren de mayores facultades, de autonomía administrativa para afianzar la corresponsabilidad de estados y municipios y de los sectores social y privado en sus tareas. Y lo decimos desde ahora: no se les vaya a ocurrir convertir las delegaciones del INAH, en las delegaciones de la SEC.
Dos reformulaciones más son realizables en torno al INAH: por un lado, crear un soporte de la «economía patrimonial”, que permita surgir unidades económicas al interior del instituto (para atender negocios como el turismo cultural), las medidas hacendarias para la administración autónoma de dichas unidades y la ampliación de la franja de los ingresos propios.
Por otro lado, un revolcón a las prácticas de la diplomacia cultural, terriblemente atadas a los acervos prehispánicos y a las muestras de corte nacionalista. Debe incorporarse el otorgar valor de exportación a las muestras cuya demanda no cesa. Dicho coloquialmente: basta de regalar muestras de la cultura maya o de la Escuela Mexicana de Pintura. Que les cueste a los países interesados. Se trata de liberar fondos para acentuar el periplo de la producción contemporánea, esa labor que es del INBAL y que es hora vaya en maridaje con la comercialización de las obras.
La abismal responsabilidad del INAH provoca la especulación sobre otras alternativas que den garantía a su eficacia. Van desde regenerarlo para que tenga una estructura tan robusta como el Conacyt, pasando por el aprovechamiento de la Ley de Asociaciones Público Privada (APP), de la Ley de Prestación de Servicios (LPS) o de los Permisos Administrativos Temporales Revocables (PATR), hasta abrir líneas de crédito al instituto tanto para la preservación como para la investigación que derive en la apertura de nuevas zonas arqueológicas con implicaciones para la actividad turística.
En este «barril sin fondo» que es el patrimonio histórico, las inversiones previstas para este sexenio en el Programa Nacional de Infraestructura (PNI), consistentes en crear Centros Integralmente Planeados (CIP) en las zonas arqueológicas de mayor audiencia, no deja de ser importante, pero al focalizar los recursos en las zonas más «taquilleras», deja postradas, moribundas en varios casos, otras zonas cuyo potencial, como el gas shale, es merecedor de financiamiento para su explotación a mediano y largo plazo. Y el comparativo no deja de ser dramático ya que, tanto hacen falta inversionistas en el sector energético como en el cultural, como carecemos de ingenieros y arqueólogos para sacar ventaja de nuestros recursos naturales e históricos. Seguiremos.
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Fuente: http://economiacultural.xoc.uam.mx/index.php/dominios/668-secretariadecultura | Imagen: ArKeopatías 2014
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