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El crimen arqueológico no paga

espolio

La Guardia Civil presenta las piezas recuperadas en la operación denominada ‘Helmet’, desarrollada en la provincia de Zaragoza, donde ha recuperado más de 4.000 piezas arqueológicas pertenecientes a diversas culturas. / ULY MARTIN

Por Tommaso Koch

El hombre yacía en el suelo haciéndose el muerto. Un infarto lo había fulminado. O eso gritó antes de desmayarse. Al llegar la ambulancia, cambió el diagnóstico: “Lo que usted tiene es a la Guardia Civil en casa”. La anécdota la recuerda un agente del Grupo de Patrimonio Histórico de la UCO (Unidad Central Operativa) que registró el hogar del señor, cuyo problema era otro: ¿cómo justificar las monedas antiguas, el detector de metales y los demás objetos sospechosos que abarrotaban la vivienda?

Más de 9.000 fueron las piezas arqueológicas que los agentes requisaron entonces en la llamada operación Necrópolis, que provocó 12 detenciones por presunto expolio. La Guardia Civil llegó a fotografiarlos mientras, sentados en un bar, se jactaban de su botín. ¿Qué castigo judicial recibieron? Ninguno.

Tampoco, de momento, ha pagado por su crimen arqueológico el jubilado detenido en marzo en la llamada Operación Helmet por llevarse 4.000 piezas celtíberas en Aragón. Ni siquiera acaban en sentencia, en realidad, la mayoría de las entre 300 y 500 denuncias por expolio que cada año remite el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) a la Guardia Civil (que en 2012 recibió un total de 3.305). A falta de cerrar las estadísticas de 2013, la impresión es que ha sido uno de los peores años que se recuerdan en la materia, coronado el viernes con la detención de dos personas acusadas de saquear el yacimiento de Tiermes, en Soria.

Fuente: Guardia Civil. / EL PAÍS

“Sentencias hay pocas, muy pocas. Lo que hay es un gran sobreseimiento”, explica Ana María Yañez, jurista especializada en Patrimonio y profesora de la Complutense. Tanto que, a veces, se ha llegado a devolver las piezas al supuesto expoliador.

Una de las claves está en las exigencias de los jueces: el patrimonio arqueológico no es como el Cluedo; no basta con encontrar el arma del delito y su culpable. O se demuestran procedencia y momento del expolio de cada objeto o la puerta hacia la conclusión del caso permanece cerrada. “Es imposible hoy por hoy, con los medios que tenemos, lograrlo. Hemos controlado a mucha gente y la hemos dejado. Son malos, pero no podemos demostrarlo”, explica el guardia civil de la anécdota. Los malos fichados son unos 1.500. Entre ellos, unos 200 son auténticos reincidentes.

Mientras el agente habla, por su ordenador van pasando fotos y vídeos de hombres con detectores de metales, volcados en la caza ilícita del patrimonio. Es el fruto de horas y horas de espiar el trabajo de los expoliadores. Y la cosa da para un largo historial de anécdotas. Como los dibujos chapuceros de un sepulcro que un museo extranjero recibió en 1990. “I have a tomb tartesica. For sale. I am sorry. My inglis is very beed[SIC]”, agregaba el hombre que había en un torpe intento de vender su botín.

Cuanto los sospechosos terminan su trabajo, la Guardia Civil lleva a cabo una inspección ocular. Y vuelve con un arqueólogo para determinar si se trata de un yacimiento y el alcance de los daños. Cosa distinta, obviamente, es saber qué se han llevado los expoliadores. “El patrimonio arqueológico normalmente está oculto. Y su desaparición pasa inadvertida”, asegura Yáñez. “Jurídicamente, es más complejo de defender. Muchas veces el juez entiende que el expoliador no conocía el valor de lo que se llevaba”, añade Carmen Acedo, abogada del Estado. Más aún si, como puede suceder, el yacimiento era un enigma incluso para las autoridades.

Casco celtíbero subastado en Alemania. /EL PAÍS

Conocido de sobra en cambio es el perfil del enemigo, como detalla un comandante de la Guardia Civil: “Siempre son los mismos. El aficionado, el seudocientífico y el profesional, el más peligroso. Va a destrozar el yacimiento y conseguir lo que para él tiene valor. Se mueven en grupos, lejos de su casa, a menudo entre semana”. Todo ello, con georradares y tecnologías dignas de un Indiana Jones contemporáneo. Los agentes tienen bien definido el kit del buen expoliador: mapas repletos de x, manuales de historia, monedas, artículos. Y el omnipresente detector.

El instrumento se puede adquirironline o en un centro comercial por pocos cientos de euros. ¿No lo tendrán los expoliadores demasiado fácil? “No se puede comparar con un arma. Pero algunas regiones exigen una licencia para usarlo en un yacimiento. Sería interesante plantearlo a nivel nacional”, defiende Yañez.

Además de ello, la Guardia Civil agradecería la creación de un delito de expolio, que integre las sanciones administrativas. De momento, deben conformarse con una definición genérica en la ley 16/85, que reformó la Protección del Patrimonio Histórico. El delito no existe en el Código Penal. De ahí que la Guardia Civil se agarre a otros crímenes: daños, contrabando, etc. “Ayudaría mucho”, reconoce Ignacio Rodríguez Temiño, director del conjunto arqueológico de Carmona y autor del libroIndiana Jones sin futuro. La lucha contra el expolio del patrimonio arqueológico. “Es un bien no renovable”, añade. Rodríguez aclara que no hacen falta alarmismos, aunque sí define otro problema: “La ley ofrece un marco para intervenir. Pero la lucha contra el expolio nunca ha sido una prioridad. No ha habido ni medios técnicos ni voluntad política”.

Desde luego no la hubo, por ejemplo, ante las alarmas de museos y fiscales alemanes ya en 2008 sobre dos decenas de cascos celtíberos que se iban a subastar en su país. Durante años, el Ministerio de Cultura hizo oídos sordos, y el tesoro acabó vendido, entre Múnich y Londres. “El problema es que ni la cúpula ni el pueblo están sensibilizados”, remata Rodríguez.

Precisamente allí se halla, según los expertos, el otro aliado del expolio. “Tenemos que ver el patrimonio como algo que nos pertenece a todos”, sugiere Carmen Marcos, subdirectora del —todavía— cerrado Museo Arquéológico Nacional. Y Elisa de Cabo de la Vega, subdirectora general de Patrimonio Histórico, remata: “El gran reto es la sensibilización, la mejor arma preventiva”. Traducido: más educación, más denuncias, más atención de autoridades y ciudadanos. Dicho así, suena fácil. Y podría ser una solución.

¿Bastará? Quién sabe, la vida no funciona como el Cluedo.

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Fuente: http://cultura.elpais.com/cultura/2013/12/28/actualidad/1388234408_869864.html

Funcionarios del INAH y el Edomex sepultan monumento histórico (sitio arqueológico)

Elva Mendoza

Sobre el rancho El Molino se construye uno de los compromisos “cumplidos” de Enrique Peña Nieto. El predio, ubicado en Chimalhuacán, alberga una construcción catalogada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia como monumento histórico y área natural. Los trabajos iniciados este año por el gobierno municipal revelaron que bajo la tierra yacen estructuras y objetos prehispánicos. No obstante las denuncias de los vecinos, la obra avanza con la anuencia de los funcionarios del INAH

En los lotes baldíos de Chimalhuacán los niños sacan de entre la tierra suelta, el cascajo y la basura, trozos de vasijas, platos decorados, fósiles, cerámica, sellos, figurillas, colgantes, orejeras y cuentas talladas en piedra. Ávidos, las muestran en cajas de cartón a quienes se lo solicitan, desde vecinos, hasta arqueólogos, estudiosos, reporteros o compradores furtivos.

Matías y Tino encontraron los primeros objetos. Cursan los últimos años de la escuela básica. Pasan las horas reventando pájaros muertos con cohetes y escarbando la tierra que llevaron los trabajadores de El Molino. Los presuntos restos de un jaguar forman parte de su colección que se acrecienta día con día.

Los menores no son los únicos con colecciones propias. La noticia se extendió rápidamente entre los residentes de los ocho barrios de Chimalhuacán, que aunque con miedo de ser acusados de saqueo, buscan las piezas en los llanos para “rescatar su historia que se va a la basura”, dicen.

Los hechos han sido negados por las autoridades locales: el ayuntamiento de Chimalhuacán; y por el órgano encargado de resguardar el patrimonio nacional: el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

“[…] De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, tampoco existen en el Rancho El Molino vestigios arqueológicos. Si éstos existieran, los habría sobre todo en las casas y predios vecinos a Los Pochotes”, se lee en una publicación que exalta los compromisos “cumplidos” del exgobernador Enrique Peña Nieto.

El megaproyecto

Desde febrero, el gobierno municipal inició la construcción de un megaproyecto en el rancho El Molino. Con 28 mil 90 metros cuadrados, el rancho alberga una construcción reconocida como histórica por el gobierno del Estado de México y por el Instituto Nacional de Antropología e Historia; y un área natural de fresnos y ahuehuetes de por lo menos 700 años de antigüedad.

El predio, se ubica a escasos 80 metros de Los Pochotes, la zona arqueológica local llamada así en alusión a los arbustos que sólo crecen en el lugar. El área de 9 mil 500 metros cuadrados resguardada desde 1964 por el INAH se recorre en cinco minutos. De la extensa metrópoli de Chimalhuacán –fundada hacia el año 1200 después de Cristo y que formó parte de la confederación de las ciudades estado acolhuas– únicamente se conserva el Tecpan, residencia del tlatoani, su familia y espacio para actividades administrativas y de decisión política. El resto, fue consumido por la urbanización desmedida en las últimas tres décadas.

El rancho El Molino significaba uno de los últimos relictos que sobrevivió a la mancha urbana y al olvido, la memoria oral aún cuenta leyendas y mitos del lugar. Además, su proximidad a Los Pochotes le otorgaba un valor adicional: posiblemente formaría parte del área arqueológica no descubierta ni investigada.

Para el historiador Felipe Echenique March, por la cercanía de la obra con la zona arqueológica, la presunción de la existencia de vestigios arqueológicos era innegable: “se tiene a menos de 1 mil metros la zona. Tuvo que haberse hecho un trabajo más profesional”.

En entrevista con Contralínea, explica que los funcionarios tuvieron que haber mandado a hacer trabajos arqueológicos, trabajos de reconocimiento, hacer sondeos, sin embargo “cuando el Instituto [Nacional de Antropología e Historia] interviene, ya lo hace tarde y por denuncias de la propia ciudadanía, con lo cual deja ver que los funcionarios encargados de la dependencia no hicieron su trabajo y que hay negligencia”.

Expropiación injustificable

El 25 de octubre de 2010, el gobierno del Estado de México publicó en la Gaceta oficial el decreto de expropiación de El Molino, ubicado en la cabecera municipal de Chimalhuacán.

El documento, firmado por Enrique Peña Nieto, señala como causa de utilidad pública “la ampliación, alineación y mejoramiento de la calle El Molino, así como la construcción de un parque urbano, museo local, biblioteca y auditorio municipal, con el objeto de embellecer, ampliar y sanear ese municipio con instalaciones culturales y cívicas para la convivencia social de los chimalhuaquenses”.

La supuesta causa de utilidad pública también se menciona en el periódico informativo de la campaña electoral de Enrique Peña Nieto, con edición especial de los “compromisos cumplidos” en Chimalhuacán: “el rancho El Molino fue expropiado […] por causa de utilidad pública, es decir, sólo para servicios que le beneficien al pueblo”.

Entre los beneficios –declaró el exedil, líder estatal del antorchismo y ahora diputado federal electo por mayoría, Jesús Tolentino Román Bojórquez, al colocar la primera piedra de la obra que tendrá un costo de 200 millones de pesos– está la construcción del primer teatro que se hace en Chimalhuacán. El recinto, dijo, estará a la altura del Auditorio Nacional o el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario de Texcoco.

Sobre el monumento histórico, según un volante que las autoridades municipales repartieron en la comunidad, se habrá de construir el Teatro Municipal con capacidad para 1 mil 700 espectadores, un parque infantil y la plaza Estado de México que consta de una fuente saltarina, quiosco, paseo escultórico y un reloj floral.

Monumento histórico sin valor

Tal como consta en el “Plan municipal de desarrollo urbano de Chimalhuacán”, publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México el 28 de octubre de 2003, Chimalhuacán cuenta con un Decreto de Gobierno Estatal, de 1980, que la declara “zona cultural artística o de especial estilo arquitectónico general inmodificable. Así como Patrimonio Cultural, Artístico y Arquitectónico del Estado [como] todas las construcciones subsistentes que daten de los siglos XVI, XVII y XVIII o las que contengan características propias de esa época misma que serán inmodificables […] en donde queda estrictamente prohibido […] llevar a cabo demoliciones parciales o totales de construcciones, sin permiso especial previo […] y sólo podrán autorizarse si se respetan las fachadas típicas o bien se llevan a cabo reconstrucciones y obras de conservación, mejoramiento o ampliación”.

Con base en estos argumentos, el Plan define al primer cuadro del municipio como Centro Histórico. La zona de Valor Histórico y Cultural comprende a El Molino.

El órgano informativo del Estado de México también incluye al Catálogo Nacional de Bienes Inmuebles mexiquense del Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como al Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas del mismo Instituto.

Este municipio, refiere el impreso, cuenta con “siete monumentos inmuebles catalogados, de los cuales dos se localizan en la cabecera […] cuatro inmuebles con uso religioso, uno habitacional, una exhacienda y uno sin uso actual”. Y prosigue: “la exhacienda El Molino, única en el municipio, fue construida durante el siglo XVIII. Actualmente se usa como casa habitación”.

Pese a ello, el 13 de abril de 2010, Rosa María Morales Pérez, secretaria del ayuntamiento de Chimalhuacán, mediante certificación, hizo constar que El Molino “no está destinado a la prestación de un servicio público y que carece de valor histórico, artístico y/o cultural”. El dictamen –del que Contralínea posee copia– fue incluido en el decreto de expropiación como uno de los principales pilares que lo avalan.

Al respecto, Echenique March, también secretario General del Sindicato de Investigadores del INAH, refiere que los funcionarios del Instituto estaban obligados a intervenir desde que supieron del decreto expropiatorio, toda vez que el sitio alberga un monumento histórico:

“El INAH estatal tuvo que haber interpuesto un recurso en el gobierno [del Estado de México] para hacer valer la Ley Federal, suponiendo que lo que le debería de interesar era la preservación del monumento histórico reconocido. A partir de ahí se debió de haber puesto como tercer interesado y con ello debió de conocer el proyecto.”

Las denuncias

De acuerdo con información de los residentes, los camiones con tierra de El Molino, producto de las excavaciones, llegaron aproximadamente a ocho predios de Chimalhuacán. Ahí, es donde han encontrado los vestigios que celosamente conservan.

La comunidad dio aviso de los hallazgos al INAH Estado de México desde el 15 de marzo pasado. En respuesta a la denuncia, el Instituto envió el oficio 401.B(10)47.2012/ 0321, fechado el mismo día en el que el entonces titular, Luis Alberto González Batani, solicitó a Rosalba Pineda, presidenta municipal, “suspender cualquier tipo de trabajo” en el predio, hasta que al lugar arribara personal adscrito al Instituto, con la intensión de proteger y evitar afectaciones al patrimonio cultural.

Para hacer la inspección arqueológica, González Batani comisionó a Raúl García Chávez y a las arqueólogas Martha Patricia Hernández y Beatriz Zúñiga Bárcenas.

Gobierno municipal omiso

De acuerdo con versiones de los pobladores, el martes 27 de marzo la autoridad municipal, “como un acto de intimidación e intolerancia”, organizó una marcha para comunicar que de acuerdo con el INAH no hay vestigios arqueológicos en el predio. No obstante, dos días después, el Instituto reiteró a la edil la orden de suspender la obra. Rosalba Pineda desestimó el mandato, pues el 13 de abril personal del INAH tuvo que colocar sellos para impedir que los trabajos de construcción continuaran sin la intervención antropológica correspondiente.

Los sellos fueron retirados inmediatamente por policías municipales bajo el argumento de que eran órdenes de la presidenta municipal. Los hechos, como se lee en el expediente SO-000043/2012 del Órgano Interno de Control del INAH, generaron que la Unidad Jurídica presentara, el 18 de abril, ante la Procuraduría General de la República una denuncia penal por quebrantamiento de sellos y desacato a un mandato de autoridad competente y en ejercicio de sus funciones en contra de quien o quienes resulten responsables.

El 12 de junio, los vecinos hicieron una nueva denuncia ante el Instituto. En el documento ZARM/02/06/12, firmado por el Frente Ciudadano en Defensa del Agua Potable y Patrimonio de Chimalhuacán, la agrupación solicitaba copia de los documentos y estudios que acreditaran que el predio carecía de valor y que no existían vestigios en el sitio; que la Policía Federal reguardara la zona; que el INAH federal –y ya no el local– realizara el salvamento arqueológico, y que se le permitiera a la ciudadanía presenciar los trabajos en El Molino.

Opacidad

Sobre la falta de transparencia, Echenique March asegura que al no haber un trabajo institucional serio, responsable, conforme a la ley, se permite la especulación: “el no permitir que la gente entre y vea el trabajo que hacen los arqueólogos abona a la opacidad y levanta sospechas. Si hay gente que está interesada, que quiere conocer, que se le dé una visita. Finalmente son bienes nacionales, de todos los mexicanos. El trabajo arqueológico es público, es de interés público”.

La comunidad relata incluso versiones en las que los trabajadores atestiguaban hallazgos de piezas de grandes dimensiones que, dicen, fueron encostaladas y sacadas del sitio por helicópteros. Aunque no guardan registro de ello, lograron obtener fotografías de estructuras piramidales que quedaron en el centro de la obra y que ya no es posible apreciar.

Las fotografías, dice Echenique, demuestran la presunción de que había un material arqueológico importante que debió de trabajarse científicamente y que por desgracia no se hizo.

En un comunicado –que retoma el diario Reforma en su edición del 19 de julio de 2012– la presidenta municipal, Rosalba Pineda, expuso: “la valoración que el INAH realizó demostró que no existe alguna zona arqueológica importante en el rancho El Molino, por lo que el Instituto liberó el predio para la continuación de la obra”.

Ante ello, Echenique asegura que al decir que no había zona arqueológica importante se confirmaba la existencia de una zona con valor arqueológico: “que no les pareció importante es otra cosa, pero la arqueología en México no trabaja a partir de calificar qué es importante y qué no. Los vestigios arqueológicos son monumentos nacionales que deben ser conservados, estudiados por el Instituto. Es el mandato de ley que tiene”.

La denuncia de la comunidad finalmente obtuvo respuesta el 3 de julio: Constantino Acosta Dávila, delegado del centro INAH Estado de México escribió a los peticionarios en el oficio 401. B(4)47.2012/793: “actualmente el INAH está realizando en el predio denominado El Molino las investigaciones arqueológicas correspondientes y una vez que se concluyan, se determinará lo procedente”.

Del resultado de las investigaciones, los vecinos no tienen conocimiento, tampoco los investigadores y académicos del INAH. Cuando Felipe Echenique le solicitó al Consejo de Arqueología del INAH el informe de Raúl García Chávez le fue negado. Los funcionarios, dice, apelaron a la normatividad interna para evitar que alguien se robe la información y la quiera publicar.

El arqueólogo Jesús Evaristo Sánchez explica que en esa lógica la información será abierta hasta 2014. Sin embargo, dice, no se pretende plagiar la información, pues se trata de aclarar un problema jurídico: “aclarar si hay o no vestigios o si procede o no la autorización de la construcción de la obra. El Consejo se negó a entregarnos cualquier documento para tener elementos y poder evaluar la situación del lugar”.

La obra continúa

Pese a las constantes denuncias de los vecinos, investigadores, académicos del Instituto y la evidencia, el INAH no ordenó al ayuntamiento a detener la obra, aunque está obligado por ley si es que hay presunción de la existencia de vestigios.

El Instituto, refiere Echenique, “tendría que haber dicho que hay destrucción de vestigios arqueológicos, haber mandado a los arqueólogos adonde se llevaban la tierra, donde se encontraban la pedacería y ante esa evidencia, parar la obra por destrucción”.

Al no detenerse, señala, la responsabilidad es para los funcionarios del INAH y del ayuntamiento a quienes se les podría demandar. El Ministerio Público de Chimalhuacán tendría que tomar el caso de oficio por tratarse de la destrucción de bienes nacionales.

INAH sin interés por rescatar

Ante la ausencia del Instituto, los chimalhuacanos han convocado a expertos para la catalogación de sus piezas. A invitación de la comunidad, una etnohistoriadora inició el registro de lo hallado por los vecinos con fotografías y una breve explicación de cada objeto. Aunque renuentes, con el paso de los días, se suman más vecinos a la iniciativa. Los habitantes aseguran a Contralínea que no buscan vender las piezas; por el contrario, están dispuestos a entregarle al INAH todo lo que han hallado. Sin embargo, hasta el cierre de edición ninguna autoridad se había acercado para hacer el rescate.

Frente a la pregunta de por qué el Instituto no ha hecho la recolección en los lotes baldíos, el arqueólogo Jesús Sánchez, en entrevista con Contralínea, responde que el problema de las piezas arqueológicas es que son importantes en tanto están insertas en contextos arqueológicos:

“Las piezas fuera de su contexto pierden la posibilidad de interpretar los sucesos históricos en los que participaron. Se pierde totalmente la información. Queda el objeto histórico, pero lo único que se puede hacer con estas piezas es analizarlas, ver su estudio iconográfico y ponerla en un museo. Pero no hay manera de saber qué papel jugaba el objeto en la historia de la localidad.”

—Sin embargo, las piezas continúan siendo propiedad federal.

—Y bienes nacionales. El INAH tendría que ir a recoger esos vestigios para saber de qué se trata; al no hacerlo incurre en delito porque está dejando monumentos arqueológicos expuestos y eso incentiva una política de saqueo, de robo y demás. La policía se puede llevar a la cárcel a quien tenga en su propiedad muebles arqueológicos o históricos. Es un delito federal. Ahí hay un incumplimiento y una negligencia de las autoridades por atender ese asunto.

 

Daño ambiental

Con motivo de los preparativos para la expropiación de El Molino, Daniel Gómez Pedraza, titular de la Dirección General Jurídica y Consultiva del ayuntamiento, pidió a la Dirección General de Ordenamiento e Impacto Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente que evaluara el impacto ambiental que tendría la expropiación de dicho predio.

En respuesta, Carlos Sánchez Gasca, el titular de dicha Dirección, emitió el oficio 212130000/DGOIA/OF1321/10, el 22 de junio de 2010, en el que señala que la expropiación de El Molino a favor del gobierno municipal no genera mayores impactos ambientales, ya que el predio se encuentra inmerso en una zona urbana totalmente consolidada, por lo que se infiere que se han llevado a cabo con anticipación los impactos ambientales negativos inherentes a un cambio de uso de suelo de natural a urbano.

Sin embargo, concluye el documento oficial, el trámite de expropiación no exime a la autoridad municipal a obtener el Dictamen de Impacto Ambiental, por lo que deberá presentar como mínimo un informe previo al respecto.

Aunque los vecinos han solicitado en reiteradas ocasiones a la Secretaría del Medio Ambiente, a través del Sistema de Información Pública del Estado de México, copia de los estudios de impacto ambiental y los criterios que dieron lugar a argumentar que la expropiación “no genera mayores impactos ambientales”, la dependencia responde, tajante: “no se localizó en los archivos de la la Dirección algún documento que contenga información en los términos referidos”.

No obstante la ausencia de documentos, el argumento es base dentro del decreto de expropiación.

A favor de la preservación

La comunidad en defensa del patrimonio, muchos de ellos nativos de Chimalhuacán, dicen a Contralínea que no están en contra del Proyecto que se plantea en el rancho El Molino, pero sí de la destrucción de los valores que se ven representados en este lugar como parte de su pasado prehispánico y colonial, como un lugar de enorme valor ecológico por sus árboles centenarios, lugar de manantiales y ojos de agua, que en este momento es un vaso regulador para la recarga de los mantos acuíferos y porque para la población originaria y nativa de la localidad, El Molino es cuna de sus más entrañables leyendas, las cuales han persistido en su memoria y forman parte del patrimonio intangible que las autoridades del INAH y del ayuntamiento tienen la capacidad y obligación de defender.

Para la realización de este trabajo, Contralínea solicitó entrevista con el Instituto Nacional de Antropología e Historia y con el Centro INAH Estado de México. Yoselín Díaz, del INAH estatal, dijo vía telefónica que en las oficinas centrales del Instituto se llevó a cabo una reunión el martes 23 de julio para evaluar la solicitud de entrevista de este semanario. Esta información fue confirmada por Cecil Silva, asistente de atención a medios del INAH; pero no se comunicó el resultado de dicha reunión.

Contralínea acudió al sitio para hablar con los arqueólogos a cargo. Los policías municipales que resguardaban la zona aseguraron que no se encontraban en el lugar porque “casi no vienen para acá”. También se solicitó la versión de la presidencia municipal de Chimalhuacán. Mirella Jiménez, de atención a medios, se mostró preocupada porque “en los medios ya los habían golpeado y debían tener cuidado de que no les ocurriera nuevamente”. Al cierre de edición, no se obtuvo respuesta.

A decir de Felipe Echenique, Luis Alberto González Batani fue cesado de su cargo de director del Centro INAH Estado de México. Desde marzo, funge como visitador general en la Coordinación Nacional de Centros INAH. Y aunque en reunión los funcionarios le aseguraron que fue despedido, para Echenique March “lo que están haciendo es cubrirlo para que no tenga ninguna responsabilidad. Evidentemente debe tenerla. No hizo su trabajo”, concluye el también investigador.

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Fuente: http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/08/22/funcionarios-del-inah-el-edomex-sepultan-monumento-historico/

Vestigios de la cultura tolteca, arrumbados en bodega de Cuautitlán.

Silvia Chávez González

Algunas piezas ya fueron saqueadas; ex alcalde priísta expulsó a los arqueólogos de la zona.

Cuautitlán, Méx., 15 de agosto. Vestigios arqueológicos hallados en el ex rancho El Terremoto y otras partes del estado de México permanecen abandonados en bodegas de este municipio, y desde hace más de un año vasijas y utensilios de cerámica, además de pectorales y máscaras de conchas de alto valor cultural e histórico han sido robados, informaron autoridades municipales y del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Jorge Quintanar Maldonado, director de desarrollo urbano y vivienda municipal, informó que en 2008 la construcción del conjunto urbano Joyas de Cuautitlán, en el ex rancho El Terremoto, dejó al descubierto un asentamiento militar tolteca de una época muy anterior a los aztecas.

Durante cinco años arqueólogos del INAH efectuaron excavaciones. Sin embargo, cuando se retiraron no convinieron con la alcaldía que el sitio fuera resguardado, y lo peor es que ha estado desapareciendo muchísimo material que estaba inventariado.

El arqueólogo José Hernández Rivero –uno de los encargados de las excavaciones– confirmó que el INAH presentó una demanda penal ante la Procuraduría General de la República por el saqueo. Dijo que el ex alcalde priísta Manuel Becerril expulsó a los investigadores del sitio, con el argumento de que el predio es propiedad municipal.

Ernesto Rodríguez Fragoso, cronista municipal auxiliar, denunció que el INAH utilizó viejos cuartuchos para guardar los vestigios encontrados en El Terremoto y piezas arqueológicas traídas de otros sitios del estado.

En la zona se constató que dentro y fuera de una construcción en ruinas miles de pedazos de cerámica, como orejas de jarras y fragmentos de platos, se encuentran desparramados, luego que los costales que los contenían se rompieron.

Las piezas tienen inscritos números de clasificación del INAH. Cualquiera que pase por la zona puede llevarse las piezas, hurgar o terminar por romperlas, pues están al aire libre.

En otra área del predio se ubican tres cuartos cuyas puertas y ventanas están selladas con cadenas y candados. Ahí se resguardan cajas con vasijas, utensilios y osamentas prehispánicas del estado de México. Lamentablemente alguien se dio cuenta y las comenzó a hurtar, comentó el cronista auxiliar.

Dijo que en el mercado negro una pieza prehispánica no mayor de 10 centímetros puede venderse en al menos 2 mil o 3 mil pesos.

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Fuente: Periódico La Jornada [Jueves 16 de agosto de 2012, p. 34] http://www.jornada.unam.mx/2012/08/16/estados/034n1est

La toma en el Museo de Antropología obedece a una pelea interna de sindicalizados: INAH

Ana Mónica Rodríguez

La toma de la taquilla y el vestíbulo del Museo Nacional de Antropología es resultado de una pelea interna generada por un pequeño grupo de sindicalizados que no representa a la mayoría de los trabajadores, aseveró Alfonso de Maria y Campos, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

El funcionario dijo: yo ya me voy –refiriéndose al término de su gestión–, pero se debe subrayar que las protestas de los académicos e investigadores son cuestión de un individuo y de un pequeño grupo de personas que no están sólo contra mí, sino contra el trabajo de su propia gente.

De Maria y Campos manifestó que las protestas en el recinto de Reforma y Gandhi, Bosque de Chapultepec, que suman ya 24 días, es una cosa muy rara que nunca había sucedido en el instituto, la cual está ligada a los momentos que estamos viviendo y donde la gente critica el trabajo de sus propios investigadores (sic).

Asimismo, afirmó que el INAH ha propuesto un diálogo con los inconformes e incluso ya dimos respuesta, junto con la Secretaría de Educación Pública, a todos los puntos de su pliego petitorio.

De hecho, añadió, todos esos temas de las peticiones han sido discutidos en diversos foros y están respondidos a satisfacción.

De Maria y Campos dijo que se puede recurrir a medios legales para retirar la toma de taquilla, se debe ponderar ese asunto.

Pérdidas de taquilla, sin cuantificar

Respecto de las pérdidas debido al ingreso gratuito de más de 90 mil personas al museo, el funcionario informó que el instituto aún no hace estimaciones, porque además muchos de los visitantes tienen opciones de descuentos y algunos otros tienen libre acceso.

Investigadores sindicalizados revelaron que según un acta de hechos, firmada por Tonatiuh Aguileta, subdirector de seguridad del museo, “dos individuos fueron quienes entraron la noche del lunes 13 de agosto al inmueble y sin ninguna oposición de los vigilantes sustrajeron diversos objetos de uno de los auditorios.

“A las nueve de la noche de ese día, dos individuos tocaron las puertas del recinto y pidieron entrar para ‘sacar unas cosas’, entre las que figuran materiales” de la protesta de los inconformes, como fotografías y pancartas.

Esas personas, prosiguieron los investigadores, “se identificaron con una credencial del IFE y otra como trabajador del INAH, sin que los miembros de seguridad –quienes les abrieron las puertas– se cercioraran de que fueran auténticas y sólo anotaron los nombres en una libreta.

Después, los mismos policías abrieron las puertas de uno de los auditorios y permitieron que sacaran materiales que estaban ahí en resguardo.

Mencionaron que el mismo Aguileta tiene los videos, donde se observa a los individuos sacando diversas objetos en un día en que el museo permanece cerrado al público.

Este hecho, recordaron los investigadores, remite a la situación vivida hace algunos años cuando hubo un importante robo de objetos arqueológicos por varios individuos que ingresaron por los ductos de aire acondicionado, mientras los policías encargados del resguardo del acervo festejaban y brindaban en la víspera de Navidad.

“Lo que sucedió el pasado lunes –indicaron– es demasiado lamentable, porque deja en claro las fallas del cuerpo de seguridad del museo y exhibe otro de los errores del director del INAH.”

Ayer, Olga Orive, presidenta del Comité Nacional Mexicano del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), adscrito a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura acudió al museo en apoyo a los investigadores que se encuentran en protesta permanente en el vestíbulo del recinto.

Orive ofreció una charla sobre el origen de Icomos México y de la legislación vigente sobre los bienes históricos y arqueológicos, así como de la necesidad de conservación del patrimonio nacional.

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Fuente: Periódico La Jornada, Viernes 17 de agosto de 2012, p. 5 http://www.jornada.unam.mx/2012/08/17/cultura/a05n2cul

Recuperan piezas arqueológicas de más de 2,000 años robadas en México

La Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) ha explicado en un comunicado que las piezas estaban en poder de una persona que intentaba venderlas en las inmediaciones del Boulevard Tepic-Xalisco.

Tras una denuncia ciudadana, el sujeto fue detenido por el delito de violación de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, ha explicitado.

Las piezas recuperadas son de origen prehispánico y representativas de la tradición cultural de las Tumbas de Tiro (200 a.C. – 400/450 d.C.).

En el grupo hay cuatro esculturas antropomorfas femeninas, huecas, en posición sedente y estilo chinesco, una vasija-efigie zoomorfa y tres cuencos bicromo de pared recta divergente.

Además, un cuenco policromo, otro bicromo de pared ligeramente curva y borde redondeado, una figura antromorfa hueca, femenina y en posición de pie y una vasija zoomorfa monocroma hueca.

Las piezas serán entregadas al Instituto Nacional de Antropología e Historia en Nayarit (INAH) “para su debido resguardo, administración y protección del patrimonio arqueológico de la Nación”, según la PGR.

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Fuente: Portal “Qué!” http://www.que.es/cultura/201208082103-recuperan-piezas-arqueologicas-2000-anos-efe.html